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Sala de lo Constitucional declara: «no existe inconstitucionalidad» en decreto de reapertura económica vetado por presidente Bukele
Este miércoles, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió la controversia constitucional originada por el veto emitido por el Presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortéz, en contra de los arts. 16 y 17 del Decreto Legislativo n° 661, aprobado por la Asamblea Legislativa el 12 de junio de 2020.
La normativa ratificada por Congreso contiene la “Ley especial de emergencia por la pandemia covid-19, atención integral de la vida, la salud y reapertura de la economía”, donde los artículos 16 y 17 conforman las fases de reapertura gradual de la economía.
En el momento de vetar la ley, el presidente Bukele justificó que la inconstitucionalidad en los artículos 16 y 17 de la mencionada ley violan los artículos 65, 66 y 86 inc. 1° de la Constitución, ya que invaden las competencias del Ministerio de Salud (MINSAL), que forma parte del Órgano Ejecutivo, debido a que prevén la reapertura económica sin tomar en cuenta los criterios técnicos y potestades de dicho ente.
No obstante, la Sala de lo Constitucional indicó: «La normativa vetada no viola el principio de colaboración interorgánica en los términos expuestos por el veto, porque la opinión del Ministerio de Salud sí es tomada en cuenta para la ejecución y aplicación de tal decreto».
Por lo tanto, los magistrados del máximo tribunal declararon que «no existe la inconstitucionalidad alegada» y notificaron al presidente de la república su sanción y publicación en el Diario Oficial.
«La normativa vetada no invade las competencias del Órgano Ejecutivo, puesto que la limitación de los derechos fundamentales forma parte de las competencias del Órgano Legislativo, a la vez que dicha normativa es parte de las obligaciones positivas que genera el derecho a la salud, máxime cuando implica la protección de las personas en condición de vulnerabilidad», se lee en la resolución a la controversia 8-2020.
En tal sentido, la Sala ordenó al presidente, sancionar y publicar el decreto, y que de no hacerlo en un periodo de 8 días se presumirá la sanción, y si el presidente no ordena su publicación en el Diario Oficial en un plazo de 15 días, el decreto deberá ser publicado por la Asamblea Legislativa para que se convierta en ley, ya bien en el Diario Oficial o en cualquier otro diario de mayor circulación de la República.
Los magistrados una vez más hicieron el llamado a los diputados y al Ejecutivo a dialogar y buscan consensos «para que de inmediato coordinen esfuerzos e instauren un diálogo institucional que busque los consensos y las alternativas de acción que el país requiere durante esta pandemia».
Por otra parte, pese a la resolución de la Sala, el decreto 661, contiene fechas de reapertura económica que ya están desfasadas (por ejemplo, abría el transporte público el 7 de junio), por lo que los magistrados ordenan a la Asamblea Legislativa aprobar reformas de manera inmediata para actualizarlo, tomando en cuenta el contexto de la pandemia y valorando la información proporcionada por el ministerio de Salud.
Por su parte, el mandatario no tardó en reaccionar ante el decreto de constitucionalidad:
«Declaran constitucional el decreto legislativo que abría el transporte público el 7 de junio? ¿Qué hacemos? ¿Retroceder el tiempo?», cuestionó Bukele quien dejó entrever que la sentencia podría tratarse de un acto político o incluso de una cortina de humo.
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El Salvador mejora significativamente su posición en el ranking mundial de combate al crimen organizado
El Salvador alcanzó su mejor calificación histórica en el Índice Mundial de Crimen Organizado, posicionándose como el país menos expuesto al crimen organizado transnacional en la región, gracias a las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno.
Este reporte es desarrollado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional y es financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Programa ENACT de la Unión Europea y el Gobierno de Noruega. La herramienta se lanzó en el 2021 y se han publicado tres índices mundiales desde entonces.
En el Índice Mundial de Crimen Organizado, El Salvador ocupa la posición número 77, una mejora sustancial con respecto al 2023, cuando se ubicaba en el puesto 52. Este índice ordena a los países del peor al mejor desempeño, por lo que avanzar hacia números más altos en la clasificación indica una mejora.
El Salvador ha logrado un avance significativo en este ranking mundial, escalando 25 posiciones. Este resultado refleja una tendencia sostenida de mejora, ya que en 2021 se encontraba entre los países con menor calificación, ocupando el puesto 46. Estos avances están estrechamente vinculados a las medidas de seguridad implementadas desde el 2022, que han marcado un antes y un después en la percepción internacional del país.
El informe de estos expertos sobre El Salvador en el 2025 muestra mejoras significativas en el combate a la extorsión, las pandillas, el contrabando y el comercio ilícito, las redes criminales y los crímenes relacionados con la flora y la fauna, entre otros aspectos.
“La ofensiva estatal contra el crimen organizado ha reducido significativamente el control de las pandillas en los barrios, lo que ha provocado una disminución en los casos de extorsión. Muchos negocios ya no incluyen los pagos de extorsión en sus costos operativos, y el sector del transporte reporta ahorros significativos gracias a la reducción de las demandas de extorsión de las pandillas”, dice el documento.
“El comercio ilícito de productos de tabaco ha servido durante mucho tiempo como una fuente de ingresos para las pandillas. En particular, se sabe que la MS-13 utiliza cigarrillos ilícitos para financiar sus actividades, a veces obligando a individuos a participar en el contrabando y la venta de cigarrillos ilícitos si no pueden pagar las extorsiones. Según informes, la represión al crimen organizado ha disminuido la participación de las pandillas en el contrabando de cigarrillos, trasladando sus operaciones a Guatemala y Honduras”, añaden los expertos.
Entre otros detalles, el reporte sobre El Salvador también menciona que las actividades de comercio de cannabis y otras drogas “se han visto gravemente afectadas por las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno, que han debilitado la operatividad de estas pandillas”.
Una mujer y un hombre fueron capturados tras sufrir siniestros viales por conducir ebrios, reportó la Policía Nacional Civil (PNC).
Se trata de Óscar Humberto Castro, quien se trasladaba en su motocicleta y chocó contra un poste. Su antidoping arrojó un resultado de 181 miligramos por decilitro (mg/dl) de alcohol en prueba de aire espirado.
El suceso ocurrió sobre el redondel Santa María, del cantón Cantarrana, en el municipio de Santa Ana Centro.
Mientras que Jaqueline Lissethe Velásquez Ramos ocasionó un accidente de tránsito sobre la carretera antigua Panamericana, en el distrito de Cojutepeque, del municipio de Cuscatlán Sur.
El análisis arrojó un resultado 156 mg/dl) de alcohol en prueba de aire espirado.
“Serán remitidos para que enfrenten el debido proceso por el delito de conducción peligrosa”, detalló la PNC.
Dos personas resultaron lesionadas tras un fuerte siniestro vial en el departamento de San Salvador, esta madrugada de lunes.
El hecho se originó cuando una camioneta volcó, resultando sus dos ocupantes con diferentes lesiones.
Los hechos ocurrieron sobre el kilómetro 26 y medio de la carretera Troncal del Norte, en Santo Domingo, del distrito de Guazapa.
Voluntarios de Cruz Roja Salvadoreña les brindaron las primeras atenciones y luego los trasladaron hacia un centro médico.
