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Renuncian representantes de la sociedad civil encargados de evaluar la ejecución de $2 mil millones destinados para atender el coronavirus
Los representantes de las cinco instituciones de la sociedad civil representadas en el Fondo de Emergencia para el manejo de los $2,000 millones destinados a atender la pandemia de COVID19, presentaron este lunes una carta de renuncia por supuestamente “no existir condiciones necesarias” para que pudieran cumplir con la labor encomendada.
Señalaron en su carta de renuncia que existe diferencias a la acordado con la que se pretendía asignar un destino específico a los fondos autorizados en el decreto originalmente aprobado.
“Esta reforma propuesta unilateralmente por el Gobierno Central, aunada a los inconvenientes del decreto original descritos antes, dejan, en la práctica, al Comité sin razón de ser, pues se le quita la competencia de la asignación de fondos, así como de definir los lineamientos y criterios para su uso”, detalla la carta al presidente de la Asamblea, Mario Ponce.
El comité estaba conformado por un delegado de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal); dos delegados de la Asociación de la Empresa Privada (ANEP) y otro de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
Otro delegado de la Universidad Centroamericana (UCA) y uno más de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN).
Gobierno desmiente acusaciones
Ante esta situación, el Ejecutivo a través de un comunicado difundido en redes sociales, detalló que el renuncio a sus cargos, se debe tras rechazar “ser sujetos a declaración patrimonial”.
“Los representantes del sector privado no querían que sus votos fueran vinculantes dentro de esa instancia aprobada con el respaldo del Presidente de la República, Nayib Bukele, pero habían pedido la modificación de la ley para que sus votos no fueran vinculantes. Como parte de una instancia, que tendrá a cargo la administración de fondos públicos, todos sus miembros deben someterse a los controles establecidos para tal caso, pero los integrantes del comité, por parte del sector privado y el sector académico, no se quisieron someter a esa disposición legal”, reza parte del comunicado.
En esta misma línea, el Gobierno detalló que ha sido claro en establecer la transparencia como una de las características para el manejo de los fondos de la emergencia por COVID-19 y aprobó la auditoría de parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), de todos los gastos que lleva a cabo el Gobierno.
Además, la Corte de Cuentas de la República (CCR) desarrolla su trabajo de auditoría de los gastos de esta emergencia.
El 28 de marzo, el presidente de la República, Nayib Bukele, juramentó a Agustín Martínez, de la ANEP; José Ángel Quirós por FUSADES; Omar Serrano, por la UCA, y René Alberto Raúl Vásquez Garay, por la ESEN, como miembros del comité que maneja el fondo de emergencias por el COVID-19.
Por el sector gubernamental, integran el comité, el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, y los ministros de Hacienda, Nelson Fuentes; Economía, María Luisa Hayem; Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera; Salud, Francisco Alabi, y de Turismo, Morena Valdez. Al conocer esta renuncia, los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Leguslativa, acordaron llamar a las personas que renunciaron este miércoles 13 de mayo para que expliquen las razones de esta decisión.
Al conocer la carta, los diputados de la Comisión de Hacienda, acordaron llamar a las personas que renunciaron este miércoles 11 de mayo para que expliquen las razones de esta decision.
Personal de Comandos de Salvamento atendió un fuerte accidente vial en horas del mediodía de este martes, sobre el kilómetro 25 de la carretera a Comalapa departamento de La Paz.
Los rescatistas indicaron que producto del accidente, cinco personas resultaron lesionadas, entre ellos dos menores de edad.
Lamentablemente una mujer y uno de los menores fallecieron cuando eran trasladados hacia diferentes unidades médicas.
De acuerdo con el reporte de los paramédicos, el accidente ocurrió cuando el conductor del vehículo en el que se conducían las víctimas se estrelló contra un árbol tras intentar no atropellar a una mujer que cruzaba la calle.
El Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) confirmó que la Oficina de Planeación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) mantiene actualizados todos sus instrumentos normativos, lo que favorece el desarrollo inmobiliario y la construcción en la zona de mayor concentración urbana del país.
El informe, denominado Anuario de la Vivienda de América Latina y el Caribe 2025, confirma que estos instrumentos son coincidentes con las tendencias de crecimiento habitacional del Gran San Salvador, un aspecto que favorece las proyecciones de las empresas desarrolladoras y le da al sector construcción certeza y predictibilidad para sus proyectos.
«Los instrumentos normativos metropolitanos que la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) se encuentra actualizando y son coincidentes con las tendencias de crecimiento habitacional en tipología, densidad y ubicación», indica el estudio, preparado por el CAF junto con el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo de Estados Unidos.
Asimismo, resalta que dichos instrumentos ayudan a prever herramientas urbanísticas para desarrollos habitacionales sociales y de otras modalidades.
En ese sentido, la Opamss, bajo la dirección ejecutiva de Luis Rodríguez, impulsa políticas que facilitan a todos los sectores relacionados con la construcción y el rubro inmobiliario herramientas para que los proyectos puedan ejecutarse cumpliendo la normativa nacional, reduciendo los trámites y construyendo así al crecimiento económico de El Salvador.
Por otra parte, las estadísticas de la institución destacan que, en el inicio de 2026, la inversión total de la construcción en el país supera los $5,100 millones, con una proyección de ejecución cercana a los $3,000 millones en el curso de los próximos meses. De esta cifra, el sector habitacional concentra un 53 % de los proyectos en desarrollo, seguido del logístico con un 12.9 % y el turístico con un 12.4 %.
A través del sistema de fotomultas, el Viceministerio de Transporte (VMT) sancionó a cinco conductores por sobrepasar los límites de velocidad establecidos, con lo cual pusieron en peligro sus vidas y las de los demás usuarios viales.
En la autopista a Comalapa fue sancionado el conductor del vehículo placas P 113 D2B circulando a 140 kilómetros por hora. Mientras que en el bulevar Monseñor Romero, el pick up con placas P 71 F83 fue captado a 125 km/h.
De igual manera, en la carretera al Puerto de La Libertad dos vehículos circulaban a 101 km/h y un tercero a 107 km/h. Por lo que, el VMT les aplicó una multa de $150 por circular a una mayor velocidad de la permitida.
En ese sentido, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, afirmó que el exceso de velocidad es una de las principales causas de siniestros viales.
«Con nuestro sistema de fotomultas seguimos sancionando a quienes ponen en riesgo la vida de los demás», enfatizó el funcionario en la red X.
