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Renuncian representantes de la sociedad civil encargados de evaluar la ejecución de $2 mil millones destinados para atender el coronavirus
Los representantes de las cinco instituciones de la sociedad civil representadas en el Fondo de Emergencia para el manejo de los $2,000 millones destinados a atender la pandemia de COVID19, presentaron este lunes una carta de renuncia por supuestamente “no existir condiciones necesarias” para que pudieran cumplir con la labor encomendada.
Señalaron en su carta de renuncia que existe diferencias a la acordado con la que se pretendía asignar un destino específico a los fondos autorizados en el decreto originalmente aprobado.
“Esta reforma propuesta unilateralmente por el Gobierno Central, aunada a los inconvenientes del decreto original descritos antes, dejan, en la práctica, al Comité sin razón de ser, pues se le quita la competencia de la asignación de fondos, así como de definir los lineamientos y criterios para su uso”, detalla la carta al presidente de la Asamblea, Mario Ponce.
El comité estaba conformado por un delegado de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal); dos delegados de la Asociación de la Empresa Privada (ANEP) y otro de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
Otro delegado de la Universidad Centroamericana (UCA) y uno más de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN).
Gobierno desmiente acusaciones
Ante esta situación, el Ejecutivo a través de un comunicado difundido en redes sociales, detalló que el renuncio a sus cargos, se debe tras rechazar “ser sujetos a declaración patrimonial”.
“Los representantes del sector privado no querían que sus votos fueran vinculantes dentro de esa instancia aprobada con el respaldo del Presidente de la República, Nayib Bukele, pero habían pedido la modificación de la ley para que sus votos no fueran vinculantes. Como parte de una instancia, que tendrá a cargo la administración de fondos públicos, todos sus miembros deben someterse a los controles establecidos para tal caso, pero los integrantes del comité, por parte del sector privado y el sector académico, no se quisieron someter a esa disposición legal”, reza parte del comunicado.
En esta misma línea, el Gobierno detalló que ha sido claro en establecer la transparencia como una de las características para el manejo de los fondos de la emergencia por COVID-19 y aprobó la auditoría de parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), de todos los gastos que lleva a cabo el Gobierno.
Además, la Corte de Cuentas de la República (CCR) desarrolla su trabajo de auditoría de los gastos de esta emergencia.
El 28 de marzo, el presidente de la República, Nayib Bukele, juramentó a Agustín Martínez, de la ANEP; José Ángel Quirós por FUSADES; Omar Serrano, por la UCA, y René Alberto Raúl Vásquez Garay, por la ESEN, como miembros del comité que maneja el fondo de emergencias por el COVID-19.
Por el sector gubernamental, integran el comité, el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, y los ministros de Hacienda, Nelson Fuentes; Economía, María Luisa Hayem; Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera; Salud, Francisco Alabi, y de Turismo, Morena Valdez. Al conocer esta renuncia, los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Leguslativa, acordaron llamar a las personas que renunciaron este miércoles 13 de mayo para que expliquen las razones de esta decisión.
Al conocer la carta, los diputados de la Comisión de Hacienda, acordaron llamar a las personas que renunciaron este miércoles 11 de mayo para que expliquen las razones de esta decision.
Una joven de 18 años identificada como Mirza Acosta falleció la tarde del martes, horas después de resultar gravemente lesionada en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera que de Metapán conduce a la frontera Anguiatú, a la altura del cantón El Limón, en el municipio de Santa Ana Norte.
La víctima era una de las siete personas que viajaban en un camión que se precipitó a un barranco en el kilómetro 122.5 de dicha vía, según reportes preliminares compartidos por la Policía Nacional Civil (PNC).
Tras el siniestro, los lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, Acosta perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital local.
La División de Tránsito Terrestre de la PNC se presentó al lugar para realizar las investigaciones y determinar las causas del accidente.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para autorizar al Ejecutivo la firma de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar un ambicioso proyecto de transporte e infraestructura vial en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, y se prevé que la aprobación definitiva del préstamo se realice en la próxima sesión plenaria.
La inversión contempla la construcción de una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, paradas de autobús, infraestructura peatonal, señalización, iluminación y sistemas de control de velocidad. Uno de los componentes clave será la construcción de un «bypass» en Apopa, que incluirá un puente atirantado de 300 metros con cuatro carriles de circulación, diseñado para desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte.
Según el Gobierno, la obra beneficiará a más de 550,000 habitantes de los municipios agrupados en San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte, mejorando significativamente la conectividad vial y posicionando esta zona como un corredor logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala.
El proyecto se enmarca en el plan de infraestructura resiliente y busca impulsar la inversión pública y privada en la región, facilitando el comercio y el desarrollo económico.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que El Salvador cerró el martes 8 de julio sin registrar homicidios a nivel nacional, sumando así 154 días sin muertes violentas en lo que va del año 2025.
Según el balance oficial, estos días sin homicidios se distribuyen de la siguiente manera: 6 días en julio, 25 en junio, 25 en mayo, 25 en abril, 22 en marzo, 26 en febrero y 25 en enero.
La institución policial destacó que, desde junio de 2019 hasta el 30 de junio de 2025, se han contabilizado 948 jornadas sin homicidios en el país, lo que atribuyen a la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, este último vigente desde el 27 de marzo de 2022.
En el marco de estas medidas, más de 86,000 personas —entre pandilleros y colaboradores— han sido capturadas y procesadas por delitos vinculados a agrupaciones ilícitas, según datos oficiales.
