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Renuncian representantes de la sociedad civil encargados de evaluar la ejecución de $2 mil millones destinados para atender el coronavirus
Los representantes de las cinco instituciones de la sociedad civil representadas en el Fondo de Emergencia para el manejo de los $2,000 millones destinados a atender la pandemia de COVID19, presentaron este lunes una carta de renuncia por supuestamente “no existir condiciones necesarias” para que pudieran cumplir con la labor encomendada.
Señalaron en su carta de renuncia que existe diferencias a la acordado con la que se pretendía asignar un destino específico a los fondos autorizados en el decreto originalmente aprobado.
“Esta reforma propuesta unilateralmente por el Gobierno Central, aunada a los inconvenientes del decreto original descritos antes, dejan, en la práctica, al Comité sin razón de ser, pues se le quita la competencia de la asignación de fondos, así como de definir los lineamientos y criterios para su uso”, detalla la carta al presidente de la Asamblea, Mario Ponce.
El comité estaba conformado por un delegado de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal); dos delegados de la Asociación de la Empresa Privada (ANEP) y otro de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
Otro delegado de la Universidad Centroamericana (UCA) y uno más de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN).
Gobierno desmiente acusaciones
Ante esta situación, el Ejecutivo a través de un comunicado difundido en redes sociales, detalló que el renuncio a sus cargos, se debe tras rechazar “ser sujetos a declaración patrimonial”.
“Los representantes del sector privado no querían que sus votos fueran vinculantes dentro de esa instancia aprobada con el respaldo del Presidente de la República, Nayib Bukele, pero habían pedido la modificación de la ley para que sus votos no fueran vinculantes. Como parte de una instancia, que tendrá a cargo la administración de fondos públicos, todos sus miembros deben someterse a los controles establecidos para tal caso, pero los integrantes del comité, por parte del sector privado y el sector académico, no se quisieron someter a esa disposición legal”, reza parte del comunicado.
En esta misma línea, el Gobierno detalló que ha sido claro en establecer la transparencia como una de las características para el manejo de los fondos de la emergencia por COVID-19 y aprobó la auditoría de parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), de todos los gastos que lleva a cabo el Gobierno.
Además, la Corte de Cuentas de la República (CCR) desarrolla su trabajo de auditoría de los gastos de esta emergencia.
El 28 de marzo, el presidente de la República, Nayib Bukele, juramentó a Agustín Martínez, de la ANEP; José Ángel Quirós por FUSADES; Omar Serrano, por la UCA, y René Alberto Raúl Vásquez Garay, por la ESEN, como miembros del comité que maneja el fondo de emergencias por el COVID-19.
Por el sector gubernamental, integran el comité, el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, y los ministros de Hacienda, Nelson Fuentes; Economía, María Luisa Hayem; Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera; Salud, Francisco Alabi, y de Turismo, Morena Valdez. Al conocer esta renuncia, los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Leguslativa, acordaron llamar a las personas que renunciaron este miércoles 13 de mayo para que expliquen las razones de esta decisión.
Al conocer la carta, los diputados de la Comisión de Hacienda, acordaron llamar a las personas que renunciaron este miércoles 11 de mayo para que expliquen las razones de esta decision.
Una pareja fue detenida el pasado 23 de diciembre, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) recibieron una alerta de que, sobre la 29 calle oriente y décima avenida norte, en San Salvador, se encontraba una pareja aparentemente consumiendo droga.
Al llegar al lugar, los agentes observaron a los imputados con una actitud sospechosa y nerviosa, razón por la cual les practicaron una requisa personal, en la que se les encontraron dos porciones de material vegetal al interior de bolsas de plástico con cierre hermético.
La prueba de campo realizada arrojó resultado positivo a marihuana, con pesajes de 5.2 y 5.1 gramos.
Por estos hechos los sujetos identificados como Carlos Jefferson Jule Mulato, de 44 años, y Denisse Rubí Méndez Serrano, de 24 años, fueron acusados del delito de posesión y tenencia.
En la audiencia inicial, la jueza consideró que existe prueba indiciaria suficiente sobre la existencia del delito y la probable participación de los procesados, por lo que les decretó detención provisional y el caso continuará a la etapa de instrucción.
Una mujer resultó lesionada luego de caerse de un microbús de la ruta 42, el cual se desplazaba presuntamente a excesiva velocidad, según testigos.
El incidente se registra esta tarde sobre Calle Delgado y 14 Avenida Sur, en San Salvador, detallaron las autoridades que acudieron a la escena.
Socorristas de Comandos de Salvamento fueron alertados de la emergencia y al llegar al lugar brindaron atenciones a la víctima, quien fue identificada como Yansi Peña, de 42 años.
Luego de las evaluaciones prehospitalarias, el cuerpo de socorro informó que la víctima presentaba diferentes traumas producto de la caída.
Las personas que deseen enterrar a su mascota con dignidad, en un espacio donde pueden llegar a colocar flores y detalles, ahora lo podrán hacer en uno de los camposantos más antiguos y reconocidos de San Salvador: La Bermeja
Lo anterior se debe a que el concejo municipal de San Salvador aprobó una reforma que autoriza el entierro de mascotas en un área especial del cementerio.
La ordenanza municipal establece dos categorías para la inhumación de mascotas. Una de ellas permite el entierro mediante el pago de determinadas tarifas municipales, mientras que la otra habilita el servicio de forma gratuita; aunque la ordenanza no detalla los criterios que se utilizarán para definir cuándo un entierro será pagado o gratuito, ni tampoco especifica si existen diferencias en el tipo de servicio que se brinda en cada caso.
En el caso de pago, las tarifas dependerán del tipo de fosa —porque pueden ser de diferentes dimensiones—. La disposición contempla nichos con costos entre $40 y $70, según el tamaño de la mascota. Además, se contemplan cobros adicionales relacionados con la conservación de restos, ya sea mediante una prórroga anual en osario por $5.15 o en el mismo puesto por $14.90.
