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Recaudación de 2022 supera ingresos tributarios de gobiernos del FMLN
El 2022 se posicionó como un año histórico en gestión fiscal. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda (MH), entre enero y diciembre del año pasado, el Estado recibió $6,571 millones en concepto de impuestos y contribuciones, una cifra que supera en gran medida la recaudación de gobiernos anteriores.
De acuerdo al titular de Hacienda, Alejandro Zelaya, la mejora de ingresos fiscales frente a las administraciones del FMLN es bastante notable. En 2015, el inicio del período del exmandatario Sánchez Cerén, se recaudaron sólo $4,118.1 millones; al hacer la comparación punto a punto entre ese año y 2022, hay una diferencia de $2,452.8 millones.
La tendencia de ingresos tributarios con cifras cercanas a los $4,000 millones se mantuvo durante toda esa administración, finalizando el 2018 con $4,769.3 millones.
«En 2018 se recaudaban $4,769 millones en el país, mientras que en el 2022 se recaudaron $6,571 millones, es decir, $1,800 millones más que en 2018. Esto es un 2.5 % del PIB», señaló Zelaya.
Por otro lado, en la gestión de Mauricio Funes los ingresos tributarios no sobrepasaron el límite de los $3,000 millones anuales, en promedio.
Asimismo, el funcionario apuntó que en 2022 se recolectaron $737 millones más que el año 2021, que ya había sido relevante para el país en términos fiscales luego de la caída por la pandemia en 2020.
«[Los ingresos tributarios de 2022] fueron casi un 13 % más de lo que recaudamos en 2021, que fue un año bueno. El 2021 lo cerramos como el país que más recaudó del Producto Interno Bruto a nivel de porcentaje en Latinoamérica, y creemos que en 2023 seguiremos siendo líderes en la región», apuntó.
Además, indicó que la meta de ingresos a las arcas del Estado que se tenía a inicios del año anterior se superó en $252.7 millones.
El ministro atribuyó ese importante progreso a la aplicación de estrategias para reducir la evasión fiscal, que en temporadas anteriores no se ejecutaron.
El pago del impuesto sobre la renta (ISR), que por años fue eludido por varias empresas, totalizó $2,782.8 millones hasta diciembre de 2022, con $556.9 millones más que en 2021, alcanzando un incremento interanual del 25 %.
En cuanto al impuesto sobre el valor agregado (IVA), Hacienda informó que la recaudación del año anterior ascendió a $3,023.6 millones, lo que representa $233.1 millones adicionales, es decir un 8.4 % superior a lo obtenido el año previo.
«En 2022 recaudamos un 25 % más del impuesto sobre la renta, lo que demuestra que hay un respeto directo hacia la institucionalidad. Asimismo, tuvimos un 99.98 % de cumplimiento respecto a la recaudación del IVA», mencionó.
Zelaya afirmó que estos números han permitido dar sostenibilidad a las políticas de desarrollo del Gobierno, y ha dado un margen de maniobra al Estado frente a las situaciones internacionales que impactan los índices económicos de las naciones.
El ministro Zelaya aseguró que «casi se ha cerrado la brecha de evasión fiscal» en el país. En 2019, cuando inició la gestión del presidente Nayib Bukele, se calculó que cerca de $1,500 millones no ingresaban a las arcas del Estado por la evasión que no se atacó en administraciones anteriores, y en 2022 la recaudación incrementó en $1,800 respecto a esos años.
«Casi hemos cerrado la brecha de la evasión. Estos son fondos que ahora sirven para invertir en la educación, construcción de hospitales, entre otros», agregó.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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