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Recaudación de 2022 supera ingresos tributarios de gobiernos del FMLN
El 2022 se posicionó como un año histórico en gestión fiscal. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda (MH), entre enero y diciembre del año pasado, el Estado recibió $6,571 millones en concepto de impuestos y contribuciones, una cifra que supera en gran medida la recaudación de gobiernos anteriores.
De acuerdo al titular de Hacienda, Alejandro Zelaya, la mejora de ingresos fiscales frente a las administraciones del FMLN es bastante notable. En 2015, el inicio del período del exmandatario Sánchez Cerén, se recaudaron sólo $4,118.1 millones; al hacer la comparación punto a punto entre ese año y 2022, hay una diferencia de $2,452.8 millones.
La tendencia de ingresos tributarios con cifras cercanas a los $4,000 millones se mantuvo durante toda esa administración, finalizando el 2018 con $4,769.3 millones.
«En 2018 se recaudaban $4,769 millones en el país, mientras que en el 2022 se recaudaron $6,571 millones, es decir, $1,800 millones más que en 2018. Esto es un 2.5 % del PIB», señaló Zelaya.
Por otro lado, en la gestión de Mauricio Funes los ingresos tributarios no sobrepasaron el límite de los $3,000 millones anuales, en promedio.
Asimismo, el funcionario apuntó que en 2022 se recolectaron $737 millones más que el año 2021, que ya había sido relevante para el país en términos fiscales luego de la caída por la pandemia en 2020.
«[Los ingresos tributarios de 2022] fueron casi un 13 % más de lo que recaudamos en 2021, que fue un año bueno. El 2021 lo cerramos como el país que más recaudó del Producto Interno Bruto a nivel de porcentaje en Latinoamérica, y creemos que en 2023 seguiremos siendo líderes en la región», apuntó.
Además, indicó que la meta de ingresos a las arcas del Estado que se tenía a inicios del año anterior se superó en $252.7 millones.
El ministro atribuyó ese importante progreso a la aplicación de estrategias para reducir la evasión fiscal, que en temporadas anteriores no se ejecutaron.
El pago del impuesto sobre la renta (ISR), que por años fue eludido por varias empresas, totalizó $2,782.8 millones hasta diciembre de 2022, con $556.9 millones más que en 2021, alcanzando un incremento interanual del 25 %.
En cuanto al impuesto sobre el valor agregado (IVA), Hacienda informó que la recaudación del año anterior ascendió a $3,023.6 millones, lo que representa $233.1 millones adicionales, es decir un 8.4 % superior a lo obtenido el año previo.
«En 2022 recaudamos un 25 % más del impuesto sobre la renta, lo que demuestra que hay un respeto directo hacia la institucionalidad. Asimismo, tuvimos un 99.98 % de cumplimiento respecto a la recaudación del IVA», mencionó.
Zelaya afirmó que estos números han permitido dar sostenibilidad a las políticas de desarrollo del Gobierno, y ha dado un margen de maniobra al Estado frente a las situaciones internacionales que impactan los índices económicos de las naciones.
El ministro Zelaya aseguró que «casi se ha cerrado la brecha de evasión fiscal» en el país. En 2019, cuando inició la gestión del presidente Nayib Bukele, se calculó que cerca de $1,500 millones no ingresaban a las arcas del Estado por la evasión que no se atacó en administraciones anteriores, y en 2022 la recaudación incrementó en $1,800 respecto a esos años.
«Casi hemos cerrado la brecha de la evasión. Estos son fondos que ahora sirven para invertir en la educación, construcción de hospitales, entre otros», agregó.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
