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Recaudación de 2022 supera ingresos tributarios de gobiernos del FMLN
El 2022 se posicionó como un año histórico en gestión fiscal. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda (MH), entre enero y diciembre del año pasado, el Estado recibió $6,571 millones en concepto de impuestos y contribuciones, una cifra que supera en gran medida la recaudación de gobiernos anteriores.
De acuerdo al titular de Hacienda, Alejandro Zelaya, la mejora de ingresos fiscales frente a las administraciones del FMLN es bastante notable. En 2015, el inicio del período del exmandatario Sánchez Cerén, se recaudaron sólo $4,118.1 millones; al hacer la comparación punto a punto entre ese año y 2022, hay una diferencia de $2,452.8 millones.
La tendencia de ingresos tributarios con cifras cercanas a los $4,000 millones se mantuvo durante toda esa administración, finalizando el 2018 con $4,769.3 millones.
«En 2018 se recaudaban $4,769 millones en el país, mientras que en el 2022 se recaudaron $6,571 millones, es decir, $1,800 millones más que en 2018. Esto es un 2.5 % del PIB», señaló Zelaya.
Por otro lado, en la gestión de Mauricio Funes los ingresos tributarios no sobrepasaron el límite de los $3,000 millones anuales, en promedio.
Asimismo, el funcionario apuntó que en 2022 se recolectaron $737 millones más que el año 2021, que ya había sido relevante para el país en términos fiscales luego de la caída por la pandemia en 2020.
«[Los ingresos tributarios de 2022] fueron casi un 13 % más de lo que recaudamos en 2021, que fue un año bueno. El 2021 lo cerramos como el país que más recaudó del Producto Interno Bruto a nivel de porcentaje en Latinoamérica, y creemos que en 2023 seguiremos siendo líderes en la región», apuntó.
Además, indicó que la meta de ingresos a las arcas del Estado que se tenía a inicios del año anterior se superó en $252.7 millones.
El ministro atribuyó ese importante progreso a la aplicación de estrategias para reducir la evasión fiscal, que en temporadas anteriores no se ejecutaron.
El pago del impuesto sobre la renta (ISR), que por años fue eludido por varias empresas, totalizó $2,782.8 millones hasta diciembre de 2022, con $556.9 millones más que en 2021, alcanzando un incremento interanual del 25 %.
En cuanto al impuesto sobre el valor agregado (IVA), Hacienda informó que la recaudación del año anterior ascendió a $3,023.6 millones, lo que representa $233.1 millones adicionales, es decir un 8.4 % superior a lo obtenido el año previo.
«En 2022 recaudamos un 25 % más del impuesto sobre la renta, lo que demuestra que hay un respeto directo hacia la institucionalidad. Asimismo, tuvimos un 99.98 % de cumplimiento respecto a la recaudación del IVA», mencionó.
Zelaya afirmó que estos números han permitido dar sostenibilidad a las políticas de desarrollo del Gobierno, y ha dado un margen de maniobra al Estado frente a las situaciones internacionales que impactan los índices económicos de las naciones.
El ministro Zelaya aseguró que «casi se ha cerrado la brecha de evasión fiscal» en el país. En 2019, cuando inició la gestión del presidente Nayib Bukele, se calculó que cerca de $1,500 millones no ingresaban a las arcas del Estado por la evasión que no se atacó en administraciones anteriores, y en 2022 la recaudación incrementó en $1,800 respecto a esos años.
«Casi hemos cerrado la brecha de la evasión. Estos son fondos que ahora sirven para invertir en la educación, construcción de hospitales, entre otros», agregó.
Principal
Despliegan inspectores de la Defensoría del Consumidor en la víspera de la celebración del Día de las madres
Esta mañana, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, encabezó un operativo de verificación en el centro comercial Metrosur de San Salvador, con el fin de validad precios y promociones de artículos alusivos al Día de la madres.
«El Día de las madres es una importante celebración y es así como nuestra institución realiza un despliegue para defender los derechos de los consumidores», comentó Salazar.
El funcionario detalló en porcentajes el comportamiento de los consumidores para esta fecha, teniendo a la base los resultados de la encuesta sobre hábitos y preferencias de consumo de los salvadoreños para esta fecha. (https://www.defensoria.gob.sv/recientes/defensoria-del-consumidor-revela-que-salvadorenos-priorizan-comidas-en-casa-por-el-dia-de-la-madre/)
«Más del 80 % de los salvadoreños manifiesta que celebrará esta fecha, un 47 % indicó que lo harán en sus casas y un 27 % en algún restaurante», indicó. Agregó que más del 30 % realizarán compras vinculadas a arreglos florales, prendas de vestir, pasteles, perfumes, entre otros productos; y un 69 % hará esta actividad en centros comerciales.
«La principal recomendación que nosotros damos a todos los consumidores es que realicen las compras debidamente informados de los términos y condiciones; además, que consulten en el caso de las compras en línea las características de los productos», amplió.
Otra recomendación es guardar los comprobantes de compra ante cualquier situación que se pueda presentar respecto a la garantía, calidad e incumplimiento de entrega de los productos.
Para mayor información, el presidente de la Defensoría comunicó que en las redes sociales de la institución se publicarán los precios de productos como pasteles y arreglos florales.
Denuncias o irregularidades
La Defensoría del Consumidor exhorta a la población a denunciar cualquier irregularidad, incumplimiento de ofertas o promociones, así como posibles abusos en los precios. Como parte de este esfuerzo, la institución habilitó puntos de atención en centros comerciales, en los siguientes horarios y lugares: el 8 de mayo en Metrosur, San Salvador, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.; en Metrocentro, San Miguel Centro, de 10:30 a.m. a 3:30 p.m.; y en Metrocentro, Santa Ana Centro, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., donde se brindará información, asesoría y recepción de denuncias.
El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador envió a juicio a Jannette del Carmen Villatoro de Ramírez, de 51 años, acusada del delito de falsedad ideológica.
«En agosto de 2014, la víctima intentó gestionar un crédito hipotecario sobre su vivienda y se enteró que la propiedad ya registraba dos escrituras en las que el inmueble había sido otorgado como garantía de pago», indicó el fiscal del caso.
En dichas escrituras aparecen dos personas distintas otorgando préstamos a favor de Villatoro de Ramírez, quien presuntamente habría tramitado los créditos utilizando los documentos personales de la víctima y la escritura de propiedad. Asimismo, habría acudido acompañada de un hombre que se hizo pasar por la propietaria y firmó los documentos correspondientes.
«Una pericia posterior realizada por la Fiscalía determinó que la firma plasmada en los documentos no correspondía a la propietaria. Además, aunque los documentos utilizados para los trámites eran verdaderos, contenían declaraciones contrarias a la realidad, ya que la víctima no habría estado presente durante el procedimiento», detalló el fiscal.
La Mara Salvatrucha intentó, en varios casos, desvincularse de crímenes cometidos por sus 230 clicas [células territoriales] y, para despistar a las fuerzas de seguridad, dejaba carteles sobre los cadáveres atribuyendo los hechos al grupo de exterminio La Sombra Negra.
Ese grupo clandestino, que operó en El Salvador en la década de los 90 y principios de los 2000, estuvo integrado por policías, militares y civiles. Los pandilleros quisieron hacer ver a las autoridades que ellos no tenían que ver con esos homicidios para que ningún terrorista de la estructura fuera investigado y capturado.
Toda es información fue obtenida mediante la herramienta de la intervención a las telecomunicaciones que jueces avalaron y ejercieron función jurisdiccional sobre esa técnica especializa de investigación.
Todo ese accionar y modos operandi de los gatilleros [homicidas de las pandillas] fue avalado por la cúpula de la Mara Salvatrucha integrada por 22 fundadores o ranfleros históricos que están siendo enjuiciados en la audiencia única abierta, junto a otros 464 cabecillas de los 232 programas [estructura jerárquica superior] dirigidas por corredores [cabecillas de alto rango].
Otras de las evidencias presentadas por la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado, son varios videos extraídos del teléfono celular decomisado a un corredor de programa, donde se observan torturas y ejecuciones de personas.
Con el material audiovisual se evidencia que la Mara Salvatrucha utilizó como principal método la decapitación de las víctimas, previas torturas. Tras ser decapitadas las mutilaban y enterraban en cementerios clandestinos que fueron avalados instalar en zonas rurales por los ranfleros históricos.
Además, en los audios se registran conversaciones en las que pandilleros reciben instrucciones de que las personas bajo investigación, a quienes se les daba vigilancia y seguimiento, debían ser privadas de libertad y trasladadas a «casas Destroyer»; sin embargo, se les prohibía asesinarlas sin autorización previa de la cúpula y los corredores de programa.
«Definitivamente, se ordenaba que a las personas no las mataran inmediatamente, sino que las capturaran y mantuvieran privadas de libertad mientras se daban los pases y se conseguía la autorización para poderlos matar. Por lo tanto, queda demostrado y suficientemente probado, que nadie podía matar sin la autorización de la ranfla, de los corredores de programa, ellos eran los que tenían la decisión de quien vivía y quien moría en este país», manifestó Max Muñoz, fiscal adjunto contra el crimen organizado.
En más de una semana de reproducción de audios, adquiridos mediante escuchas telefónicas, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado tuvo acceso a 125 grabaciones donde ha quedado evidenciado la ejecución de 29,000 homicidios acumulados en más de 500 casos.
En uno de los últimos audios se escucha que los pandilleros perseguían una ambulancia en la que era trasladada una víctima a quien le habían disparado en el rostro; los terroristas buscaban a como diera lugar asegurar la muerte para no dejar testigos.
En otra grabación se escuchaban los gritos de las víctimas mientras los pandilleros se burlaban de ellas y sin piedad les asestaban múltiples disparos.
Además de los homicidios en las conversaciones captadas, uno de los pandilleros dice a un cabecilla que tiene un censo de cuánto se estaba pagando en concepto de extorsión en las colonias bajo su control, mientras que sugiere que debían aumentar la cuota, ya que la mara estaba corta de dinero.
También se escuchó como daban indicaciones a abogados para trasladar mensajes hacia los centros penales.
