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Polémico caso «Corruptela» supuestamente fabricado por Douglas Meléndez y Jorge Cortez fue suspendido por jueza, que se declaró incompetente
El proceso judicial conocido como caso “Corruptela” sufrió un nuevo revés judicial, luego que este jueves 7 de enero, la jueza Cuarto de Instrucción de San Salvador, Lila Álvarez Blanco, suspendió la audiencia programada para hoy, tras declararse incompetente para seguir conociendo la causa, debido a que los presuntos hechos que se imputan a varios imputados no ocurrieron en su territorialidad.
La abogada del exfiscal Julio Arriaza y el mismo exagente fiscal solicitaron a la juzgadora que se declarara incompetente debido a que los presuntos hechos ilícitos que se le imputan no ocurrieron en San Salvador, sino en municipios del departamento de La Libertad, por lo tanto la causa debía pasar a conocimiento de un juez competente, en dicha área geográfica.
El exagente fiscal Julio Arriaza es uno de los imputados en el polémico proceso judicial denominado “Corruptela”, que según han expuesto varios abogados y analistas políticos, fue una maniobra por parte del exfiscal general Douglas Meléndez, quien buscaba la reelección en su cargo; sin embargo, los diputados de la Asamblea Legislativa ni lo consideraron en la terna final, donde fue nombrado Raúl Melara, casi el 100% de los votos de los legisladores.
Para fortalecer el proceso judicial a fin de presentarlo a los tribunales, el entonces fiscal general, Douglas Meléndez, junto a un grupo de auxiliares trató de coaccionar bajo amenazas a varios empleados de la institución, para que se declararan testigos criteriados a fin de mentir durante el proceso judicial.
“Si no accedían iban a ser procesados como cómplices y les decían que les iban a fabricar pruebas. Los sometieron a largos interrogatorios sin la presencia de abogados y varios los tuvieron encerrados en bodegas”, narró en su momento una abogada defensora de uno de los empleados del ministerio público que fue amenazado.
Tras la salida de Douglas Meléndez de la FGR, los empleados amenazados denunciaron ante la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos los atropellos de los que eran víctimas y al final renunciaron a ser criteriados. “No podía mentir sobre situaciones que a mi no me costaron”, comentó uno de los afectados.
Además de Julio Arriaza también son procesados el exfiscal general Luis Martínez, además de varios empresarios salvadoreños y un periodista, la mayoría enfrenta el proceso en libertad, pese al show mediático que presentó Meléndez en su momento cuando realizó las detenciones.
La abogada de Arriaza y él mismo presentaron un escrito a la juez Cuarto de Instrucción de la capital, Lila Álvarez Blanco, para solicitar que enviara el proceso judicial a una instancia competente, ya que si el proceso continuaba en San Salvador este podría terminar siendo nulo, debido que el territorio donde se supone ocurrieron los presuntos hechos no están en la jurisdicción de competencia de la instancia judicial.
“El escrito presentado por la Licenciada Ivon Maribel García Arriaza, a las doce horas del día veintitrés de diciembre de dos mil veinte, quien lo suscribe junto a Julio Adalberto Arriaza González, por medio del cual exponen: ‘Que con fundamento en los Arts. 80, 81, 95, 150, 57 inc. 1 y 64 C.Pr.Pn., en relación con los Arts. 2, 15 y 18 de la Constitución de la República, 14 N ° 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y Art. 8 N ° 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; solicitan se reconozca incompetencia territorial por parte de este Juzgado, y se remitan las actuaciones al Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, de conformidad a los Arts. 60 y 146 de la Ley Orgánica Judicial”, reza parte del escrito presentado por Arriaza y su abogada.
Al realizar un análisis del lugar en el cual supuestamente acontecieron los supuestos hechos de relevancia penal, se puede determinar según la fáctica del requerimiento y acusación del ministerio público fiscal, estos fueron realizados en la sede de trabajo de esa entidad v. gr. omisión de la investigación, falsedad ideológica etc., es decir, en el edificio conocido como FARMA-VIDA, el cual 1 se encuentra ubicado en Calle Cortéz Blanco Poniente, N ° 20, Urbanización Madre Selva 3, Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad; pero no solo estas infracciones penales de los ex-empleados de esa entidad, sino también las de los demás inculpados, v. gr., lavado de dinero y activos (depósitos realizados en Agencia Bancaria del Banco Promérica, ubicado en Antiguo Cuscatlán)”, agrega el escrito entregado a la jueza.
Durante una entrevista radial, el pasado 6 de enero, el actual fiscal general de la República, Raúl Melara, dejó en evidencia al exfiscal Meléndez de generar show mediáticos, sin sustentar debidamente los procesos en las instancias judiciales.
“Vimos como en administraciones anteriores se presentaban show mediáticos pero que luego en los tribunales los casos se caen, esa situación no sucede bajo mi actual administración, ya que se presentan los procesos debidamente investigados y comprobados”, mencionó Melara.
Tras una explicación sobre los conceptos de territorialidad, la juez Lila Álvarez Blanco resolvió declararse incompentente de seguir conociendo la causa en el caso “Corruptela” y será el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, que deberá programar una fecha para fijar una nueva audiencia.
“En relación a la peticionado por los licenciados Ivon Maribel García Arriaza y Julio Adalberto Arriaza González, la suscrita juez tiene a bien reconocer su incompetencia en razón del territorio, por lo que, Declárase incompetente esta sede judicial en razón del territorio, en virtud de lo expuesto supra.
En consecuencia désele el trámite de ley, y remítase la causa de mérito al Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla”, reza la resolución de la juez.
“En razón de lo anterior, DÉJESE SIN EFECTO LA AUDIENCIA PRELIMINAR SEÑALADA PARA LAS NUEVE HORAS DEL DÍA SIETE DE LOS CORRIENTES: líbrese los oficios correspondientes”, agrega lo resuelto por la Juez Lila Álvarez Blanco.
El Ministerio de Obras Públicas informó que los trabajos de estabilización de dos taludes en residencial Palo Alto, Zaragoza, continúan. Estos trabajos forman parte del Plan Nacional de Mitigación 2026.
«Nos encontramos en Palo Alto donde estamos haciendo una obra más como parte del Plan Nacional de Mitigación. Se intervendrán dos taludes de grandes proporciones, uno es este que empezamos con varias actividades», dijo el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
De acuerdo con las autoridades, ya se realizó el chapeo y perfilado del talud como parte de las primeras fases del proyecto de estabilización, por lo que continuarán con la construcción de muro soil nailing, drenajes profundos, aplicación de shotcrete, canaletas, aceras y revegetación del área.
«Por el tipo de suelo que tiene el talud si solo se hace lanzado fácilmente se puede venir el talud; por eso hay que hacer otro tipo de obras. Se realizaron estudios de suelo y por eso se están haciendo perforaciones para poderlo anclar, esta ronda los 5 mil metros cuadrados», añadió Rodríguez.
El segundo talud que también se intervendrá mide 6 mil metros cuadrados.
Durante una entrevista en el programa de radio La Tribu FM, el titular de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, detalló esta mañana que el programa Proceso Formativo continúa creciendo y ya beneficia a miles de estudiantes salvadoreños con oportunidades de formación universitaria y técnica.
Según explicó, en la actualidad alrededor de 17 mil jóvenes cursan estudios en 37 universidades y escuelas técnicas, mientras que para el próximo año se prevé incorporar a otros 20 mil estudiantes.
Además, señaló que 49 mil alumnos que se encuentran en su último año de bachillerato iniciarán el proceso para ingresar a la educación superior.
Gutman indicó que prácticamente todas las universidades del país participan en el programa, el cual busca incentivar la continuidad académica entre los jóvenes.
«Yo le quiero agradecer a don Alejandro porque este esfuerzo ningún funcionario de antes pudo haberlo hecho mejor que usted…Le insto muchísimo a los jóvenes que estas oportunidades deben aprovecharse porque solo son una vez en la vida», dijo uno de los oyentes durante la entrevista radial, que también es beneficiario de la Dirección de Integración.
El funcionario enfatizó que este esfuerzo forma parte de un cambio estructural impulsado en 2025, orientado a superar las limitaciones históricas que restringían el acceso a la educación superior para la mayoría de bachilleres.
Democracia Salvadoreña (DS) y Partido Independiente Salvadoreño (PAIS) están obligados a participar en las próximas elecciones de 2027 si no quieren ser cancelados, por disposición de la Ley de Partidos Políticos.
Ambos institutos no participaron en los comicios de 2024, y de no competir en el siguiente proceso electoral sería causa de cancelación con base en el artículo 47 literal «d» de la mencionada ley, que establece que no competir en dos elecciones consecutivas conlleva a la cancelación.
Para el analista político Mauricio Rodríguez, la continuidad de ambos institutos políticos está comprometida por diversos factores, los cuales los encaminan a su desaparición.
«Desde mi perspectiva como analista político, los dos partidos políticos estarían desapareciendo por no alcanzar la votación requerida, ni tampoco el andamiaje que requiere», indicó Rodríguez.
Y añadió: «Me da la impresión de que estos dos partidos que son obligados por la Ley de Partidos Políticos podrían ser cancelados para las próximas elecciones, porque no tienen estructura, no tienen financiamiento; y, obviamente, tampoco existe la deuda [financiamiento público] para todos los partidos políticos».
Rodríguez también se refirió a los institutos que han decidido no participar en la elección presidencial, asegurando que así reconocen que no pueden competir con la figura del presidente Nayib Bukele, esto debido a que el mandatario ha construido un modelo en el que ha resuelto las necesidades básicas de la población.
«Reconocen el liderazgo del presidente Nayib Bukele, están conscientes de que en condiciones donde hay un líder que está prácticamente dominando en las encuestas, ellos al no tener nada que ofrecer ven disminuidas sus posibilidades de participación», sostuvo.
El Partido Demócrata Cristiano (PDC) confirmó recientemente por medio de su secretario de asuntos jurídicos, Nelson Alvarado, que no participarán en la elección presidencial.
Dijo que reconocen que el presidente Bukele tiene una aceptación de más del 90 %; pero indicó que presentarán candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa y para miembros de los 44 concejos municipales.
