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Polémico caso «Corruptela» supuestamente fabricado por Douglas Meléndez y Jorge Cortez fue suspendido por jueza, que se declaró incompetente
El proceso judicial conocido como caso “Corruptela” sufrió un nuevo revés judicial, luego que este jueves 7 de enero, la jueza Cuarto de Instrucción de San Salvador, Lila Álvarez Blanco, suspendió la audiencia programada para hoy, tras declararse incompetente para seguir conociendo la causa, debido a que los presuntos hechos que se imputan a varios imputados no ocurrieron en su territorialidad.
La abogada del exfiscal Julio Arriaza y el mismo exagente fiscal solicitaron a la juzgadora que se declarara incompetente debido a que los presuntos hechos ilícitos que se le imputan no ocurrieron en San Salvador, sino en municipios del departamento de La Libertad, por lo tanto la causa debía pasar a conocimiento de un juez competente, en dicha área geográfica.
El exagente fiscal Julio Arriaza es uno de los imputados en el polémico proceso judicial denominado “Corruptela”, que según han expuesto varios abogados y analistas políticos, fue una maniobra por parte del exfiscal general Douglas Meléndez, quien buscaba la reelección en su cargo; sin embargo, los diputados de la Asamblea Legislativa ni lo consideraron en la terna final, donde fue nombrado Raúl Melara, casi el 100% de los votos de los legisladores.
Para fortalecer el proceso judicial a fin de presentarlo a los tribunales, el entonces fiscal general, Douglas Meléndez, junto a un grupo de auxiliares trató de coaccionar bajo amenazas a varios empleados de la institución, para que se declararan testigos criteriados a fin de mentir durante el proceso judicial.
“Si no accedían iban a ser procesados como cómplices y les decían que les iban a fabricar pruebas. Los sometieron a largos interrogatorios sin la presencia de abogados y varios los tuvieron encerrados en bodegas”, narró en su momento una abogada defensora de uno de los empleados del ministerio público que fue amenazado.
Tras la salida de Douglas Meléndez de la FGR, los empleados amenazados denunciaron ante la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos los atropellos de los que eran víctimas y al final renunciaron a ser criteriados. “No podía mentir sobre situaciones que a mi no me costaron”, comentó uno de los afectados.
Además de Julio Arriaza también son procesados el exfiscal general Luis Martínez, además de varios empresarios salvadoreños y un periodista, la mayoría enfrenta el proceso en libertad, pese al show mediático que presentó Meléndez en su momento cuando realizó las detenciones.
La abogada de Arriaza y él mismo presentaron un escrito a la juez Cuarto de Instrucción de la capital, Lila Álvarez Blanco, para solicitar que enviara el proceso judicial a una instancia competente, ya que si el proceso continuaba en San Salvador este podría terminar siendo nulo, debido que el territorio donde se supone ocurrieron los presuntos hechos no están en la jurisdicción de competencia de la instancia judicial.
“El escrito presentado por la Licenciada Ivon Maribel García Arriaza, a las doce horas del día veintitrés de diciembre de dos mil veinte, quien lo suscribe junto a Julio Adalberto Arriaza González, por medio del cual exponen: ‘Que con fundamento en los Arts. 80, 81, 95, 150, 57 inc. 1 y 64 C.Pr.Pn., en relación con los Arts. 2, 15 y 18 de la Constitución de la República, 14 N ° 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y Art. 8 N ° 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; solicitan se reconozca incompetencia territorial por parte de este Juzgado, y se remitan las actuaciones al Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, de conformidad a los Arts. 60 y 146 de la Ley Orgánica Judicial”, reza parte del escrito presentado por Arriaza y su abogada.
Al realizar un análisis del lugar en el cual supuestamente acontecieron los supuestos hechos de relevancia penal, se puede determinar según la fáctica del requerimiento y acusación del ministerio público fiscal, estos fueron realizados en la sede de trabajo de esa entidad v. gr. omisión de la investigación, falsedad ideológica etc., es decir, en el edificio conocido como FARMA-VIDA, el cual 1 se encuentra ubicado en Calle Cortéz Blanco Poniente, N ° 20, Urbanización Madre Selva 3, Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad; pero no solo estas infracciones penales de los ex-empleados de esa entidad, sino también las de los demás inculpados, v. gr., lavado de dinero y activos (depósitos realizados en Agencia Bancaria del Banco Promérica, ubicado en Antiguo Cuscatlán)”, agrega el escrito entregado a la jueza.
Durante una entrevista radial, el pasado 6 de enero, el actual fiscal general de la República, Raúl Melara, dejó en evidencia al exfiscal Meléndez de generar show mediáticos, sin sustentar debidamente los procesos en las instancias judiciales.
“Vimos como en administraciones anteriores se presentaban show mediáticos pero que luego en los tribunales los casos se caen, esa situación no sucede bajo mi actual administración, ya que se presentan los procesos debidamente investigados y comprobados”, mencionó Melara.
Tras una explicación sobre los conceptos de territorialidad, la juez Lila Álvarez Blanco resolvió declararse incompentente de seguir conociendo la causa en el caso “Corruptela” y será el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, que deberá programar una fecha para fijar una nueva audiencia.
“En relación a la peticionado por los licenciados Ivon Maribel García Arriaza y Julio Adalberto Arriaza González, la suscrita juez tiene a bien reconocer su incompetencia en razón del territorio, por lo que, Declárase incompetente esta sede judicial en razón del territorio, en virtud de lo expuesto supra.
En consecuencia désele el trámite de ley, y remítase la causa de mérito al Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla”, reza la resolución de la juez.
“En razón de lo anterior, DÉJESE SIN EFECTO LA AUDIENCIA PRELIMINAR SEÑALADA PARA LAS NUEVE HORAS DEL DÍA SIETE DE LOS CORRIENTES: líbrese los oficios correspondientes”, agrega lo resuelto por la Juez Lila Álvarez Blanco.
Nacionales
Cuestionan la labor productiva de reos mientras el país transforma su infraestructura educativa
Una reciente polémica se ha generado a raíz de las declaraciones de Ingrid Escobar, militante del FMLN y autonombrada defensora de derechos humanos, quien calificó como “inconstitucional” el uso de privados de libertad para trabajos comunitarios, particularmente en labores de reconstrucción y mejora de escuelas públicas.
Escobar señaló que los reos que participan en estos programas son “obligados” a trabajar, lo cual, según su interpretación, contraviene preceptos constitucionales relacionados con los derechos humanos. Sus declaraciones han generado diversas reacciones, tanto en apoyo como en crítica, dentro del debate público nacional.
Lo que algunos sectores señalan como una violación de derechos, otros lo ven como una oportunidad de rehabilitación social para los privados de libertad, especialmente en un país donde históricamente se ha carecido de una política eficaz de reinserción penitenciaria.
Actualmente, cientos de reos en El Salvador participan en jornadas laborales en las que fabrican al menos 2,000 piezas diarias que son utilizadas para la construcción y renovación de centros escolares. Esta iniciativa forma parte de un programa gubernamental enfocado en dar una segunda oportunidad a quienes cumplen condena y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de infraestructura educativa en todo el país.
Los productos elaborados por los reos incluyen escritorios, ventanas, puertas, y otras estructuras metálicas que permiten avanzar en la dignificación de espacios educativos que durante décadas fueron abandonados por las autoridades.
Cabe recordar que durante los gobiernos del FMLN y de ARENA, muchas escuelas públicas fueron construidas con materiales precarios, incluyendo láminas metálicas y pisos de tierra. Esto fue duramente criticado por docentes, padres de familia y comunidades enteras que vieron limitada la calidad del proceso educativo.
Según informes oficiales, miles de estudiantes salvadoreños cursaron su educación básica en aulas improvisadas, sin ventilación adecuada, sin acceso a servicios sanitarios dignos y, en algunos casos, expuestos a condiciones de insalubridad que afectaban directamente su rendimiento académico.
La situación actual contrasta con esa realidad. El Gobierno ha priorizado la mejora de la infraestructura escolar y ha involucrado a los reos como parte activa del proceso, bajo estricta supervisión, con el objetivo de contribuir a la transformación social desde el sistema penitenciario.
Los accidentes de tránsito en El Salvador han aumentado un 6 % en lo que va de 2025, en comparación con el mismo período de 2024, según datos proporcionados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Hasta la fecha, se reportan 8,879 accidentes, lo que representa una tendencia preocupante en la siniestralidad vial del país.
De acuerdo con el informe oficial, la principal causa de estos percances sigue siendo la distracción del conductor, responsable de al menos 2,202 accidentes. Esta situación incluye el uso del celular, manipulación de dispositivos o falta de atención a la vía mientras se conduce.
La segunda causa más común es la invasión de carril, que ha generado 1,911 accidentes, seguida por la falta de distancia reglamentaria entre vehículos, con un total de 1,225 casos.
En la cuarta posición se encuentra el irrespeto a las señales de tránsito, motivo de 1,125 siniestros viales registrados en lo que va del año.
Otras causas identificadas por el observatorio incluyen velocidad excesiva, conducción bajo efectos de alcohol o drogas, adelantamientos indebidos, maniobras en reversa, así como la inexperiencia del conductor.
Aunque en menor proporción, también se registran accidentes provocados por imprudencia del peatón, fallas mecánicas, giro incorrecto, carga mal acondicionada, mal estado del vehículo, enfermedades súbitas y hasta deslumbramiento.
El Observatorio Nacional de Seguridad Vial destaca la importancia de una conducción responsable para evitar tragedias. La institución hace un llamado a los automovilistas a respetar la normativa vial y mantener una actitud consciente y preventiva en las carreteras.
Un accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves sobre la carretera al Boquerón, en el departamento de La Libertad.
Según los primeros reportes, el conductor de un camión perdió el control del vehículo y terminó fuera de la vía, impactando a un costado de la carretera. Hasta el momento no se han confirmado personas lesionadas.
Equipos del Viceministerio de Transporte (VMT) se desplazaron al lugar del percance para coordinar el tráfico y evitar mayores complicaciones en la circulación vehicular.
Las autoridades investigan las causas del accidente.
