Nacionales
Polémico caso «Corruptela» supuestamente fabricado por Douglas Meléndez y Jorge Cortez fue suspendido por jueza, que se declaró incompetente
El proceso judicial conocido como caso “Corruptela” sufrió un nuevo revés judicial, luego que este jueves 7 de enero, la jueza Cuarto de Instrucción de San Salvador, Lila Álvarez Blanco, suspendió la audiencia programada para hoy, tras declararse incompetente para seguir conociendo la causa, debido a que los presuntos hechos que se imputan a varios imputados no ocurrieron en su territorialidad.
La abogada del exfiscal Julio Arriaza y el mismo exagente fiscal solicitaron a la juzgadora que se declarara incompetente debido a que los presuntos hechos ilícitos que se le imputan no ocurrieron en San Salvador, sino en municipios del departamento de La Libertad, por lo tanto la causa debía pasar a conocimiento de un juez competente, en dicha área geográfica.
El exagente fiscal Julio Arriaza es uno de los imputados en el polémico proceso judicial denominado “Corruptela”, que según han expuesto varios abogados y analistas políticos, fue una maniobra por parte del exfiscal general Douglas Meléndez, quien buscaba la reelección en su cargo; sin embargo, los diputados de la Asamblea Legislativa ni lo consideraron en la terna final, donde fue nombrado Raúl Melara, casi el 100% de los votos de los legisladores.
Para fortalecer el proceso judicial a fin de presentarlo a los tribunales, el entonces fiscal general, Douglas Meléndez, junto a un grupo de auxiliares trató de coaccionar bajo amenazas a varios empleados de la institución, para que se declararan testigos criteriados a fin de mentir durante el proceso judicial.
“Si no accedían iban a ser procesados como cómplices y les decían que les iban a fabricar pruebas. Los sometieron a largos interrogatorios sin la presencia de abogados y varios los tuvieron encerrados en bodegas”, narró en su momento una abogada defensora de uno de los empleados del ministerio público que fue amenazado.
Tras la salida de Douglas Meléndez de la FGR, los empleados amenazados denunciaron ante la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos los atropellos de los que eran víctimas y al final renunciaron a ser criteriados. “No podía mentir sobre situaciones que a mi no me costaron”, comentó uno de los afectados.
Además de Julio Arriaza también son procesados el exfiscal general Luis Martínez, además de varios empresarios salvadoreños y un periodista, la mayoría enfrenta el proceso en libertad, pese al show mediático que presentó Meléndez en su momento cuando realizó las detenciones.
La abogada de Arriaza y él mismo presentaron un escrito a la juez Cuarto de Instrucción de la capital, Lila Álvarez Blanco, para solicitar que enviara el proceso judicial a una instancia competente, ya que si el proceso continuaba en San Salvador este podría terminar siendo nulo, debido que el territorio donde se supone ocurrieron los presuntos hechos no están en la jurisdicción de competencia de la instancia judicial.
“El escrito presentado por la Licenciada Ivon Maribel García Arriaza, a las doce horas del día veintitrés de diciembre de dos mil veinte, quien lo suscribe junto a Julio Adalberto Arriaza González, por medio del cual exponen: ‘Que con fundamento en los Arts. 80, 81, 95, 150, 57 inc. 1 y 64 C.Pr.Pn., en relación con los Arts. 2, 15 y 18 de la Constitución de la República, 14 N ° 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y Art. 8 N ° 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; solicitan se reconozca incompetencia territorial por parte de este Juzgado, y se remitan las actuaciones al Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, de conformidad a los Arts. 60 y 146 de la Ley Orgánica Judicial”, reza parte del escrito presentado por Arriaza y su abogada.
Al realizar un análisis del lugar en el cual supuestamente acontecieron los supuestos hechos de relevancia penal, se puede determinar según la fáctica del requerimiento y acusación del ministerio público fiscal, estos fueron realizados en la sede de trabajo de esa entidad v. gr. omisión de la investigación, falsedad ideológica etc., es decir, en el edificio conocido como FARMA-VIDA, el cual 1 se encuentra ubicado en Calle Cortéz Blanco Poniente, N ° 20, Urbanización Madre Selva 3, Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad; pero no solo estas infracciones penales de los ex-empleados de esa entidad, sino también las de los demás inculpados, v. gr., lavado de dinero y activos (depósitos realizados en Agencia Bancaria del Banco Promérica, ubicado en Antiguo Cuscatlán)”, agrega el escrito entregado a la jueza.
Durante una entrevista radial, el pasado 6 de enero, el actual fiscal general de la República, Raúl Melara, dejó en evidencia al exfiscal Meléndez de generar show mediáticos, sin sustentar debidamente los procesos en las instancias judiciales.
“Vimos como en administraciones anteriores se presentaban show mediáticos pero que luego en los tribunales los casos se caen, esa situación no sucede bajo mi actual administración, ya que se presentan los procesos debidamente investigados y comprobados”, mencionó Melara.
Tras una explicación sobre los conceptos de territorialidad, la juez Lila Álvarez Blanco resolvió declararse incompentente de seguir conociendo la causa en el caso “Corruptela” y será el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, que deberá programar una fecha para fijar una nueva audiencia.
“En relación a la peticionado por los licenciados Ivon Maribel García Arriaza y Julio Adalberto Arriaza González, la suscrita juez tiene a bien reconocer su incompetencia en razón del territorio, por lo que, Declárase incompetente esta sede judicial en razón del territorio, en virtud de lo expuesto supra.
En consecuencia désele el trámite de ley, y remítase la causa de mérito al Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla”, reza la resolución de la juez.
“En razón de lo anterior, DÉJESE SIN EFECTO LA AUDIENCIA PRELIMINAR SEÑALADA PARA LAS NUEVE HORAS DEL DÍA SIETE DE LOS CORRIENTES: líbrese los oficios correspondientes”, agrega lo resuelto por la Juez Lila Álvarez Blanco.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Nacionales
Conductor sin licencia atropella a mujer de 81 años al no permitirle bajar del microbús en Mejicanos
Una mujer de 81 años resultó lesionada la mañana de este jueves tras ser atropellada por un microbús de la ruta 44 en la 29 Avenida Norte, frente al centro comercial Zacamil, en el distrito de Mejicanos, San Salvador Centro.
Según el informe de la Policía Nacional Civil (PNC), el motorista del microbús no esperó a que la víctima descendiera completamente de la unidad, lo que provocó que cayera y sufriera lesiones en las piernas. Fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.
El conductor fue identificado como Carlos Elías Baires Flores, de 40 años, quien, según las autoridades, no posee licencia de conducir ni carnet de motorista. Por este motivo, será remitido a las instancias correspondientes por el delito de lesiones.
Las autoridades reiteraron el llamado a los motoristas del transporte público a cumplir con los protocolos de seguridad y contar con los permisos requeridos para operar unidades.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
