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Nuevo audio incriminatorio contra el exfiscal Diego Escobar publicado por la revista Factum deja más preguntas que respuestas

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Un audio dado a conocer el miércoles por la revista Factum que vincula al expresidente de la República Mauricio Funes Cartagena con el exfiscal Diego Escobar, quien presuntamente fue el encargado de proporcionarle a Mauricio Funes el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), documento que impactó en la misma Fiscalía General de la República (FGR) a nivel internacional, ha dejado más interrogantes que respuestas para las partes.

Esto porque el actual Fiscal, Douglas Meléndez, no ha tomado acciones ni contra Funes Cartagena ni ante Diego Escobar. El primero por supuestamente haber sido parte de un grupo político paralelo al de su gabinete en ese entonces, y el según por haber sustraído dicho documento reservado y entregado a Funes para sacar “raja política”, pero sobre todo, brindarle garantías a Diego Escobar al momento de ejercer su cargo como fiscal general.

En el audio se escucha de voz de Mauricio Funes, decir que fue el mismo Escobar quien le entregó el ROS. “Ese es el caso que entiendo yo que tienen documentado Diego (Balmore Escobar)”, expresa el expresidente en una supuesta reunión que se hizo en Cumbres de Cuscatlán en octubre de 2013 en la que también se afirma estaba el expresidente de la República Elías Antonio Saca, quien actualmente guarda prisión en el penal La Esperanza, donde cumple una condena por lavado de dinero.

En la misma conversación participa César Funes, quien fue hombre de confianza de Antoni Saca en su mandato. “lo ideal fuera que toda esta noticia la reviente en un medio de afuera y para eso es que hay que darle garantías al bendito Diego (Balmore Escobar) para que tire el asunto del Paco”, señalando que el entonces fiscal no estaba convencido de entregarle el ROS.

Tras eso se cuestiona de ¿Cómo llegó el audio a la revista Factum? ¿cuál es el objetivo de hacerlo público en plena campaña electoral? ¿Quién se beneficia de ello?, pero la interrogante más fuerte es por qué el actual fiscal, Douglas Meléndez, quien busca una reelección de su cargo en la FGR para el periodo 2019-2022, no ha profundizado en la investigación del tema, pese a que interpuso una denuncia una denuncia a cinco meses de haber juramentado como fiscal general en el 2016.

La denuncia para que se investigara la sustracción del documento ROS que era confidencial, se presentó en junio de 2016 ante la FGR y se le asignó número de referencia 589-UDAJ-2014, y fue ordenado al fiscal David Vaquero para desarrollar todo el proceso de investigación en la que se tenía en la mira Carla Victoria Marroquín de Parada, esposa del exfiscal adjunto Aquiles Parada y Diego Balmore Escobar como responsable del hecho.

Con la publicación de Factum se deja al descubierto que Diego Balmore Escobar se valió del cargo en la FGR para favorecer a los expresidentes Mauricio Funes y Antonio Saca en su venganza contra el expresidente Francisco Flores.

Hasta el cierre de esta nota y pese a las pruebas en su contra el fiscal general no lo ha investigado. “Él es la clave para joder a Paco dice el presidente Funes a su “gabinete”-. Yo le mandé a decir que si quería protección le dábamos protección; para darle confianza… Y si él renunciaba a la Fiscalía, que nada nos cuesta a nosotros absorberlo en la (secretaría) jurídica por un tiempo. Eso no es ningún problema”, se escucha en el audio publicado por Factum.

Balmore Escobar meses después de haber dejado el cargo en la FGR, facilitar el ROS y montar su despacho jurídico desde donde mantiene comunicación con el actual fiscal Douglas Meléndez, según lo evidenciado por Mauricio Funes en una entrevista con un medio matutino del país el 6 de marzo de 2016. (Un fiscal de amplia trayectoria) es su amigo, de acuerdo a lo señalado por el licenciado Hernán Cortez, abogado del empresario Enrique Rais.)

Una denuncia hecha por Cortez establece que un aviso hecho por Diego Escobar en la FGR fue suficiente para que el fiscal general girara una orden de detención en contra de Rais, en el caso que montaron los ciudadanos canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti (acusados por extorsión y con orden de captura), quienes buscaron a Escobar por la cercanía que este había tenido con fiscal general  y que habría otorgado un trato preferencial por parte de Meléndez, según lo mencionó el abogado Cortez en un comunicado publicado en diario digital El Blog el 8 de febrero de 2018 (LA OBSESIÓN DEL FISCAL GENERAL CONTRA RAIS NO ES DE CARÁCTER LEGAL, ES PERSONAL).

“Debido a este gravísimo delito El Salvador ha sido sancionado por las instancias financieras internacionales y al momento no existe cooperación a causa de este grave delito, curiosamente ahora el fiscal general pide a los diputados que con dispensa de trámites se modifique la ley orgánica de la UIF para darle total autonomía; sin embargo, nada se ha hecho para castigar el origen de estas sanciones internacionales muy a pesar de contar con múltiples denuncias contra su amigo y excompañero Diego Balmore Escobar”, denunció Cortez en febrero de 2018.

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Cafetalero José Antonio Salaverría denuncia intromisión de embajada Británica a favor de proceso penal contra Davivienda

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El empresario y cafetalero, José Antonio Salaverría, denunció a la embajada Británica de intentar interferir en un proceso mercantil contra el Banco Davivienda de El Salvador para tratar de evitar que se cumpla una sentencia en firme del embargo de 49 millones 314 mil 303 dólares por daños que le hicieron con un procedimiento financiero irregular.

“Referencia al estado de este proceso y solicita que se emita una decisión a la mayor brevedad posible en cuanto a la admisibilidad de la demanda de amparo”, requerimiento sobre el que dicho Tribunal, en forma transparente, únicamente dejó constancia, pero omitió hacer pronunciamiento alguno en razón de que “dicha sede diplomática no indica si pretende intervenir en este proceso ni alega un interés legítimo”, es un extracto de la nota emitida por la sede diplomática.

Por lo tanto, José Antonio Salaverría instó a la Embajada Británica en el país para que no continúe con este tipo de intromisiones en asuntos internos, que en sí mismas constituyen un irrespeto palmario a las instituciones del Estado y atentan contra la soberanía nacional.

Además, Salaverría destacó el trabajo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Supremas de Justicia (CSJ) catalogándolo de imparcial y transparente.

“Ha puesto coto a las injerencias, por parte de la referida legación diplomática acreditada en el país, en los asuntos internos”, indicó el empresario.

Asimismo, hizo un llamado a la sociedad civil a estar atenta y vigilante ante este tipo de actuaciones que atentan no solo contra la independencia judicial de El Salvador, sobre todo contra nuestro sistema democrático.

Anteriormente, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), un aviso penal contra miembros de la junta directiva del Banco Davivienda, por presuntamente haber publicado datos falsos en el balance general correspondiente al mes de julio, donde según Salaverría la entidad financiera deja entrever que obtendrá un fallo favorable en el recurso que interpuso en la Sala de lo Constitucional para evitar pagar una millonaria demanda.

De acuerdo a Salaverría, la acción de la junta directiva del Banco Davivienda fue un «irrespeto al sistema judicial», ya que es un engaño a los depositantes, accionistas y bolsas de valores, ya que el valor del banco no es el que publican; hecho que calificó como «temerario».

“Presentamos una demanda penal contra algunos miembros de la junta directiva del banco Davivienda por haber publicado datos falsos en el balance del 30 de julio preocupa que los depositantes del banco y la bolsa de valores tengan datos publicados en esa situación, está en los periódicos del 31 de julio”, mencionó Salaverría.

Los demandados por Salaverría y que forman parte de la junta directiva de Davivienda son Gerardo Simán, María Eugenia Brizuela, Moíses Castro Maseda y Freddie Frech, más la contadora del banco Ashali Julieta Baños.

Luis Mario Pérez Bennet, abogado del demandante explicó que pidieron al fiscal general de la República, Raúl Melara, que “secuestre” los libros de la junta directiva para corroborar la veracidad de los señalamientos que les imputan en su contra e indagar si existen otros hechos antijurídicos dentro de la junta directiva del banco.

Pérez Bennet agregó que la institución bancaria refleja que “Iba obtener fallo favorable en el recurso de amparo presentado ante la Sala de lo Constitucional para evitar el pago del embargo de $49.3 millones”.

“El estado financiero en referencia manifiesta que y que una vez que se audita exonera del pago al que fue condenado el banco Davivienda por la Sala de lo Civil, lo cual nos resulta temerario e irresponsable, pero además podría dejar en duda la honorabilidad de los miembros de la Sala de lo Constitucional”, explicó el abogado.

La problemática entre ambas partes data desde hace 11 años, cuando Davivienda antes era HSBC, entidad crediticia a la que Salverría recurrió para adquirir un crédito, del cual se atrasó con una cuota de 160 mil dólares, por lo que el banco le notificó el embargo.

24 horas después de la notificación, Salaverría envió a su entonces abogado, Fabio Castillo, para pagar el monto total del préstamo para librarse de los compromisos, pero el dueño del banco, Gerardo Simán, le dijo que no podrían recibirle el pago y que harían cumplir el embargo de la garantía.

Luego de que esto le generó la quiebra económica y “la muerte civil”, pues no volvió a ser sujeto de crédito de la banca nacional, recurrió a las autoridades correspondientes para poder hacer valer sus derechos.

De acuerdo al proceso legal, Davivienda tiene una deuda con Salaverría de US$47,352.124.00 más el 12 por ciento por costas procesales, daños y perjuicios, que hacen un total de más de US$49 millones.

“El día que nos llamaron para decirnos que todo estaba terminado, nos llamó Gerardo Simán. Ese día, para que veamos las inconsistencias, ese día procesamos 5,200 quintales oro. Y también en esa temporada hicimos 250 mil quintales, un millón de quintales uva, teníamos 7 beneficios operando en el país, 16 puntos de recaptación”, explicó el cafetalero.

Según Salaverría, el banco violó el convenio que se había firmado además con City Bank y Banco Hipotecario. Luego de un año, señaló, preparó su defensa y el 7 de octubre de 2009 inició el proceso para ejercer sus derechos a fin de demandar a HSBC, hoy Davivienda, por daños y prejuicios.

A consecuencia de este proceso, el veredicto resultó a favor del salvadoreño pero la financiera dilató su responsabilidad de resarcir los daños al utilizar recursos legales

Después de todo este tiempo, la Sala de lo Civil ha fallado a su favor de manera unánime, lo que considera “un fallo histórico” y espera se haga efectiva de parte de los nuevos propietarios del banco.

Ese sentido, cuando se trate de embargar empresas mercantiles, se deberá hacerlo de conformidad al inciso segundo del artículo 506 del Código de Comercio, por lo que se previene al ejecutor de que se cerciore de que los bienes objeto de embargo sean propiedad del ejecutado y que en el caso se embarguen vehículos, éstos deben de inscribirse en el registro.

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Presidente Nayib Bukele ordena a FAES duplicar vigilancia de los puntos ciegos fronterizos en Chalatenango para evitar narcotráfico y contrabando

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El Presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó al Ministerio de la Defensa Nacional reforzar la seguridad en los pasos fronterizos situados al norte el departamento de Chalatenango que son utilizados para el tránsito de personas y mercadería de forma irregular.

“Ministro (René) Merino Monroy duplique la presencia militar en los puntos ciegos de San Fernando, Arcatao, Nueva Trinidad y San Ignacio. Es evidente que intentan pasar droga y/o contrabando y que además cuentan con el apoyo de las autoridades locales”, dispuso el mandatario.

El ministro de la Defensa confirmó que con el Comando Sumpul se duplicará la presencia militar en esos lugares, tal como lo ordenó el Presidente Bukele.
La decisión presidencial se da luego que los alcaldes de esos cuatro municipios, del partido FMLN, llegaron a la Asamblea Legislativa a mostrar su desacuerdo por la presencia militar en los denominados pasos ciegos, porque no existe un control de una autoridad migratoria.

A pesar que la vigilancia permanente brinda seguridad y tranquilidad a los habitantes de los municipios situados en la frontera con Honduras, los alcaldes están en contra de esos patrullajes. Los pasos fronterizos son utilizados por los narcotraficantes y contrabandistas para cometer ilícitos.

Para el mandatario, el descontento por la presencia militar se debe a otras causas. “Ahí no hay ningún puesto fronterizo. ¡Son los puntos ciegos! Aquí pueden ver quiénes trabajan para los narcotraficantes y contrabandistas”, señaló.

Durante la emergencia por la pandemia de COVID-19, los soldados de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y la Policía Nacional Civil (PNC) cuidaron esos sitios para evitar el ingreso irregular de personas que podrían ser portadoras de coronavirus. Los patrullajes continúan en la zona para evita ilegalidades.

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Economia

Remesas familiares muestran tendencia hacia la recuperación, con un acumulado de $4,188.1 millones entre enero y septiembre de 2020

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Los envíos de dinero de los salvadoreños en el exterior muestran una tendencia hacia el incremento en comparación con 2019, de acuerdo con la información del Banco Central de Reserva (BCR). El monto mensual recibido, tanto como el acumulado de nueve meses, están compensando la caída que se registró de marzo a mayo, en plena pandemia de COVID-19.

Las remesas familiares llegaron en septiembre a un acumulado de $4,188.1 millones, un incremento de 0.8 % respecto del mismo período durante 2019. Es decir, desde junio hasta septiembre, estos ingresos ya revirtieron la caída relacionada con el impacto económico que generó la pandemia.

Además de eso, el BCR también registra ingresos históricos en concepto de remesas familiares. Solo en agosto, los compatriotas enviaron al país $559.3 millones, un monto sin precedentes en casi 30 años. Asimismo, en el 75 % de los municipios el ingreso de remesas incrementó.

Si bien hay lugares específicos donde se ha registrado una reducción puntual, también es importante recordar que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha implementado medidas de apoyo a la economía familiar para amortiguar el impacto de la pandemia, como el bono de $300 por hogar, las facilidades para el pago de servicios básicos y de servicios financieros, los paquetes alimentarios y los programas estatales que permitirán abaratar el costo de la energía y avanzar hacia la soberanía alimentaria en el corto plazo.

El presidente del BCR, Douglas Rodríguez, explicó que $96 de cada $100 de los envíos de los compatriotas migrantes provienen de los Estados Unidos; por lo tanto, el desempeño económico en ese país tiene una fuerte influencia en el local. En este sentido, el titular del BCR recordó que la tasa de desempleo de la población hispana en ese país ha estado bajando de manera progresiva y en septiembre llegó a 10.3 %.

Si las condiciones económicas actuales continúan en el transcurso de los próximos meses, la recuperación continuará su ritmo. “Consideramos que las remesas familiares incrementarán en un 2% y que esa cantidad será $5,762 millones”, un dato que solo se trata de una proyección, aclaró el funcionario.

Durante la gestión del Presidente Bukele, la relación de El Salvador con Estados Unidos pasa por su mejor momento en años, con la expectativa de que continuarán fortaleciéndose en todos los aspectos.

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