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Nueve de cada 10 confirman la reducción de la delincuencia en El Salvador
El 97.7 % de los ciudadanos, es decir, nueve de cada 10, confirmó la transformación de la seguridad pública en El Salvador al señalar que la delincuencia ha disminuido durante el Gobierno del presidente Nayib Bukele, según los datos de la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Estos resultados, que tienen un nivel de confianza del 95 %, fueron obtenidos por el Iudop al evaluar los cuatro años de gestión del presidente Bukele, quien inició su mandato el 1.º de junio de 2019, después de derrotar en elecciones libres y democráticas el bipartidismo de ARENA-FMLN.
Solo para el 0.8 % de los ciudadanos la delincuencia aumentó en ese período y para el 1.5 % sigue igual. Además, los encuestados le asignaron la calificación de 9.1 al presidente Nayib Bukele, porque el régimen de excepción, medida constitucional que él propuso en 2021, ha contribuido a controlar la violencia que anteriormente ocasionaban las pandillas en el país.
Asimismo, para el 95 % de la población encuestada, es decir, nueve de cada 10, el régimen de excepción ha ayudado «en mucho o algo» a controlar la delincuencia que imperó en los gobiernos de ARENA y FMLN. Estadísticamente, la población consideró que el com bate contra la delincuencia y la inseguridad y la implementación del régimen de excepción son los dos principales aciertos del presidente Nayib Bukele. Por tal motivo, los encuestados calificaron con una nota general de 8.48 el cuarto año del Gobierno del presidente Nayib Bukele.
La calificación del gobernante es inédita y dista drásticamente de las que obtuvieron los mandatarios anteriores en su cuarto año de gestión, según el registro histórico de la casa encuestadora.
Por ejemplo, Francisco Flores y Elías Antonio Saca, ambos presidentes de la república con el partido ARENA, cerraron su cuarto año de mandato con 5.01 y 5.47.
En el caso de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, concluyeron su cuarto año de gestión con 6.87 y 4.6, respectivamente.
Para el vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, es precisamente el impacto en materia de seguridad lo que ha destacado en gran medida la población salvadoreña. «El principal logro, si se agrupan las variables, es en seguridad y el régimen de excepción. El 97.7 % reconoce que la delincuencia ha disminuido, la seguridad es determinante en esta encuesta; entre mejor se califica el régimen de excepción, mejor nota se le da al Gobierno», mencionó Serrano en conferencia de prensa.
El régimen de excepción, que ha servido para combatir a las pandillas, es rechazado por el bloque de partidos de oposición (ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo); por su implementación y sus respectivas prórrogas solo han votado los partidos Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC.
Con esa medida constitucional, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) han capturado a más de 68,000 pandilleros, incluidos cabecillas, y también ha permitido el decomiso de drogas y armas de fuego.
Además, del Iudop de la UCA, la encuestadora Mitofsky también dio a conocer ayer los resultados de su encuesta sobre los presidentes mejor evaluados en América y el mundo.
En el continente americano, el presidente Nayib Bukele, con un 93 % de aprobación ciudadana, superó al mandatario costarricense, Rodrigo Chaves, que tiene un 71 %, y al presidente dominicano, Luis Abinader, que alcanzó el 63 %. A escala mundial, en el segundo puesto se encuentra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, que tiene un 83 %, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, con 75 %.
Esos resultados son producto de que el presidente Nayib Bukele ha transformado el clima de seguridad de El Salvador con un combate frontal contra las pandillas para devolver la paz y tranquilidad a la población salvadoreña.
Principal
BCIE aprueba financiamiento de US$155 millones para dar continuidad al fortalecimiento de la infraestructura vial y la movilidad urbana en El Salvador
Con una inversión de US$155 millones, el BCIE respaldará la ejecución del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana – Fase II en El Salvador, continuando con intervenciones estratégicas para el país en materia de infraestructura vial. El programa beneficiará a más de 1.17 millones de habitantes en el Área Metropolitana de San Salvador y en el distrito de Atiquizaya, departamento de Ahuachapán.
Esta iniciativa se estructura en tres componentes principales: la ampliación y mejoramiento de la Carretera RN13W en el tramo Desvío Atiquizaya – Desvío Bypass de Ahuachapán junto con sus obras conexas; los estudios de diseño y construcción del Corredor Norte del Anillo Periférico del AMSS; y los estudios de diseño del Corredor Oriente del Anillo Periférico del AMSS. En conjunto, el Programa incluye la ampliación a 4 carriles de 7.05 km de carretera existente, la construcción de 8.17 km de nuevas vías y 30.4 km de ciclovía nueva.
La implementación de este programa redistribuirá los flujos de tránsito que hoy saturan la capital, reduciendo el tiempo promedio de viaje en 45.6% para los usuarios de los tramos intervenidos, y mejorará la circulación regional sobre la Carretera Panamericana. Además, con la ampliación de la RN13W, el programa elevará la capacidad de algunos de los ejes viales más importantes del país, proyectando un tránsito promedio diario anual de 111,053 vehículos, incluyendo 9,023 vehículos de carga pesada, ofreciendo condiciones más seguras y menores costos de operación para sus usuarios.
El Programa integra además soluciones tecnológicas de gestión inteligente del tránsito, medidas de seguridad vial e infraestructura para transporte no motorizado, y se estima que generará 250 empleos directos temporales.
Con esta aprobación, el BCIE reafirma su compromiso con el desarrollo integral de El Salvador. Este financiamiento representa una inversión de largo plazo en la competitividad, la conectividad territorial y el bienestar de la población salvadoreña.
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para modificar el contrato de préstamo No. 5851/OC-ES, suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el propósito de fortalecer el sistema aduanero y consolidar al país como un referente regional en infraestructura logística y facilitación del comercio.
El empréstito, por un monto de hasta $84 millones, fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 9 de abril de 2024 y ratificado el 22 de mayo del mismo año. Inicialmente, los fondos estaban destinados al Programa de Facilitación Comercial y Modernización de la Operación Portuaria en El Salvador, enfocado principalmente en la reducción de tiempos de espera del transporte de carga en los puertos y en mejorar la eficiencia operativa portuaria.
Sin embargo, el Ejecutivo identificó la necesidad de ampliar el alcance del programa y redirigir las inversiones hacia una modernización más integral de las aduanas y los controles fronterizos del país. Como resultado, el pasado 29 de abril, el Ministerio de Hacienda y el BID firmaron una modificación al contrato de préstamo para adecuar el proyecto a las nuevas prioridades estratégicas del Gobierno.
Durante la sesión de la comisión legislativa, el director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, explicó que uno de los cambios principales será la actualización del nombre del proyecto, que pasará a denominarse Programa de Facilitación del Comercio y de las Inversiones en El Salvador.
Según Herrera, esta modificación permitirá incorporar nuevas acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura física en las aduanas del país, así como la modernización de puestos fronterizos estratégicos, entre ellos la frontera El Poy, ubicada en Chalatenango, uno de los principales puntos de intercambio comercial terrestre con Honduras.
Asimismo, el funcionario detalló que el programa contempla fortalecer el Centro de Control Integrado ubicado en el recinto de San Bartolo, una instalación clave para la supervisión y control de mercancías en el comercio exterior salvadoreño.
La propuesta también incluye la adquisición e implementación de tecnología para mejorar los controles aduaneros y agilizar el manejo de mercancías. Herrera señaló que esto permitirá avanzar en la digitalización y simplificación de los trámites vinculados al comercio exterior, reduciendo tiempos y costos logísticos para empresas importadoras y exportadoras.
Entre las iniciativas previstas se encuentra el desarrollo del Portal de Comercio Exterior, una plataforma digital que centralizará diversos procesos relacionados con importaciones, exportaciones y trámites aduaneros. El proyecto incluye además la compra de equipo informático, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y el equipamiento necesario para mejorar la operatividad de las instituciones involucradas.
De acuerdo con el representante del Ministerio de Hacienda, todas estas acciones buscan incrementar la competitividad del país y generar condiciones más favorables para atraer inversiones, fortalecer el comercio regional y mejorar la eficiencia de las cadenas logísticas.
Otro de los cambios relevantes dentro de la modificación al préstamo es la sustitución de la entidad ejecutora del programa. En la versión original, la ejecución estaba a cargo del Ministerio de Economía en coordinación con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), debido a que el enfoque principal se encontraba en las operaciones portuarias.
Con la reestructuración aprobada en comisión, la Dirección General de Aduanas (DGA) asumirá el rol de entidad ejecutora junto al Ministerio de Economía, mientras que CEPA dejará de participar directamente en la administración del programa.
Las autoridades justificaron esta decisión argumentando que la DGA es la institución que actualmente lidera las acciones relacionadas con controles fronterizos, facilitación comercial y modernización aduanera, por lo que su incorporación permitirá una ejecución más eficiente y alineada con las necesidades actuales del país.
Los diputados de la Comisión de Hacienda respaldaron la iniciativa al considerar que fortalecer la infraestructura aduanera y agilizar los procesos comerciales contribuirá a dinamizar la economía nacional y mejorar la posición de El Salvador en materia de comercio internacional.
Además, destacaron que la modernización tecnológica y la digitalización de trámites representan herramientas fundamentales para reducir la burocracia y aumentar la transparencia en los procesos de importación y exportación.
Con esta reforma al préstamo, el Gobierno apuesta por fortalecer la conectividad logística y mejorar las capacidades institucionales vinculadas al comercio exterior, en un contexto donde la competitividad regional depende cada vez más de la eficiencia en los sistemas aduaneros y de transporte de mercancías.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana ordenó instrucción formal con detención provisional contra Josselyn Esmeralda Ramos Ramos, de 19 años, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo de 2 años y 6 meses de edad.
De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el pasado 30 de abril de 2026 en una vivienda ubicada en la comunidad Amayito, en Santa Ana.
Según las investigaciones, la imputada permaneció sola durante aproximadamente tres horas con el menor dentro de una habitación, lugar donde presuntamente ocurrió el hecho.
Durante la audiencia inicial, las autoridades expusieron que la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue asfixia por obstrucción de nariz y boca.
Asimismo, en esta etapa del proceso judicial, la Fiscalía señaló que la acusada presuntamente ejercía violencia física y psicológica reiterada contra el niño.
Con la resolución emitida por el juzgado, la joven continuará en prisión mientras avanzan las investigaciones y el proceso penal correspondiente.
