Judicial
Sala de lo Constitucional declara improcedente demanda de amparo de Davivienda y ordena pago de $49.3 millones a José Antonio Salaverría

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró improcedente la demanda de amparo que el bufete Sáenz y Asociados interpuso para tratar de revertir el fallo del pago de $49.3 millones que el banco Davivienda debe hacer a José Antonio Salaverría, tras un viejo litigio que sigue el cafetalero con esa institución financiera y que ahora llega a su fin.
El Juzgado Primero de lo Mercantil ha ordenado que Davivienda antes HSBC pague esa cantidad de dinero a Salaverría en concepto de indemnización, por daños y perjuicios ocasionados al embargarle de forma arbitraria beneficios de café y otras propiedades, por un supuesto incumplimiento de pago por parte del empresario.
Salaverría inició un juicio civil mercantil en contra del banco luego que le suspendieran un préstamo de forma unilateral, pese a que en el contrato se mencionó que para ello debía existir un acuerdo de las tres instituciones financieras con las que había suscrito el convenio.
Este lunes la Sala de lo Constitucional ordenó: «Declárase improcedente la demanda de amparo presentada por los abogados Mario Enrique Sáenz y Luis Gerardo Hernández Jovel, en calidad de apoderados de la sociedad Banco Davivienda Salvadoreño, Banco Davivienda, Banco Salvadoreño o Bancosal, todos Sociedad Anónima contra la Sala de lo Civil, en virtud de que el reclamo formulado con relación a los actos impugnados se basa en cuestiones de estricta legalidad ordinaria y de simple inconformidad con las actuaciones impugnadas».
Consta que en junio de 2019 la Sala de lo Civil admitió un recurso de casación que Salaverría interpuso para obligar al banco Davivienda a pagar los $49.3 millones. Tras estudiar lo planteado por los apoderados legales del empresario, los magistrados por unanimidad determinaron ciertos los alegatos de José Antonio Salaverría y por este motivo se ordenó que la financiera debe hacer efectivos el desembolso.
Sin embargo, los abogados del banco Davivienda tratan de interponer algunos recursos para evitar el pago y dilatar el caso, por lo cual todos los recursos son anulados por la Sala de lo Constitucional porque ya no hay nada que hacer, según comenta Salaverría y añade que únicamente le han hecho un abono hasta este momento.
El pasado mes, la Sala de lo Constitucional de nuevo se pronunció y rechazó los señalamientos que este mismo grupo de abogados hicieron al mencionar que los magistrados no habían agilizado el trámite para admitir una demanda de amparo y que habían interpuesto con miras a revertir el fallo del Juzgado Primero de lo Mercantil. Alegaron que había una demora en dar una respuesta de solicitud de amparo y de nuevo la Sala dijo a Davivienda que “no hay ninguna inactividad judicial y que el caso se ha mantenido en constante actividad procesal”.
Se dijo que los abogados de Davivienda han tratado de coaccionar a los magistrados de la Sala, amenazando que llevarían el caso a instancias internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), para demandar al Estado salvadoreño para resarcir los daños por retardación de justicia, pero la Sala les dijo que no hubo atraso en este proceso.
José Antonio Salaverría explicó en su oportunidad que el banco de forma arbitraria inició un proceso ejecutivo en contra de sus propiedades y que con el cese de los préstamos que tenía, inició con el embargo de propiedades, entre ellas beneficios de café.
“De manera ilegal el banco inició los embargos sin tener sustentos legales y sin tener mora. Ellos incumplieron todo lo que se ha venido ventilando en este proceso, como también, los convenios que se habían pactado con el banco en su debido momento, por ese motivo se presentaron tres demandas en el 2009 y que llegaron a su fin. El banco no ha tenido un sustento legal para decir que no puede pagar ese dinero y simplemente se han hecho los desentendidos para el no pago”, puntualizó Salaverría.
“Nos quebraron totalmente”
“Había suscrito un convenio con HSBC hoy Davivienda y luego me embargaron indebidamente. Ellos tenían un pagaré por 160 mil dólares y lo llenaron como quisieron a fin de provocar un incumplimiento. Nosotros tratamos de pagar al día siguiente todo el dinero que exigían, pero se opusieron a ello y nos quebraron totalmente”, afirmó el cafetalero.
“Nosotros dábamos empleos a unas cinco mil familias y al menos teníamos 1,260 productores de café, entre ellos había tres presidentes de bancos y seis directores porque confiaban en nosotros”, indicó el cafetalero que ahora pide justicia y que se le pague los más de 49 millones de dólares.
Se dijo que todas las instancias están agotadas y que el banco Davivienda trata de dilatar el caso y de utilizar todo tipo de argucias para evitar hacer ese desembolso.
Judicial
Continúa juicio contra Muyshondt y otros exfuncionarios

Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
Judicial
Cárcel para sujeto que atacó a su expareja con un corvo en La Libertad

José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
Judicial
Exfiscal Luis Martínez condenado a 10 años de prisión

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.