Judicial
Sala de lo Constitucional declara improcedente demanda de amparo de Davivienda y ordena pago de $49.3 millones a José Antonio Salaverría
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró improcedente la demanda de amparo que el bufete Sáenz y Asociados interpuso para tratar de revertir el fallo del pago de $49.3 millones que el banco Davivienda debe hacer a José Antonio Salaverría, tras un viejo litigio que sigue el cafetalero con esa institución financiera y que ahora llega a su fin.
El Juzgado Primero de lo Mercantil ha ordenado que Davivienda antes HSBC pague esa cantidad de dinero a Salaverría en concepto de indemnización, por daños y perjuicios ocasionados al embargarle de forma arbitraria beneficios de café y otras propiedades, por un supuesto incumplimiento de pago por parte del empresario.
Salaverría inició un juicio civil mercantil en contra del banco luego que le suspendieran un préstamo de forma unilateral, pese a que en el contrato se mencionó que para ello debía existir un acuerdo de las tres instituciones financieras con las que había suscrito el convenio.
Este lunes la Sala de lo Constitucional ordenó: «Declárase improcedente la demanda de amparo presentada por los abogados Mario Enrique Sáenz y Luis Gerardo Hernández Jovel, en calidad de apoderados de la sociedad Banco Davivienda Salvadoreño, Banco Davivienda, Banco Salvadoreño o Bancosal, todos Sociedad Anónima contra la Sala de lo Civil, en virtud de que el reclamo formulado con relación a los actos impugnados se basa en cuestiones de estricta legalidad ordinaria y de simple inconformidad con las actuaciones impugnadas».
Consta que en junio de 2019 la Sala de lo Civil admitió un recurso de casación que Salaverría interpuso para obligar al banco Davivienda a pagar los $49.3 millones. Tras estudiar lo planteado por los apoderados legales del empresario, los magistrados por unanimidad determinaron ciertos los alegatos de José Antonio Salaverría y por este motivo se ordenó que la financiera debe hacer efectivos el desembolso.
Sin embargo, los abogados del banco Davivienda tratan de interponer algunos recursos para evitar el pago y dilatar el caso, por lo cual todos los recursos son anulados por la Sala de lo Constitucional porque ya no hay nada que hacer, según comenta Salaverría y añade que únicamente le han hecho un abono hasta este momento.
El pasado mes, la Sala de lo Constitucional de nuevo se pronunció y rechazó los señalamientos que este mismo grupo de abogados hicieron al mencionar que los magistrados no habían agilizado el trámite para admitir una demanda de amparo y que habían interpuesto con miras a revertir el fallo del Juzgado Primero de lo Mercantil. Alegaron que había una demora en dar una respuesta de solicitud de amparo y de nuevo la Sala dijo a Davivienda que “no hay ninguna inactividad judicial y que el caso se ha mantenido en constante actividad procesal”.
Se dijo que los abogados de Davivienda han tratado de coaccionar a los magistrados de la Sala, amenazando que llevarían el caso a instancias internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), para demandar al Estado salvadoreño para resarcir los daños por retardación de justicia, pero la Sala les dijo que no hubo atraso en este proceso.
José Antonio Salaverría explicó en su oportunidad que el banco de forma arbitraria inició un proceso ejecutivo en contra de sus propiedades y que con el cese de los préstamos que tenía, inició con el embargo de propiedades, entre ellas beneficios de café.
“De manera ilegal el banco inició los embargos sin tener sustentos legales y sin tener mora. Ellos incumplieron todo lo que se ha venido ventilando en este proceso, como también, los convenios que se habían pactado con el banco en su debido momento, por ese motivo se presentaron tres demandas en el 2009 y que llegaron a su fin. El banco no ha tenido un sustento legal para decir que no puede pagar ese dinero y simplemente se han hecho los desentendidos para el no pago”, puntualizó Salaverría.
“Nos quebraron totalmente”
“Había suscrito un convenio con HSBC hoy Davivienda y luego me embargaron indebidamente. Ellos tenían un pagaré por 160 mil dólares y lo llenaron como quisieron a fin de provocar un incumplimiento. Nosotros tratamos de pagar al día siguiente todo el dinero que exigían, pero se opusieron a ello y nos quebraron totalmente”, afirmó el cafetalero.
“Nosotros dábamos empleos a unas cinco mil familias y al menos teníamos 1,260 productores de café, entre ellos había tres presidentes de bancos y seis directores porque confiaban en nosotros”, indicó el cafetalero que ahora pide justicia y que se le pague los más de 49 millones de dólares.
Se dijo que todas las instancias están agotadas y que el banco Davivienda trata de dilatar el caso y de utilizar todo tipo de argucias para evitar hacer ese desembolso.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
