Judicial
Reprograman nuevo juicio contra cinco cadetes acusados de homicidio agravado
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla suspendió hoy la instalación del nuevo juicio, que se tenía previsto durara del 20 al 29 de junio, contra dos oficiales y tres cadetes acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de homicidio agravado en perjuicio de quien en vida fuera Juan Carlos Zelaya Díaz. El motivo principal es que el juez designado por la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, Lic. Cruz Antonio Pérez Granados, se encuentra fuera del país en una misión oficial, por lo que la diligencia iba a ser conocida por un juez suplente.
La decisión de la reprogramación de la vista pública fue dada a conocer a las partes en una audiencia especial por el juez suplente, Lic. Jorge Eduardo Tenorio, quien explicó a las partes la situación. Además, aclaró que debido a que el tribunal se encuentra saturado con audiencias ya programadas, la nueva fecha para este juicio será del 21 al 31 de agosto del presente año, a partir de las 8:00 de la mañana.
Durante la diligencia judicial, el juez suplente también resolvió sobre un escrito presentado por el padre del joven fallecido, donde solicitaba se le tuviera como víctima en el proceso, por lo que el juez admitió el escrito y ordenó se incorporara al proceso.
El nuevo juicio se llevará a cabo tras una resolución de la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, emitida el 21 de marzo de 2018, a las 8:16 de la mañana, que resolvió un recurso de apelación a petición de los defensores de los acusados Rafael Cañas Abarca, Jayro Orlando Baires Salinas, Emmanuel Navas Contreras, Jaime Isaac Lemus Martínez y Geovanny Ernesto Rosales Grijalva.
Todos son acusados del homicidio agravado en comisión por omisión, previsto y sancionado en el Artículo 128 en relación al Artículo 129, numeral 3 y 20 del Código Penal, en perjuicio de la vida de Zelaya Díaz.
La resolución de la apelación de la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla ordenó anular la sentencia definitiva condenatoria, pronunciada en contra de los cinco imputados y ordenó la reposición de la vista pública, a efecto de que un nuevo juez reponga dicho acto y dicte conforme a derecho corresponda. Ese nuevo juez designado fue el Licenciado Cruz Antonio Pérez.
Debido a que a los imputados se les venció el plazo de detención provisional de 24 meses y no hay una sentencia firme debido a la resolución de la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro, el nuevo juez asignado al caso resolvió el 4 de mayo de 2018, a las 3:20 de la tarde, algunas condiciones para que los imputados enfrente el proceso penal en su contra, garantizando la comparecencia de los mismos a los actos del proceso. Es por ello que les sustituyó la detención provisional por las siguientes medidas: Los imputados deben rendir una caución económica de $2,000 cada uno; deben presentarse al tribunal los lunes de cada semana o el siguiente día hábil, a las 8:00 de la mañana; no pueden salir del país, ni cambiar de domicilio; así como tampoco pueden comunicarse con los familiares de la víctima y testigos que figuran en el proceso ya sea verbal, inalámbrico o virtual. Todas esas medidas deberán de continuar cumpliéndolas hasta que se instale el juicio en agosto próximo.
Respecto a la reserva total del presente caso, que fue decretada en el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán y que se mantuvo en el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla y por el juez del Tribunal 1º de Sentencia que conoció la anterior vista pública, el nuevo juez resolvió modificarla a una reserva parcial, en función al principio general de publicidad de los juicios, salvo las excepciones establecidas en el Artículo 369 del Código Procesal Penal; y al Artículo 4 literal a) y Artículo 6 literal C) de la Ley de Acceso a la Información Pública, que regulan que la “información es pública” potenciando “el principio de máxima publicidad”.
Sin embargo, el juez aclaró que la reserva parcial limitará lo que también establece el Artículo 369 del Código Procesal Penal referente a los detalles del juicio que podrían poner en riesgo la seguridad nacional. Es por ello que ordena que pese a que los medios de comunicación o ciudadanos pueden estar presentes en el desarrollo del juicio, “no se deben dar a conocer en detalle los procedimientos de entrenamientos de los futuros oficiales de las Fuerzas Armadas, quienes tienen por misión constitucional ser los encargados de la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio nacional”.
En ese sentido, quien contraviniere dicha disposición plasmada en la resolución emitida, el Tribunal tendrá la potestad de hacer las certificaciones correspondientes y enviarlas a la Fiscalía General de la República, para que actúe conforme a la ley.
El hecho por el que enfrentarán un nuevo juicio los cinco acusados ocurrió el 3 de octubre del año 2014, en la piscina Teniente Cadete Jaime Iván Orellana Álvarez, ubicada en el interior de la Escuela Militar, al final de la Avenida Jerusalén y Calle El Espino, jurisdicción de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad
Óscar José Amaya Guevara fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia fue impuesta en un proceso sumario por el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad.
Según la acusación fiscal, Amaya Guevara fue detenido el pasado 8 de mayo de 2025 mientras ingería bebidas alcohólicas en un restaurante del Puerto de La Libertad. La Policía Nacional Civil (PNC) recibió una alerta sobre su comportamiento, ya que manipulaba un arma de fuego en evidente estado de ebriedad.
Al realizarle una prueba antidoping, el resultado arrojó 162 grados de alcohol. Además, no presentó documentos que acreditaran la portación legal del arma ni la matrícula correspondiente.
Durante la audiencia, el tribunal consideró suficientes las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la FGR para dictar la condena.
Amaya Guevara ya tenía antecedentes. En noviembre de 2023 fue detenido por amenazar con arma de fuego a trabajadores en un lugar público y por atentar contra conductores y un motociclista en la carretera al Puerto de La Libertad. En ese caso, fue procesado por homicidio tentado y disparo de arma de fuego, y se le decomisaron un arma, municiones y un vehículo.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra Julio Alonso Revelo Martínez y José Guillermo Arce Marín, señalados de traficar 114 kilogramos de cocaína. El proceso fue judicializado en el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad, donde la FGR solicitó la detención provisional mientras avanza el proceso penal.
Según la acusación fiscal, ambos imputados, residentes en San Luis La Herradura (La Paz), transportaban la droga oculta en una hielera acondicionada con un compartimiento secreto. La embarcación fue interceptada el pasado 18 de junio a tres millas y media náuticas de la playa Toluca, en aguas territoriales del departamento de La Libertad.
El operativo fue ejecutado por el Grupo Especial Antinarcóticos, en coordinación con la División Antinarcóticos y la División de la Policía Costera de la PNC.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó a través de redes sociales que los detenidos forman parte de una estructura de narcotráfico regional. «Salieron de Nicaragua y pretendían llevar la droga a Guatemala, pero su operación fue truncada gracias al trabajo coordinado entre nuestra Policía Costera y la División Antinarcóticos», publicó.
Durante la inspección de la embarcación se localizaron paquetes que, tras pruebas de campo, dieron positivo a cocaína. El cargamento fue valorado en aproximadamente $2.8 millones.
El fiscal del caso confirmó que se ha solicitado la instrucción formal con imposición de medidas cautelares de detención provisional.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
