Judicial
Fiscalía ha logrado las condenas de 320 asesinos de policías y militares en nueve años
Entre el 2013 y 2021 la Fiscalía General de la República (FGR), y la Policía Nacional Civil capturaron a más de 800 delincuentes relacionados a los asesinatos de agentes de la Policía. En ese lapso, un total de 307 agentes de la Policía y militares fueron asesinados.
Según la FGR, el departamento que más homicidios contra agentes de seguridad reportó en esos 9 años es San Salvador con 74, seguido de La Libertad con 42 y de San Miguel con 31.
Por los homicidios en perjuicio de los 307 agentes, la Fiscalía reporta la detención de 822 personas entre el 1 de enero de 2013 al 31 de octubre de 2021, de estas 626 fueron capturados en flagrancia, mientras que entre el 2017 y 2021 un total de 196 fueron detenidos por orden administrativa.
Las estadísticas de la Fiscalía dan cuenta que en ese tiempo, 150 pandilleros fueron detenidos por haber asesinado a agentes de la Policía o a militares, 14 de ellos fueron capturados en flagrancia y 136 por orden administrativa.
El año con mayor cantidad de pandilleros detenidos por dicho delito fue el 2018 con 53, seguido del 2019 con 25 y del 2020 con 21. El pasado 3 de diciembre la Fiscalía ordenó la captura de 53 pandilleros de la MS, quienes delinquían en la zona sur del municipio de Santa Ana
Según la FGR, con las detenciones se resolvieron 15 diferentes casos, entre ello 11 homicidios agravados, dentro de estos un doble homicidio y el asesinato de un agente de la PNC, dos privaciones de libertad y el atentado a la caseta Policial del expeaje en Santa Ana, ocurrido en junio del 2019.
El operativo fue en las colonias 5 de Marzo, Cuesta Blanca, La Providencia, El Papayo y barrio El Ángel. Durante el procedimiento las autoridades incautaron teléfonos, hachas, palas, chuzos y una motocicleta.
CONDENAS
De los 822 detenidos entre el 1 de enero de 2013 al 31 de octubre de 2021, un total de 320 personas han sido condenadas luego de ser encontrados culpables de asesinar a policías o militares.
El año en que la Fiscalía logró mayor número de condenas fue el 2016 con 74, seguido del 2019 con 50 y del 2018 con un total de 47.
Los datos de la Fiscalía dan cuenta que de los 320 condenados al menos el 56% (180) son pandilleros.
El año que reporta mayor número de condenas contra pandilleros es el 2019 con 37, le sigue el 2018 con 29 y el 2020 con 27.
A 60 años de cárcel fue condenado el pasado 13 de diciembre un pandillero que causó la muerte de agente de la PNC e intentó asesinar a otro policía.
El imputado identificado como Carlos Alfredo Chinchilla Torres cometió el crimen el 9 de junio del año 2019 en un área rural del municipio de Chalchuapa, en Santa Ana, junto a otros pandilleros quienes dispararon contra una patrulla en la que se conducían el agente José Dolores Romero y su compañero.
Tras las pruebas presentadas por la Fiscalía, el juez del Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó al pandillero a cumplir una pena de 40 años en prisión por haber asesinado al agente Romero y le sumó 20 años por intentar asesinar al otro policía.
A 40 años de prisión también fue condenado, el pasado 20 de agosto de 2021, Edgardo Antonio Vallecillos Castillo por haber asesinado al agente de la PNC, Víctor Hugo Fuentes Retana.
El criminal, quien es podado como Gota, cometió el homicidio el 12 de agosto de 2017 cuando el agente estaba en su día libre y transitaba por la calle principal del cantón Santa Rita, jurisdicción de Atiquizaya, Ahuachapán.
Según la Fiscalía, los delincuentes le salieron al paso y le dispararon, después huyeron. El caso fue investigado por fiscales de la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio, los cuales presentaron la evidencia de este ataque para lograr la condena de Vallecillos Castillo por el delito de homicidio agravado.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Salvador Alvarado Navarrete a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de J. R. A. L.
El hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, a las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en una acera cercana al Hospital Nacional Rosales. En ese momento, Alvarado Navarrete, acompañado de otros sujetos, se acercó a la víctima. Al verlos que llevaban armas corto punzantes, la víctima intentó huir.
Según la declaración anticipada de un testigo presencial, los sujetos lo golpearon y lo tiraron al suelo, donde le ocasionaron una serie de lesiones con un corvo, un destornillador y un hacha. Se identificó a Salvador Alvarado como la persona que utilizó el corvo.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
