Judicial
Fiscalía ha logrado las condenas de 320 asesinos de policías y militares en nueve años
Entre el 2013 y 2021 la Fiscalía General de la República (FGR), y la Policía Nacional Civil capturaron a más de 800 delincuentes relacionados a los asesinatos de agentes de la Policía. En ese lapso, un total de 307 agentes de la Policía y militares fueron asesinados.
Según la FGR, el departamento que más homicidios contra agentes de seguridad reportó en esos 9 años es San Salvador con 74, seguido de La Libertad con 42 y de San Miguel con 31.
Por los homicidios en perjuicio de los 307 agentes, la Fiscalía reporta la detención de 822 personas entre el 1 de enero de 2013 al 31 de octubre de 2021, de estas 626 fueron capturados en flagrancia, mientras que entre el 2017 y 2021 un total de 196 fueron detenidos por orden administrativa.
Las estadísticas de la Fiscalía dan cuenta que en ese tiempo, 150 pandilleros fueron detenidos por haber asesinado a agentes de la Policía o a militares, 14 de ellos fueron capturados en flagrancia y 136 por orden administrativa.
El año con mayor cantidad de pandilleros detenidos por dicho delito fue el 2018 con 53, seguido del 2019 con 25 y del 2020 con 21. El pasado 3 de diciembre la Fiscalía ordenó la captura de 53 pandilleros de la MS, quienes delinquían en la zona sur del municipio de Santa Ana
Según la FGR, con las detenciones se resolvieron 15 diferentes casos, entre ello 11 homicidios agravados, dentro de estos un doble homicidio y el asesinato de un agente de la PNC, dos privaciones de libertad y el atentado a la caseta Policial del expeaje en Santa Ana, ocurrido en junio del 2019.
El operativo fue en las colonias 5 de Marzo, Cuesta Blanca, La Providencia, El Papayo y barrio El Ángel. Durante el procedimiento las autoridades incautaron teléfonos, hachas, palas, chuzos y una motocicleta.
CONDENAS
De los 822 detenidos entre el 1 de enero de 2013 al 31 de octubre de 2021, un total de 320 personas han sido condenadas luego de ser encontrados culpables de asesinar a policías o militares.
El año en que la Fiscalía logró mayor número de condenas fue el 2016 con 74, seguido del 2019 con 50 y del 2018 con un total de 47.
Los datos de la Fiscalía dan cuenta que de los 320 condenados al menos el 56% (180) son pandilleros.
El año que reporta mayor número de condenas contra pandilleros es el 2019 con 37, le sigue el 2018 con 29 y el 2020 con 27.
A 60 años de cárcel fue condenado el pasado 13 de diciembre un pandillero que causó la muerte de agente de la PNC e intentó asesinar a otro policía.
El imputado identificado como Carlos Alfredo Chinchilla Torres cometió el crimen el 9 de junio del año 2019 en un área rural del municipio de Chalchuapa, en Santa Ana, junto a otros pandilleros quienes dispararon contra una patrulla en la que se conducían el agente José Dolores Romero y su compañero.
Tras las pruebas presentadas por la Fiscalía, el juez del Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó al pandillero a cumplir una pena de 40 años en prisión por haber asesinado al agente Romero y le sumó 20 años por intentar asesinar al otro policía.
A 40 años de prisión también fue condenado, el pasado 20 de agosto de 2021, Edgardo Antonio Vallecillos Castillo por haber asesinado al agente de la PNC, Víctor Hugo Fuentes Retana.
El criminal, quien es podado como Gota, cometió el homicidio el 12 de agosto de 2017 cuando el agente estaba en su día libre y transitaba por la calle principal del cantón Santa Rita, jurisdicción de Atiquizaya, Ahuachapán.
Según la Fiscalía, los delincuentes le salieron al paso y le dispararon, después huyeron. El caso fue investigado por fiscales de la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio, los cuales presentaron la evidencia de este ataque para lograr la condena de Vallecillos Castillo por el delito de homicidio agravado.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
