Judicial
Fiscalía ha logrado las condenas de 320 asesinos de policías y militares en nueve años
Entre el 2013 y 2021 la Fiscalía General de la República (FGR), y la Policía Nacional Civil capturaron a más de 800 delincuentes relacionados a los asesinatos de agentes de la Policía. En ese lapso, un total de 307 agentes de la Policía y militares fueron asesinados.
Según la FGR, el departamento que más homicidios contra agentes de seguridad reportó en esos 9 años es San Salvador con 74, seguido de La Libertad con 42 y de San Miguel con 31.
Por los homicidios en perjuicio de los 307 agentes, la Fiscalía reporta la detención de 822 personas entre el 1 de enero de 2013 al 31 de octubre de 2021, de estas 626 fueron capturados en flagrancia, mientras que entre el 2017 y 2021 un total de 196 fueron detenidos por orden administrativa.
Las estadísticas de la Fiscalía dan cuenta que en ese tiempo, 150 pandilleros fueron detenidos por haber asesinado a agentes de la Policía o a militares, 14 de ellos fueron capturados en flagrancia y 136 por orden administrativa.
El año con mayor cantidad de pandilleros detenidos por dicho delito fue el 2018 con 53, seguido del 2019 con 25 y del 2020 con 21. El pasado 3 de diciembre la Fiscalía ordenó la captura de 53 pandilleros de la MS, quienes delinquían en la zona sur del municipio de Santa Ana
Según la FGR, con las detenciones se resolvieron 15 diferentes casos, entre ello 11 homicidios agravados, dentro de estos un doble homicidio y el asesinato de un agente de la PNC, dos privaciones de libertad y el atentado a la caseta Policial del expeaje en Santa Ana, ocurrido en junio del 2019.
El operativo fue en las colonias 5 de Marzo, Cuesta Blanca, La Providencia, El Papayo y barrio El Ángel. Durante el procedimiento las autoridades incautaron teléfonos, hachas, palas, chuzos y una motocicleta.
CONDENAS
De los 822 detenidos entre el 1 de enero de 2013 al 31 de octubre de 2021, un total de 320 personas han sido condenadas luego de ser encontrados culpables de asesinar a policías o militares.
El año en que la Fiscalía logró mayor número de condenas fue el 2016 con 74, seguido del 2019 con 50 y del 2018 con un total de 47.
Los datos de la Fiscalía dan cuenta que de los 320 condenados al menos el 56% (180) son pandilleros.
El año que reporta mayor número de condenas contra pandilleros es el 2019 con 37, le sigue el 2018 con 29 y el 2020 con 27.
A 60 años de cárcel fue condenado el pasado 13 de diciembre un pandillero que causó la muerte de agente de la PNC e intentó asesinar a otro policía.
El imputado identificado como Carlos Alfredo Chinchilla Torres cometió el crimen el 9 de junio del año 2019 en un área rural del municipio de Chalchuapa, en Santa Ana, junto a otros pandilleros quienes dispararon contra una patrulla en la que se conducían el agente José Dolores Romero y su compañero.
Tras las pruebas presentadas por la Fiscalía, el juez del Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó al pandillero a cumplir una pena de 40 años en prisión por haber asesinado al agente Romero y le sumó 20 años por intentar asesinar al otro policía.
A 40 años de prisión también fue condenado, el pasado 20 de agosto de 2021, Edgardo Antonio Vallecillos Castillo por haber asesinado al agente de la PNC, Víctor Hugo Fuentes Retana.
El criminal, quien es podado como Gota, cometió el homicidio el 12 de agosto de 2017 cuando el agente estaba en su día libre y transitaba por la calle principal del cantón Santa Rita, jurisdicción de Atiquizaya, Ahuachapán.
Según la Fiscalía, los delincuentes le salieron al paso y le dispararon, después huyeron. El caso fue investigado por fiscales de la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio, los cuales presentaron la evidencia de este ataque para lograr la condena de Vallecillos Castillo por el delito de homicidio agravado.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
