Judicial
FGR pide a Juzgado 4° de Instrucción agilizar y esclarecer el asesinato de San Óscar Romero
El Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador, recibió este día un escrito de tres páginas de parte de los fiscales de la Unidad de Delitos Relativos al Conflicto Armado que según el jefe de dicha unidad, se dará un impulso a la investigación que conlleva la solicitud de varias diligencias, para esclarecer la participación del imputado ausente capitán Álvaro Rafael Saravia Merino en el homicidio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, ocurrido el 24 de marzo de 1980.
El fiscal no precisó detalle de las diligencias que solicitaran al juzgador, no obstante dijo hay avances en el caso pues ya se mostraron parte en su momento y solicitaron que se declarara abierto el archivo de las investigaciones recientes del caso, con base a la sentencia de inconstitucional de la Ley de Amnistía, expresó.
En octubre del año pasado el juez Rigoberto Chicas libró oficios a la Interpol a fin de que procedieran a la búsqueda, ubicación y captura de Saravia, esto luego de dejar sin efecto el sobreseimiento definitivo y resolviera abrir el caso el 12 de mayo de 2017 a petición de la Concertación Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”
El juzgador en esa ocasión consideró viable decretar la detención del imputado con base a la existencia de elementos de juicio suficientes para estimar que tuvo participación en los hechos, de acuerdo a la declaración de un testigo y que alguna manera se corroboró la robustez probatoria de su declaración.
Señala que de las declaraciones testimoniales descritas, se deduce que el imputado Álvaro Saravia, tuvo participación en la comisión del delito, al cumplir órdenes y dar órdenes y además en diseñar parte de la estrategia que se emplearía en la ejecución de la muerte de Monseñor Romero; en ese sentido el juez consideró la procedencia de decretar la detención provisional, debido a que surgió información que permite poder sostener dicha vinculación con el delito.
El juez consideró en su resolución dada a conocer en octubre de 2018 que para poder llegar a la verdad real y conocer quienes participaron en el delito de homicidio agravado, en perjuicio de la vida de Monseñor Romero debe ser el ente fiscal, el que dé inicio a una investigación seria, permitiendo el ejercicio de la defensa de las personas que puedan salir vinculadas en los hechos, de igual manera las personas o instituciones interesadas pueden avocarse a la Fiscalía a interponer las denuncias o querellas correspondientes.
Se advierte que tal como consta en el expediente que ya se han presentado algunas denuncias o solicitudes de investigación por la muerte de Monseñor en la Fiscalía y a fin de que esta agilice la investigación y de ser procedente ejerza las imputaciones, será necesario remitirle certificación de este expediente penal, pues de la información contenida en él, se pueden deducir varias líneas de investigación que permitan descubrir la verdad de los hechos y sus autores.
La investigación iniciales del caso fueron diligenciadas por el Juzgado 4° de lo Penal en el año 1980 el expediente consta de 15 piezas y el único acusado del asesinato fue el Capitán Álvaro Saravia, a quien presuntamente le encontraron una libreta con apuntes relacionados al crimen. Presuntamente se determinó que el hecho fue ejecutado por un experto en uso de armas de fuego conocido como francotirador.
Oscar Arnulfo Romero, fue asesinado el 24 de marzo de 1980 aproximadamente a las 6:30 de la tarde mientras oficiaba una misa en la Capilla del Hospital Divina Providencia, de San Salvador, un francotirador llegó hasta el lugar y le disparo al pecho el religioso fue herido gravemente y trasladado a un centro asistencial, donde falleció.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
