Judicial
FGR pide a Juzgado 4° de Instrucción agilizar y esclarecer el asesinato de San Óscar Romero
El Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador, recibió este día un escrito de tres páginas de parte de los fiscales de la Unidad de Delitos Relativos al Conflicto Armado que según el jefe de dicha unidad, se dará un impulso a la investigación que conlleva la solicitud de varias diligencias, para esclarecer la participación del imputado ausente capitán Álvaro Rafael Saravia Merino en el homicidio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, ocurrido el 24 de marzo de 1980.
El fiscal no precisó detalle de las diligencias que solicitaran al juzgador, no obstante dijo hay avances en el caso pues ya se mostraron parte en su momento y solicitaron que se declarara abierto el archivo de las investigaciones recientes del caso, con base a la sentencia de inconstitucional de la Ley de Amnistía, expresó.
En octubre del año pasado el juez Rigoberto Chicas libró oficios a la Interpol a fin de que procedieran a la búsqueda, ubicación y captura de Saravia, esto luego de dejar sin efecto el sobreseimiento definitivo y resolviera abrir el caso el 12 de mayo de 2017 a petición de la Concertación Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”
El juzgador en esa ocasión consideró viable decretar la detención del imputado con base a la existencia de elementos de juicio suficientes para estimar que tuvo participación en los hechos, de acuerdo a la declaración de un testigo y que alguna manera se corroboró la robustez probatoria de su declaración.
Señala que de las declaraciones testimoniales descritas, se deduce que el imputado Álvaro Saravia, tuvo participación en la comisión del delito, al cumplir órdenes y dar órdenes y además en diseñar parte de la estrategia que se emplearía en la ejecución de la muerte de Monseñor Romero; en ese sentido el juez consideró la procedencia de decretar la detención provisional, debido a que surgió información que permite poder sostener dicha vinculación con el delito.
El juez consideró en su resolución dada a conocer en octubre de 2018 que para poder llegar a la verdad real y conocer quienes participaron en el delito de homicidio agravado, en perjuicio de la vida de Monseñor Romero debe ser el ente fiscal, el que dé inicio a una investigación seria, permitiendo el ejercicio de la defensa de las personas que puedan salir vinculadas en los hechos, de igual manera las personas o instituciones interesadas pueden avocarse a la Fiscalía a interponer las denuncias o querellas correspondientes.
Se advierte que tal como consta en el expediente que ya se han presentado algunas denuncias o solicitudes de investigación por la muerte de Monseñor en la Fiscalía y a fin de que esta agilice la investigación y de ser procedente ejerza las imputaciones, será necesario remitirle certificación de este expediente penal, pues de la información contenida en él, se pueden deducir varias líneas de investigación que permitan descubrir la verdad de los hechos y sus autores.
La investigación iniciales del caso fueron diligenciadas por el Juzgado 4° de lo Penal en el año 1980 el expediente consta de 15 piezas y el único acusado del asesinato fue el Capitán Álvaro Saravia, a quien presuntamente le encontraron una libreta con apuntes relacionados al crimen. Presuntamente se determinó que el hecho fue ejecutado por un experto en uso de armas de fuego conocido como francotirador.
Oscar Arnulfo Romero, fue asesinado el 24 de marzo de 1980 aproximadamente a las 6:30 de la tarde mientras oficiaba una misa en la Capilla del Hospital Divina Providencia, de San Salvador, un francotirador llegó hasta el lugar y le disparo al pecho el religioso fue herido gravemente y trasladado a un centro asistencial, donde falleció.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
