Judicial
Expresidente de la República Alfredo Cristiani es rechazado por el tribunal para declarar en caso Saca
El juzgado Segundo de Sentencia informó que ha decidido rechazar la petición que el expresidente de la República, Alfredo Crisitiani, declare como testigo de descargo durante el juicio que se llevará a cabo contra el expresidente Elías Antonio Saca González, y seis imputados más acusados de lavado de dinero y activos, peculado.
El Tribunal también rechazó que comparezcan otros exfuncionarios como el caso de Ángel Benjamín Cestoni, exviceministro de Transporte y exdirector de la Academia de Seguridad Pública; Mauricio Sandoval, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) y exdirector de Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), como también el expresidente de la República y ahora diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), Francisco Merino López.
La presencia de estas personas durante el juicio fue a solicitud de Luis Peña, abogado defensor del exsecretario Privado de la Presidencia, Élmer Charlaix Urquilla, que junto al resto de los defensores pedían la incorporación de 28 nuevos testigos de descargo.
Al mismo tiempo, el Tribunal Segundo de Sentencia admitió el testigo con régimen de protección ofrecido por la representación fiscal.
La audiencia especial de admisión de pruebas de cargo y descargo inició la mañana del lunes 9 de julio en las instalaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez, de San Salvador y donde comparecieron el expresidente de la República, Elías Antonio Saca González; el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank Romero; el exsecretario Privado de la Presidencia, Émer Charlaix Urquilla; el exsecretario de la Juventud y presidente de ANDA, César Funes y los exempleados de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez, Pablo Gómez y Jorge Herrera.
A todos ellos la Fiscalía General de la República (FGR) los señala de haber desviado unos 300 millones de dólares y que al final parte de ese dinero fue a parar a sociedades del expresidente Saca.
Peña manifestó a medios de prensa, que entre los 28 testigos que ellos pedían, aparte de los exfuncionarios de gobiernos anteriores, se encontraban: empleados del ministerio de Hacienda, de Casa Presidencial y de un banco en particular.
Con ese grupo de personas quieren comprobar que siempre fue costumbre que los gobernantes administraran los fondos de esa manera.
“No estamos buscando que se investigue a nadie y mucho menos responsabilizar a nadie en la administración del expresidente Elías Antonio Saca”, afirmó el profesional en derecho.
Paralelo a lo que pide la defensa del caso Saca, los fiscales asignados al caso también solicitaron al juez la incorporación de un testigo con régimen de criterio a fin de demostrar como blanquearon el dinero.
En su oportunidad el juez valoró toda la prueba que presentó la FGR, donde se estudiaron más de 1,600 folios y sobre esas pruebas falló el juez de que los imputados deberían pasar a la siguiente etapa del proceso (juicio).
Entre los documentos que se verificaron están los que se usaron para transferir dinero del Estado a cuentas privadas y de ahí a empresas del exmandatario.
De resultar culpable al final de juicio, todos los acusados podrían purgar una pena de hasta 25 años de cárcel.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
