Judicial
Expresidente de la República Alfredo Cristiani es rechazado por el tribunal para declarar en caso Saca
El juzgado Segundo de Sentencia informó que ha decidido rechazar la petición que el expresidente de la República, Alfredo Crisitiani, declare como testigo de descargo durante el juicio que se llevará a cabo contra el expresidente Elías Antonio Saca González, y seis imputados más acusados de lavado de dinero y activos, peculado.
El Tribunal también rechazó que comparezcan otros exfuncionarios como el caso de Ángel Benjamín Cestoni, exviceministro de Transporte y exdirector de la Academia de Seguridad Pública; Mauricio Sandoval, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) y exdirector de Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), como también el expresidente de la República y ahora diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), Francisco Merino López.
La presencia de estas personas durante el juicio fue a solicitud de Luis Peña, abogado defensor del exsecretario Privado de la Presidencia, Élmer Charlaix Urquilla, que junto al resto de los defensores pedían la incorporación de 28 nuevos testigos de descargo.
Al mismo tiempo, el Tribunal Segundo de Sentencia admitió el testigo con régimen de protección ofrecido por la representación fiscal.
La audiencia especial de admisión de pruebas de cargo y descargo inició la mañana del lunes 9 de julio en las instalaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez, de San Salvador y donde comparecieron el expresidente de la República, Elías Antonio Saca González; el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank Romero; el exsecretario Privado de la Presidencia, Émer Charlaix Urquilla; el exsecretario de la Juventud y presidente de ANDA, César Funes y los exempleados de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez, Pablo Gómez y Jorge Herrera.
A todos ellos la Fiscalía General de la República (FGR) los señala de haber desviado unos 300 millones de dólares y que al final parte de ese dinero fue a parar a sociedades del expresidente Saca.
Peña manifestó a medios de prensa, que entre los 28 testigos que ellos pedían, aparte de los exfuncionarios de gobiernos anteriores, se encontraban: empleados del ministerio de Hacienda, de Casa Presidencial y de un banco en particular.
Con ese grupo de personas quieren comprobar que siempre fue costumbre que los gobernantes administraran los fondos de esa manera.
“No estamos buscando que se investigue a nadie y mucho menos responsabilizar a nadie en la administración del expresidente Elías Antonio Saca”, afirmó el profesional en derecho.
Paralelo a lo que pide la defensa del caso Saca, los fiscales asignados al caso también solicitaron al juez la incorporación de un testigo con régimen de criterio a fin de demostrar como blanquearon el dinero.
En su oportunidad el juez valoró toda la prueba que presentó la FGR, donde se estudiaron más de 1,600 folios y sobre esas pruebas falló el juez de que los imputados deberían pasar a la siguiente etapa del proceso (juicio).
Entre los documentos que se verificaron están los que se usaron para transferir dinero del Estado a cuentas privadas y de ahí a empresas del exmandatario.
De resultar culpable al final de juicio, todos los acusados podrían purgar una pena de hasta 25 años de cárcel.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
