Judicial
Exdirector del Centro de Escuchas de la FGR confiesa en juicio haber tomado atribuciones y no informar al fiscal general en caso Rais-Martínez
En el juzgado 5º de Paz y ante el juez respectivo, el exdirector del Centro de Escuchas de la Fiscalía General de la República (FGR), Sigifredo Alcides Campos Crespo, confesó recientemente haberse tomado atribuciones en las escuchas telefónica utilizadas en el caso Rais- Martínez, sin la autorización previa del fiscal general, Douglas Meléndez.
La delicada declaración de Sigfredo Alcides Campos Crespo, deja en claro que él decidió no informar nada a Douglas Meléndez y admitió que asumirá todas las consecuencias que se avecinen producto de su confesión, sabedor que cayó en un grabe delito al obtener de forma ilegal dichas escuchas telefónicas.
A esto se suma que las escuchas telefónicas no contaban con la autorización de un juez, tal como lo dictamina la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones en el país.
Campos Crespo reconoció judicialmente que decidió ampliar las escuchas telefónicas por su cuenta y riesgo para incriminar tanto al empresario como al ex fiscal Martínez.
“A partir de este momento, yo voy a asumir la responsabilidad y las consecuencias que se generen producto de esa ampliación que vamos hacer, y yo no le voy a informar al fiscal general en turno sobre esa ampliación”, sostuvo Campos Crespo ante el tribunal durante su confesión.
La grave del caso es que con esas escuchas telefónicas el exfiscal general Douglas Meléndez fabricó y desarrolló “ilegalmente” el proceso en contra del empresario salvadoreño y el exfiscal Martínez, éste último guarda prisión desde hace tres años.
El caso Rais-Martínez no solo se fabricó con esa ilegalidad, pues en las dichas escuchas telefónicas nunca se comprobó que existiera un teléfono del empresario Rais, sino el de otra persona, como también lo reconoció y declaró un técnico fiscal ante un juez de Cámara y que consta en el expediente judicial.
La técnica fiscal se limitó a decir al juez “perdón señor juez, nos equivocamos”.
Otro dato importante de estas escuchas telefónicas obtenidas ilegalmente por Campos Crespo, es el hecho que éstas ya estaban vencidas, al sobrepasar los 6 meses de vigencia que la ley demanda desechar (destruirlas) si no han sido utilizadas con previa autorización del juez. Dichas escuchas telefónicas datan de 2014, por lo que vencieron en abril de 2015.
También consta en el expediente que la ingeniero Ena Maricela Granados remitió un informe en el que hacía constar que los audios que sirvieron para enjuiciar a Rais – Martínez habían sido “seleccionados” lo que indica que habían sido manipulados, pues aparecen escuchas que fueron realizadas 48 horas antes de que fueran solicitadas al juez.
Aún así, el ex fiscal general Douglas Meléndez, decidió montar el caso dos años después sin importarle violar la misma ley del Centro de Escuchas, todo con el fin de presentarse como el fiel defensor de la justicia y el principal adversario de los actos de corrupción en El Salvador, algo que al final no resultó ser así, pues Meléndez obligó a fiscales y empleados de la institución a ser testigos criteriados para fabricar con pruebas y declaraciones falsas el caso “Corruptela”.
De allí la responsabilidad y el reto del actual fiscal general, Raúl Melara, para esclarecer dichos casos, al contar con todas esas evidencias de ilegalidades, y conocedor de la ley – la cual ha jurado respetar y hacer cumplir apego a las leyes de la república.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
