Judicial
Exdirector del Centro de Escuchas de la FGR confiesa en juicio haber tomado atribuciones y no informar al fiscal general en caso Rais-Martínez
En el juzgado 5º de Paz y ante el juez respectivo, el exdirector del Centro de Escuchas de la Fiscalía General de la República (FGR), Sigifredo Alcides Campos Crespo, confesó recientemente haberse tomado atribuciones en las escuchas telefónica utilizadas en el caso Rais- Martínez, sin la autorización previa del fiscal general, Douglas Meléndez.
La delicada declaración de Sigfredo Alcides Campos Crespo, deja en claro que él decidió no informar nada a Douglas Meléndez y admitió que asumirá todas las consecuencias que se avecinen producto de su confesión, sabedor que cayó en un grabe delito al obtener de forma ilegal dichas escuchas telefónicas.
A esto se suma que las escuchas telefónicas no contaban con la autorización de un juez, tal como lo dictamina la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones en el país.
Campos Crespo reconoció judicialmente que decidió ampliar las escuchas telefónicas por su cuenta y riesgo para incriminar tanto al empresario como al ex fiscal Martínez.
“A partir de este momento, yo voy a asumir la responsabilidad y las consecuencias que se generen producto de esa ampliación que vamos hacer, y yo no le voy a informar al fiscal general en turno sobre esa ampliación”, sostuvo Campos Crespo ante el tribunal durante su confesión.
La grave del caso es que con esas escuchas telefónicas el exfiscal general Douglas Meléndez fabricó y desarrolló “ilegalmente” el proceso en contra del empresario salvadoreño y el exfiscal Martínez, éste último guarda prisión desde hace tres años.
El caso Rais-Martínez no solo se fabricó con esa ilegalidad, pues en las dichas escuchas telefónicas nunca se comprobó que existiera un teléfono del empresario Rais, sino el de otra persona, como también lo reconoció y declaró un técnico fiscal ante un juez de Cámara y que consta en el expediente judicial.
La técnica fiscal se limitó a decir al juez “perdón señor juez, nos equivocamos”.
Otro dato importante de estas escuchas telefónicas obtenidas ilegalmente por Campos Crespo, es el hecho que éstas ya estaban vencidas, al sobrepasar los 6 meses de vigencia que la ley demanda desechar (destruirlas) si no han sido utilizadas con previa autorización del juez. Dichas escuchas telefónicas datan de 2014, por lo que vencieron en abril de 2015.
También consta en el expediente que la ingeniero Ena Maricela Granados remitió un informe en el que hacía constar que los audios que sirvieron para enjuiciar a Rais – Martínez habían sido “seleccionados” lo que indica que habían sido manipulados, pues aparecen escuchas que fueron realizadas 48 horas antes de que fueran solicitadas al juez.
Aún así, el ex fiscal general Douglas Meléndez, decidió montar el caso dos años después sin importarle violar la misma ley del Centro de Escuchas, todo con el fin de presentarse como el fiel defensor de la justicia y el principal adversario de los actos de corrupción en El Salvador, algo que al final no resultó ser así, pues Meléndez obligó a fiscales y empleados de la institución a ser testigos criteriados para fabricar con pruebas y declaraciones falsas el caso “Corruptela”.
De allí la responsabilidad y el reto del actual fiscal general, Raúl Melara, para esclarecer dichos casos, al contar con todas esas evidencias de ilegalidades, y conocedor de la ley – la cual ha jurado respetar y hacer cumplir apego a las leyes de la república.
Judicial
Cárcel para sujeto que asesinó brutalmente asesinó a su hija de 7 años y maltrató a otros tres niños
El Juzgado Especializado de Santa Ana condenó a 59 años de prisión a Neftalí Antonio Martínez Pimentel por feminicidio agravado y maltrato infantil.
La condena incluye 50 años por la muerte de su hija de 7 años, quien fue golpeada violentamente tras un incidente y sufrió graves lesiones que le causaron la muerte. Además, fue sentenciado a 9 años por maltratar a sus otros tres hijos.
La Fiscalía detalló que la víctima no recibió atención médica y falleció en la vivienda familiar en Ahuachapán, tras ser abandonada por los adultos responsables. La madrastra ya fue condenada en otro proceso relacionado al caso.
Judicial
Tribunal de San Salvador procesa a 69 pandilleros de la MS por extorsión, homicidios y narcotráfico; fallo será el 20 de junio
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador concluyó la audiencia preliminar contra 69 miembros de la Mara Salvatrucha (MS), quienes enfrentan múltiples acusaciones, entre ellas extorsión, homicidio y tráfico de drogas. La Fiscalía General de la República solicitó que todos sean llevados a juicio y se espera que el fallo se emita el próximo 20 de junio.
Según la investigación fiscal, los imputados extorsionaban a comerciantes del centro de San Salvador y municipios cercanos, como Rosario de Mora, Tonacatepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo, exigiendo pagos semanales, mensuales e incluso el aguinaldo. Además, se les atribuye la venta de cocaína y marihuana, así como homicidios por sospechas de colaboración con la Policía, y amenazas para que personas abandonaran las zonas bajo su control.
Los cargos también incluyen agrupaciones ilícitas, conspiración en homicidio agravado, limitación ilegal a la libre circulación, robo agravado, hurto agravado, tráfico ilícito y uso de documentos falsos. Los delitos ocurrieron entre 2021 y 2022.
Por otra parte, el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado condenó recientemente a 10 años de prisión a una estructura de 10 personas vinculadas a la MS-13 por limitación ilegal a la libre circulación. En este caso, las víctimas fueron amenazadas y agredidas por no cumplir con las normas impuestas por la pandilla en Santa Tecla, La Libertad.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una pena de 10 años de prisión a diez integrantes de la pandilla MS-13, luego de ser encontrados culpables del delito de limitación ilegal a la libre circulación, en perjuicio de dos ciudadanos en Santa Tecla, departamento de La Libertad.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2017, cuando las víctimas se dirigían a la zona conocida como Finca Sucesión. En el trayecto fueron interceptadas por dos pandilleros que cuestionaron su corte de cabello, señalando que «no era apropiado para ese lugar» y amenazándolos de muerte.
Minutos después, al intentar retirarse, ambos hombres fueron atacados por otros ocho sujetos que los golpearon durante aproximadamente cinco minutos. Al día siguiente, los mismos fueron nuevamente interceptados por miembros armados de la estructura criminal, quienes los amenazaron con matarlos si no abandonaban su residencia.
Las víctimas, atemorizadas, huyeron de la zona y denunciaron los hechos ante la Policía Nacional Civil.
De los diez condenados, seis fueron procesados en ausencia, en aplicación de las reformas al Código Penal que permiten juzgar a imputados prófugos. Los otros cuatro —identificados como José Feliciano Hernández Tolentino, Ramón de Jesús Avilés Crespín, José Alexander Flores Hernández y Rigoberto de Jesús Pérez Tolentino— ya se encuentran recluidos cumpliendo otras condenas.
