Judicial
Exdirector del Centro de Escuchas de la FGR confiesa en juicio haber tomado atribuciones y no informar al fiscal general en caso Rais-Martínez
En el juzgado 5º de Paz y ante el juez respectivo, el exdirector del Centro de Escuchas de la Fiscalía General de la República (FGR), Sigifredo Alcides Campos Crespo, confesó recientemente haberse tomado atribuciones en las escuchas telefónica utilizadas en el caso Rais- Martínez, sin la autorización previa del fiscal general, Douglas Meléndez.
La delicada declaración de Sigfredo Alcides Campos Crespo, deja en claro que él decidió no informar nada a Douglas Meléndez y admitió que asumirá todas las consecuencias que se avecinen producto de su confesión, sabedor que cayó en un grabe delito al obtener de forma ilegal dichas escuchas telefónicas.
A esto se suma que las escuchas telefónicas no contaban con la autorización de un juez, tal como lo dictamina la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones en el país.
Campos Crespo reconoció judicialmente que decidió ampliar las escuchas telefónicas por su cuenta y riesgo para incriminar tanto al empresario como al ex fiscal Martínez.
“A partir de este momento, yo voy a asumir la responsabilidad y las consecuencias que se generen producto de esa ampliación que vamos hacer, y yo no le voy a informar al fiscal general en turno sobre esa ampliación”, sostuvo Campos Crespo ante el tribunal durante su confesión.
La grave del caso es que con esas escuchas telefónicas el exfiscal general Douglas Meléndez fabricó y desarrolló “ilegalmente” el proceso en contra del empresario salvadoreño y el exfiscal Martínez, éste último guarda prisión desde hace tres años.
El caso Rais-Martínez no solo se fabricó con esa ilegalidad, pues en las dichas escuchas telefónicas nunca se comprobó que existiera un teléfono del empresario Rais, sino el de otra persona, como también lo reconoció y declaró un técnico fiscal ante un juez de Cámara y que consta en el expediente judicial.
La técnica fiscal se limitó a decir al juez “perdón señor juez, nos equivocamos”.
Otro dato importante de estas escuchas telefónicas obtenidas ilegalmente por Campos Crespo, es el hecho que éstas ya estaban vencidas, al sobrepasar los 6 meses de vigencia que la ley demanda desechar (destruirlas) si no han sido utilizadas con previa autorización del juez. Dichas escuchas telefónicas datan de 2014, por lo que vencieron en abril de 2015.
También consta en el expediente que la ingeniero Ena Maricela Granados remitió un informe en el que hacía constar que los audios que sirvieron para enjuiciar a Rais – Martínez habían sido “seleccionados” lo que indica que habían sido manipulados, pues aparecen escuchas que fueron realizadas 48 horas antes de que fueran solicitadas al juez.
Aún así, el ex fiscal general Douglas Meléndez, decidió montar el caso dos años después sin importarle violar la misma ley del Centro de Escuchas, todo con el fin de presentarse como el fiel defensor de la justicia y el principal adversario de los actos de corrupción en El Salvador, algo que al final no resultó ser así, pues Meléndez obligó a fiscales y empleados de la institución a ser testigos criteriados para fabricar con pruebas y declaraciones falsas el caso “Corruptela”.
De allí la responsabilidad y el reto del actual fiscal general, Raúl Melara, para esclarecer dichos casos, al contar con todas esas evidencias de ilegalidades, y conocedor de la ley – la cual ha jurado respetar y hacer cumplir apego a las leyes de la república.
Judicial
Testigos confirman actos de corrupción en juicio contra exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano
Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.
En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.
También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.
Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.
Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.
Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.
Judicial
Juzgado programará audiencia inicial para 12 transportistas detenidos por suspensión del servicio
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ha programado para este viernes la audiencia inicial en contra de 12 empresarios del transporte público, quienes fueron capturados entre el 5 y el 7 de mayo de 2025 por presuntamente haber suspendido de forma irregular el servicio, a pesar de ser un servicio público subsidiado por el Estado.
Las detenciones fueron ordenadas luego de que los transportistas no operaran con normalidad sus unidades, lo cual, según las autoridades, constituye una falta grave al tratarse de un servicio esencial para la ciudadanía y financiado parcialmente con fondos públicos.
El pasado lunes, la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento ante el juzgado, solicitando que el caso avance a la etapa de instrucción formal. Además, pidió que se otorguen medidas alternas a la detención provisional, lo que permitiría que los imputados continúen el proceso judicial en libertad.
A los acusados se les atribuyen los delitos de peculado e incumplimiento de deberes, según consta en el expediente promovido por el Ministerio Público.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer (lunes) el requerimiento de acusación contra 12 empresarios del transporte colectivo, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Según informó la institución, los señalados serán procesados en libertad, bajo medidas alternas a la detención.
Los imputados poseen concesiones y permisos provisionales para operar diferentes rutas del transporte público. De acuerdo con la FGR, fueron capturados los días 5, 6 y 7 de mayo de 2025, luego de que las autoridades detectaran que no prestaron el servicio de transporte a la población o lo hicieron con una reducción significativa de unidades, pese a que el Gobierno había entregado $12 millones en compensación para garantizar la gratuidad del servicio, debido al cierre temporal del tramo de Los Chorros en la carretera Panamericana.
“Se procedió a la detención en flagrancia, siendo este un servicio público y subsidiado con fondos del Estado”, indicó la Fiscalía.
El requerimiento fue presentado en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
