Judicial
Exdirector del Centro de Escuchas de la FGR confiesa en juicio haber tomado atribuciones y no informar al fiscal general en caso Rais-Martínez
En el juzgado 5º de Paz y ante el juez respectivo, el exdirector del Centro de Escuchas de la Fiscalía General de la República (FGR), Sigifredo Alcides Campos Crespo, confesó recientemente haberse tomado atribuciones en las escuchas telefónica utilizadas en el caso Rais- Martínez, sin la autorización previa del fiscal general, Douglas Meléndez.
La delicada declaración de Sigfredo Alcides Campos Crespo, deja en claro que él decidió no informar nada a Douglas Meléndez y admitió que asumirá todas las consecuencias que se avecinen producto de su confesión, sabedor que cayó en un grabe delito al obtener de forma ilegal dichas escuchas telefónicas.
A esto se suma que las escuchas telefónicas no contaban con la autorización de un juez, tal como lo dictamina la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones en el país.
Campos Crespo reconoció judicialmente que decidió ampliar las escuchas telefónicas por su cuenta y riesgo para incriminar tanto al empresario como al ex fiscal Martínez.
“A partir de este momento, yo voy a asumir la responsabilidad y las consecuencias que se generen producto de esa ampliación que vamos hacer, y yo no le voy a informar al fiscal general en turno sobre esa ampliación”, sostuvo Campos Crespo ante el tribunal durante su confesión.
La grave del caso es que con esas escuchas telefónicas el exfiscal general Douglas Meléndez fabricó y desarrolló “ilegalmente” el proceso en contra del empresario salvadoreño y el exfiscal Martínez, éste último guarda prisión desde hace tres años.
El caso Rais-Martínez no solo se fabricó con esa ilegalidad, pues en las dichas escuchas telefónicas nunca se comprobó que existiera un teléfono del empresario Rais, sino el de otra persona, como también lo reconoció y declaró un técnico fiscal ante un juez de Cámara y que consta en el expediente judicial.
La técnica fiscal se limitó a decir al juez “perdón señor juez, nos equivocamos”.
Otro dato importante de estas escuchas telefónicas obtenidas ilegalmente por Campos Crespo, es el hecho que éstas ya estaban vencidas, al sobrepasar los 6 meses de vigencia que la ley demanda desechar (destruirlas) si no han sido utilizadas con previa autorización del juez. Dichas escuchas telefónicas datan de 2014, por lo que vencieron en abril de 2015.
También consta en el expediente que la ingeniero Ena Maricela Granados remitió un informe en el que hacía constar que los audios que sirvieron para enjuiciar a Rais – Martínez habían sido “seleccionados” lo que indica que habían sido manipulados, pues aparecen escuchas que fueron realizadas 48 horas antes de que fueran solicitadas al juez.
Aún así, el ex fiscal general Douglas Meléndez, decidió montar el caso dos años después sin importarle violar la misma ley del Centro de Escuchas, todo con el fin de presentarse como el fiel defensor de la justicia y el principal adversario de los actos de corrupción en El Salvador, algo que al final no resultó ser así, pues Meléndez obligó a fiscales y empleados de la institución a ser testigos criteriados para fabricar con pruebas y declaraciones falsas el caso “Corruptela”.
De allí la responsabilidad y el reto del actual fiscal general, Raúl Melara, para esclarecer dichos casos, al contar con todas esas evidencias de ilegalidades, y conocedor de la ley – la cual ha jurado respetar y hacer cumplir apego a las leyes de la república.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 30 años de prisión a Sifredo Norberto Martínez Corquín, quien es acusado por el delito de secuestro agravado.
En diciembre del 2010, el imputado junto a otros pandilleros de la 18, privaron de libertad a la víctima que residía en Valle Verde, distrito de Apopa, y la mantuvieron secuestrada por varios días hasta que le quitaron la vida.
«El día 3 de diciembre de 2010, la víctima clave Fernanda, fue secuestrada en la colonia Valle Verde 3, del municipio de Apoya, por sujetos pertenecientes a la pandilla 18 que operaban en el sector, entre este grupo de pandilleros se encontraba el señor Sifredo Norberto Martínez Corquín, alias el Negro, quien colaboró en el traslado desde una casa a la otra donde estuvo privada de libertad la víctima, quien el día 4 de diciembre de 2010, lastimosamente fue asesinada y enterada por dichos pandilleros en la zona», indicó el fiscal del caso.
La fuente detalló que el cuerpo de la víctima fue localizado en el sector conocido como la Arenera, Apopa.
«El cadáver de clave Fernanda fue encontrado en el sector de la Arenera mutilado y enterrado casi un año después, en el 2011», señaló el fiscal.
Agregó «en virtud de ello, el Tribunal Quinto contra el crimen organizado juez 1 de San Salvador, consideró la prueba testimonial, documental y pericial declarando al imputado responsable penalmente, condenandolo a 30 años de prisión, por el delito de secuestro agravado».
Este pandillero también es procesado por otros delitos.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 50 años de cárcel para José Eriberto Calidonio, por haber asesinado a una persona en el distrito de Apopa, jurisdicción de San Salvador Oeste.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) han determinado que este criminal fue «contactado por el esposo de la víctima para que cometiera el crimen a cambio de dinero».
Calidonio, también apodado Bob Esponja, fue procesado por el delito de homicidio agravado, el cual está regulado en los artículos 128 y 129 del Código Penal. Este crimen sucedió el 18 de marzo de 2016.
«Ese hecho da inicio a partir de la planificación que fue realizada por el esposo de la víctima quien se pone en contacto con dos personas a quienes le ofrece dinero para que ejecuten a la esposa», explicó en su momento la fiscal del caso.
Uno de los criminales contratados es alias Bob Esponja; la víctima fue contactada por los delincuentes a eso de las 4:00 de la tarde y cerca de las 8:00 de la noche fue asesinada con un arma de fuego, según establecieron las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la condena de Zaida Lisseth Candel de Amaya, quien fue encontrada culpable del delito de tráfico ilícito de droga.
La FGR señaló que a Candel de Amaya y su esposo, Luis Alfonso Amaya Pineda, le encontraron cocaína y marihuana, tras un registro realizado en su vivienda ubicada en la residencial Bosque de Santa Elena Sur, en Antiguo Cuscatlán.
En total fueron siete kilos y medio de cocaína y 6,075 gramos de marihuana, valorada la totalidad de la droga en $197,220.78.
«Como resultado del registro con prevención de allanamiento se localizaron siete paquetes rectangulares, casi aproximadamente un kilo de cocaína más 10 porciones y también 6,075 gramos de marihuana», detalló el fiscal del caso.
#Condena I La @FGR_SV presentó abundante prueba pericial, documental y testimonial para lograr que el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla imponga esta pena. pic.twitter.com/02PWNIWGX6
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) January 14, 2025
Las investigaciones señalan que la pareja estaba ligada a una estructura de narcotráfico que transportaba droga desde países centroamericanos, entre ellos Panamá y Costa Rica.
«La sentencia que se ha obtenido es una pena de prisión de 12 años por su participación en el tráfico ilícito en la modalidad de almacenamiento», añadió el fiscal.
