Judicial
Conoce cuales son los comportamientos que el abogado de Bukele solicitaba estudiar de Eugenio Chicas a través de test psicológicos
El pasado 5 de mayo, Luis Mario Pérez Bennett, el nuevo abogado defensor del exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, solicitó al juez del Tribunal del 1° de Sentencia, del Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, que le realizara una serie de pruebas psicológicas al exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, y a su esposa, Blanca Ayala.
El exfuncionario acusó al exjefe edilicio por el delito de calumnias, después de que en plena entrevista televisiva dijera que Chicas embarazó a su esposa cuando ella era menor de 18 años de edad. Por ello, Chicas lo demandó por $100,000 por provocarle daños y perjuicios a él y a su familia.
Los estudios psicológicos que solicitó Pérez Bennett para determinar ciertos comportamientos y actitudes de Chicas –cuya finalidad es saber si se inclina por las menores de edad- fueron el Test de Machover, el Test de Árbol de Karl Koch y el Test MMPI II; mientras que para la esposa del exfuncionario, el abogado solicitó el Test de Machover Figura Humana, el de Mini Mult 82 y el Test “Persona Bajo La Lluvia”.
Este miércoles, el Tribunal 1° de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, declaró inadmisible las peticiones hechas por Pérez Bennett «por desconocerse la pertinencia y utilidad probatoria de los mismos en relación a los hechos acusados».
Además, tampoco aceptó la realización de peritajes psicológicos a Ayala, debido a que ella no tiene calidad de víctima directa sino de testigo en la investigación que se lleva a cabo.
Lo que evalúan los estudios solicitados para Chicas
De acuerdo a las explicaciones psicológicas, el Test MMPI II es una de las pruebas de personalidad más usadas en el campo de la salud mental. Su diseño está enfocado a la identificación del perfil de personalidad y la detección de psicopatologías.
Esto significa que este estudio puede detectar cualquier enfermedad o trastorno mental que pueda tener el sujeto que lo realice, que evalúa desde padecimientos clínicos hasta problemas familiares o de personalidad.
Por otro lado, el Test de Machover es una prueba gráfica, en la que se pide al sujeto que dibuje a una persona y se evalúa lo que ha mostrado los gráficos. Esto evalúa aspectos de la personalidad del sujeto en relación a su autoconcepto, a su imagen corporal y su estado emocional actual. Con este se evalúa la personalidad total de los individuos.
Mientras que Test de Árbol de Karl Koch analiza la personalidad, así como el universo emocional. Fue desarrollada en los años cincuenta por un psicólogo llamado Charles Koch, quien eligió esta figura para diseñar su prueba diagnóstica por el simbolismo que tienen los árboles.
Este estudio mide también la estabilidad de la persona, la presencia o no de conflictos internos, su vulnerabilidad y su sensibilidad. Esta prueba revela también la estructura de la psique o contenido del inconsciente.
También suele ser muy eficaz para diagnosticar discapacidades cognitivas e incluso principios de demencias.
Las evaluaciones que sugirieron para Ayala
El Test “Persona Bajo La Lluvia” también es una prueba gráfica, donde se le pide al sujeto que dibuje una persona bajo la lluvia y se evalúan los rasgos del gráfico.
Este estudio permite evaluar la ansiedad y el temor del paciente en determinados ámbitos. Se puede ver cuáles son sus defensas y si se adapta de forma patológica a los cambios o en qué grado, así como si hay una organización o desorganización psíquica. Es una herramienta de evaluación psicológica que ofrece una visión de la persona en situación de estrés.
Mini Mult 82 se entiende sobre una evaluación de factores o aspectos de la personalidad, en donde abarcan ocho escalas clínicas: Hipocondría, depresión, histeria, desviación psicopática, paranoia, psicastenia, esquizofrenia y la manía.
Y el tercer sondeo que solicitaban aplicar a la esposa del exfuncionario de Casa Presidencial es el Test de Machover Figura Humana, mismo que se le pidió a Chicas, donde se estudia el dibujo hecho.
La figura humana dibujada está en íntima relación con los impulsos, ansiedades, conflictos y compensaciones características del individuo. En cierto sentido la figura dibujada es la misma persona.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
