Judicial
Cámara ordenó a Nayib Bukele, Durán, Castro y exfuncionarios de la Alcaldía de San Salvador pagar más de $3 millones en reparos patrimoniales por Mercado Cuscatlán
La Cámara Sexta de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República (CCR) emitió una resolución en la que señaló 10 reparos administrativos y patrimoniales en el proyecto del Mercado Cuscatlán en la gestión de Nayib Bukele como alcalde de San Salvador.
Esto significa proceder al Juicio de Cuentas y otorgar 15 días para que los involucrados tengan derechos al uso de defensa, contados a partir de la fecha de verificado el emplazamiento.
¿Quiénes son los involucrados en el juicio de cuentas?
Los funcionarios municipales que se desempeñaron en los siguientes cargos: Nayib Bukele, alcalde de San Salvador (actual Presidente), Ana Xóchilt Marchelli Canales, síndica municipal; José Fabio Castillo, primer regidor propietario; Morena Elizabeth Castaneda Orantes, segunda regidora propietaria; Jaime Alberto Hill Argüello, tercer regidor propietario; Cecilio Vidal Sabrían Gálvez, cuarto regidor propietario; Rodolfo Armando Pérez Valladares, quinto regidor propietario; Luis Héctor Morales Pérez Valladares, sexto regidor propietario; Edwin Patricio Núñez Alguera, décimo regidor propietario.
Así también, Fernando Andrés López Larreynaga, gerente de Catastro (actual Ministro de Medio Ambiente); Álvaro Ernesto O´byrne Cevallos, gerente de Desarrollo Urbano (ahora presidente del Fovial); Andrés Alberto Espinoza Carías, gerente de Centros Comerciales Municipales (período 21 de julio de 2016 al 21 de marzo de 2017).
Además, Rolando Castro Hernández, exgerente de centros comerciales municipales (del 22 de marzo de 2017 al 31 de enero de 2018), actual director suplente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) -Homónimo del actual Ministro de Trabajo, no relacionado-; Mario Durán, exsegundo regidor suplente con funciones de director de desarrollo municipal, (actual Ministro de Gobernación); Mayra Argueta, subgerente de trámites catastrales; Rodas Hernández, subgerente de servicios urbanos; y Débora Ramírez de Bustamante, Jefa de Análisis y Aplicaciones Catastrales.
¿Cuáles son los reparos de la Cámara?
De acuerdo con la resolución de la Cámara, estos son los reparos:
No se contó con un Reglamento Interno para el funcionamiento del Bazar Cuscatlán y no se gestionó la elaboración y aprobación de un manual de procedimientos para la gestión de cobros, por lo que se incrementó el riesgo que la Administración del Bazar realizara discrecionalmente sus actividades en perjuicio de la municipalidad. No lo exigió el alcalde de ese momento, Nayib Bukele y el segundo regidor suplente como Director de Desarrollo Municipal, Mario Durán y los Gerentes de Centros Comerciales Municipales, Rolando Castro Hernández y Andrés Espinoza.
Reparo 2: Deficiencias en la administración del Bazar Cuscatlán
Se detectaron dos deficiencias en esta administración, la primera por el saldo pendiente de pago o mora de $225,350 por arrendamiento de puestos, locales, kioscos que supera el porcentaje de ingresos percibidos durante enero 2017 a enero 2018, que fue de $100,097; la mora fue del 60%. No se tomaron acciones legales para dejar sin efecto los contratos. A esta responsabilidad administrativa debe responde Rolando Castro Hernández y Mario Durán.
Reparo 3: Deficiencias en asignación de locales, puestos y kioscos
No se exigieron a los interesados en arrendar la entrega de solicitud de declaración jurada donde manifieste reunir los requisitos establecidos en la ordenanza y se comprometa acumplir las regulaciones. Se asignaron dos puestos a un mismo arrendatario aunque solo se podía dar uno. Según la Cámara no se garantizó transparencia en la selección y ocasionaron que se dejara de percibir $85,199 desde enero de 2018 a enero de 2019. La responsabilidad patrimonial recae en Rolando Castro Hernández, Mario Durán y Andrés Espinoza.
Reparo 4: Falta de reestructuración de cuentas catastrales
No se realizó reestructuración de las cuentas para actualizar los cobros de las tasas por aseo público, disposición final, contribución especial y alumbrado público. A pesar de la deficiencia, la Municipalidad prosiguió con la firma del contrato de arrendamiento, sin considerar que el arrendante (la empresa DESARROLLO UNIVERSAL, S.A. de C.V.) se encontraba insolvente en el pago de tributos municipales. El reparo es de $30,192, responsabilidad de Fernando López, Mayra Argueta y Débora Ramírez.
Reparo 5: Comercialización de bebidas alcohólicas sin autorización
Negocios comercializaban sin licencia del Departamento de Licencias, Permisos y Matrículas de la Municipalidad de San Salvador, dejando de percibir ingresos por la autorización de negocios dedicados a ese giro económico. Responsabilidad administrativa de Mario Durán y Rolando Castro Hernández.
Reparo 6: Fijación de precio inmueble sin valúo, pactado en promesa de venta
Se realizó un contrato para la adquisición del inmueble para ser utilizado como mercado a $10,000 más $28 millones 815,000; a un pago mensual de $96,050 en concepto de arrendamiento durante 25 años; no obstante no hubo un valúo del inmueble. Por lo que se definió que la Municipalidad pagaría por el inmueble un 3,479.47% más del valor registrado en la información financiera del arrendante. Los responsables administrativos son Nayib Bukele y Xóchitl Canales por no solicitarlo.
Reparo 7: Pagos en exceso por canon de arrendamiento
Al haber pactado el precio del arrendamiento con base al valúo proporcionado por el propietario, la Municipalidad pagó en exceso $1,032,955.75 de enero 2016 a enero 2018. Los responsables administrativos y patrimoniales son: Nayib Bukele, Xóchitl Canales, José Fabio Castillo, Morena Castaneda, Jaime Hill Argüello, Cecilio Vidal Sibrían, Rodolfo Pérez, Luis Morales y Edwin Patricio Núñez Alguera.
Reparo 8: Pagos por arrendamiento de inmueble para mercado sin que este fuera utilizado por los usuarios
Del 12 de noviembre de 2015 el alcalde firmó contrato de arrendamiento del inmueble, pero se pagó el alquiler 11 meses sin ser ocupado, siendo erogados $1,056,550, siendo su inauguración hasta diciembre de 2016, donde se efectuaron remodelaciones para su habilitaciones. La Responsabilidad patrimonial es para Nayib Bukele, Xóchitl Canales, José Fabio Castillo, Morena Castaneda, Jaime Hill Argüello, Cecilio Vidal Sibrían, Rodolfo Pérez, Luis Morales y Edwin Patricio Núñez Alguera.
Reparo 9: Erogaciones en remodelaciones sin permisos de construcción recepción final y permiso de habitar
La municipalidad realizó remodelaciones, desde enero de 2016 a enero de 2018, al inmueble arrendado por un monto de $649,104.64 sin haber contado con el correspondiente permiso de construcción emitido por la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS). El permiso se otorgó hasta marzo de 2018. Responsabilidad patrimonial de Álvaro Ernesto O’byrne Cevallos y Ana Xóchitl Marchelli Canales.
Reparo 10: Erogación de fondos para la ejecución de obra proyectada que no fue ejecutada
No se realizaron un total de siete partidas del proyecto «Mejoras en el Bazar Cuscatlán» por un monto de $198,183.78; estas erogaciones no fueron justificadas en obra o materiales, ni aclarado el destino, pero fueron incluidas en el informe final de liquidación realizado por la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Unidad de Soporte Administrativo y Financiero de la Municipalidad en fecha 21de marzo de 2018. Responsabilidad patrimonial para Álvaro Ernesto O’byrne Cevallos y Rodas Aníbal Hernández Villatoro, por $219,866.81.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
