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Cámara ordenó a Nayib Bukele, Durán, Castro y exfuncionarios de la Alcaldía de San Salvador pagar más de $3 millones en reparos patrimoniales por Mercado Cuscatlán

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La Cámara Sexta de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República (CCR) emitió una resolución en la que señaló 10 reparos administrativos y patrimoniales en el proyecto del Mercado Cuscatlán en la gestión de Nayib Bukele como alcalde de San Salvador.

Esto significa proceder al Juicio de Cuentas y otorgar 15 días para que los involucrados tengan derechos al uso de defensa, contados a partir de la fecha de verificado el emplazamiento.

¿Quiénes son los involucrados en el juicio de cuentas?

Los funcionarios municipales que se desempeñaron en los siguientes cargos: Nayib Bukele, alcalde de San Salvador (actual Presidente), Ana Xóchilt Marchelli Canales, síndica municipal; José Fabio Castillo, primer regidor propietario; Morena Elizabeth Castaneda Orantes, segunda regidora propietaria; Jaime Alberto Hill Argüello, tercer regidor propietario; Cecilio Vidal Sabrían Gálvez, cuarto regidor propietario; Rodolfo Armando Pérez Valladares, quinto regidor propietario; Luis Héctor Morales Pérez Valladares, sexto regidor propietario; Edwin Patricio Núñez Alguera, décimo regidor propietario.

Así también, Fernando Andrés López Larreynaga, gerente de Catastro (actual Ministro de Medio Ambiente); Álvaro Ernesto O´byrne Cevallos, gerente de Desarrollo Urbano (ahora presidente del Fovial); Andrés Alberto Espinoza Carías, gerente de Centros Comerciales Municipales (período 21 de julio de 2016 al 21 de marzo de 2017).

Además, Rolando Castro Hernández, exgerente de centros comerciales municipales (del 22 de marzo de 2017 al 31 de enero de 2018), actual director suplente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) -Homónimo del actual Ministro de Trabajo, no relacionado-; Mario Durán, exsegundo regidor suplente con funciones de director de desarrollo municipal, (actual Ministro de Gobernación); Mayra Argueta, subgerente de trámites catastrales; Rodas Hernández,  subgerente de servicios urbanos; y Débora Ramírez de Bustamante, Jefa de Análisis y Aplicaciones Catastrales.

¿Cuáles son los reparos de la Cámara?

De acuerdo con la resolución de la Cámara, estos son los reparos:

No se contó con un Reglamento Interno para el funcionamiento del Bazar Cuscatlán y no se gestionó la elaboración y aprobación de un manual de procedimientos para la gestión de cobros, por lo que se incrementó el riesgo que la Administración del Bazar realizara discrecionalmente sus actividades en perjuicio de la municipalidad. No lo exigió el alcalde de ese momento, Nayib Bukele y el segundo regidor suplente como Director de Desarrollo Municipal, Mario Durán y los Gerentes de Centros Comerciales Municipales, Rolando Castro Hernández y Andrés Espinoza.

Reparo 2: Deficiencias en la administración del Bazar Cuscatlán

Se detectaron dos deficiencias en esta administración, la primera por el saldo pendiente de pago o mora de $225,350 por arrendamiento de puestos, locales, kioscos que supera el porcentaje de ingresos percibidos durante enero 2017 a enero 2018, que fue de $100,097; la mora fue del 60%. No se tomaron acciones legales para dejar sin efecto los contratos. A esta responsabilidad administrativa debe responde Rolando Castro Hernández y Mario Durán.

Reparo 3: Deficiencias en asignación de locales, puestos y kioscos

No se exigieron a los interesados en arrendar la entrega de solicitud de declaración jurada donde manifieste reunir los requisitos establecidos en la ordenanza y se comprometa acumplir las regulaciones. Se asignaron dos puestos a un mismo arrendatario aunque solo se podía dar uno. Según la Cámara no se garantizó transparencia en la selección y ocasionaron que se dejara de percibir $85,199 desde enero de 2018 a enero de 2019. La responsabilidad patrimonial recae en Rolando Castro Hernández, Mario Durán y Andrés Espinoza.

Reparo 4: Falta de reestructuración de cuentas catastrales

No se realizó reestructuración de las cuentas para actualizar los cobros de las tasas por aseo público, disposición final, contribución especial y alumbrado público. A pesar de la deficiencia, la Municipalidad prosiguió con la firma del contrato de arrendamiento, sin considerar que el arrendante (la empresa DESARROLLO UNIVERSAL, S.A. de C.V.) se encontraba insolvente en el pago de tributos municipales. El reparo es de $30,192, responsabilidad de Fernando López, Mayra Argueta y Débora Ramírez.

Reparo 5: Comercialización de bebidas alcohólicas sin autorización

Negocios comercializaban sin licencia del Departamento de Licencias, Permisos y Matrículas de la Municipalidad de San Salvador, dejando de percibir ingresos por la autorización de negocios dedicados a ese giro económico. Responsabilidad administrativa de Mario Durán y Rolando Castro Hernández.

Reparo 6: Fijación de precio inmueble sin valúo, pactado en promesa de venta

Se realizó un contrato para la adquisición del inmueble para ser utilizado como mercado a $10,000 más $28 millones 815,000; a un pago mensual de $96,050 en concepto de arrendamiento durante 25 años; no obstante no hubo un valúo del inmueble. Por lo que se definió que la Municipalidad pagaría por el inmueble un 3,479.47% más del valor registrado en la información financiera del arrendante. Los responsables administrativos son Nayib Bukele y Xóchitl Canales por no solicitarlo.

Reparo 7: Pagos en exceso por canon de arrendamiento

Al haber pactado el precio del arrendamiento con base al valúo proporcionado por el propietario, la Municipalidad pagó en exceso $1,032,955.75 de enero 2016 a enero 2018. Los responsables administrativos y patrimoniales son: Nayib Bukele, Xóchitl Canales, José Fabio Castillo, Morena Castaneda, Jaime Hill Argüello, Cecilio Vidal Sibrían, Rodolfo Pérez, Luis Morales y Edwin Patricio Núñez Alguera.

Reparo 8: Pagos por arrendamiento de inmueble para mercado sin que este fuera utilizado por los usuarios

Del 12 de noviembre de 2015 el alcalde firmó contrato de arrendamiento del inmueble, pero se pagó el alquiler 11 meses sin ser ocupado, siendo erogados $1,056,550, siendo su inauguración hasta diciembre de 2016, donde se efectuaron remodelaciones para su habilitaciones. La Responsabilidad patrimonial es para Nayib Bukele, Xóchitl Canales, José Fabio Castillo, Morena Castaneda, Jaime Hill Argüello, Cecilio Vidal Sibrían, Rodolfo Pérez, Luis Morales y Edwin Patricio Núñez Alguera.

Reparo 9: Erogaciones en remodelaciones sin permisos de construcción recepción final y permiso de habitar

La municipalidad realizó remodelaciones, desde enero de 2016 a enero de 2018, al inmueble arrendado por un monto de $649,104.64 sin haber contado con el correspondiente permiso de construcción emitido por la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS). El permiso se otorgó hasta marzo de 2018. Responsabilidad patrimonial de Álvaro Ernesto O’byrne Cevallos y Ana Xóchitl Marchelli Canales.

Reparo 10: Erogación de fondos para la ejecución de obra proyectada que no fue ejecutada

No se realizaron un total de siete partidas del proyecto «Mejoras en el Bazar Cuscatlán» por un monto de $198,183.78; estas erogaciones no fueron justificadas en obra o materiales, ni aclarado el destino, pero fueron incluidas en el informe final de liquidación realizado por la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Unidad de Soporte Administrativo y Financiero de la Municipalidad en fecha 21de marzo de 2018. Responsabilidad patrimonial para Álvaro Ernesto O’byrne Cevallos y Rodas Aníbal Hernández Villatoro, por $219,866.81.

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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