Judicial
Cámara ordenó a Nayib Bukele, Durán, Castro y exfuncionarios de la Alcaldía de San Salvador pagar más de $3 millones en reparos patrimoniales por Mercado Cuscatlán
La Cámara Sexta de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República (CCR) emitió una resolución en la que señaló 10 reparos administrativos y patrimoniales en el proyecto del Mercado Cuscatlán en la gestión de Nayib Bukele como alcalde de San Salvador.
Esto significa proceder al Juicio de Cuentas y otorgar 15 días para que los involucrados tengan derechos al uso de defensa, contados a partir de la fecha de verificado el emplazamiento.
¿Quiénes son los involucrados en el juicio de cuentas?
Los funcionarios municipales que se desempeñaron en los siguientes cargos: Nayib Bukele, alcalde de San Salvador (actual Presidente), Ana Xóchilt Marchelli Canales, síndica municipal; José Fabio Castillo, primer regidor propietario; Morena Elizabeth Castaneda Orantes, segunda regidora propietaria; Jaime Alberto Hill Argüello, tercer regidor propietario; Cecilio Vidal Sabrían Gálvez, cuarto regidor propietario; Rodolfo Armando Pérez Valladares, quinto regidor propietario; Luis Héctor Morales Pérez Valladares, sexto regidor propietario; Edwin Patricio Núñez Alguera, décimo regidor propietario.
Así también, Fernando Andrés López Larreynaga, gerente de Catastro (actual Ministro de Medio Ambiente); Álvaro Ernesto O´byrne Cevallos, gerente de Desarrollo Urbano (ahora presidente del Fovial); Andrés Alberto Espinoza Carías, gerente de Centros Comerciales Municipales (período 21 de julio de 2016 al 21 de marzo de 2017).
Además, Rolando Castro Hernández, exgerente de centros comerciales municipales (del 22 de marzo de 2017 al 31 de enero de 2018), actual director suplente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) -Homónimo del actual Ministro de Trabajo, no relacionado-; Mario Durán, exsegundo regidor suplente con funciones de director de desarrollo municipal, (actual Ministro de Gobernación); Mayra Argueta, subgerente de trámites catastrales; Rodas Hernández, subgerente de servicios urbanos; y Débora Ramírez de Bustamante, Jefa de Análisis y Aplicaciones Catastrales.
¿Cuáles son los reparos de la Cámara?
De acuerdo con la resolución de la Cámara, estos son los reparos:
No se contó con un Reglamento Interno para el funcionamiento del Bazar Cuscatlán y no se gestionó la elaboración y aprobación de un manual de procedimientos para la gestión de cobros, por lo que se incrementó el riesgo que la Administración del Bazar realizara discrecionalmente sus actividades en perjuicio de la municipalidad. No lo exigió el alcalde de ese momento, Nayib Bukele y el segundo regidor suplente como Director de Desarrollo Municipal, Mario Durán y los Gerentes de Centros Comerciales Municipales, Rolando Castro Hernández y Andrés Espinoza.
Reparo 2: Deficiencias en la administración del Bazar Cuscatlán
Se detectaron dos deficiencias en esta administración, la primera por el saldo pendiente de pago o mora de $225,350 por arrendamiento de puestos, locales, kioscos que supera el porcentaje de ingresos percibidos durante enero 2017 a enero 2018, que fue de $100,097; la mora fue del 60%. No se tomaron acciones legales para dejar sin efecto los contratos. A esta responsabilidad administrativa debe responde Rolando Castro Hernández y Mario Durán.
Reparo 3: Deficiencias en asignación de locales, puestos y kioscos
No se exigieron a los interesados en arrendar la entrega de solicitud de declaración jurada donde manifieste reunir los requisitos establecidos en la ordenanza y se comprometa acumplir las regulaciones. Se asignaron dos puestos a un mismo arrendatario aunque solo se podía dar uno. Según la Cámara no se garantizó transparencia en la selección y ocasionaron que se dejara de percibir $85,199 desde enero de 2018 a enero de 2019. La responsabilidad patrimonial recae en Rolando Castro Hernández, Mario Durán y Andrés Espinoza.
Reparo 4: Falta de reestructuración de cuentas catastrales
No se realizó reestructuración de las cuentas para actualizar los cobros de las tasas por aseo público, disposición final, contribución especial y alumbrado público. A pesar de la deficiencia, la Municipalidad prosiguió con la firma del contrato de arrendamiento, sin considerar que el arrendante (la empresa DESARROLLO UNIVERSAL, S.A. de C.V.) se encontraba insolvente en el pago de tributos municipales. El reparo es de $30,192, responsabilidad de Fernando López, Mayra Argueta y Débora Ramírez.
Reparo 5: Comercialización de bebidas alcohólicas sin autorización
Negocios comercializaban sin licencia del Departamento de Licencias, Permisos y Matrículas de la Municipalidad de San Salvador, dejando de percibir ingresos por la autorización de negocios dedicados a ese giro económico. Responsabilidad administrativa de Mario Durán y Rolando Castro Hernández.
Reparo 6: Fijación de precio inmueble sin valúo, pactado en promesa de venta
Se realizó un contrato para la adquisición del inmueble para ser utilizado como mercado a $10,000 más $28 millones 815,000; a un pago mensual de $96,050 en concepto de arrendamiento durante 25 años; no obstante no hubo un valúo del inmueble. Por lo que se definió que la Municipalidad pagaría por el inmueble un 3,479.47% más del valor registrado en la información financiera del arrendante. Los responsables administrativos son Nayib Bukele y Xóchitl Canales por no solicitarlo.
Reparo 7: Pagos en exceso por canon de arrendamiento
Al haber pactado el precio del arrendamiento con base al valúo proporcionado por el propietario, la Municipalidad pagó en exceso $1,032,955.75 de enero 2016 a enero 2018. Los responsables administrativos y patrimoniales son: Nayib Bukele, Xóchitl Canales, José Fabio Castillo, Morena Castaneda, Jaime Hill Argüello, Cecilio Vidal Sibrían, Rodolfo Pérez, Luis Morales y Edwin Patricio Núñez Alguera.
Reparo 8: Pagos por arrendamiento de inmueble para mercado sin que este fuera utilizado por los usuarios
Del 12 de noviembre de 2015 el alcalde firmó contrato de arrendamiento del inmueble, pero se pagó el alquiler 11 meses sin ser ocupado, siendo erogados $1,056,550, siendo su inauguración hasta diciembre de 2016, donde se efectuaron remodelaciones para su habilitaciones. La Responsabilidad patrimonial es para Nayib Bukele, Xóchitl Canales, José Fabio Castillo, Morena Castaneda, Jaime Hill Argüello, Cecilio Vidal Sibrían, Rodolfo Pérez, Luis Morales y Edwin Patricio Núñez Alguera.
Reparo 9: Erogaciones en remodelaciones sin permisos de construcción recepción final y permiso de habitar
La municipalidad realizó remodelaciones, desde enero de 2016 a enero de 2018, al inmueble arrendado por un monto de $649,104.64 sin haber contado con el correspondiente permiso de construcción emitido por la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS). El permiso se otorgó hasta marzo de 2018. Responsabilidad patrimonial de Álvaro Ernesto O’byrne Cevallos y Ana Xóchitl Marchelli Canales.
Reparo 10: Erogación de fondos para la ejecución de obra proyectada que no fue ejecutada
No se realizaron un total de siete partidas del proyecto «Mejoras en el Bazar Cuscatlán» por un monto de $198,183.78; estas erogaciones no fueron justificadas en obra o materiales, ni aclarado el destino, pero fueron incluidas en el informe final de liquidación realizado por la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Unidad de Soporte Administrativo y Financiero de la Municipalidad en fecha 21de marzo de 2018. Responsabilidad patrimonial para Álvaro Ernesto O’byrne Cevallos y Rodas Aníbal Hernández Villatoro, por $219,866.81.
Judicial
Joven enfrentará proceso judicial tras agredir a su amigo por besar a su expareja en Izalco
Un joven enfrentará un proceso judicial por el delito de lesiones luego de agredir a un amigo tras molestarse porque este besó a su expareja sentimental.
El hecho ocurrió en el distrito de Izalco, departamento de Sonsonate.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la agresión se produjo después de que uno de los jóvenes besara a la exnovia de su amigo, situación que provocó la reacción violenta del otro involucrado.
Como resultado del incidente, la víctima de la agresión fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.
Además, se informó que ambos jóvenes ya no mantienen una relación de amistad.
Las autoridades indicaron que el detenido será procesado judicialmente por el delito de lesiones.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) fueron contundentes para condenar a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán, por el delito de homicidio agravado derivado del maltato infantil contra su hijo de cinco meses.
El 20 de noviembre de 2024, el imputado quedó a cargo del cuido de su hijo, mientras su compañera de vida y su hijo mayor salieron de la casa de habitación a visitar a un familiar cercano.
Minutos después de haberse ido, el sujeto llamó por teléfono a su compañera de vida para reportarle que el niño presentaba complicaciones de salud y era necesario llevarlo a pasar consulta a la Unidad de Salud de Rosario de Mora, jurisdicción donde ellos residían.
El niño fue atendido en esa clínica, pero a causa de su cuadro clínico fue referido de emergencia al Hospital Nacional Saldaña, lugar donde murió el mismo 20 de noviembre.
De acuerdo con el reporte fiscal, la causa de la muerte fue un trauma cráneo-encefálico de tipo contuso, compatible con maltrato infantil, lesiones que fueron ocasionadas por su padre.
Por estos hechos, el sujeto fue capturado, procesado y condenado con base a la prueba documental, pericial y testimonial.
Los 50 años de prisión fueron establecidos en Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, en presencia del imputado.
Con el fiel compromiso de velar por los intereses de la población honrada, el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, anunció en conferencia de prensa que se iniciará con la devolución de dinero al primer grupo de afectados por el esquema de captación ilegal de fondos que implementó CREDICASH, a través de Gerson Adriel Orellana Ayala.
Según el funcionario, en este primer grupo hay 212 personas que fueron engañadas y depositaron entre un dólar hasta cinco mil dólares. Las víctimas ya presentaron la respectiva denuncia y todos los documentos relacionados al origen lícito de los fondos. El monto a devolver sobrepasa el millón de dólares y se prevé que este proceso se realice durante diez días hábiles.
Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido 8 mil 654 denuncias y desde el centro de levantamiento de datos se seguirá trabajando para dar una respuesta seria y transparente a los afectados, siempre y cuando demuestre la legalidad de los fondos depositados.
#CRONIO Este día, el @FiscalGeneralSV ha dado un aviso importante para las víctimas del caso CREDICASH, en el cual, aseguró que los afectados serán contactados directamente por la institución para explicar el proceso de recuperación y devolución de sus fondos.
“Cuando iniciamos… pic.twitter.com/tqc127zjwg
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 15, 2026
#CRONIO Finalmente, el @FiscalGeneralSV reiteró el compromiso de la institución con cada una de las víctimas.
“Seguiremos investigando, procesando a los responsables y trabajando para que la justicia también se traduzca en resultados concretos para los afectados. Las víctimas… pic.twitter.com/c1VnQCQ6uP
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 15, 2026
De acuerdo al Fiscal General, al iniciar el proceso, se recibían entre 20 y 30 denuncias diarias, pero al saber que el proceso era ordenado y confiable, las víctimas se fueron acercando a la institución y se llegaron a atender entre 300 y 400 personas al día, con tendencia a la alta. «Es una forma positiva en que la Fiscalía ha hecho llegar el mensaje a las personas afectadas, este es claro y transparente», precisó el funcionario.
Finalmente, el Fiscal General dirigió un mensaje a las víctimas e indicó: «Tengan por seguro que los afectados serán llamados de manera ordenada por los canales oficiales de nuestra institución; lo haremos de una manera personalizada porque las víctimas son lo más importante, a quienes nos debemos y tenemos que atender».
Del proceso y esquema de defraudación
Por orden de la Fiscalía se capturó a Gerson Adriel Orellana Ayala, en marzo de este año, por los delitos de defraudación a la economía pública, bajo la modalidad de captación ilegal de fondos, así como lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.
En la investigación se estableció que la estructura captaba a las víctimas a través de redes sociales y mediante recomendaciones de otras personas, ofreciendo supuestas ganancias.
«El sistema funcionaba utilizando el dinero aportado por nuevos inversionistas para cumplir obligaciones con quienes habían confiado su patrimonio previamente. Esta dinámica permitió que miles de personas fueran engañadas», mencionó el fiscal.
Asimismo precisó en que CREDICASH no cumplió con ninguna de las regulaciones establecidas para este tipo de empresa. «Si no hubiéramos intervenido a tiempo, se hubiera dado un colapso y todas las víctimas hubieran perdido su dinero», recordó el fiscal Delgado.
El total de lo inmovilizado en las cuentas del imputado fue de $11,023,972.49 y el dinero encontrado en efectivo fue de $27,550,750.20 dólares.
