Judicial
Acusan a jefe del Ministerio de Trabajo por trato denigrante contra la mujer
Tres empleadas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) denunciaron a su jefe alterno, porque este las trataba de forma denigrante para burlarse de su peso; el hombre las trataba de «gordas», «cholas» y les hablaba con otros calificativos peyorativos.
Las constantes faltas de respeto se trasladaron hacia el Centro Judicial “Isidro Menéndez”, en donde el sujeto fue procesado por el delito de expresiones de violencia en contra de las mujeres. Durante el desarrollo del caso, este llegó hasta el Tribunal 1° de Sentencia.
Las víctimas decidieron imponer una denuncia en contra del imputado tras la desesperación que este les provocó por el constante hostigamiento, la desacreditación pública y degradación de su reputación.
Una de ellas indicó que ingresó a un área especial del Ministerio en julio de 2006, pero a finales de 2013 fue trasladada a otra sección . Ahí comenzó su martirio, pues su nuevo jefe no tardó en comenzar a denigrarla.
“¡Qué gran calzón anda!”, “¿Por qué está tan gorda?”, “¡Qué haragana es!”, eran algunas de las frases de burla que el jefe expresaba en contra de ella; cada vez que las decía, el hombre emitía una risa sarcástica.
Por su parte, otra de las demandantes contó al juez que ingresó al Ministerio en 2008. Un año después, en 2009 fue enviada también a otra sección , pero fue hasta el 2012 que el acusado se convirtió en su jefe, quien en varias ocasiones la llamó “gorda”, según su relato ante el juez.
El irrespeto fue tal, que en una ocasión ella gestionó la asignación de un escritorio y al momento en que se lo llevaron a la oficina él le cuestionó dónde lo colocaría: “¿A dónde se lo va a poner, en la nuca?”.
Mientras que con la tercera demandante todo inició en marzo de 2014, luego de que ella fuera removida de un departamento en donde ingresó el 16 de septiembre de 2008.
A ella la comparaba con otra de sus compañeras de labores, así, a una la bautizó con el nombre de «Cholix uno» y la otra, «Cholix dos», esto en alusión a la palabra «chola», que se utiliza como sinónimo de grande.
En una ocasión, la tercera demandante le contó a su jefe que no llevaba su uniforme porque este no le quedaba. Él le respondió de na manera ofensiva: “Por ‘chola’ no le queda el uniforme”, le dijo; por si fuera poco, en lugar de buscar una solución para el problema, el hombre la reportó por no cumplir su obligación de ir uniformada.
Con el transcurso de los días, el jefe la calificó como “la manzana podrida que arruina al grupo de trabajo”. Además, la tildaba de problemática y de haragana tras regresar de un permiso solicitado.
Durante el proceso se conoció que el acusado incluso ordenó que a la tercera demandante le cambiaran el escritorio hacia una esquina de la oficina donde no podía conectar su equipo informático.
Mantendrán medidas por un año
Tras del proceso judicial, el Tribunal 1° de Sentencia ordenó la suspensión condicional del procedimiento durante un año, esto significa que luego que el jefe admitiera los hechos que se le imputan le fueron impuestas medidas que deberá cumplir durante ese tiempo. En caso que incumpla alguna de ellas, el caso volverá a los tribunales.
Luego de conocer el acuerdo, el demandado no podrá cambiar de domicilio y deberá mantener con las víctimas una relación estrictamente laboral y tratarlas con respeto, sin emitir expresiones que dañen su integridad.
Las tres mujeres afectadas podrán solicitar además el traslado hacia otra unidad del Ministerio de Trabajo para evitar relacionarse con el jefe. Las afectadas, sin embargo, no solicitaron ningún pago en concepto de responsabilidad civil.
El demandado estará bajo la observación de un juez de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena para que cumpla las reglas impuestas en los tribunales, de no cumplir con las mismas, el caso volverá a abrirse.
Por: El Salvador Times.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
