Judicial
Acusan a jefe del Ministerio de Trabajo por trato denigrante contra la mujer
Tres empleadas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) denunciaron a su jefe alterno, porque este las trataba de forma denigrante para burlarse de su peso; el hombre las trataba de «gordas», «cholas» y les hablaba con otros calificativos peyorativos.
Las constantes faltas de respeto se trasladaron hacia el Centro Judicial “Isidro Menéndez”, en donde el sujeto fue procesado por el delito de expresiones de violencia en contra de las mujeres. Durante el desarrollo del caso, este llegó hasta el Tribunal 1° de Sentencia.
Las víctimas decidieron imponer una denuncia en contra del imputado tras la desesperación que este les provocó por el constante hostigamiento, la desacreditación pública y degradación de su reputación.
Una de ellas indicó que ingresó a un área especial del Ministerio en julio de 2006, pero a finales de 2013 fue trasladada a otra sección . Ahí comenzó su martirio, pues su nuevo jefe no tardó en comenzar a denigrarla.
“¡Qué gran calzón anda!”, “¿Por qué está tan gorda?”, “¡Qué haragana es!”, eran algunas de las frases de burla que el jefe expresaba en contra de ella; cada vez que las decía, el hombre emitía una risa sarcástica.
Por su parte, otra de las demandantes contó al juez que ingresó al Ministerio en 2008. Un año después, en 2009 fue enviada también a otra sección , pero fue hasta el 2012 que el acusado se convirtió en su jefe, quien en varias ocasiones la llamó “gorda”, según su relato ante el juez.
El irrespeto fue tal, que en una ocasión ella gestionó la asignación de un escritorio y al momento en que se lo llevaron a la oficina él le cuestionó dónde lo colocaría: “¿A dónde se lo va a poner, en la nuca?”.
Mientras que con la tercera demandante todo inició en marzo de 2014, luego de que ella fuera removida de un departamento en donde ingresó el 16 de septiembre de 2008.
A ella la comparaba con otra de sus compañeras de labores, así, a una la bautizó con el nombre de «Cholix uno» y la otra, «Cholix dos», esto en alusión a la palabra «chola», que se utiliza como sinónimo de grande.
En una ocasión, la tercera demandante le contó a su jefe que no llevaba su uniforme porque este no le quedaba. Él le respondió de na manera ofensiva: “Por ‘chola’ no le queda el uniforme”, le dijo; por si fuera poco, en lugar de buscar una solución para el problema, el hombre la reportó por no cumplir su obligación de ir uniformada.
Con el transcurso de los días, el jefe la calificó como “la manzana podrida que arruina al grupo de trabajo”. Además, la tildaba de problemática y de haragana tras regresar de un permiso solicitado.
Durante el proceso se conoció que el acusado incluso ordenó que a la tercera demandante le cambiaran el escritorio hacia una esquina de la oficina donde no podía conectar su equipo informático.
Mantendrán medidas por un año
Tras del proceso judicial, el Tribunal 1° de Sentencia ordenó la suspensión condicional del procedimiento durante un año, esto significa que luego que el jefe admitiera los hechos que se le imputan le fueron impuestas medidas que deberá cumplir durante ese tiempo. En caso que incumpla alguna de ellas, el caso volverá a los tribunales.
Luego de conocer el acuerdo, el demandado no podrá cambiar de domicilio y deberá mantener con las víctimas una relación estrictamente laboral y tratarlas con respeto, sin emitir expresiones que dañen su integridad.
Las tres mujeres afectadas podrán solicitar además el traslado hacia otra unidad del Ministerio de Trabajo para evitar relacionarse con el jefe. Las afectadas, sin embargo, no solicitaron ningún pago en concepto de responsabilidad civil.
El demandado estará bajo la observación de un juez de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena para que cumpla las reglas impuestas en los tribunales, de no cumplir con las mismas, el caso volverá a abrirse.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
