Judicial
Acusan a jefe del Ministerio de Trabajo por trato denigrante contra la mujer
Tres empleadas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) denunciaron a su jefe alterno, porque este las trataba de forma denigrante para burlarse de su peso; el hombre las trataba de «gordas», «cholas» y les hablaba con otros calificativos peyorativos.
Las constantes faltas de respeto se trasladaron hacia el Centro Judicial “Isidro Menéndez”, en donde el sujeto fue procesado por el delito de expresiones de violencia en contra de las mujeres. Durante el desarrollo del caso, este llegó hasta el Tribunal 1° de Sentencia.
Las víctimas decidieron imponer una denuncia en contra del imputado tras la desesperación que este les provocó por el constante hostigamiento, la desacreditación pública y degradación de su reputación.
Una de ellas indicó que ingresó a un área especial del Ministerio en julio de 2006, pero a finales de 2013 fue trasladada a otra sección . Ahí comenzó su martirio, pues su nuevo jefe no tardó en comenzar a denigrarla.
“¡Qué gran calzón anda!”, “¿Por qué está tan gorda?”, “¡Qué haragana es!”, eran algunas de las frases de burla que el jefe expresaba en contra de ella; cada vez que las decía, el hombre emitía una risa sarcástica.
Por su parte, otra de las demandantes contó al juez que ingresó al Ministerio en 2008. Un año después, en 2009 fue enviada también a otra sección , pero fue hasta el 2012 que el acusado se convirtió en su jefe, quien en varias ocasiones la llamó “gorda”, según su relato ante el juez.
El irrespeto fue tal, que en una ocasión ella gestionó la asignación de un escritorio y al momento en que se lo llevaron a la oficina él le cuestionó dónde lo colocaría: “¿A dónde se lo va a poner, en la nuca?”.
Mientras que con la tercera demandante todo inició en marzo de 2014, luego de que ella fuera removida de un departamento en donde ingresó el 16 de septiembre de 2008.
A ella la comparaba con otra de sus compañeras de labores, así, a una la bautizó con el nombre de «Cholix uno» y la otra, «Cholix dos», esto en alusión a la palabra «chola», que se utiliza como sinónimo de grande.
En una ocasión, la tercera demandante le contó a su jefe que no llevaba su uniforme porque este no le quedaba. Él le respondió de na manera ofensiva: “Por ‘chola’ no le queda el uniforme”, le dijo; por si fuera poco, en lugar de buscar una solución para el problema, el hombre la reportó por no cumplir su obligación de ir uniformada.
Con el transcurso de los días, el jefe la calificó como “la manzana podrida que arruina al grupo de trabajo”. Además, la tildaba de problemática y de haragana tras regresar de un permiso solicitado.
Durante el proceso se conoció que el acusado incluso ordenó que a la tercera demandante le cambiaran el escritorio hacia una esquina de la oficina donde no podía conectar su equipo informático.
Mantendrán medidas por un año
Tras del proceso judicial, el Tribunal 1° de Sentencia ordenó la suspensión condicional del procedimiento durante un año, esto significa que luego que el jefe admitiera los hechos que se le imputan le fueron impuestas medidas que deberá cumplir durante ese tiempo. En caso que incumpla alguna de ellas, el caso volverá a los tribunales.
Luego de conocer el acuerdo, el demandado no podrá cambiar de domicilio y deberá mantener con las víctimas una relación estrictamente laboral y tratarlas con respeto, sin emitir expresiones que dañen su integridad.
Las tres mujeres afectadas podrán solicitar además el traslado hacia otra unidad del Ministerio de Trabajo para evitar relacionarse con el jefe. Las afectadas, sin embargo, no solicitaron ningún pago en concepto de responsabilidad civil.
El demandado estará bajo la observación de un juez de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena para que cumpla las reglas impuestas en los tribunales, de no cumplir con las mismas, el caso volverá a abrirse.
Por: El Salvador Times.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
