Judicial
Abogado ambientalista: “Denunciaré a exministra Lina Pohl ante la CICIES por corrupción al haber permitido botadero ilegal de Salume”
El abogado ambientalista Sergio Portillo Toruño, se comunicó a esta redacción e informó que a consecuencia de la vulnerabilidad demostrada en el país, para afrontar distintos fenómenos naturales, como lo ha sido el paso de la tormenta tropical “Amanda”; se ha ocupado de hacer una revisión exhaustiva de cómo la falta de planeación y la corrupción de ciertos funcionarios públicos en las administraciones pasadas han tenido gran impacto e incidencia en todos los desastres naturales y en las pérdidas de vidas humanas que hemos tenido que lamentar durante el recién pasado fin de semana.
Un caso para CICIES
De manera que anunció la primera denuncia con la cual procederá ante La Comisión Internacional contra la Impunidad de El Salvador (CICIES), corresponde a la exministra del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Lina Pohl, por haber autorizado, tolerado y permitido el funcionamiento, en contravención de las leyes ambientales, del botadero de basura situado en el Puerto de La Libertad, que es propiedad del señor Salume.
Además, recordó que este botadero se ha sido un foco de contaminación en el municipio y que el MARN durante administraciones gubernamentales pasadas presuntamente habría incurrido en una malversación de fondos públicos y fondos provenientes de donantes internacionales, ya que gastó recursos para un cierre técnico en el sitio, sin embargo después se autorizó únicamente como relleno sanitario manual, con capacidad máxima para recibir 12 toneladas de desechos municipales diariamente.
Sin embargo, desde el año 2011, el señor Salume pasó a ser el propietario del sitio de disposición final, a través de la creación de una Sociedad de Economía Mixta (SEM), con la municipalidad del Puerto de La Libertad y presentó ante el MARN, una simple solicitud de reconversión y no un estudio de impacto ambiental, con el que de forma ilegal la entonces viceministra Pohl, autorizó la reconversión del sitio para recibir hasta 42 toneladas de desechos municipales diariamente, como un relleno sanitario mecanizado; sin embargo, desde el año 2014 (desde el 1 de junio de 2014, Lina Pohl fue nombrada Ministra del MARN por el presidente Salvador Sánchez Cerén), el señor Salume infringiendo las leyes ambientales ha explotado el sitio, recibiendo más cantidad de basura de la que indicaban sus permisos de funcionamiento y los que tiene capacidad de recibir, especialmente porque el sitio incumple con múltiples parámetros técnicos, uno de ellos es la distancia entre el Botadero y los núcleos poblacionales, que de acuerdo a la Reglamentación Ambiental, no puede haber un sitio de disposición de desechos municipales en un radio mínimo de 500 metros contados desde la ubicación de los asentamientos de viviendas.
En el caso del botadero del señor Salume, según explica Toruño, la distancia con relación a las zonas pobladas colindantes con el Caserío Melara, son menores a los 180 metros, en algunos linderos; por lo que tomando en cuenta: La vulnerabilidad de la zona, por los desbordamientos de ríos y quebradas; la mala gestión que se está dando a los desechos sólidos depositados, por exceder la cantidad que técnica y legalmente están en capacidad de recibir; las filtraciones de agua que socavan el terreno y la incapacidad que las lagunas de lixiviados que están recibiendo tal cantidad de agua lluvia y que han sido señaladas como ineficientes en un peritaje efectuado por el equipo multidisciplinario ambiental de la Corte Suprema, son una bomba de tiempo para deslaves sobre los asentamientos poblacionales y filtraciones en el manto freático y cuerpos de aguas superficiales de los lixiviados.
“Esta es una tragedia que se puede y debe evitar, no es posible que una mala gestión en el tratamiento de desechos sólidos que he venido denunciando, que solamente ha servido para enriquecer más a los dueños del botadero, se pueda cobrar vidas humanas y provocar graves daños a la zona, de por sí vulnerable”, sentenció.
De acuerdo al abogado, la ministra Lina Pohl, conocía de las graves infracciones en el botadero de salume, pero decidió favorecerlo, así en lugar de sancionarlo por los incumplimientos, permitiendo su funcionamiento ilegal, del que la propia oficina de Acceso a la información de MARN, refleja sobre los desechos recibidos en el Botadero del Puerto de La Libertad, que excedían las 42 toneladas de desechos que diariamente estaba autorizado a recibir, durante ese tiempo:
El punto más grave es que en el año 2016, el Botadero no aportó los registros de la cantidad de desechos municipales que dispuso, lo cual constituye una infracción grave, según el Art. 86 literal “c” de la Ley de Medio Ambiente, que le obliga a presentar informes anuales de operación. A pesar de esto, nunca se sancionó al botadero, ante la alcahuetería de la entonces Ministra POHL, durante la administración gubernamental del FMLN.
La FGR ha incurrido en omisión de la investigación
El abogado, también hizo énfasis que desde el año 2018, viene presentando una serie de denuncias penales y ante el MARN, sobre el funcionamiento ilegal; por tanto dañino para el medio ambiente que se comete en el botadero del señor Salume. De hecho, el profesional del derecho, recuerda que a pesar de las pruebas contundentes que Salume, cometió el delito de Desobediencia de Particulares a decisiones judiciales, el jefe de la Unidad de Delitos Ambientales de la FGR no ha procedido a presentar el requerimiento fiscal, lo que es una grave omisión de investigación.
A criterio del abogado es importante que la FGR demuestre que nadie está por encima de ley y que actúe prontamente contra Salume, que está contaminando la zona y demostrando con su conducta que no pretende hacer caso a las autoridades públicas. El delito de contaminación ambiental contenido en los arts. 264, 265 y 266 del Código Penal establecen penas superiores a los 3 años de prisión. Agregó que solicitará auditorías contra el jefe de la Unidad de Delitos Ambientales de la FGR, con la que comprobará que de forma negligente y quién sabe con qué motivos no ha diligenciado adecuadamente las investigaciones contra Salume.
Alcaldes que depositan los desechos municipales en el basurero son corresponsables
Además, el abogado Toruño recordó que las autoridades edilicias del Puerto de La Libertad, no quedan exento de tener que responder sobre la contaminación ambiental y otros desastres que se puedan generar en la zona, sobre todo en este momento donde se están viviendo los efectos de una depresión Tropical. Y que así como la Corte de Cuentas, está exigiendo transparencia al Gobierno Central, lo haga con las municipalidades que están depositando sus desechos en un botadero que no cumple con los requerimientos ambientales, lo que los convierte en corresponsables por mala administración de fondos públicos, como ocurre con los alcaldes de Santa Tecla: Roberto D’aubuisson (ARENA) y de San Marcos, doctor Fidel Fuentes. (FMLN)
Un llamado al actual Gobierno a evitar más tragedias
El abogado cierra haciendo un llamado al Gobierno para que verifique y tome las medidas de precaución en la zona cercana al Botadero del Puerto de La Libertad, antes que se deba lamentar más tragedias.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
