Judicial
Abogado ambientalista: “Denunciaré a exministra Lina Pohl ante la CICIES por corrupción al haber permitido botadero ilegal de Salume”
El abogado ambientalista Sergio Portillo Toruño, se comunicó a esta redacción e informó que a consecuencia de la vulnerabilidad demostrada en el país, para afrontar distintos fenómenos naturales, como lo ha sido el paso de la tormenta tropical “Amanda”; se ha ocupado de hacer una revisión exhaustiva de cómo la falta de planeación y la corrupción de ciertos funcionarios públicos en las administraciones pasadas han tenido gran impacto e incidencia en todos los desastres naturales y en las pérdidas de vidas humanas que hemos tenido que lamentar durante el recién pasado fin de semana.
Un caso para CICIES
De manera que anunció la primera denuncia con la cual procederá ante La Comisión Internacional contra la Impunidad de El Salvador (CICIES), corresponde a la exministra del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Lina Pohl, por haber autorizado, tolerado y permitido el funcionamiento, en contravención de las leyes ambientales, del botadero de basura situado en el Puerto de La Libertad, que es propiedad del señor Salume.
Además, recordó que este botadero se ha sido un foco de contaminación en el municipio y que el MARN durante administraciones gubernamentales pasadas presuntamente habría incurrido en una malversación de fondos públicos y fondos provenientes de donantes internacionales, ya que gastó recursos para un cierre técnico en el sitio, sin embargo después se autorizó únicamente como relleno sanitario manual, con capacidad máxima para recibir 12 toneladas de desechos municipales diariamente.
Sin embargo, desde el año 2011, el señor Salume pasó a ser el propietario del sitio de disposición final, a través de la creación de una Sociedad de Economía Mixta (SEM), con la municipalidad del Puerto de La Libertad y presentó ante el MARN, una simple solicitud de reconversión y no un estudio de impacto ambiental, con el que de forma ilegal la entonces viceministra Pohl, autorizó la reconversión del sitio para recibir hasta 42 toneladas de desechos municipales diariamente, como un relleno sanitario mecanizado; sin embargo, desde el año 2014 (desde el 1 de junio de 2014, Lina Pohl fue nombrada Ministra del MARN por el presidente Salvador Sánchez Cerén), el señor Salume infringiendo las leyes ambientales ha explotado el sitio, recibiendo más cantidad de basura de la que indicaban sus permisos de funcionamiento y los que tiene capacidad de recibir, especialmente porque el sitio incumple con múltiples parámetros técnicos, uno de ellos es la distancia entre el Botadero y los núcleos poblacionales, que de acuerdo a la Reglamentación Ambiental, no puede haber un sitio de disposición de desechos municipales en un radio mínimo de 500 metros contados desde la ubicación de los asentamientos de viviendas.
En el caso del botadero del señor Salume, según explica Toruño, la distancia con relación a las zonas pobladas colindantes con el Caserío Melara, son menores a los 180 metros, en algunos linderos; por lo que tomando en cuenta: La vulnerabilidad de la zona, por los desbordamientos de ríos y quebradas; la mala gestión que se está dando a los desechos sólidos depositados, por exceder la cantidad que técnica y legalmente están en capacidad de recibir; las filtraciones de agua que socavan el terreno y la incapacidad que las lagunas de lixiviados que están recibiendo tal cantidad de agua lluvia y que han sido señaladas como ineficientes en un peritaje efectuado por el equipo multidisciplinario ambiental de la Corte Suprema, son una bomba de tiempo para deslaves sobre los asentamientos poblacionales y filtraciones en el manto freático y cuerpos de aguas superficiales de los lixiviados.
“Esta es una tragedia que se puede y debe evitar, no es posible que una mala gestión en el tratamiento de desechos sólidos que he venido denunciando, que solamente ha servido para enriquecer más a los dueños del botadero, se pueda cobrar vidas humanas y provocar graves daños a la zona, de por sí vulnerable”, sentenció.
De acuerdo al abogado, la ministra Lina Pohl, conocía de las graves infracciones en el botadero de salume, pero decidió favorecerlo, así en lugar de sancionarlo por los incumplimientos, permitiendo su funcionamiento ilegal, del que la propia oficina de Acceso a la información de MARN, refleja sobre los desechos recibidos en el Botadero del Puerto de La Libertad, que excedían las 42 toneladas de desechos que diariamente estaba autorizado a recibir, durante ese tiempo:
El punto más grave es que en el año 2016, el Botadero no aportó los registros de la cantidad de desechos municipales que dispuso, lo cual constituye una infracción grave, según el Art. 86 literal “c” de la Ley de Medio Ambiente, que le obliga a presentar informes anuales de operación. A pesar de esto, nunca se sancionó al botadero, ante la alcahuetería de la entonces Ministra POHL, durante la administración gubernamental del FMLN.
La FGR ha incurrido en omisión de la investigación
El abogado, también hizo énfasis que desde el año 2018, viene presentando una serie de denuncias penales y ante el MARN, sobre el funcionamiento ilegal; por tanto dañino para el medio ambiente que se comete en el botadero del señor Salume. De hecho, el profesional del derecho, recuerda que a pesar de las pruebas contundentes que Salume, cometió el delito de Desobediencia de Particulares a decisiones judiciales, el jefe de la Unidad de Delitos Ambientales de la FGR no ha procedido a presentar el requerimiento fiscal, lo que es una grave omisión de investigación.
A criterio del abogado es importante que la FGR demuestre que nadie está por encima de ley y que actúe prontamente contra Salume, que está contaminando la zona y demostrando con su conducta que no pretende hacer caso a las autoridades públicas. El delito de contaminación ambiental contenido en los arts. 264, 265 y 266 del Código Penal establecen penas superiores a los 3 años de prisión. Agregó que solicitará auditorías contra el jefe de la Unidad de Delitos Ambientales de la FGR, con la que comprobará que de forma negligente y quién sabe con qué motivos no ha diligenciado adecuadamente las investigaciones contra Salume.
Alcaldes que depositan los desechos municipales en el basurero son corresponsables
Además, el abogado Toruño recordó que las autoridades edilicias del Puerto de La Libertad, no quedan exento de tener que responder sobre la contaminación ambiental y otros desastres que se puedan generar en la zona, sobre todo en este momento donde se están viviendo los efectos de una depresión Tropical. Y que así como la Corte de Cuentas, está exigiendo transparencia al Gobierno Central, lo haga con las municipalidades que están depositando sus desechos en un botadero que no cumple con los requerimientos ambientales, lo que los convierte en corresponsables por mala administración de fondos públicos, como ocurre con los alcaldes de Santa Tecla: Roberto D’aubuisson (ARENA) y de San Marcos, doctor Fidel Fuentes. (FMLN)
Un llamado al actual Gobierno a evitar más tragedias
El abogado cierra haciendo un llamado al Gobierno para que verifique y tome las medidas de precaución en la zona cercana al Botadero del Puerto de La Libertad, antes que se deba lamentar más tragedias.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
