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Gobierno inicia distribución de tablets modernas a estudiantes de 1º a 3º grado de escuelas públicas
Fotos: Cortesía
Cuando está a punto de cerrar la brecha digital en los niveles educativos de Cuarto Grado a Bachillerato, el Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Educación (MINED), emprende la entrega de tablets para el cien por ciento de los estudiantes de 1º a 3º grado de Educación Básica de todas las escuelas públicas a nivel nacional.
Tal como como lo prometió el Presidente Bukele, se está logrando universalizar el acceso a los recursos tecnológicos como un mecanismo de apoyo para docentes y estudiantes. Gracias a estas iniciativas, la transformación educativa es una realidad. Como resultado, se garantizan aprendizajes de calidad y significativos desde el nivel de Educación Inicial hasta Educación Media que dignificarán a la sociedad salvadoreña.
Como Gobierno se sabe que invertir en la educación pública impulsa el desarrollo del país. Por tal motivo, el Presidente Bukele ha priorizado y destinado 600 millones de dólares para la adquisición de herramientas digitales, asignando 59.1 millones para la compra de más de 300 mil tablets con el objetivo de que no haya ni un solo niño en las escuelas sin su propio dispositivo electrónico y educativo.
En este sentido, un nuevo cargamento de tablets fue recibido por el Ministro de Educación, Mauricio Pineda. Las tablets fueron inmediatamente trasladadas a la planta de ensamblaje donde se incorporaron softwares pedagógicos y 15 aplicaciones didácticas que pueden utilizarse con y sin conectividad a internet. Además, las tablets también cuentan con un software de seguridad que permitirá rastrear la ubicación en caso de robo o extravío.
Cada tablet posee el sistema operativo Android 10, Google Classroom, contenido educativo e interactivo, así como acceso al sitio web de la Primera Infancia. En el sitio se encuentran recursos educativos totalmente salvadoreños como: La Casa de Lula, Aventuras por el Mundo y la Colección Árbol de Vida, la cual incluye la antología literaria Crecer Leyendo, la libreta de expresión Crecer y Crear Juntos con apoyos audiovisuales.
Desde este día, el MINED, a través de las cabinas móviles, llegará a todos los rincones del país para poner directamente en las manos de los niños entre 6 a 9 años una tablet marca Lenovo de 10 pulgadas con su respectivo estuche, protector de pantalla y un chip 4G. Por si fuera poco, cada dispositivo tiene asignado un paquete gratuito de conectividad educativa que cada padre de familia activará luego de elegir la compañía telefónica que prefiera para que su hijo inmediatamente tenga internet en su dispositivo.
Este recurso didáctico que promueve el juego, el aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo matemático ahora forma parte del paquete escolar básico con el que El Salvador está dando un salto histórico de calidad en materia de educación. Por otro lado, cada tablet pertenece a cada niño, podrá quedársela, utilizarla en el aula y llevársela a casa.
Gracias al Gobierno del Presidente Bukele, pronto El Salvador llegará a la meta de ser un país con un sistema educativo público con 1.2 millones de estudiantes que tendrán sus propias laptops y tablets. De esta manera se están cumpliendo las promesas del Presidente Bukele para enmendar las fisuras sociales y desaparecer por completo la brecha digital en las escuelas públicas de todo el país.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
