Judicial
Gánsteres, políticos y una Fiscalía sumida en corrupción y proteccionismo, de espaldas al pueblo
«El hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice» Sigmund Freud.
Con el anterior adagio, hacemos referencia a las promesas del Fiscal General de la República, Raúl Melara, quien recién tomó posesión de su cargo y aseguró que pondría fin a las arbitrariedades de la institución a la que «honorablemente» representa (FGR) y que pondría fin a las injusticias e ilegalidades cometidas por su antecesor, el nefasto exfiscal Douglas Meléndez , y un grupo de “manzanas podridas” a las que ofreció expulsar de la Fiscalía, de eso, hace ya un año, y todavía no vemos que eso ocurra.
Prueba de lo anterior, son los dos fallos judiciales en las últimas semanas, cada caso con sus particularidades, que han producido alarma y, por qué no decirlo, gran trascendencia para el sistema judicial de nuestro país.
El primero es el caso de los empleados de la Fiscalía General de la República (FGR) bautizado por Douglas Meléndez como “Caso Corruptela”, una vulgar patraña construida por éste, en compañía de auxiliares que han sido denunciados desde hace más de tres años por “fabricar pruebas” y “montar” procesos, sin que hasta la fecha se les haga pagar por sus delitos dada la autoprotección que existe en la FGR.
Dicho caso se ventiló en el Juzgado Séptimo de Paz, después que los testigos criteriados renunciaron a esa calidad y de haber denunciado al ex fiscal Douglas Meléndez, junto al exdirector Anticorrupción, Jorge Orlando Cortez Díaz, y los fiscales auxiliares que llevaban el caso, Neftatlí Roberto Ábrego Rosales, Mario Antonio Huezo Cortez, Harold Iván Córdoba Solís, David Alfonso Ramírez Guevara, Héctor Nahúm Martínez García, Sergio Manrique Paredes Blanco, Noris Iván Quintanilla Navidad, Santos Inocente Segura Mendoza y Carolina Beatriz Torres Hernández por haber obligado a firmar declaraciones falsas para armar el caso en mención, contra el empresario Enrique Rais y más de una veintena de personas en el mismo caso.
La jueza 7º. de Paz impartió justicia al decretar un sobreseimieno definitivo a favor de los empleados de la Fiscalía General de la República (FGR), que han sido víctimas de persecución desde los tiempos de Douglas Meléndez y que continuó el actual fiscal Raúl Melara, tratatando de incriminarlos con pruebas fabricadas y sometiéndolos con métodos tortuosos.
El segundo fallo se dio el día viernes 13 de diciembre del presente año. El juez Especializado de Sentencia A de San Salvador, Godofredo Salazar, señaló, como parte de su lectura del fallo contra los 426 pandilleros, acusados de homicidios, extorsiones, lavado de dinero y tráfico de drogas, que políticos y exfuncionarios cometieron delitos vinculados con el caso conocido como “Operación Cuscatlán”, pero que no fueron acusados por la Fiscalía.
El juez le dijo a la FGR que debe incluir en las investigaciones al exministro de Defensa, David Munguía Payés; al exdirector de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto; al alcalde de San Salvador, a Ernesto Muyshondt; a Arístides Valencia, exministro de Gobernación, a Ernesto Angulo, exdiputado de ARENA, y a Norman Quijano, expresidente de la Asamblea Legislativa; entre otros.
«En este país entonces tenemos dos tipos de gánster: los gánsteres pandilleros y los gánsteres políticos», expresó el juez Salazar. A estas declaraciones, podemos añadir que existe un “Concentidor”, que en este caso es la Fiscalía General de la República, ya que parcializó la investigación para favorecer claramente a los políticos. Todo esto ocurrió con la venia del exfiscal Meléndez y la actual administración de Raúl Melara.
Hoy sabemos que el exfiscal Douglas Meléndez tuvo pleno conocimiento de las reuniones de los políticos con pandilleros para verse favorecido en distintos eventos electorales, tal como se reveló en el caso “Operación Cusctlán”, por medio del testimonio del criteriado “Noe”, videos y audios que desde el inicio de dichas investigaciones que estaban en poder de la Fiscalía General de la República ordenó judicializar la investigación, con claras omisiones, incumplimiento de deberes, fraude procesal, falsedades por parte del mismo Meléndez, Guadalupe Quintanilla, Exjefe Unidad Antipandillas, Will Walter Ruiz, exjefe Unidad de Crimen Organizado, entre otros.
¿Qué tienen en común estos dos trancendentales fallos que han puesto a prueba el Sistema de Justicia salvadoreño?
Primero, ambos son casos manipulados al antojo y voluntad de Douglas Meléndez y su equipo de colaboradores más cercanos para favorecer a unos y arremeter, dañar y destruir, utilizando la institución encargada de velar por la seguridad jurídica y aplicaciónd e la Ley de todo un país, de esta forma cometiendo una serie de delitos.
Segundo, a pesar de que han sido señaladas tantas arbitrariedades, manipulación de investigaciones dentro la Fiscalía General de la República encabezada por Douglas Meléndez, aún existiendo denuncias formales en contra del mismo y su equipo, Raúl Melara, actual, Fiscal de la República, sigue indiferente ante todos los hechos señalados renueste a abrir una investigación y sentar en el banquillo de los acusados a Douglas Meléndez y su equipo. No hacerlo podría traer implicaciones graves, sería cometer de nuevo las mismas arbitrariedades y omisiones que sus antecesores.
CICIES
“Ya se firmó un acuerdo de colaboración técnica, no se saben los alcances con la CICIES, la OEA y Fiscalía General de la República.
Ahora bien, la pregunta es: ¿la CICIES va a retomar estos casos?, porque tal como lo dijo el abogado defensor del caso, qué aun sabiendo del caso de los exfiscales que han sido sometidos a torturas por parte del mismo Fiscal Raúl Melara y que éste los ha procesado sabiendo que habían sido víctimas del anterior fiscal (Douglas Meléndez) por protegerse a sí mismos, y conociendo todos estos atropellos los ha sometido a un vejamen mayor.
Esto ya es un tema de CICIES porque la fiscalía no está actuando.
La CICIES estaría procesando a Raúl Melera por no actuar, cayendo en los delitos de omisión de la investigación, por incumplimiento de sus deberes como Fiscal General, al no procesar a los políticos señalados (Douglas Meléndez y sus más cercanos colaboradores), por los casos que él montó fraudulentamente, todo por buscar la reelección al frente de la Fiscalía, dañando la imagen de los funcionarios de la misma institución que nunca intervinieron en actos de ninguna naturaleza.
Inclusive, al señor Enrique Rais, nunca se le encontró de haber dado dádivas a nadie de ninguna naturaleza.
Información brindada por Diario Latrino.
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Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
