Judicial
Gánsteres, políticos y una Fiscalía sumida en corrupción y proteccionismo, de espaldas al pueblo
«El hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice» Sigmund Freud.
Con el anterior adagio, hacemos referencia a las promesas del Fiscal General de la República, Raúl Melara, quien recién tomó posesión de su cargo y aseguró que pondría fin a las arbitrariedades de la institución a la que «honorablemente» representa (FGR) y que pondría fin a las injusticias e ilegalidades cometidas por su antecesor, el nefasto exfiscal Douglas Meléndez , y un grupo de “manzanas podridas” a las que ofreció expulsar de la Fiscalía, de eso, hace ya un año, y todavía no vemos que eso ocurra.
Prueba de lo anterior, son los dos fallos judiciales en las últimas semanas, cada caso con sus particularidades, que han producido alarma y, por qué no decirlo, gran trascendencia para el sistema judicial de nuestro país.
El primero es el caso de los empleados de la Fiscalía General de la República (FGR) bautizado por Douglas Meléndez como “Caso Corruptela”, una vulgar patraña construida por éste, en compañía de auxiliares que han sido denunciados desde hace más de tres años por “fabricar pruebas” y “montar” procesos, sin que hasta la fecha se les haga pagar por sus delitos dada la autoprotección que existe en la FGR.
Dicho caso se ventiló en el Juzgado Séptimo de Paz, después que los testigos criteriados renunciaron a esa calidad y de haber denunciado al ex fiscal Douglas Meléndez, junto al exdirector Anticorrupción, Jorge Orlando Cortez Díaz, y los fiscales auxiliares que llevaban el caso, Neftatlí Roberto Ábrego Rosales, Mario Antonio Huezo Cortez, Harold Iván Córdoba Solís, David Alfonso Ramírez Guevara, Héctor Nahúm Martínez García, Sergio Manrique Paredes Blanco, Noris Iván Quintanilla Navidad, Santos Inocente Segura Mendoza y Carolina Beatriz Torres Hernández por haber obligado a firmar declaraciones falsas para armar el caso en mención, contra el empresario Enrique Rais y más de una veintena de personas en el mismo caso.
La jueza 7º. de Paz impartió justicia al decretar un sobreseimieno definitivo a favor de los empleados de la Fiscalía General de la República (FGR), que han sido víctimas de persecución desde los tiempos de Douglas Meléndez y que continuó el actual fiscal Raúl Melara, tratatando de incriminarlos con pruebas fabricadas y sometiéndolos con métodos tortuosos.
El segundo fallo se dio el día viernes 13 de diciembre del presente año. El juez Especializado de Sentencia A de San Salvador, Godofredo Salazar, señaló, como parte de su lectura del fallo contra los 426 pandilleros, acusados de homicidios, extorsiones, lavado de dinero y tráfico de drogas, que políticos y exfuncionarios cometieron delitos vinculados con el caso conocido como “Operación Cuscatlán”, pero que no fueron acusados por la Fiscalía.
El juez le dijo a la FGR que debe incluir en las investigaciones al exministro de Defensa, David Munguía Payés; al exdirector de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto; al alcalde de San Salvador, a Ernesto Muyshondt; a Arístides Valencia, exministro de Gobernación, a Ernesto Angulo, exdiputado de ARENA, y a Norman Quijano, expresidente de la Asamblea Legislativa; entre otros.
«En este país entonces tenemos dos tipos de gánster: los gánsteres pandilleros y los gánsteres políticos», expresó el juez Salazar. A estas declaraciones, podemos añadir que existe un “Concentidor”, que en este caso es la Fiscalía General de la República, ya que parcializó la investigación para favorecer claramente a los políticos. Todo esto ocurrió con la venia del exfiscal Meléndez y la actual administración de Raúl Melara.
Hoy sabemos que el exfiscal Douglas Meléndez tuvo pleno conocimiento de las reuniones de los políticos con pandilleros para verse favorecido en distintos eventos electorales, tal como se reveló en el caso “Operación Cusctlán”, por medio del testimonio del criteriado “Noe”, videos y audios que desde el inicio de dichas investigaciones que estaban en poder de la Fiscalía General de la República ordenó judicializar la investigación, con claras omisiones, incumplimiento de deberes, fraude procesal, falsedades por parte del mismo Meléndez, Guadalupe Quintanilla, Exjefe Unidad Antipandillas, Will Walter Ruiz, exjefe Unidad de Crimen Organizado, entre otros.
¿Qué tienen en común estos dos trancendentales fallos que han puesto a prueba el Sistema de Justicia salvadoreño?
Primero, ambos son casos manipulados al antojo y voluntad de Douglas Meléndez y su equipo de colaboradores más cercanos para favorecer a unos y arremeter, dañar y destruir, utilizando la institución encargada de velar por la seguridad jurídica y aplicaciónd e la Ley de todo un país, de esta forma cometiendo una serie de delitos.
Segundo, a pesar de que han sido señaladas tantas arbitrariedades, manipulación de investigaciones dentro la Fiscalía General de la República encabezada por Douglas Meléndez, aún existiendo denuncias formales en contra del mismo y su equipo, Raúl Melara, actual, Fiscal de la República, sigue indiferente ante todos los hechos señalados renueste a abrir una investigación y sentar en el banquillo de los acusados a Douglas Meléndez y su equipo. No hacerlo podría traer implicaciones graves, sería cometer de nuevo las mismas arbitrariedades y omisiones que sus antecesores.
CICIES
“Ya se firmó un acuerdo de colaboración técnica, no se saben los alcances con la CICIES, la OEA y Fiscalía General de la República.
Ahora bien, la pregunta es: ¿la CICIES va a retomar estos casos?, porque tal como lo dijo el abogado defensor del caso, qué aun sabiendo del caso de los exfiscales que han sido sometidos a torturas por parte del mismo Fiscal Raúl Melara y que éste los ha procesado sabiendo que habían sido víctimas del anterior fiscal (Douglas Meléndez) por protegerse a sí mismos, y conociendo todos estos atropellos los ha sometido a un vejamen mayor.
Esto ya es un tema de CICIES porque la fiscalía no está actuando.
La CICIES estaría procesando a Raúl Melera por no actuar, cayendo en los delitos de omisión de la investigación, por incumplimiento de sus deberes como Fiscal General, al no procesar a los políticos señalados (Douglas Meléndez y sus más cercanos colaboradores), por los casos que él montó fraudulentamente, todo por buscar la reelección al frente de la Fiscalía, dañando la imagen de los funcionarios de la misma institución que nunca intervinieron en actos de ninguna naturaleza.
Inclusive, al señor Enrique Rais, nunca se le encontró de haber dado dádivas a nadie de ninguna naturaleza.
Información brindada por Diario Latrino.
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Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
