Judicial
Gánsteres, políticos y una Fiscalía sumida en corrupción y proteccionismo, de espaldas al pueblo
«El hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice» Sigmund Freud.
Con el anterior adagio, hacemos referencia a las promesas del Fiscal General de la República, Raúl Melara, quien recién tomó posesión de su cargo y aseguró que pondría fin a las arbitrariedades de la institución a la que «honorablemente» representa (FGR) y que pondría fin a las injusticias e ilegalidades cometidas por su antecesor, el nefasto exfiscal Douglas Meléndez , y un grupo de “manzanas podridas” a las que ofreció expulsar de la Fiscalía, de eso, hace ya un año, y todavía no vemos que eso ocurra.
Prueba de lo anterior, son los dos fallos judiciales en las últimas semanas, cada caso con sus particularidades, que han producido alarma y, por qué no decirlo, gran trascendencia para el sistema judicial de nuestro país.
El primero es el caso de los empleados de la Fiscalía General de la República (FGR) bautizado por Douglas Meléndez como “Caso Corruptela”, una vulgar patraña construida por éste, en compañía de auxiliares que han sido denunciados desde hace más de tres años por “fabricar pruebas” y “montar” procesos, sin que hasta la fecha se les haga pagar por sus delitos dada la autoprotección que existe en la FGR.
Dicho caso se ventiló en el Juzgado Séptimo de Paz, después que los testigos criteriados renunciaron a esa calidad y de haber denunciado al ex fiscal Douglas Meléndez, junto al exdirector Anticorrupción, Jorge Orlando Cortez Díaz, y los fiscales auxiliares que llevaban el caso, Neftatlí Roberto Ábrego Rosales, Mario Antonio Huezo Cortez, Harold Iván Córdoba Solís, David Alfonso Ramírez Guevara, Héctor Nahúm Martínez García, Sergio Manrique Paredes Blanco, Noris Iván Quintanilla Navidad, Santos Inocente Segura Mendoza y Carolina Beatriz Torres Hernández por haber obligado a firmar declaraciones falsas para armar el caso en mención, contra el empresario Enrique Rais y más de una veintena de personas en el mismo caso.
La jueza 7º. de Paz impartió justicia al decretar un sobreseimieno definitivo a favor de los empleados de la Fiscalía General de la República (FGR), que han sido víctimas de persecución desde los tiempos de Douglas Meléndez y que continuó el actual fiscal Raúl Melara, tratatando de incriminarlos con pruebas fabricadas y sometiéndolos con métodos tortuosos.
El segundo fallo se dio el día viernes 13 de diciembre del presente año. El juez Especializado de Sentencia A de San Salvador, Godofredo Salazar, señaló, como parte de su lectura del fallo contra los 426 pandilleros, acusados de homicidios, extorsiones, lavado de dinero y tráfico de drogas, que políticos y exfuncionarios cometieron delitos vinculados con el caso conocido como “Operación Cuscatlán”, pero que no fueron acusados por la Fiscalía.
El juez le dijo a la FGR que debe incluir en las investigaciones al exministro de Defensa, David Munguía Payés; al exdirector de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto; al alcalde de San Salvador, a Ernesto Muyshondt; a Arístides Valencia, exministro de Gobernación, a Ernesto Angulo, exdiputado de ARENA, y a Norman Quijano, expresidente de la Asamblea Legislativa; entre otros.
«En este país entonces tenemos dos tipos de gánster: los gánsteres pandilleros y los gánsteres políticos», expresó el juez Salazar. A estas declaraciones, podemos añadir que existe un “Concentidor”, que en este caso es la Fiscalía General de la República, ya que parcializó la investigación para favorecer claramente a los políticos. Todo esto ocurrió con la venia del exfiscal Meléndez y la actual administración de Raúl Melara.
Hoy sabemos que el exfiscal Douglas Meléndez tuvo pleno conocimiento de las reuniones de los políticos con pandilleros para verse favorecido en distintos eventos electorales, tal como se reveló en el caso “Operación Cusctlán”, por medio del testimonio del criteriado “Noe”, videos y audios que desde el inicio de dichas investigaciones que estaban en poder de la Fiscalía General de la República ordenó judicializar la investigación, con claras omisiones, incumplimiento de deberes, fraude procesal, falsedades por parte del mismo Meléndez, Guadalupe Quintanilla, Exjefe Unidad Antipandillas, Will Walter Ruiz, exjefe Unidad de Crimen Organizado, entre otros.
¿Qué tienen en común estos dos trancendentales fallos que han puesto a prueba el Sistema de Justicia salvadoreño?
Primero, ambos son casos manipulados al antojo y voluntad de Douglas Meléndez y su equipo de colaboradores más cercanos para favorecer a unos y arremeter, dañar y destruir, utilizando la institución encargada de velar por la seguridad jurídica y aplicaciónd e la Ley de todo un país, de esta forma cometiendo una serie de delitos.
Segundo, a pesar de que han sido señaladas tantas arbitrariedades, manipulación de investigaciones dentro la Fiscalía General de la República encabezada por Douglas Meléndez, aún existiendo denuncias formales en contra del mismo y su equipo, Raúl Melara, actual, Fiscal de la República, sigue indiferente ante todos los hechos señalados renueste a abrir una investigación y sentar en el banquillo de los acusados a Douglas Meléndez y su equipo. No hacerlo podría traer implicaciones graves, sería cometer de nuevo las mismas arbitrariedades y omisiones que sus antecesores.
CICIES
“Ya se firmó un acuerdo de colaboración técnica, no se saben los alcances con la CICIES, la OEA y Fiscalía General de la República.
Ahora bien, la pregunta es: ¿la CICIES va a retomar estos casos?, porque tal como lo dijo el abogado defensor del caso, qué aun sabiendo del caso de los exfiscales que han sido sometidos a torturas por parte del mismo Fiscal Raúl Melara y que éste los ha procesado sabiendo que habían sido víctimas del anterior fiscal (Douglas Meléndez) por protegerse a sí mismos, y conociendo todos estos atropellos los ha sometido a un vejamen mayor.
Esto ya es un tema de CICIES porque la fiscalía no está actuando.
La CICIES estaría procesando a Raúl Melera por no actuar, cayendo en los delitos de omisión de la investigación, por incumplimiento de sus deberes como Fiscal General, al no procesar a los políticos señalados (Douglas Meléndez y sus más cercanos colaboradores), por los casos que él montó fraudulentamente, todo por buscar la reelección al frente de la Fiscalía, dañando la imagen de los funcionarios de la misma institución que nunca intervinieron en actos de ninguna naturaleza.
Inclusive, al señor Enrique Rais, nunca se le encontró de haber dado dádivas a nadie de ninguna naturaleza.
Información brindada por Diario Latrino.
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El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
