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Fiscalía duplicó casos contra corruptos en 2021, asegura fiscal general
Los casos de personas procesadas, sobre todo exfuncionarios de gobiernos anteriores, por delitos relativos a la corrupción se duplicaron este año en comparación a los registrados en el período de mayo a diciembre de 2020, según informó el fiscal general, Rodolfo Delgado.
«Este año logramos casi duplicar la cantidad de personas que fueron procesadas por delitos de corrupción, en el año 2020 en el período de mayo a diciembre solamente se procesaron a 34 personas, para este período [de 2021] se lograron procesar 67 personas», aseguró el fiscal, ayer, durante la entrevista de Frente a Frente.
Delgado explicó que, de acuerdo a las estadísticas de la institución, los casos iniciados en las sedes fiscales se incrementaron en cerca del 100%. «Se tienen variaciones muy importantes, en los casos de corrupción es de un 97.1%», detalló.
Además, aseguró que para investigación de los casos en los que hay indicios de corrupción no han tenido que recurrir a la figura del testigo criteriado, pues confían en la información que peritos fiscales logran obtener.
«Hemos trabajado con la labor que han hecho los analistas financieros, principalmente, de la Unidad Anticorrupción y de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero y Activos», manifestó Delgado.
Hace unos días el fiscal general se refirió a los procesos penales en contra de los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ambos llegaron a la presidencia de la república bajo la bandera del FMLN, ambos son prófugos y «nicaragüenses».
«Hay personas que se han decido no enfrentar la justicia en los tribunales y se dedicaron a huir y por sus decisiones están expulsados del país porque no van a poder retornar en vista que no quieren enfrentar los cargos en los tribunales», dijo el fiscal sobre la condición de los prófugos.
Sin embargo, agregó que con las reformas hechas al Código Procesal Penal [artículo 32 y 34] «esos casos no prescriben» y que los prófugos tienen dos opciones «vienen al país y enfrentan los cargos presentados en los juzgados o simplemente deciden como el expresidente Funes vivir en otro país».
Funes hasta el momento ha acumulado siete órdenes de captura por peculado, lavado de dinero, evasión de impuestos, revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero.
Uno de los principales señalamientos en su contra, y que también vincula a varios de sus exfuncionarios, tiene que ver con la sustracción de $351 millones de Casa Presidencial entre el 2009 y 2014.
Mientras que, en el caso de Sánchez Cerén, los señalamientos son porque habría recibido más de $800,000 de fuentes no justificadas durante se desempeñó como vicepresidente de la república en el gobierno de Funes.
En septiembre pasado, el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador conoció el caso por corrupción en el que son procesados 21 exfuncionarios en gobiernos de FMLN, diez de los cuales estuvieron presentes.
Entre los detenidos estaba el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, de quien se informó que junto a otros funcionarios de turno de Centros Penales crearon una red para desviar $14 millones de las tiendas penitenciarias para favorecerse.
Hace una semana, el exviceministro de Agricultura y Ganadería en gobierno del FMLN, Hugo Alexander Flores Hidalgo, confesó ante el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador que lavó más de $170,000; él forma parte de los exfuncionarios señalados de lavar $2.6 millones para beneficiarse con bonos y sobresueldos.
Vinculadas en casos de corrupción está la exministra de Salud, Violeta Menjívar y la exviceministra de Tecnología, Erlinda Handal Vega, ambas presas en Cárcel de Mujeres por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito; mientras que en el penal de Mariona está recluido el exministro de Hacienda, Carlos Enrique Cáceres Chávez.
LA CORRUPCIÓN DE EXFUNCIONARIOS DE ARENA Y FMLN
A los casos antes señalados también se suma el del exministro de Defensa, David Munguía Payés, quien está preso en el penal de Mariona tras acumular varios procesos judiciales: agrupaciones ilícitas, peculado y enriquecimiento ilícito.
En ese sentido, fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio presentaron una solicitud para que diez cuentas de ahorro, dos vehículos y dos inmuebles ubicados en San Salvador y La Libertad, por un monto $4.6 millones pasen a favor del Estado.
La ejecución de esta petición fiscal está en manos del Juzgado Especializado de Extinción de Dominio; la acusación en contra de Munguía Payés, y su grupo familiar, va en el sentido que al no poder justificar el incremento de su patrimonio es porque fue obtenido mediante actos de corrupción y lavado de dinero entre noviembre de 2011 a mayo de 2019.
El pasado 14 de diciembre, expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), Nicola Angelucci Silva, fue condenado a 13 años y cuatro meses de cárcel por los delitos de negociaciones ilícitas y peculado. El Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador también ordenó que el exfuncionario en gobiernos de ARENA devuelva al Estado $6.1 millones.
La Fiscalía dio a conocer que Angelucci, además, debe comparecer en un juicio civil por enriquecimiento ilícito al no poder justificar $5.9 millones.
El director de cuerpo de Bomberos de El Salvador, Baltazar Solano, lamentó que durante el incendio de grandes proporciones registrado esta madrugada, dejó el saldo fatal de tres personas fallecidas.
Solano dio a conocer que las víctimas mortales son dos adultos y un menor de edad. Además, una mujer embarazada fue trasladada a un centro asistencial.
Desde las 4:00 a. m. los equipos de Bomberos se encuentran trabajando en este mega incendio que se registró sobre la 6.ª avenida Sur, en el centro de San Salvador.
Por el momento el incendio ya está controlado y se encuentran realizando la inspección para determinar la causa del siniestro que deja tres víctimas mortales.
La Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, anunció la incorporación de nuevas ambulancias y clínicas móviles especializadas en atención materno infantil, como parte de la cooperación entre El Salvador y la República de Corea.
Las unidades están equipadas para responder a emergencias en mujeres embarazadas, garantizar traslados seguros y brindar atención inmediata a recién nacidos. El enfoque principal es fortalecer la cobertura en zonas rurales o de difícil acceso, donde el traslado oportuno a un hospital puede representar un desafío.
Esta acción forma parte de los esfuerzos impulsados bajo la Ley Nacer con Cariño, que promueve una atención digna, humanizada y segura para las madres y sus bebés, desde el embarazo hasta el momento del nacimiento.
Tras la reciente donación de 32 desfibriladores externos automáticos (DEA) por parte del Gobierno de Estados Unidos, la Dirección General de Protección Civil inició hoy un intensivo programa de capacitación para más de 150 guardavidas distribuidos en las principales playas y balnearios del país.
La formación, que se extenderá durante las próximas dos semanas, incluye módulos teóricos y prácticos sobre el manejo correcto de los DEA, reconocimiento de emergencias cardiorrespiratorias, aplicación de reanimación cardiopulmonar (RCP) de alta calidad y coordinación con el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Instructores certificados por la American Heart Association y personal especializado de Protección Civil dirigen las sesiones.
“Con estos equipos y la capacitación adecuada, estamos elevando drásticamente la capacidad de respuesta en nuestras costas. Un paro cardíaco atendido en los primeros minutos multiplica por cuatro o cinco las posibilidades de supervivencia”, explicó el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, durante la ceremonia de apertura realizada en la playa El Tunco.
La donación de $50,000, entregada la semana pasada, representa el primer equipamiento masivo de desfibriladores en las playas salvadoreñas, convirtiendo al país en uno de los más avanzados de la región en materia de prevención de muerte súbita en espacios recreativos acuáticos.
Los guardavidas participantes resaltaron el impacto positivo de la iniciativa: “Antes dependíamos solo de nuestras manos y conocimientos básicos de RCP; ahora contamos con una herramienta que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en segundos”, comentó uno de los capacitandos.
Una vez finalizada la formación, los 32 desfibriladores serán distribuidos en zonas de alta afluencia turística —como El Tunco, El Zonte, El Sunzal, Costa del Sol, El Cuco y Mizata—, con mantenimiento programado y simulacros periódicos para garantizar su operatividad permanente.
Esta acción forma parte de la estrategia nacional “Playas Seguras 2026”, que combina equipamiento moderno, capacitación continua y campañas de concientización para reducir ahogamientos y emergencias cardíacas en el litoral salvadoreño, beneficiando tanto a residentes como a los miles de turistas nacionales e internacionales que visitan el país cada año.
