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Fiscalía duplicó casos contra corruptos en 2021, asegura fiscal general
Los casos de personas procesadas, sobre todo exfuncionarios de gobiernos anteriores, por delitos relativos a la corrupción se duplicaron este año en comparación a los registrados en el período de mayo a diciembre de 2020, según informó el fiscal general, Rodolfo Delgado.
«Este año logramos casi duplicar la cantidad de personas que fueron procesadas por delitos de corrupción, en el año 2020 en el período de mayo a diciembre solamente se procesaron a 34 personas, para este período [de 2021] se lograron procesar 67 personas», aseguró el fiscal, ayer, durante la entrevista de Frente a Frente.
Delgado explicó que, de acuerdo a las estadísticas de la institución, los casos iniciados en las sedes fiscales se incrementaron en cerca del 100%. «Se tienen variaciones muy importantes, en los casos de corrupción es de un 97.1%», detalló.
Además, aseguró que para investigación de los casos en los que hay indicios de corrupción no han tenido que recurrir a la figura del testigo criteriado, pues confían en la información que peritos fiscales logran obtener.
«Hemos trabajado con la labor que han hecho los analistas financieros, principalmente, de la Unidad Anticorrupción y de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero y Activos», manifestó Delgado.
Hace unos días el fiscal general se refirió a los procesos penales en contra de los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ambos llegaron a la presidencia de la república bajo la bandera del FMLN, ambos son prófugos y «nicaragüenses».
«Hay personas que se han decido no enfrentar la justicia en los tribunales y se dedicaron a huir y por sus decisiones están expulsados del país porque no van a poder retornar en vista que no quieren enfrentar los cargos en los tribunales», dijo el fiscal sobre la condición de los prófugos.
Sin embargo, agregó que con las reformas hechas al Código Procesal Penal [artículo 32 y 34] «esos casos no prescriben» y que los prófugos tienen dos opciones «vienen al país y enfrentan los cargos presentados en los juzgados o simplemente deciden como el expresidente Funes vivir en otro país».
Funes hasta el momento ha acumulado siete órdenes de captura por peculado, lavado de dinero, evasión de impuestos, revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero.
Uno de los principales señalamientos en su contra, y que también vincula a varios de sus exfuncionarios, tiene que ver con la sustracción de $351 millones de Casa Presidencial entre el 2009 y 2014.
Mientras que, en el caso de Sánchez Cerén, los señalamientos son porque habría recibido más de $800,000 de fuentes no justificadas durante se desempeñó como vicepresidente de la república en el gobierno de Funes.
En septiembre pasado, el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador conoció el caso por corrupción en el que son procesados 21 exfuncionarios en gobiernos de FMLN, diez de los cuales estuvieron presentes.
Entre los detenidos estaba el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, de quien se informó que junto a otros funcionarios de turno de Centros Penales crearon una red para desviar $14 millones de las tiendas penitenciarias para favorecerse.
Hace una semana, el exviceministro de Agricultura y Ganadería en gobierno del FMLN, Hugo Alexander Flores Hidalgo, confesó ante el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador que lavó más de $170,000; él forma parte de los exfuncionarios señalados de lavar $2.6 millones para beneficiarse con bonos y sobresueldos.
Vinculadas en casos de corrupción está la exministra de Salud, Violeta Menjívar y la exviceministra de Tecnología, Erlinda Handal Vega, ambas presas en Cárcel de Mujeres por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito; mientras que en el penal de Mariona está recluido el exministro de Hacienda, Carlos Enrique Cáceres Chávez.
LA CORRUPCIÓN DE EXFUNCIONARIOS DE ARENA Y FMLN
A los casos antes señalados también se suma el del exministro de Defensa, David Munguía Payés, quien está preso en el penal de Mariona tras acumular varios procesos judiciales: agrupaciones ilícitas, peculado y enriquecimiento ilícito.
En ese sentido, fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio presentaron una solicitud para que diez cuentas de ahorro, dos vehículos y dos inmuebles ubicados en San Salvador y La Libertad, por un monto $4.6 millones pasen a favor del Estado.
La ejecución de esta petición fiscal está en manos del Juzgado Especializado de Extinción de Dominio; la acusación en contra de Munguía Payés, y su grupo familiar, va en el sentido que al no poder justificar el incremento de su patrimonio es porque fue obtenido mediante actos de corrupción y lavado de dinero entre noviembre de 2011 a mayo de 2019.
El pasado 14 de diciembre, expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), Nicola Angelucci Silva, fue condenado a 13 años y cuatro meses de cárcel por los delitos de negociaciones ilícitas y peculado. El Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador también ordenó que el exfuncionario en gobiernos de ARENA devuelva al Estado $6.1 millones.
La Fiscalía dio a conocer que Angelucci, además, debe comparecer en un juicio civil por enriquecimiento ilícito al no poder justificar $5.9 millones.
La Fiscalía General de la República (FGR) condenó a 15 años de prisión a tres pandilleros del Barrio 18, quienes se encuentran acusados de extorsionar a un comerciante en Apopa.
De acuerdo con información fiscal, estos sujetos llegaron al negocio de la víctima para exigirle el pago de la denominada renta, la cual tenía que pagar mensualmente y le amenazaron con atentar contra su vida o la de su familia, si no cumplía con los pagos. A través de las amenazas, la víctima los denunció y las autoridades lograron capturarlos.
Los condenados fueron identificados como Dennis Nehemías Carrillo Mejía, Manuel Antonio Acosta Mercado, y César Enrique Rivera Rivas, quienes son también procesados por otros delitos cuyas condenas se sumarán a la obtenida por este hecho.
El Salvador asumió el liderazgo del Plan Trifinio para encabezar los esfuerzos de protección de los recursos naturales, como reservas forestales y cuencas hidrográficas, que comparte con Guatemala y Honduras en las zonas fronterizas de los tres países.
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El nuevo secretario ejecutivo trinacional, Jorge Urbina, dirigirá el programa desde 2026 hasta 2030, priorizando iniciativas ambientalmente sostenibles en una región de aproximadamente 7,500 km².
El Plan Trifinio, vigente desde hace unos 35 años, se basa en un tratado que declaró la zona fronteriza de los tres países como una unidad ecológicamente indivisible, debido a su valor medioambiental estratégico.
Esta área constituye uno de los sistemas hídricos más relevantes de Centroamérica y alberga once reservas naturales donde convergen la producción agrícola y la conservación de la biodiversidad.
Prioridad hídrica y desafíos productivos
Jorge Urbina subrayó además que “nuestro eslogan es aguas sin fronteras”, reflejando la lógica de colaboración que inspira el Plan Trifinio en materia de recursos hídricos.
Urbina explicó durante una entrevista en Diálogo 21 que el principal reto institucional consiste en equilibrar el desarrollo económico regional con la protección ambiental.
El trabajo de asistencia técnica que impulsa el Plan Trifinio abarca todas las cadenas productivas, principalmente el cultivo de café, hortalizas, aguacate y melocotón, en una región donde las tierras altas presentan condiciones óptimas para la agricultura.
La participación de las familias rurales en la caficultura es significativa, según los datos presentados, el 26 % de las familias rurales dependen directamente de esta producción, la cual abarca cerca de 52,000 hectáreas y alcanza más de 1.2 millones de quintales de café anualmente entre los tres países.
Mantener el equilibrio entre el desarrollo económico derivado de estas actividades y la preservación ambiental es considerado clave por el nuevo liderazgo trinacional.
El 26 % de las familias rurales de la región depende directamente de la producción de café, que ocupa 52,000 hectáreas y supera 1.2 millones de quintales anuales. Foto cortesía Medio Ambiente.
El fortalecimiento de la gestión sostenible cuenta con el respaldo de la Cooperación Italiana, que ha impulsado un programa tecnológico en el municipio salvadoreño de Metapán.
Este programa no solo brinda asistencia técnica agrícola, sino que promueve la investigación y dispone de laboratorios de análisis foliar y de suelo, para determinar si existen contaminantes, falta de nutrientes u otros factores que afecten las cosechas.
El apoyo internacional se refuerza con la participación del Banco de Alemania KFW, que junto con los tres gobiernos destina una inversión de más de $22 millones hasta 2027 exclusivamente a la protección medioambiental.
Se han planificado proyectos para mejorar la seguridad hídrica, destacando la entrega de 180,000 filtros de agua en la región durante el primer trimestre del año; de estos, 60,000 permanecerán en El Salvador. Además, se desarrollan sistemas de captación de agua para abastecer a más de 100 familias locales del departamento de Santa Ana, subrayando la importancia de garantizar el acceso sostenible al recurso.
La cuenca alta del río Lempa, que nace en las montañas altas de Chiquimula, Guatemala, representa un área prioritaria para la distribución de agua en El Salvador.
Urbina enfatizó que más del 40 % del agua potable de la zona metropolitana de San Salvador se abastece de este río, el cual recorre aproximadamente 390 kilómetros en territorio salvadoreño y soporta cuatro represas hidroeléctricas así como dos distritos de riego.
La producción de 13 mil manzanas de frijol en 2025 representa uno de los principales logros del programa Aumento a la Producción, una estrategia implementada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para enfrentar el déficit alimentario en El Salvador. Según datos presentados por Mateo Rendón, representante de la Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena, el plan permitió que gremiales y productores independientes colaboraran en la siembra anticipada y tecnificada, con el objetivo de estabilizar los precios y reducir la dependencia de las importaciones.
En entrevista con Radio YSUCA, el representante de la Mesa Agropecuaria explicó que la sequía proyectada para mediados de 2025 no se materializó, lo que facilitó condiciones favorables para el cultivo. Indicó que la experiencia de años anteriores, marcados por tormentas y pérdidas de hasta el 50% en granos básicos, llevó a una coordinación temprana entre la cartera de Estado y las organizaciones del sector. En noviembre de 2024, el MAG convocó a las gremiales para diseñar un programa que respondiera a la escasez de alimentos, especialmente de frijol y maíz.
El programa Aumento a la Producción se orientó a ofrecer insumos y semillas de calidad en los momentos clave del ciclo agrícola. “La siembra de frijoles de invierno fue un éxito porque seleccionamos las zonas y los productores, y las 500 manzanas iniciales lograron sortear la sequía”, dijo Rendón durante la entrevista. Sobre la fase de verano, el programa asignó siete mil manzanas a la Mesa Agropecuaria, distribuidas en 13 departamentos, y se impulsó la producción en otras seis mil manzanas adicionales por parte de varias gremiales.
“No solo nosotros sembramos, también otras gremiales, al final fuimos como cinco y se sembraron 13 mil manzanas (de frijol) el año pasado. A los productores se nos dotó de semilla…No fue un paquete agrícola, se verificó a las personas sobre cuánto sembró, dónde sembró y eso fue el éxito”, detalló Rendón.
Las cifras divulgadas por los representantes del sector indican que la cosecha de frijol aportó cerca de 300 mil quintales al mercado nacional, parte fundamental para atender el déficit registrado en años anteriores. Según el MAG, en 2024 El Salvador importó frijol por un valor de $50 millones, principalmente desde Nicaragua. Con la cosecha de 2025, el país tuvo una menor presión sobre las importaciones y una mayor estabilidad en los precios internos. “En estos momentos, el frijol puede encontrarse en los agromercados entre 70 centavos y un dólar la libra, dependiendo de la zona”, afirmó Rendón.
El plan de siembra incluyó la dotación de insumos verificados, como la fórmula triple quince, foliar, insecticidas y fungicidas, además de asistencia técnica y seguimiento a la comercialización. El modelo buscó superar las limitaciones del tradicional paquete agrícola, enfocándose en la productividad y la trazabilidad de los beneficiarios. “No era suficiente entregar insumos, sino asegurar que realmente llegaran a quienes cultivan”, sostuvo Rendón.
Para este año, el Ministerio de Agricultura y Ganadería proyecta incrementar el alcance del programa con la siembra de 20 mil manzanas de frijol, lo que permitiría acercarse al consumo anual estimado de 2.4 millones de quintales en el país. El consumo per cápita de frijol entre los salvadoreños adultos ronda las cuarenta libras al año. Las autoridades y los productores esperan que, si las condiciones climáticas se mantienen favorables y la distribución de insumos continúa siendo eficiente, El Salvador logre avanzar hacia una mayor autosuficiencia en la producción de granos básicos.
El programa también fomenta la mecanización y la adopción de nuevas tecnologías en el campo, incluyendo el uso de maquinaria agrícola, drones para riego y equipos de limpieza modernos. Este proceso responde a la dificultad creciente para encontrar mano de obra, un problema asociado a la migración y al envejecimiento de la población rural.
En palabras de Rendón, “el éxito de estas iniciativas depende de una mayor inversión, coordinación y formación técnica en el sector, así como de políticas públicas que prioricen la seguridad alimentaria”.
