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Fiscalía duplicó casos contra corruptos en 2021, asegura fiscal general
Los casos de personas procesadas, sobre todo exfuncionarios de gobiernos anteriores, por delitos relativos a la corrupción se duplicaron este año en comparación a los registrados en el período de mayo a diciembre de 2020, según informó el fiscal general, Rodolfo Delgado.
«Este año logramos casi duplicar la cantidad de personas que fueron procesadas por delitos de corrupción, en el año 2020 en el período de mayo a diciembre solamente se procesaron a 34 personas, para este período [de 2021] se lograron procesar 67 personas», aseguró el fiscal, ayer, durante la entrevista de Frente a Frente.
Delgado explicó que, de acuerdo a las estadísticas de la institución, los casos iniciados en las sedes fiscales se incrementaron en cerca del 100%. «Se tienen variaciones muy importantes, en los casos de corrupción es de un 97.1%», detalló.
Además, aseguró que para investigación de los casos en los que hay indicios de corrupción no han tenido que recurrir a la figura del testigo criteriado, pues confían en la información que peritos fiscales logran obtener.
«Hemos trabajado con la labor que han hecho los analistas financieros, principalmente, de la Unidad Anticorrupción y de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero y Activos», manifestó Delgado.
Hace unos días el fiscal general se refirió a los procesos penales en contra de los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ambos llegaron a la presidencia de la república bajo la bandera del FMLN, ambos son prófugos y «nicaragüenses».
«Hay personas que se han decido no enfrentar la justicia en los tribunales y se dedicaron a huir y por sus decisiones están expulsados del país porque no van a poder retornar en vista que no quieren enfrentar los cargos en los tribunales», dijo el fiscal sobre la condición de los prófugos.
Sin embargo, agregó que con las reformas hechas al Código Procesal Penal [artículo 32 y 34] «esos casos no prescriben» y que los prófugos tienen dos opciones «vienen al país y enfrentan los cargos presentados en los juzgados o simplemente deciden como el expresidente Funes vivir en otro país».
Funes hasta el momento ha acumulado siete órdenes de captura por peculado, lavado de dinero, evasión de impuestos, revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero.
Uno de los principales señalamientos en su contra, y que también vincula a varios de sus exfuncionarios, tiene que ver con la sustracción de $351 millones de Casa Presidencial entre el 2009 y 2014.
Mientras que, en el caso de Sánchez Cerén, los señalamientos son porque habría recibido más de $800,000 de fuentes no justificadas durante se desempeñó como vicepresidente de la república en el gobierno de Funes.
En septiembre pasado, el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador conoció el caso por corrupción en el que son procesados 21 exfuncionarios en gobiernos de FMLN, diez de los cuales estuvieron presentes.
Entre los detenidos estaba el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, de quien se informó que junto a otros funcionarios de turno de Centros Penales crearon una red para desviar $14 millones de las tiendas penitenciarias para favorecerse.
Hace una semana, el exviceministro de Agricultura y Ganadería en gobierno del FMLN, Hugo Alexander Flores Hidalgo, confesó ante el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador que lavó más de $170,000; él forma parte de los exfuncionarios señalados de lavar $2.6 millones para beneficiarse con bonos y sobresueldos.
Vinculadas en casos de corrupción está la exministra de Salud, Violeta Menjívar y la exviceministra de Tecnología, Erlinda Handal Vega, ambas presas en Cárcel de Mujeres por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito; mientras que en el penal de Mariona está recluido el exministro de Hacienda, Carlos Enrique Cáceres Chávez.
LA CORRUPCIÓN DE EXFUNCIONARIOS DE ARENA Y FMLN
A los casos antes señalados también se suma el del exministro de Defensa, David Munguía Payés, quien está preso en el penal de Mariona tras acumular varios procesos judiciales: agrupaciones ilícitas, peculado y enriquecimiento ilícito.
En ese sentido, fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio presentaron una solicitud para que diez cuentas de ahorro, dos vehículos y dos inmuebles ubicados en San Salvador y La Libertad, por un monto $4.6 millones pasen a favor del Estado.
La ejecución de esta petición fiscal está en manos del Juzgado Especializado de Extinción de Dominio; la acusación en contra de Munguía Payés, y su grupo familiar, va en el sentido que al no poder justificar el incremento de su patrimonio es porque fue obtenido mediante actos de corrupción y lavado de dinero entre noviembre de 2011 a mayo de 2019.
El pasado 14 de diciembre, expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), Nicola Angelucci Silva, fue condenado a 13 años y cuatro meses de cárcel por los delitos de negociaciones ilícitas y peculado. El Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador también ordenó que el exfuncionario en gobiernos de ARENA devuelva al Estado $6.1 millones.
La Fiscalía dio a conocer que Angelucci, además, debe comparecer en un juicio civil por enriquecimiento ilícito al no poder justificar $5.9 millones.
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; y el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, brindaron detalles sobre la incautación de droga más grande registrada en la historia de El Salvador.
De acuerdo con la información oficial, fueron decomisadas 6.6 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 165 millones de dólares, distribuidas en 330 bultos. La operación fue ejecutada a 380 millas náuticas al suroeste de las costas nacionales, como parte de acciones de vigilancia y control en aguas internacionales.
El ministro Villatoro destacó que, más allá del valor económico, la cantidad incautada representa aproximadamente 19.8 millones de dosis que, según explicó, estaban destinadas a ser distribuidas en distintas ciudades.
Las autoridades resaltaron el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad y defensa, subrayando que este tipo de resultados reflejan la capacidad operativa del país en el combate al narcotráfico.
En el procedimiento fueron detenidas las siguientes personas de distintas nacionalidades:
José Martín Cerda Cea, 60 años (Nicaragua)
Roberto Adolfo Díaz, 64 años (Nicaragua)
Francisco Javier García Duval, 63 años (Nicaragua)
José Ramiro Valencia Fox, 59 años (Ecuador)
Luis Enrique Rodelo Osorio, 59 años (Colombia)
Antonio José Angulo Narváez, 59 años (Colombia)
Mario Alonso Pérez Hernández, 58 años (Colombia)
Miguel Antonio Galeano Ariza, 71 años (Colombia)
Yareth Samir Carr Garcés, 29 años (Panamá)
Vicente Ramos, 60 años (Panamá)
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo la vista pública en contra de José René Ventura Alvarado, acusado del delito de estafa agravada.
De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el imputado se reunió con la víctima, presentándose como propietario de una sociedad importante de talleres y negoció la adquisición de una cantidad masiva de llantas.
José Ventura propuso recibir la mercadería y efectuar el pago en un tiempo estipulado. La víctima, confiando en la supuesta reputación de la sociedad, cumplió lo acordado y entregó cuatro pedidos en diversas sucursales de los talleres, cuyo valor total ascendió a $375,360.04.
Transcurrido el tiempo pactado, el imputado no realizó el pago. Tras varios intentos fallidos por recuperar el dinero y ante múltiples excusas por parte del procesado, la víctima interpuso la denuncia correspondiente.
Durante el desfile probatorio, el tribunal determinó que el imputado solicitó la entrega de las llantas haciéndose pasar por un empresario confiable y afirmando poseer dos sociedades; sin embargo, dichas sociedades ni siquiera estaban constituidas legalmente.
Asimismo, se estableció que no tenía intención de cumplir con el pago de la mercadería. Por estos hechos, el tribunal le impuso una pena de cinco años de prisión, que podrían aumentar si Ventura Alvarado no cumple con el pago de $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil.
El Ministerio de Obras Públicas informó sobre la transformación de 8 kilómetros de la calle que conecta desde El Ceibillo hacia San José El Naranjo, en el departamento de Ahuachapán. La obra busca mejorar la conectividad y garantizar un tránsito más seguro para las comunidades de la zona.
Con la pavimentación de esta vía, niños, jóvenes y adultos podrán movilizarse en condiciones óptimas, facilitando el acceso a centros educativos, comercios y servicios básicos. La intervención forma parte de los proyectos de infraestructura impulsados para fortalecer el desarrollo local.
Más de 28,000 habitantes son beneficiados directamente con la mejora de la calle que conduce a San José El Naranjo, en Jujutla, Ahuachapán Sur, impactando positivamente en la calidad de vida y dinamizando la economía del sector.
