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Fiscalía duplicó casos contra corruptos en 2021, asegura fiscal general
Los casos de personas procesadas, sobre todo exfuncionarios de gobiernos anteriores, por delitos relativos a la corrupción se duplicaron este año en comparación a los registrados en el período de mayo a diciembre de 2020, según informó el fiscal general, Rodolfo Delgado.
«Este año logramos casi duplicar la cantidad de personas que fueron procesadas por delitos de corrupción, en el año 2020 en el período de mayo a diciembre solamente se procesaron a 34 personas, para este período [de 2021] se lograron procesar 67 personas», aseguró el fiscal, ayer, durante la entrevista de Frente a Frente.
Delgado explicó que, de acuerdo a las estadísticas de la institución, los casos iniciados en las sedes fiscales se incrementaron en cerca del 100%. «Se tienen variaciones muy importantes, en los casos de corrupción es de un 97.1%», detalló.
Además, aseguró que para investigación de los casos en los que hay indicios de corrupción no han tenido que recurrir a la figura del testigo criteriado, pues confían en la información que peritos fiscales logran obtener.
«Hemos trabajado con la labor que han hecho los analistas financieros, principalmente, de la Unidad Anticorrupción y de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero y Activos», manifestó Delgado.
Hace unos días el fiscal general se refirió a los procesos penales en contra de los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ambos llegaron a la presidencia de la república bajo la bandera del FMLN, ambos son prófugos y «nicaragüenses».
«Hay personas que se han decido no enfrentar la justicia en los tribunales y se dedicaron a huir y por sus decisiones están expulsados del país porque no van a poder retornar en vista que no quieren enfrentar los cargos en los tribunales», dijo el fiscal sobre la condición de los prófugos.
Sin embargo, agregó que con las reformas hechas al Código Procesal Penal [artículo 32 y 34] «esos casos no prescriben» y que los prófugos tienen dos opciones «vienen al país y enfrentan los cargos presentados en los juzgados o simplemente deciden como el expresidente Funes vivir en otro país».
Funes hasta el momento ha acumulado siete órdenes de captura por peculado, lavado de dinero, evasión de impuestos, revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero.
Uno de los principales señalamientos en su contra, y que también vincula a varios de sus exfuncionarios, tiene que ver con la sustracción de $351 millones de Casa Presidencial entre el 2009 y 2014.
Mientras que, en el caso de Sánchez Cerén, los señalamientos son porque habría recibido más de $800,000 de fuentes no justificadas durante se desempeñó como vicepresidente de la república en el gobierno de Funes.
En septiembre pasado, el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador conoció el caso por corrupción en el que son procesados 21 exfuncionarios en gobiernos de FMLN, diez de los cuales estuvieron presentes.
Entre los detenidos estaba el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, de quien se informó que junto a otros funcionarios de turno de Centros Penales crearon una red para desviar $14 millones de las tiendas penitenciarias para favorecerse.
Hace una semana, el exviceministro de Agricultura y Ganadería en gobierno del FMLN, Hugo Alexander Flores Hidalgo, confesó ante el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador que lavó más de $170,000; él forma parte de los exfuncionarios señalados de lavar $2.6 millones para beneficiarse con bonos y sobresueldos.
Vinculadas en casos de corrupción está la exministra de Salud, Violeta Menjívar y la exviceministra de Tecnología, Erlinda Handal Vega, ambas presas en Cárcel de Mujeres por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito; mientras que en el penal de Mariona está recluido el exministro de Hacienda, Carlos Enrique Cáceres Chávez.
LA CORRUPCIÓN DE EXFUNCIONARIOS DE ARENA Y FMLN
A los casos antes señalados también se suma el del exministro de Defensa, David Munguía Payés, quien está preso en el penal de Mariona tras acumular varios procesos judiciales: agrupaciones ilícitas, peculado y enriquecimiento ilícito.
En ese sentido, fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio presentaron una solicitud para que diez cuentas de ahorro, dos vehículos y dos inmuebles ubicados en San Salvador y La Libertad, por un monto $4.6 millones pasen a favor del Estado.
La ejecución de esta petición fiscal está en manos del Juzgado Especializado de Extinción de Dominio; la acusación en contra de Munguía Payés, y su grupo familiar, va en el sentido que al no poder justificar el incremento de su patrimonio es porque fue obtenido mediante actos de corrupción y lavado de dinero entre noviembre de 2011 a mayo de 2019.
El pasado 14 de diciembre, expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), Nicola Angelucci Silva, fue condenado a 13 años y cuatro meses de cárcel por los delitos de negociaciones ilícitas y peculado. El Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador también ordenó que el exfuncionario en gobiernos de ARENA devuelva al Estado $6.1 millones.
La Fiscalía dio a conocer que Angelucci, además, debe comparecer en un juicio civil por enriquecimiento ilícito al no poder justificar $5.9 millones.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
