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Fiscalía duplicó casos contra corruptos en 2021, asegura fiscal general
Los casos de personas procesadas, sobre todo exfuncionarios de gobiernos anteriores, por delitos relativos a la corrupción se duplicaron este año en comparación a los registrados en el período de mayo a diciembre de 2020, según informó el fiscal general, Rodolfo Delgado.
«Este año logramos casi duplicar la cantidad de personas que fueron procesadas por delitos de corrupción, en el año 2020 en el período de mayo a diciembre solamente se procesaron a 34 personas, para este período [de 2021] se lograron procesar 67 personas», aseguró el fiscal, ayer, durante la entrevista de Frente a Frente.
Delgado explicó que, de acuerdo a las estadísticas de la institución, los casos iniciados en las sedes fiscales se incrementaron en cerca del 100%. «Se tienen variaciones muy importantes, en los casos de corrupción es de un 97.1%», detalló.
Además, aseguró que para investigación de los casos en los que hay indicios de corrupción no han tenido que recurrir a la figura del testigo criteriado, pues confían en la información que peritos fiscales logran obtener.
«Hemos trabajado con la labor que han hecho los analistas financieros, principalmente, de la Unidad Anticorrupción y de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero y Activos», manifestó Delgado.
Hace unos días el fiscal general se refirió a los procesos penales en contra de los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ambos llegaron a la presidencia de la república bajo la bandera del FMLN, ambos son prófugos y «nicaragüenses».
«Hay personas que se han decido no enfrentar la justicia en los tribunales y se dedicaron a huir y por sus decisiones están expulsados del país porque no van a poder retornar en vista que no quieren enfrentar los cargos en los tribunales», dijo el fiscal sobre la condición de los prófugos.
Sin embargo, agregó que con las reformas hechas al Código Procesal Penal [artículo 32 y 34] «esos casos no prescriben» y que los prófugos tienen dos opciones «vienen al país y enfrentan los cargos presentados en los juzgados o simplemente deciden como el expresidente Funes vivir en otro país».
Funes hasta el momento ha acumulado siete órdenes de captura por peculado, lavado de dinero, evasión de impuestos, revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero.
Uno de los principales señalamientos en su contra, y que también vincula a varios de sus exfuncionarios, tiene que ver con la sustracción de $351 millones de Casa Presidencial entre el 2009 y 2014.
Mientras que, en el caso de Sánchez Cerén, los señalamientos son porque habría recibido más de $800,000 de fuentes no justificadas durante se desempeñó como vicepresidente de la república en el gobierno de Funes.
En septiembre pasado, el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador conoció el caso por corrupción en el que son procesados 21 exfuncionarios en gobiernos de FMLN, diez de los cuales estuvieron presentes.
Entre los detenidos estaba el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, de quien se informó que junto a otros funcionarios de turno de Centros Penales crearon una red para desviar $14 millones de las tiendas penitenciarias para favorecerse.
Hace una semana, el exviceministro de Agricultura y Ganadería en gobierno del FMLN, Hugo Alexander Flores Hidalgo, confesó ante el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador que lavó más de $170,000; él forma parte de los exfuncionarios señalados de lavar $2.6 millones para beneficiarse con bonos y sobresueldos.
Vinculadas en casos de corrupción está la exministra de Salud, Violeta Menjívar y la exviceministra de Tecnología, Erlinda Handal Vega, ambas presas en Cárcel de Mujeres por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito; mientras que en el penal de Mariona está recluido el exministro de Hacienda, Carlos Enrique Cáceres Chávez.
LA CORRUPCIÓN DE EXFUNCIONARIOS DE ARENA Y FMLN
A los casos antes señalados también se suma el del exministro de Defensa, David Munguía Payés, quien está preso en el penal de Mariona tras acumular varios procesos judiciales: agrupaciones ilícitas, peculado y enriquecimiento ilícito.
En ese sentido, fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio presentaron una solicitud para que diez cuentas de ahorro, dos vehículos y dos inmuebles ubicados en San Salvador y La Libertad, por un monto $4.6 millones pasen a favor del Estado.
La ejecución de esta petición fiscal está en manos del Juzgado Especializado de Extinción de Dominio; la acusación en contra de Munguía Payés, y su grupo familiar, va en el sentido que al no poder justificar el incremento de su patrimonio es porque fue obtenido mediante actos de corrupción y lavado de dinero entre noviembre de 2011 a mayo de 2019.
El pasado 14 de diciembre, expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), Nicola Angelucci Silva, fue condenado a 13 años y cuatro meses de cárcel por los delitos de negociaciones ilícitas y peculado. El Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador también ordenó que el exfuncionario en gobiernos de ARENA devuelva al Estado $6.1 millones.
La Fiscalía dio a conocer que Angelucci, además, debe comparecer en un juicio civil por enriquecimiento ilícito al no poder justificar $5.9 millones.
La recaudación de impuestos en El Salvador registró un crecimiento durante el primer mes de 2026, reflejando la continuidad en el fortalecimiento de las finanzas públicas. Según datos del Ministerio de Hacienda, los ingresos corrientes y contribuciones sumaron $767.5 millones en enero, lo que representa un incremento de $26.1 millones o un 3.5 % en comparación con el mismo mes de 2025.
Dentro de este resultado, los ingresos tributarios y contribuciones —que incluyen los principales impuestos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y elImpuesto sobre la Renta (ISR) — alcanzaron los $741.9 millones, con un aumento del 4.5 % interanual. Este desempeño evidencia una base fiscal sólida al inicio del año, en línea con las expectativas oficiales.
El IVA fue uno de los principales motores del crecimiento, con una recaudación de $376.3 millones en enero, lo que equivale a un incremento del 5.3 % respecto al mismo periodo del año anterior. De este monto, las declaraciones del impuesto aportaron $204.1 millones, mientras que el IVA por importaciones sumó $172.2 millones, reflejando un comportamiento dinámico tanto del consumo interno como del comercio exterior.
Por su parte, el ISR alcanzó los $290 millones, con un crecimiento del 2.2 %. Dentro de este rubro, las retenciones representaron $193.6 millones, mientras que el pago a cuenta sumó $90.2 millones y las declaraciones $6.2 millones, manteniendo su relevancia como uno de los pilares de la recaudación.
Otros ingresos tributarios también mostraron variaciones positivas. Los derechos arancelarios a la importación totalizaron $32.3 millones, con un aumento del 11 %, mientras que los impuestos selectivos al consumo alcanzaron $24.5 millones, con un crecimiento del 6.7 %. En este último caso, se observaron incrementos en categorías como cigarrillos y bebidas no carbonatadas.
Asimismo, los ingresos por otros impuestos y gravámenes diversos sumaron $11 millones, con un incremento del 14.6 %, destacando el aporte de la transferencia de bienes raíces y otros cargos asociados.
En el caso de las contribuciones especiales, estas alcanzaron $7.7 millones, con un crecimiento moderado del 12.8 %, impulsadas principalmente por los fondos destinados al transporte público.
Mientras que los ingresos no tributarios registraron una leve disminución, al ubicarse en $25.6 millones. No obstante, algunos componentes como las contribuciones al seguro social mostraron incrementos relevantes.
Este desempeño en la recaudación se enmarca en la estrategia fiscal del Gobierno, que ha apostado por la modernización de los procesos tributarios. Entre las principales medidas destacan la implementación de la facturación electrónica, el Plan Antievasión y Anticontrabando, y la ampliación de la base tributaria.
En este contexto, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, ha subrayado que los principales ingresos del Estado seguirán proviniendo del IVA y del impuesto sobre la renta. Para 2026, se estima recaudar $4,060.4 millones en concepto de IVA y $3,500 millones por ISR, sin necesidad de aumentar impuestos ni crear nuevas cargas tributarias.
«Estos dos grandes tributos son los que alimentan, en su mayor proporción, el presupuesto de ingreso de la Nación para el 2026», afirmó el funcionario, quien también destacó que el presupuesto no contempla nuevos impuestos ni gravámenes a las remesas.
El Gobierno también proyecta ingresos tributarios por $8,349 millones para este año, en el marco de un presupuesto sin brecha fiscal por segundo año consecutivo. Según Hacienda, el crecimiento en la recaudación responde a una mayor eficiencia administrativa y al dinamismo económico esperado.
Con este inicio de año, El Salvador consolida una tendencia positiva en sus ingresos fiscales, lo que fortalece su capacidad para financiar programas sociales, inversión pública y proyectos estratégicos orientados al desarrollo económico del país.
Ubicado en el distrito de Ilopango, en San Salvador Este, el Parque Recreativo Apulo se encuentra en un proceso de remodelación con el busca mejorar la experiencia de los visitantes a través de la oferta de una infraestructura de primer nivel.
Sin adelantar una fecha, la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, indicó que las puertas de este parque recreativo estarán listas para atender a todos los turistas que quieran visitarlo durante la Semana Santa 2026, prevista entre el 29 de marzo y 5 de abril.
«Vamos a estar listos en Semana Santa», indicó la funcionaria, al tiempo que aclaró que la inauguración prevista para este 2 de marzo se reprogramó para finalizar detalles necesarios para ofrecer un espacio de primer nivel.
Apuntó que entre las diferencias que ofrecerá el parque está la habilitación del área de restaurantes con espacios cómodos donde las arrendatarias históricas del lugar continuarán ofreciendo ricos platillos.
Además, con miras a obtener el sello de Family Friendly, el lugar contará con un espacio de lactancia, y enfermería.
«Nuestro compromiso es entregar un espacio en óptimas condiciones, seguro y listo para que todas las familias disfruten como se lo merecen», afirmó Aguiñada.
También anunció que con las nuevas condiciones de seguridad y mejoras en la iluminación se ampliará los horarios de atención, los cuales serán desde las 8 a.m. hasta las 8 p.m.
«En esta ocasión, los equipos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) están trabajando en esta renovación total del Parque Recreativo Apulo, y sin duda será un espacio digno», añadió.
Subrayó que, además de las mejoras de la infraestructura, las condiciones de seguridad con las que cuenta El Salvador fortalecen el atractivo de Apulo, antes ensombrecido por la violencia circundante que no permitía que los visitantes disfrutaran de su belleza.
«Nuestro parque Apulo siempre se vio afectado por el tema de pandillas, no era un lugar seguro para tener una sana recreación para las familias salvadoreñas, pero está es una realidad ha cambiado», refirió.
La presidenta también hizo hincapié en que el Gobierno continúa con sus esfuerzos de reforzar la infraestructura turística de El Salvador.
«El Gobierno del presidente Nayib Bukele continúa con la renovación e inversión en todos los parques nacionales administrados por el ISTU», dijo.
Muestra de ello son las recientes mejoras y espacios recreativos como la Puerta del Diablo, la Costa del Sol, la Terminal Turística de San Sebastián, entre otras.
La comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió el lunes 2 de marzo un dictamen favorable al expediente 578-2-2026-1 que contiene la iniciativa del Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, para que se reforme la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas.
Dicha iniciativa plantea la necesidad de adoptar medidas encaminadas al fortalecimiento de un intercambio comercial basado en el respeto de los principios y derechos en el ámbito del mercado laboral internacional en materia de trabajo forzoso, obligatorio y trabajo infantil.
En ese sentido, la comisión acordó emitir el dictamen favorable 191, el cual indica que es «oportuno» efectuar los cambios solicitados, y que fueron justificados por personal del Ministerio de Hacienda.
«En atención a lo antes expuesto esta comisión, luego del análisis correspondiente, estima que la iniciativa es procedente para que puedan cumplirse los fines previstos, por lo que se emite dictamen favorable, para lo cual, se adjunta al correspondiente proyecto de decreto», establece el dictamen emitido ayer por la comisión.
Luis Manuel Córdova, jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Aduanas, explicó que la modificación conlleva la incorporación a la normativa aduanera del artículo 27-A.
«La propuesta tiene por objeto establecer que para las importaciones de mercancías que se realizan en el país se va a requerir la presentación de una declaración jurada conforme al formato que establezca la Dirección de Aduanas en el que se consigne que los bienes que se están importando no han sido fabricados, total o parcialmente, bajo mecanismos de trabajo forzoso o que exijan trabajo infantil», dijo Córdova.
Agregó que la declaración será consignada en declaraciones de importación y que, en caso de duda de la información, el artículo faculta para exigir documentación adicional y verificar que las mercancías no hayan sido fabricadas o sometidas a cualquier tipo de operación que vulnere derechos o que no sea consecuente con la erradicación de trabajo forzoso e infantil.
