Judicial
Fiscales al banquillo de los acusados por caso Rais. ¨Todos estamos Sometidos a la ley¨, abogado acusador
Audiencia inicial contra fiscales a quienes FGR solicita sobreseimiento definitivo
Will Walter Ruiz Ponce, actual jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República (FGR), y otros 10 fiscales auxiliares y técnicos del Ministerio Público enfrentarán la audiencia inicial en el Juzgado 5° de Paz el martes 8 de enero acusados de “graves delitos cometidos contra el empresario Enrique Rais”, anticiparon los abogados de quien tiene la calidad de víctima en este proceso.
Rafael Hernán Cortez Saravia, miembro del equipo de abogados del empresario advirtió que “al conocer Douglas Meléndez que no sería reelecto, unos días antes de su partida, intentó blindar a su primo hermano, solicitando sobreseimiento definitivo para Wil Walter Ruiz Ponce y a 11 fiscales más acusados por fabricar y alterar pruebas en contra de Enrique Rais”.
El abogado del empresario añadió que “la fiscal Mayra Raquel Guerra reconoció ante el Juez 8° de Instrucción, Mario Mira Montes, que las pruebas fueron presentadas por un error de la Ingeniero Maricela Granados Ponce, tratando de justificar lo injustificable, esta petición al Juez 5° de Paz fue solicitada, sin haber realizado ni corroborado las evidencias presentadas que sustentan la prueba”.
Rafael Hernán Cortez Saravia acentuó que con los demás miembros del equipo que integra “esperamos sentar un precedente. Los fiscales no están por encima de la ley y muy por el contrario deben aplicarla con imparcialidad y justicia dice el abogado querellante”.
Somos acusadores particulares, consideramos que debe seguir siendo investigada, por transparencia para combatir la impunidad, lo que procede es que es que el caso regrese a la representación fiscal y que se continúe investigando, todos estamos sometidos a la ley¨, manifestó el Lic. Juan Andrés Santamaría, abogado de Enrique Rais.
¨Yo vivo al amparo del todopoderoso, no me arrepiento, si este caso me volviera a llegar, lo vuelvo a revisar¨, expresó el fiscal walter Ruíz uno de los acusados y primo hermano de exfiscal gral Douglas Meléndez.
El Juzgado 5° de Paz de San Salvador instaló hoy a las 9:30 a.m. la audiencia inicial contra 11 imputados, entre ellos fiscales, acusados de diversos delitos entre estos el presentar documentación y evidencia presuntamente falsa en contra de los señores José Aquiles Enrique Rais López, Hugo Ernesto Blanco Rais y Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala.
Fiscalía General de la república (FGR) está solicitando al juzgado el sobreseimiento definitivo a favor de los 11 imputados, porque según el ministerio público no es posible establecer la existencia de los delitos, ni la autoría o participación de los hechos, según consta en el requerimiento presentado el pasado jueves 20 de diciembre.
Esta mañana de martes, se instaló la audiencia inicial contra fiscales y miembros de la Fiscalía General de la República (FGR) quienes intentaron perjudicar al empresario Enrique Rais, Hugo Blanco Rais y Wilfredo Gutiérrez.
A pesar de la oposición por parte de los fiscales, el juez admitió la querella finalmente pero aún inconformes han presentado revocatoria queriendo evitar que los abogados de Rais presenten las pruebas.
Según el reporte, todos acusados de fabricar y alterar pruebas, divulgación de material reservado, actos arbitrarios y atentar al derecho de defensa contra Enrique Rais.
Autoridades del Ministerio Público (MP) solicitan el sobreseimiento al Juzgado 5° de Paz de San Salvador, acusados de presentar documentación y evidencia presuntamente falsa.
Quienes ahora se sientan en el banquillo de los acusados son Froilán Francisco Coto Cabrera, Mayra Raquel Guerra de Quintanilla, Xenia Lizeth Linares Rodríguez, Julio César Larrama Barahona, Sigfrido Alcides Campos Crespo, Maricela Granados Ponce. La última es ingeniero en sistemas de la FGR.
Además se encuentra entre los imputados el fiscal Will Walter Ruiz Ponce, primo hermano del ex titular de la Fiscalía, Douglas Meléndez.
Los imputados son:
1. Julio Cesar Larrama Barahona
Privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública.
Atentados relativos al derecho de defensa.
Divulgación de material reservado.
Uso de información proveniente de intervención ilícita.
Actos arbitrarios.
2. Xenia Lizeth Linares Rodríguez
Privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública.
Atentados relativos al derecho de defensa.
Divulgación de material reservado.
Falsedad documental agravada relacionada a la falsedad ideológica.
Fraude procesal.
Actos arbitrarios.
Uso de información proveniente de intervención ilícita.
3. Francisco Javier Anaya Cruz
Privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública.
Atentados relativos al derecho de defensa.
Falsedad material.
Falsedad ideológica.
4. Mario German Gómez De León
Privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública.
Atentados relativos al derecho de defensa
5. Luis Montes Pacheco
Allanamiento de lugar de trabajo o establecimiento abierto al público.
Uso de información proveniente de intervención ilícita.
Actos arbitrarios.
6. Mayra Raquel Guerra de Quintanilla
Divulgación de material reservado.
Uso de información proveniente de intervención ilícita.
Actos arbitrarios.
7. Froilán Francisco Coto Cabrera
Divulgación de material reservado.
8. Sigfredo Alcides Campos Crespo
Desobediencia.
Falsedad documental agravada relacionada a la falsedad ideológica.
Fraude procesal.
Intervención ilícita.
Uso de información proveniente de intervención ilícita.
Actos arbitrarios.
Falsedad ideológica.
Falsedad documental agravada.
9. Wil Walter Ruiz Ponce
Divulgación de material reservado.
Uso de información proveniente de intervención ilícita.
Actos arbitrarios.
10. Ena Maricela Granados Ponce
Divulgación de material reservado.
Uso de información proveniente de intervención ilícita.
11. Liliana Guadalupe Jovel Guzmán
Uso de información proveniente de intervención ilícita.
Actos arbitrarios.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Salvador Alvarado Navarrete a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de J. R. A. L.
El hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, a las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en una acera cercana al Hospital Nacional Rosales. En ese momento, Alvarado Navarrete, acompañado de otros sujetos, se acercó a la víctima. Al verlos que llevaban armas corto punzantes, la víctima intentó huir.
Según la declaración anticipada de un testigo presencial, los sujetos lo golpearon y lo tiraron al suelo, donde le ocasionaron una serie de lesiones con un corvo, un destornillador y un hacha. Se identificó a Salvador Alvarado como la persona que utilizó el corvo.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
