Judicial
Fiscales al banquillo de los acusados por caso Rais. ¨Todos estamos Sometidos a la ley¨, abogado acusador
Audiencia inicial contra fiscales a quienes FGR solicita sobreseimiento definitivo
Will Walter Ruiz Ponce, actual jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República (FGR), y otros 10 fiscales auxiliares y técnicos del Ministerio Público enfrentarán la audiencia inicial en el Juzgado 5° de Paz el martes 8 de enero acusados de “graves delitos cometidos contra el empresario Enrique Rais”, anticiparon los abogados de quien tiene la calidad de víctima en este proceso.
Rafael Hernán Cortez Saravia, miembro del equipo de abogados del empresario advirtió que “al conocer Douglas Meléndez que no sería reelecto, unos días antes de su partida, intentó blindar a su primo hermano, solicitando sobreseimiento definitivo para Wil Walter Ruiz Ponce y a 11 fiscales más acusados por fabricar y alterar pruebas en contra de Enrique Rais”.
El abogado del empresario añadió que “la fiscal Mayra Raquel Guerra reconoció ante el Juez 8° de Instrucción, Mario Mira Montes, que las pruebas fueron presentadas por un error de la Ingeniero Maricela Granados Ponce, tratando de justificar lo injustificable, esta petición al Juez 5° de Paz fue solicitada, sin haber realizado ni corroborado las evidencias presentadas que sustentan la prueba”.
Rafael Hernán Cortez Saravia acentuó que con los demás miembros del equipo que integra “esperamos sentar un precedente. Los fiscales no están por encima de la ley y muy por el contrario deben aplicarla con imparcialidad y justicia dice el abogado querellante”.
Somos acusadores particulares, consideramos que debe seguir siendo investigada, por transparencia para combatir la impunidad, lo que procede es que es que el caso regrese a la representación fiscal y que se continúe investigando, todos estamos sometidos a la ley¨, manifestó el Lic. Juan Andrés Santamaría, abogado de Enrique Rais.
¨Yo vivo al amparo del todopoderoso, no me arrepiento, si este caso me volviera a llegar, lo vuelvo a revisar¨, expresó el fiscal walter Ruíz uno de los acusados y primo hermano de exfiscal gral Douglas Meléndez.
El Juzgado 5° de Paz de San Salvador instaló hoy a las 9:30 a.m. la audiencia inicial contra 11 imputados, entre ellos fiscales, acusados de diversos delitos entre estos el presentar documentación y evidencia presuntamente falsa en contra de los señores José Aquiles Enrique Rais López, Hugo Ernesto Blanco Rais y Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala.
Fiscalía General de la república (FGR) está solicitando al juzgado el sobreseimiento definitivo a favor de los 11 imputados, porque según el ministerio público no es posible establecer la existencia de los delitos, ni la autoría o participación de los hechos, según consta en el requerimiento presentado el pasado jueves 20 de diciembre.
Esta mañana de martes, se instaló la audiencia inicial contra fiscales y miembros de la Fiscalía General de la República (FGR) quienes intentaron perjudicar al empresario Enrique Rais, Hugo Blanco Rais y Wilfredo Gutiérrez.
A pesar de la oposición por parte de los fiscales, el juez admitió la querella finalmente pero aún inconformes han presentado revocatoria queriendo evitar que los abogados de Rais presenten las pruebas.
Según el reporte, todos acusados de fabricar y alterar pruebas, divulgación de material reservado, actos arbitrarios y atentar al derecho de defensa contra Enrique Rais.
Autoridades del Ministerio Público (MP) solicitan el sobreseimiento al Juzgado 5° de Paz de San Salvador, acusados de presentar documentación y evidencia presuntamente falsa.
Quienes ahora se sientan en el banquillo de los acusados son Froilán Francisco Coto Cabrera, Mayra Raquel Guerra de Quintanilla, Xenia Lizeth Linares Rodríguez, Julio César Larrama Barahona, Sigfrido Alcides Campos Crespo, Maricela Granados Ponce. La última es ingeniero en sistemas de la FGR.
Además se encuentra entre los imputados el fiscal Will Walter Ruiz Ponce, primo hermano del ex titular de la Fiscalía, Douglas Meléndez.
Los imputados son:
1. Julio Cesar Larrama Barahona
Privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública.
Atentados relativos al derecho de defensa.
Divulgación de material reservado.
Uso de información proveniente de intervención ilícita.
Actos arbitrarios.
2. Xenia Lizeth Linares Rodríguez
Privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública.
Atentados relativos al derecho de defensa.
Divulgación de material reservado.
Falsedad documental agravada relacionada a la falsedad ideológica.
Fraude procesal.
Actos arbitrarios.
Uso de información proveniente de intervención ilícita.
3. Francisco Javier Anaya Cruz
Privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública.
Atentados relativos al derecho de defensa.
Falsedad material.
Falsedad ideológica.
4. Mario German Gómez De León
Privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública.
Atentados relativos al derecho de defensa
5. Luis Montes Pacheco
Allanamiento de lugar de trabajo o establecimiento abierto al público.
Uso de información proveniente de intervención ilícita.
Actos arbitrarios.
6. Mayra Raquel Guerra de Quintanilla
Divulgación de material reservado.
Uso de información proveniente de intervención ilícita.
Actos arbitrarios.
7. Froilán Francisco Coto Cabrera
Divulgación de material reservado.
8. Sigfredo Alcides Campos Crespo
Desobediencia.
Falsedad documental agravada relacionada a la falsedad ideológica.
Fraude procesal.
Intervención ilícita.
Uso de información proveniente de intervención ilícita.
Actos arbitrarios.
Falsedad ideológica.
Falsedad documental agravada.
9. Wil Walter Ruiz Ponce
Divulgación de material reservado.
Uso de información proveniente de intervención ilícita.
Actos arbitrarios.
10. Ena Maricela Granados Ponce
Divulgación de material reservado.
Uso de información proveniente de intervención ilícita.
11. Liliana Guadalupe Jovel Guzmán
Uso de información proveniente de intervención ilícita.
Actos arbitrarios.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
