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Expresidente de CSJ, Óscar Pineda Navas, denunciado en FGR por Prevaricato y Actos Arbitrarios por engavetar las solicitudes de Habeas Corpus por más de 4 años, será interrogado en Asamblea
Alexia Rivas, la diputada presidenta de la Comisión Especial que investiga la entrega de fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales (ONG), adelantó que el próximo viernes 16 de julio someterán al escrutinio público al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exgerente de Operaciones Legislativas.
“Continuando con las investigaciones de la Comisión ONG’s, este próximo viernes hemos citado como personas de interés a: Ex Dip Lorena Peña, Ex Dip Carmen Elena de Escalón, Armando Pineda Navas Ex Gerente de Operaciones. Jorge Estrada Ex Jefe de Técnicos”, anunció la diputada Alexia Rivas en su perfil oficial de Twitter.
Tras las confesiones del hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, para los diputados miembros de la citada Comisión Especial es evidente que Óscar Armando Pineda Navas pudo frenar lo que él dejó entrever que son irregularidades, pero no lo hizo y se plegó a las órdenes de los presidentes y presidentas de la Asamblea Legislativa.
Por otro lado, Óscar Armado Pineda Navas ha sido denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones viciadas y no apegadas a derecho, haciendo lo que los denunciantes describieron como “justicia selectiva”.
Entre los delitos que se atribuyen al expresidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, están: la omisión de la aplicación de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que concluyó que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y a quien además se le vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
El GDTA de ONU resolvió durante su 89° período de sesiones, comprendido entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, que “la privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III”, reza la resolución.
Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema de Justicia no solo omitió dar cumplimiento a lo resuelto por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, conforme al derecho internacional, sino que tampoco emprendió ninguna investigación contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raul Melara, también destituido por la Asamblea Legislativa, quienes fabricaron pruebas y mantuvieron una persecución ilegal contra el empresario.
“El Grupo de Trabajo instó a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de señor José Aquiles Enrique Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, explicó uno de los abogados de Enrique Rais.
Adicionalmente, los abogados del señor Enrique Rais denunciaron que el hoy extitular del Órgano Judicial falló a su juramento al mantener “engavetados” por cuatro años los recursos de habeas corpus que ellos interpusieron haciendo uso del derecho que les confiere la Constitución, lo que calificaron de una clara “retardación de la justicia”.
El delito de actos arbitrarios en el que habría incurrido el exmagistrado Pineda Navas está tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que reza: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Mientras que el delito de incumplimiento de deberes se ampara en el artículo 321 del mismo código, en el que se detalla que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Pineda Navas, era el principal encargado de velar y garantizar una “pronta y cumplida justicia”; sin embargo, el exmagistrado asumió de manera individual funciones y potestades colegiadas que corresponden a Corte Plena y no al presidente del Órgano Judicial reclamaron los abogados del empresario.
La denuncia contra Armando Pineda Navas reitera que el exmagistrado habría vulnerado el “Principio de Vinculación Positiva”, en la que se reafirma que los “funcionarios de Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, subrayó en su momento uno de los abogados del señor Enrique Rais.
De manera que el próximo viernes, Óscar Armando Pineda Navas tendrá que responder a los miembros de la Comisión Especial por qué no hizo nada, cuando los dictámenes emitidos en la Comisión de Hacienda eran modificados por el titular de turno del Órgano Legislativo y se alteraban los montos de las asignaciones a las ONG y después dichos dictámenes eran aprobados en el pleno por los demás diputados que desconocían el contenidos lo que estaban aprobando.
El Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador inició el cuarto año consecutivo de Misión Océano, una estrategia permanente de protección, restauración y gestión responsable de los ecosistemas marinos, que articula acciones desde la cordillera hasta la costa.
Durante una actividad en el Área Natural Protegida Complejo Los Cóbanos, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, subrayó el valor ecológico, social y económico de este sitio, reconocido como el octavo humedal de importancia internacional Ramsar del país. «Estamos en uno de los tesoros naturales más valiosos de nuestro país, no solo por su belleza, sino por su enorme importancia ecológica, social y económica que Los Cóbanos tiene para El Salvador», afirmó.
El funcionario destacó que este ecosistema, de origen volcánico, alberga arrecifes coralinos y sistemas costero-marinos clave que funcionan como refugio, zona de reproducción y alimentación para especies emblemáticas como tortugas marinas, cetáceos y una amplia diversidad de peces. «Proteger Los Cóbanos es proteger la biodiversidad, el sustento de las comunidades, la economía local y el patrimonio natural», sostuvo.
López enfatizó que Misión Océano trasciende el discurso y se enfoca en la acción directa, enmarcada en la Política Nacional de Educación Ambiental. «No estamos aquí para hablar de educación ambiental, estamos aquí para ejercerla», dijo, al señalar que la premisa central es «pasar del papel a la acción».
En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, el ministro explicó que, por cuarto año consecutivo, esta conmemoración en El Salvador se traduce en intervenciones concretas. «Eso es lo que refleja Misión Océano», señaló, al definirla como una estrategia del Ministerio para proteger la biodiversidad marina y fortalecer las economías locales.
Entre los principales resultados, destacó el retiro de redes fantasma, limpiezas de playas con voluntarios, fortalecimiento de la vigilancia costera y acciones que han generado condiciones más seguras para especies como la ballena jorobada y las tortugas marinas. También mencionó la capacitación a emprendedores costeros para reducir plásticos de un solo uso y mejorar la separación de residuos, impulsando prácticas sostenibles.
Desde el Programa Nacional de Conservación de Cetáceos, el Ministerio capacitó a guías comunitarios, elaboró el primer Plan de Acción para la Atención de Varamientos y desarrolló una guía de buenas prácticas para el avistamiento responsable. «No son iniciativas aisladas: son reglas claras, conocimientos que se están aplicando y educación ambiental en acción», afirmó.
En cuanto a las tortugas marinas, López resaltó el fortalecimiento de viveros, el respaldo a viveristas y las liberaciones públicas con comunidades y turistas. Asimismo, informó que gracias a patrullajes conjuntos entre la Policía Nacional Civil, guardarrecursos, voluntarios comunitarios y la Marina Nacional, se ha logrado una articulación interinstitucional sostenida.
Uno de los hitos más relevantes fue el registro de nacimientos de tortuga baula, especie en peligro crítico de extinción, un hecho que no se reportaba en El Salvador desde hace más de una década. «Este resultado no es casualidad; es reflejo del trabajo técnico, la vigilancia constante y el compromiso sostenido», afirmó.
Solo en el Complejo Los Cóbanos, a través de tres corrales de incubación del Ministerio, se han incubado más de 450 nidos y protegido más de 38,000 huevos durante la temporada 2025–2026. Estas acciones se complementan con esfuerzos a lo largo de toda la costa, mediante permisos de conservación, recolección controlada de huevos, traslado a viveros y marcaje de hembras anidantes para generar información científica.
«Misión Océano no es un proyecto aislado. Es una visión de país», concluyó el ministro, al asegurar que el Gobierno de El Salvador continuará demostrando que «cuando actuamos con decisión, la conservación es posible».
Por orden del Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, La Paz Centro, el guatemalteco Eduardo Morales Fajardo y el salvadoreño Ubaldo Reyes Juárez quedaron en detención provisional por el delito de tráfico ilícito de droga. Ambos fueron intervenidos el pasado 14 de enero por la Sección Táctica Operativa de Reacción Marítima (STORM), con un cargamento de 375 kilos de cocaína, en la bocana del Río Jiboa, en La Paz.
Según la investigación judicial, el valor de la droga en el mercado es de aproximadamente $9,427,500. Como parte de las diligencias, el juzgado ordenó que la cocaína sea destruida el próximo viernes 30 de enero.
Mientras tanto el proceso penal pasará a conocimiento del Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, en el municipio de La Paz Oeste.
Los imputados fueron detenidos a mediados de enero, en una embarcación que provenía de Nicaragua e iba hacia Guatemala. Además de la droga, la Policía les decomisó dos celulares y un sistema de posicionamiento global (GPS). «Nuestra Muralla del Pacífico es cada vez más sólida y cada operación es un mensaje claro a las estructuras criminales: este país no será plataforma del crimen organizado», expresó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, tras la captura.
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La ASA firma acuerdo con Universidad Zamorano para fortalecer la gestión de los recursos hídricos
La Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) y la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano firmaron un memorándum de entendimiento que establece una alianza estratégica orientada a fortalecer la gestión integral de los recursos hídricos en El Salvador, a través de la formación académica, la investigación científica y la cooperación técnica.
Este acuerdo tiene como objetivo impulsar acciones entre ambas instituciones que contribuyan al desarrollo de capacidades técnicas en el sector hídrico, promoviendo el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas.
Entre las principales acciones incluye pasantías para estudiantes, programas de capacitación y formación continua, proyectos de investigación aplicada y actividades académicas vinculadas a la gestión sostenible del agua.
Asimismo, el convenio facilitará la participación de estudiantes, docentes y graduados de Zamorano en iniciativas impulsadas por la ASA, lo cual fortalece el vínculo entre la academia y la gestión pública del recurso hídrico.
«Con esta alianza, la ASA reafirma su compromiso de promover la innovación, el desarrollo de talento humano especializado y la generación de conocimiento técnico que contribuya a una gestión eficiente, sostenible y responsable del agua en beneficio del país», detalló.
