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Expresidente de CSJ, Óscar Pineda Navas, denunciado en FGR por Prevaricato y Actos Arbitrarios por engavetar las solicitudes de Habeas Corpus por más de 4 años, será interrogado en Asamblea
Alexia Rivas, la diputada presidenta de la Comisión Especial que investiga la entrega de fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales (ONG), adelantó que el próximo viernes 16 de julio someterán al escrutinio público al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exgerente de Operaciones Legislativas.
“Continuando con las investigaciones de la Comisión ONG’s, este próximo viernes hemos citado como personas de interés a: Ex Dip Lorena Peña, Ex Dip Carmen Elena de Escalón, Armando Pineda Navas Ex Gerente de Operaciones. Jorge Estrada Ex Jefe de Técnicos”, anunció la diputada Alexia Rivas en su perfil oficial de Twitter.
Tras las confesiones del hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, para los diputados miembros de la citada Comisión Especial es evidente que Óscar Armando Pineda Navas pudo frenar lo que él dejó entrever que son irregularidades, pero no lo hizo y se plegó a las órdenes de los presidentes y presidentas de la Asamblea Legislativa.
Por otro lado, Óscar Armado Pineda Navas ha sido denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones viciadas y no apegadas a derecho, haciendo lo que los denunciantes describieron como “justicia selectiva”.
Entre los delitos que se atribuyen al expresidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, están: la omisión de la aplicación de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que concluyó que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y a quien además se le vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
El GDTA de ONU resolvió durante su 89° período de sesiones, comprendido entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, que “la privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III”, reza la resolución.
Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema de Justicia no solo omitió dar cumplimiento a lo resuelto por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, conforme al derecho internacional, sino que tampoco emprendió ninguna investigación contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raul Melara, también destituido por la Asamblea Legislativa, quienes fabricaron pruebas y mantuvieron una persecución ilegal contra el empresario.
“El Grupo de Trabajo instó a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de señor José Aquiles Enrique Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, explicó uno de los abogados de Enrique Rais.
Adicionalmente, los abogados del señor Enrique Rais denunciaron que el hoy extitular del Órgano Judicial falló a su juramento al mantener “engavetados” por cuatro años los recursos de habeas corpus que ellos interpusieron haciendo uso del derecho que les confiere la Constitución, lo que calificaron de una clara “retardación de la justicia”.
El delito de actos arbitrarios en el que habría incurrido el exmagistrado Pineda Navas está tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que reza: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Mientras que el delito de incumplimiento de deberes se ampara en el artículo 321 del mismo código, en el que se detalla que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Pineda Navas, era el principal encargado de velar y garantizar una “pronta y cumplida justicia”; sin embargo, el exmagistrado asumió de manera individual funciones y potestades colegiadas que corresponden a Corte Plena y no al presidente del Órgano Judicial reclamaron los abogados del empresario.
La denuncia contra Armando Pineda Navas reitera que el exmagistrado habría vulnerado el “Principio de Vinculación Positiva”, en la que se reafirma que los “funcionarios de Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, subrayó en su momento uno de los abogados del señor Enrique Rais.
De manera que el próximo viernes, Óscar Armando Pineda Navas tendrá que responder a los miembros de la Comisión Especial por qué no hizo nada, cuando los dictámenes emitidos en la Comisión de Hacienda eran modificados por el titular de turno del Órgano Legislativo y se alteraban los montos de las asignaciones a las ONG y después dichos dictámenes eran aprobados en el pleno por los demás diputados que desconocían el contenidos lo que estaban aprobando.
Adultos mayores del distrito de San Bartolomé Perulapía, en Cuscatlán Norte, fueron beneficiados con una jornada de atención médica brindada por el personal de la unidad de salud del distrito en coordinación con la municipalidad.
El objetivo era llevar asistencia a un punto donde pueda llegar la mayoría de personas de la tercera edad en el área urbana. Muchos de ellos pudieron acceder a consulta y medicina gratuita, informó la alcaldía.
«Fue una jornada dedicada para su bienestar, cuidado y prevención», añadió.
La alcaldía indicó que en el marco del programa Integrando Abuelos, impulsado por la Dirección de Integración, junto con la alcaldía, recientemente acompañó a adultos mayores del cantón El Carmen y El Espino, de San Pedro Perulapán, a un recorrido por el Museo Nacional de Antropología (MUNA), en San Salvador.
Destacaron que se trató de un día de anécdotas, cultura y mucha alegría, experiencias que muchas veces no tienen la oportunidad de vivir en esta etapa de la vida debido a diferentes circunstancias que ahora pueden compartir.
El Fondo de Conservación Vial (Fovial) ejecutará este año un presupuesto de $220 millones que serán destinados principalmente al mantenimiento vial, la mejora de caminos rurales y la implementación de medidas que fortalezcan la seguridad vial en todo el territorio salvadoreño.
Según detalló recientemente el director ejecutivo de Fovial, Alexánder Beltrán, en la entrevista A:M de canal 10, los recursos fueron ratificados por el Ministerio de Hacienda y permitirán sostener programas estratégicos orientados a la rehabilitación de carreteras, nueva infraestructura vial y señalización.
«El Ministerio de Hacienda nos ha ratificado y nos ha asignado $220 millones para el presente año, los cuales vamos a distribuir en distintos programas; principalmente vamos a seguirle apostando al tema del mantenimiento vial», afirmó.
Una de las prioridades del plan anual será la intervención de calles de tierra y rutas rurales, especialmente en zonas alejadas de las grandes ciudades, donde todavía persisten tramos con dificultades de acceso.
Del total asignado, el Fovial destinará $30 millones para la mejora de vías rurales, con la finalidad de facilitar la conectividad y avanzar en su progresiva pavimentación.
«No solo es el tema de la conformación de las calles, también es importante ir haciendo mejoras progresivas, es decir, en estos mismos tramos de carretera ir colocando pequeños tramos de pavimento en las zonas de pendientes, zonas de curvas difíciles, así que estos $30 millones incluyen no solo el mantenimiento, sino el desarrollo de pequeñas obras», explicó Beltrán.
Otro eje clave del presupuesto será la seguridad vial con énfasis en restauración de señalización debido al desgaste causado por el tiempo, el tráfico y accidentes de tránsito.
«Nos vamos a concentrar muchísimo en reavivar esta señalización, esta pintura que en muchos tramos de carretera se ha perdido […], vamos a apostarle muy fuertemente a realizar esto a escala nacional», indicó.
El refuerzo pretende disminuir riesgos en la circulación, mejorar la visibilidad nocturna y reducir la probabilidad de accidentes.
El Fovial programó $60 millones para mantenimiento vial, lo que incluye trabajos de bacheo, colocación de carpetas asfálticas, mejoramiento de infraestructura y atención a emergencias en más de 7,000 kilómetros de carreteras.
Además tiene prevista la rehabilitación de la carretera Troncal del Norte, una de las rutas más transitadas para conectar la zona norte del país.
Beltrán confirmó una inversión superior a $16 millones para puentes y obras de paso, entre ellos, el puente de La Gallina y El Rebalse, ambos ubicados en San Miguel, así como el puente San Antonio Silva, localizado entre La Unión y el municipio migueleño.
Asimismo están incluidos otros del oriente del país, como Huizcoyol, Miraflores y El Sarzal, ubicados en la carretera Panamericana, en San Miguel.
En la zona paracentral, el Fovial prevé intervenir el puente Titihuapa, en San Vicente.
El funcionario aseguró que este año planean avanzar con importantes obras viales para mejorar la movilidad y la seguridad de la población en las distintas rutas del país.
El presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Paul Steiner, aseguró que las micro y pequeñas empresas continúan siendo la base de la economía salvadoreña, al representar el 99.6 % del total de negocios en el país.
“Desde la llegada del Presidente Nayib Bukele el objetivo es el crecimiento económico. El 99.6 % de todas las empresas del país son micro y pequeñas. En el último informe que recibí del ISSS, el 89.5 % de todos los patronos activos son microempresarios”, afirmó Steiner durante una entrevista televisiva.
El funcionario también resaltó avances en la formalización empresarial, señalando que la Política de Integración Económica para la Microempresa, firmada en 2023, ha permitido facilitar este proceso.
“Formalizarse no significa pagar impuestos, sino profesionalizarse, volverse más sólidos y producir rentabilidad”, explicó.
En ese sentido, destacó que las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) han simplificado la creación de empresas en el país.
“No necesitan pagar abogado y con $1 puede poner su empresa, en seis horas está listo el papeleo, lo más importante es que se elimina la tramitología”, indicó.
Steiner también subrayó el impacto de la seguridad en el crecimiento de los negocios, particularmente en sectores populares.
“Gracias a la seguridad que ha dado el Presidente Nayib Bukele crecieron más del 25 % las tiendas de barrio en todo el país. Hay 227 % más tiendas de barrio en Apopa que lo que había antes del Plan Control Territorial porque ya no extorsionan a los negocios”, puntualizó.
Además, anunció que el próximo 30 de marzo se lanzará el evento Verano 2026 en el Parque Recreativo Apulo, donde participarán microempresas en actividades comerciales y de exhibición.
