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Expresidente de CSJ, Óscar Pineda Navas, denunciado en FGR por Prevaricato y Actos Arbitrarios por engavetar las solicitudes de Habeas Corpus por más de 4 años, será interrogado en Asamblea
Alexia Rivas, la diputada presidenta de la Comisión Especial que investiga la entrega de fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales (ONG), adelantó que el próximo viernes 16 de julio someterán al escrutinio público al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exgerente de Operaciones Legislativas.
“Continuando con las investigaciones de la Comisión ONG’s, este próximo viernes hemos citado como personas de interés a: Ex Dip Lorena Peña, Ex Dip Carmen Elena de Escalón, Armando Pineda Navas Ex Gerente de Operaciones. Jorge Estrada Ex Jefe de Técnicos”, anunció la diputada Alexia Rivas en su perfil oficial de Twitter.
Tras las confesiones del hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, para los diputados miembros de la citada Comisión Especial es evidente que Óscar Armando Pineda Navas pudo frenar lo que él dejó entrever que son irregularidades, pero no lo hizo y se plegó a las órdenes de los presidentes y presidentas de la Asamblea Legislativa.
Por otro lado, Óscar Armado Pineda Navas ha sido denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones viciadas y no apegadas a derecho, haciendo lo que los denunciantes describieron como “justicia selectiva”.
Entre los delitos que se atribuyen al expresidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, están: la omisión de la aplicación de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que concluyó que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y a quien además se le vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
El GDTA de ONU resolvió durante su 89° período de sesiones, comprendido entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, que “la privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III”, reza la resolución.
Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema de Justicia no solo omitió dar cumplimiento a lo resuelto por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, conforme al derecho internacional, sino que tampoco emprendió ninguna investigación contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raul Melara, también destituido por la Asamblea Legislativa, quienes fabricaron pruebas y mantuvieron una persecución ilegal contra el empresario.
“El Grupo de Trabajo instó a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de señor José Aquiles Enrique Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, explicó uno de los abogados de Enrique Rais.
Adicionalmente, los abogados del señor Enrique Rais denunciaron que el hoy extitular del Órgano Judicial falló a su juramento al mantener “engavetados” por cuatro años los recursos de habeas corpus que ellos interpusieron haciendo uso del derecho que les confiere la Constitución, lo que calificaron de una clara “retardación de la justicia”.
El delito de actos arbitrarios en el que habría incurrido el exmagistrado Pineda Navas está tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que reza: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Mientras que el delito de incumplimiento de deberes se ampara en el artículo 321 del mismo código, en el que se detalla que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Pineda Navas, era el principal encargado de velar y garantizar una “pronta y cumplida justicia”; sin embargo, el exmagistrado asumió de manera individual funciones y potestades colegiadas que corresponden a Corte Plena y no al presidente del Órgano Judicial reclamaron los abogados del empresario.
La denuncia contra Armando Pineda Navas reitera que el exmagistrado habría vulnerado el “Principio de Vinculación Positiva”, en la que se reafirma que los “funcionarios de Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, subrayó en su momento uno de los abogados del señor Enrique Rais.
De manera que el próximo viernes, Óscar Armando Pineda Navas tendrá que responder a los miembros de la Comisión Especial por qué no hizo nada, cuando los dictámenes emitidos en la Comisión de Hacienda eran modificados por el titular de turno del Órgano Legislativo y se alteraban los montos de las asignaciones a las ONG y después dichos dictámenes eran aprobados en el pleno por los demás diputados que desconocían el contenidos lo que estaban aprobando.
La Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Marina Nacional realizó la mayor incautación de cocaína registrada en una sola operación por las autoridades salvadoreñas, al decomisar 6.68 toneladas de esta droga, valoradas en aproximadamente 167 millones de dólares, durante un operativo ejecutado el 18 de junio de 2026 en aguas internacionales del océano Pacífico.
El procedimiento fue resultado de las labores permanentes de vigilancia estratégica y control marítimo que desarrollan las unidades navales salvadoreñas.
En una primera intervención, la Marina Nacional interceptó una embarcación tipo Low Profile Vessel (LPV), utilizada frecuentemente por organizaciones criminales para el transporte ilícito de droga, a 582 millas náuticas (1,074 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.
En la embarcación fueron capturados tres narcotraficantes, dos de nacionalidad colombiana y uno ecuatoriano, quienes transportaban 3.425 toneladas de cocaína.
Seis horas después, como parte de la continuidad operativa y del despliegue permanente en la zona, las unidades navales localizaron una segunda embarcación con características similares, ubicada a 633 millas náuticas (1,172 kilómetros) al suroeste de la misma referencia geográfica.
En este segundo procedimiento fueron detenidos otros tres narcotraficantes, dos colombianos y un ecuatoriano, quienes transportaban 3.255 toneladas adicionales de cocaína.
Con ambas intervenciones fueron capturados seis narcotraficantes y decomisadas 6.68 toneladas de cocaína, constituyendo la mayor incautación realizada en una sola operación por las autoridades salvadoreñas.
El ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, afirmó que esta representa «la más grande en la historia de nuestro país» y atribuyó el resultado al trabajo coordinado entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y a las políticas impulsadas por el presidente Nayib Bukele en materia de seguridad y combate al narcotráfico. Además, señaló que durante la actual administración se han incautado 88.7 toneladas de diferentes tipos de droga, equivalentes a 2,106 millones de dólares.
Las autoridades destacaron que este resultado refleja el nivel de profesionalismo, preparación y capacidad operativa alcanzado por la Marina Nacional y la Fuerza Armada para enfrentar amenazas transnacionales y fortalecer la seguridad regional.
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, manifestó que El Salvador se ha convertido en «un país exportador de esperanza» y destacó el fortalecimiento de la infraestructura legal y penitenciaria para enfrentar a las organizaciones criminales.
Con esta incautación, El Salvador acumula durante 2026 un total de 13.286 toneladas de cocaína decomisadas, valoradas en más de 332 millones de dólares, según las autoridades.
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, expresó que cada tonelada de droga incautada representa millones de dosis que no llegarán a las calles y que cada embarcación interceptada debilita a las organizaciones criminales al afectar sus recursos económicos. Asimismo, aseguró que estos resultados son producto de la coordinación permanente del Gabinete de Seguridad Ampliado para impedir que estructuras criminales utilicen el territorio, el mar territorial o las aguas internacionales para actividades ilícitas.
Finalmente, el Gobierno sostuvo que continuará fortaleciendo las capacidades operativas de las instituciones de seguridad para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, con el objetivo de proteger a la población y resguardar la soberanía nacional.
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) conmemoró su 156 aniversario destacando su evolución durante más de un siglo y medio, período en el que ha orientado su labor a responder a las necesidades del país mediante el impulso del entretenimiento responsable y la ejecución de programas de beneficencia financiados con los recursos generados por sus productos.
La institución señaló que, a través del programa Juntos Hacemos Beneficencia, impulsado bajo la visión del Gobierno del presidente Nayib Bukele, ha fortalecido su labor social mediante brigadas médicas que recorren todo el territorio nacional, ofreciendo consultas generales, atención odontológica, ecografías mamarias, medicamentos y exámenes preventivos para contribuir al bienestar y la salud de la población.
Asimismo, destacó que su trayectoria incluye aportes al desarrollo del país mediante el respaldo a iniciativas en favor del deporte nacional, la primera infancia y diversas causas sociales.
La LNB también resaltó los logros alcanzados en los últimos años, entre ellos la presidencia de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE) por tercer período consecutivo y la obtención del Nivel 2 en Juego Responsable, otorgado por la World Lottery Association (WLA), reconocimiento que, según la institución, refleja su compromiso con las mejores prácticas internacionales.
Como parte de la conmemoración, previo al sorteo se realizaron entrevistas con representantes de instituciones aliadas y socios estratégicos que han acompañado la misión de la LNB. Entre los asistentes estuvieron Juan José Gómez, gerente administrativo de INDES; Rodrigo Colorado, presidente de la Federación Salvadoreña de Vela; Lisselot Troconis, directora ejecutiva de Gente Ayudando Gente; Marianna Montes, jefa de Asuntos Internacionales y Cooperación del Despacho de la Primera Dama; Jamin Ventura, presidente de la Federación Salvadoreña de Deportes Acuáticos; Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico de El Salvador; Eduardo Paiz, director de eventos de la Federación Salvadoreña de Voleibol; y Jairo Panamá, gerente de Mercadeo de ISTU.
Durante la actividad también se dieron a conocer los resultados del Sorteo LOTRA N.º 457, dedicado al 156 aniversario de la Lotería Nacional de Beneficencia. El primer premio, de $205,000, correspondió al billete N.º 35580, el cual fue vendido. El segundo premio, de $20,000, fue para el billete N.º 33966, no vendido; mientras que el tercer premio, de $10,000, correspondió al billete N.º 00729, también no vendido.
Un ciclista falleció la mañana de este martes tras ser embestido por un autobús del transporte colectivo en la carretera a Santa Ana, en la jurisdicción del distrito de Colón.
De acuerdo con la información proporcionada, el siniestro vial ocurrió sobre la carretera a Santa Ana. Tras el impacto, la bicicleta de la víctima quedó atrapada debajo de los neumáticos traseros de la unidad del transporte colectivo.
Al cierre de esta nota, las autoridades realizaban la inspección correspondiente para deducir responsabilidades por este lamentable siniestro vial.
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