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Expresidente de CSJ, Óscar Pineda Navas, denunciado en FGR por Prevaricato y Actos Arbitrarios por engavetar las solicitudes de Habeas Corpus por más de 4 años, será interrogado en Asamblea
Alexia Rivas, la diputada presidenta de la Comisión Especial que investiga la entrega de fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales (ONG), adelantó que el próximo viernes 16 de julio someterán al escrutinio público al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exgerente de Operaciones Legislativas.
“Continuando con las investigaciones de la Comisión ONG’s, este próximo viernes hemos citado como personas de interés a: Ex Dip Lorena Peña, Ex Dip Carmen Elena de Escalón, Armando Pineda Navas Ex Gerente de Operaciones. Jorge Estrada Ex Jefe de Técnicos”, anunció la diputada Alexia Rivas en su perfil oficial de Twitter.
Tras las confesiones del hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, para los diputados miembros de la citada Comisión Especial es evidente que Óscar Armando Pineda Navas pudo frenar lo que él dejó entrever que son irregularidades, pero no lo hizo y se plegó a las órdenes de los presidentes y presidentas de la Asamblea Legislativa.
Por otro lado, Óscar Armado Pineda Navas ha sido denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones viciadas y no apegadas a derecho, haciendo lo que los denunciantes describieron como “justicia selectiva”.
Entre los delitos que se atribuyen al expresidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, están: la omisión de la aplicación de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que concluyó que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y a quien además se le vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
El GDTA de ONU resolvió durante su 89° período de sesiones, comprendido entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, que “la privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III”, reza la resolución.
Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema de Justicia no solo omitió dar cumplimiento a lo resuelto por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, conforme al derecho internacional, sino que tampoco emprendió ninguna investigación contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raul Melara, también destituido por la Asamblea Legislativa, quienes fabricaron pruebas y mantuvieron una persecución ilegal contra el empresario.
“El Grupo de Trabajo instó a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de señor José Aquiles Enrique Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, explicó uno de los abogados de Enrique Rais.
Adicionalmente, los abogados del señor Enrique Rais denunciaron que el hoy extitular del Órgano Judicial falló a su juramento al mantener “engavetados” por cuatro años los recursos de habeas corpus que ellos interpusieron haciendo uso del derecho que les confiere la Constitución, lo que calificaron de una clara “retardación de la justicia”.
El delito de actos arbitrarios en el que habría incurrido el exmagistrado Pineda Navas está tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que reza: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Mientras que el delito de incumplimiento de deberes se ampara en el artículo 321 del mismo código, en el que se detalla que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Pineda Navas, era el principal encargado de velar y garantizar una “pronta y cumplida justicia”; sin embargo, el exmagistrado asumió de manera individual funciones y potestades colegiadas que corresponden a Corte Plena y no al presidente del Órgano Judicial reclamaron los abogados del empresario.
La denuncia contra Armando Pineda Navas reitera que el exmagistrado habría vulnerado el “Principio de Vinculación Positiva”, en la que se reafirma que los “funcionarios de Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, subrayó en su momento uno de los abogados del señor Enrique Rais.
De manera que el próximo viernes, Óscar Armando Pineda Navas tendrá que responder a los miembros de la Comisión Especial por qué no hizo nada, cuando los dictámenes emitidos en la Comisión de Hacienda eran modificados por el titular de turno del Órgano Legislativo y se alteraban los montos de las asignaciones a las ONG y después dichos dictámenes eran aprobados en el pleno por los demás diputados que desconocían el contenidos lo que estaban aprobando.
Un automóvil tipo sedán quedó empotrado en el separador de carriles de la carretera Troncal del Norte, luego de sufrir un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este jueves en el paso a desnivel ubicado en la entrada al distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
Una niña que viajaba en el vehículo resultó lesionada y fue atendida en el lugar por socorristas de Brigadistas Voluntarios. Debido a que sus lesiones eran leves, no fue necesario trasladarla a un centro médico.
La responsabilidad de este nuevo siniestro vial será determinada mediante la inspección correspondiente de la Policía Nacional Civil (PNC).
El cielo estará mayormente despejado durante la mañana de este martes, mientras que por la tarde se prevé poca nubosidad, con lluvias puntuales en la cordillera Apaneca-Ilamatepec y en sectores del norte de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango y Morazán.
Durante la noche, el cielo estará parcialmente nublado y podrían registrarse lluvias puntuales en la zona paracentral y central del país, principalmente en los departamentos de Cabañas, San Vicente, Cuscatlán, San Salvador, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), y La Libertad.
En caso de que las lluvias se intensifiquen, estas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento superiores a los 30 kilómetros por hora.
El viento variará entre los 10 y 20 kilómetros por hora. Asimismo, el ambiente será muy cálido durante el día y fresco durante la noche y la madrugada.
Estas condiciones estarán influenciadas por el flujo del este acelerado y una vaguada en Centroamérica. Sin embargo, ambos sistemas no cuentan con suficiente apoyo para favorecer una mayor formación de nubosidad, por lo que se prevén únicamente lluvias puntuales en diferentes sectores del territorio nacional.
Los salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) mantendrán sus protecciones migratorias mientras el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) no tome una decisión sobre el futuro del programa, según una declaración oficial difundida ayer.
“Se hará un anuncio sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador en el momento oportuno. Hasta que se haga dicho anuncio, los salvadoreños presentes en Estados Unidos bajo el TPS conservan su protección”, señala la declaración enviada por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.
El mismo mensaje fue incorporado a la página oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).
La protección migratoria para los salvadoreños estaba programada para expirar el 9 de septiembre de 2026. Sin embargo, mientras el DHS no anuncie una determinación, se mantiene vigente el mecanismo establecido en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Esta disposición establece que, si no se determina que un país ha dejado de cumplir las condiciones necesarias para mantener el TPS, la designación se extiende por un período adicional de seis meses. La ley también permite una extensión de 12 o 18 meses, a discreción del secretario.
Este mecanismo ya tiene precedentes. Uno de ellos ocurrió con el TPS del Líbano, cuya designación vencía el 27 de mayo, pero, al no existir una decisión final del DHS, se extendió automáticamente por seis meses.
El TPS para El Salvador se encuentra vigente desde 2001, cuando fue otorgado después de los dos terremotos que afectaron al país. Desde entonces, la designación ha sido extendida en múltiples ocasiones.
La Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) recordó que, al no pronunciarse el DHS, se activa automáticamente la extensión de seis meses contemplada en la INA, por lo que considera que continúan vigentes las medidas de protección migratoria y los permisos de trabajo.
“Exigimos que el Gobierno cumpla con la extensión automática de seis meses para que los neoyorquinos salvadoreños puedan vivir y trabajar sin miedo”, señaló la organización.
La última vigencia del TPS para El Salvador deriva de una extensión de 18 meses aprobada por el DHS en enero de 2025. Esta estableció el período comprendido entre el 10 de marzo de 2025 y el 9 de septiembre de 2026.
La designación había sido previamente objeto de una larga disputa judicial. En junio de 2023, el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, rescindió aquella decisión de terminación y posteriormente el DHS aprobó una nueva extensión de 18 meses para los salvadoreños.
Actualmente, el Pew Research Center estima que cerca de 170,100 salvadoreños permanecen bajo el TPS en Estados Unidos. Esta cifra no incluye a quienes ya obtuvieron la residencia permanente o se convirtieron en ciudadanos estadounidenses.
Después de 25 años, algunos grupos de beneficiarios del TPS pueden contar con otras vías para regularizar su situación migratoria, entre ellos quienes están casados con ciudadanos estadounidenses, padres de ciudadanos mayores de 21 años, hijos de ciudadanos o personas que mantienen algún otro proceso migratorio o una solicitud de asilo pendiente.
Según FWD.us, una organización estadounidense de defensa de políticas públicas, alrededor de 170,000 salvadoreños beneficiarios del TPS viven en Estados Unidos.
Los principales estados donde residen son California, con 36,000; Texas, con 28,000; Maryland, con 23,000; Nueva York, con 17,000; y Virginia, con 11,000.
FWD.us también estima que los salvadoreños bajo el TPS aportan $5,400 millones anuales a la economía estadounidense y pagan alrededor de $1,500 millones cada año en impuestos federales, estatales y locales.
En cuanto a los sectores laborales, alrededor de 36,000 salvadoreños con TPS trabajan en la construcción; 32,000, en edificios y mantenimiento de terrenos; 23,000, en transporte; 18,000, en manufactura; y 12,000, en servicios de alimentación.
La organización advierte que retirar a los beneficiarios del TPS de sus empleos podría elevar los costos para los estadounidenses. Además, estima que más de 150,000 niños ciudadanos estadounidenses dependen de las contribuciones de sus padres salvadoreños beneficiarios del TPS, lo que representa otro frente de debate sobre el futuro del programa.
