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Expresidente de CSJ, Óscar Pineda Navas, denunciado en FGR por Prevaricato y Actos Arbitrarios por engavetar las solicitudes de Habeas Corpus por más de 4 años, será interrogado en Asamblea
Alexia Rivas, la diputada presidenta de la Comisión Especial que investiga la entrega de fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales (ONG), adelantó que el próximo viernes 16 de julio someterán al escrutinio público al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exgerente de Operaciones Legislativas.
“Continuando con las investigaciones de la Comisión ONG’s, este próximo viernes hemos citado como personas de interés a: Ex Dip Lorena Peña, Ex Dip Carmen Elena de Escalón, Armando Pineda Navas Ex Gerente de Operaciones. Jorge Estrada Ex Jefe de Técnicos”, anunció la diputada Alexia Rivas en su perfil oficial de Twitter.
Tras las confesiones del hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, para los diputados miembros de la citada Comisión Especial es evidente que Óscar Armando Pineda Navas pudo frenar lo que él dejó entrever que son irregularidades, pero no lo hizo y se plegó a las órdenes de los presidentes y presidentas de la Asamblea Legislativa.
Por otro lado, Óscar Armado Pineda Navas ha sido denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones viciadas y no apegadas a derecho, haciendo lo que los denunciantes describieron como “justicia selectiva”.
Entre los delitos que se atribuyen al expresidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, están: la omisión de la aplicación de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que concluyó que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y a quien además se le vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
El GDTA de ONU resolvió durante su 89° período de sesiones, comprendido entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, que “la privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III”, reza la resolución.
Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema de Justicia no solo omitió dar cumplimiento a lo resuelto por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, conforme al derecho internacional, sino que tampoco emprendió ninguna investigación contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raul Melara, también destituido por la Asamblea Legislativa, quienes fabricaron pruebas y mantuvieron una persecución ilegal contra el empresario.
“El Grupo de Trabajo instó a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de señor José Aquiles Enrique Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, explicó uno de los abogados de Enrique Rais.
Adicionalmente, los abogados del señor Enrique Rais denunciaron que el hoy extitular del Órgano Judicial falló a su juramento al mantener “engavetados” por cuatro años los recursos de habeas corpus que ellos interpusieron haciendo uso del derecho que les confiere la Constitución, lo que calificaron de una clara “retardación de la justicia”.
El delito de actos arbitrarios en el que habría incurrido el exmagistrado Pineda Navas está tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que reza: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Mientras que el delito de incumplimiento de deberes se ampara en el artículo 321 del mismo código, en el que se detalla que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Pineda Navas, era el principal encargado de velar y garantizar una “pronta y cumplida justicia”; sin embargo, el exmagistrado asumió de manera individual funciones y potestades colegiadas que corresponden a Corte Plena y no al presidente del Órgano Judicial reclamaron los abogados del empresario.
La denuncia contra Armando Pineda Navas reitera que el exmagistrado habría vulnerado el “Principio de Vinculación Positiva”, en la que se reafirma que los “funcionarios de Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, subrayó en su momento uno de los abogados del señor Enrique Rais.
De manera que el próximo viernes, Óscar Armando Pineda Navas tendrá que responder a los miembros de la Comisión Especial por qué no hizo nada, cuando los dictámenes emitidos en la Comisión de Hacienda eran modificados por el titular de turno del Órgano Legislativo y se alteraban los montos de las asignaciones a las ONG y después dichos dictámenes eran aprobados en el pleno por los demás diputados que desconocían el contenidos lo que estaban aprobando.
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) dio a conocer los nuevos precios de referencia para los combustibles, los cuales estarán vigentes del 18 al 31 de agosto de 2026.
De acuerdo con el reporte oficial, en la zona central del país el precio por galón será de $4.91 para la gasolina superior, $4.58 para la regular y $4.59 para el diésel.
En las zonas occidental y oriental, los precios registran una variación mínima. La gasolina superior tendrá un costo de $4.92 por galón, mientras que la gasolina regular y el diésel se comercializarán a $4.59.
Las autoridades explicaron que los precios están influenciados por diversos factores internacionales, entre ellos los ataques de grupos hutíes contra una refinería de Arabia Saudita, situación que mantiene la incertidumbre en el mercado global de hidrocarburos.
Asimismo, la industria petrolera internacional enfrenta tensiones adicionales debido a los nuevos ataques de Ucrania contra infraestructura petrolera rusa, lo que impacta directamente los precios de los derivados del crudo a nivel mundial.
A pesar del panorama internacional, la DGEHM destacó que un buen manejo de las gestiones en el mercado interno ha contribuido a mantener la estabilidad de los precios de los combustibles.
Manuel Adán Hernández Barrera, señalado como pandillero de la facción Revolucionarios de la pandilla 18 y con un amplio récord delictivo, fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con la corporación policial, Hernández Barrera tenía la función de gatillero dentro de la organización criminal, es decir, era el encargado de cometer homicidios y ejecutar ataques armados bajo las órdenes directas de los cabecillas de la pandilla.
Las autoridades lo vinculan con un historial delictivo por los delitos de homicidio agravado, agrupaciones ilícitas, lesiones, amenazas y expresiones de violencia contra la mujer.
«Delinquía para la clica Shadows Park Locos, presumiendo los tatuajes de su pandilla, que en la actualidad se cubrió con otros diseños para intentar evadir la justicia», detalló la Policía.
Agentes policiales capturaron a Hernández Barrera durante un control vehicular, cuando se trasladaba por las inmediaciones del kilómetro 90½ de la carretera que conduce de Santa Ana hacia Ahuachapán.
El detenido será remitido a un tribunal contra el crimen organizado por el delito de agrupaciones ilícitas, debido a su pertenencia a la organización terrorista de la pandilla 18.
La Fiscalía General de la República lo acusará en un expediente único para que sea incluido en un proceso colectivo y enfrente la audiencia única en los próximos dos años.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó en San Marcos, al sur de San Salvador, a Alvin Asael Martínez Mancía, de 21 años, acusado de intentar asesinar a su compañera de vida, quien se encuentra en su cuarto mes de embarazo.
De acuerdo con la corporación policial, Martínez Mancía intentó asfixiar a la víctima sujetándola del cuello. Las autoridades señalaron que, durante la investigación, establecieron que el detenido se encontraba bajo los efectos de droga y que, por celos hacia su pareja, inició una discusión con ella, posteriormente la lanzó contra una pared y la amenazó de muerte.
«Intentó asfixiar a su compañera de vida sujetándola del cuello, la víctima se encuentra en su cuarto mes de embarazo», publicó la PNC tras efectuar la captura.
Según la Policía, la víctima logró evadir al agresor y pidió auxilio. Los agentes acudieron de inmediato a la vivienda ubicada en la colonia San Antonio 4, en San Marcos, San Salvador Sur, donde procedieron con la detención de Martínez Mancía. La mujer fue trasladada a un hospital.
El imputado será puesto a la orden de la Fiscalía General de la República (FGR), que tendrá un plazo máximo de 15 días para presentar la acusación. Según la PNC, será remitido inicialmente por el delito de intento de homicidio; sin embargo, el Ministerio Público podría procesarlo por intento de feminicidio agravado.
El caso será presentado ante un juzgado de lo criminal. De acuerdo con el texto, al acusado podrían aplicársele las recientes reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa, que contemplan la cadena perpetua si llega a ser encontrado culpable en la etapa final del juicio.
