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Expresidente de CSJ, Óscar Pineda Navas, denunciado en FGR por Prevaricato y Actos Arbitrarios por engavetar las solicitudes de Habeas Corpus por más de 4 años, será interrogado en Asamblea
Alexia Rivas, la diputada presidenta de la Comisión Especial que investiga la entrega de fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales (ONG), adelantó que el próximo viernes 16 de julio someterán al escrutinio público al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exgerente de Operaciones Legislativas.
“Continuando con las investigaciones de la Comisión ONG’s, este próximo viernes hemos citado como personas de interés a: Ex Dip Lorena Peña, Ex Dip Carmen Elena de Escalón, Armando Pineda Navas Ex Gerente de Operaciones. Jorge Estrada Ex Jefe de Técnicos”, anunció la diputada Alexia Rivas en su perfil oficial de Twitter.
Tras las confesiones del hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, para los diputados miembros de la citada Comisión Especial es evidente que Óscar Armando Pineda Navas pudo frenar lo que él dejó entrever que son irregularidades, pero no lo hizo y se plegó a las órdenes de los presidentes y presidentas de la Asamblea Legislativa.
Por otro lado, Óscar Armado Pineda Navas ha sido denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones viciadas y no apegadas a derecho, haciendo lo que los denunciantes describieron como “justicia selectiva”.
Entre los delitos que se atribuyen al expresidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, están: la omisión de la aplicación de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que concluyó que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y a quien además se le vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
El GDTA de ONU resolvió durante su 89° período de sesiones, comprendido entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, que “la privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III”, reza la resolución.
Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema de Justicia no solo omitió dar cumplimiento a lo resuelto por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, conforme al derecho internacional, sino que tampoco emprendió ninguna investigación contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raul Melara, también destituido por la Asamblea Legislativa, quienes fabricaron pruebas y mantuvieron una persecución ilegal contra el empresario.
“El Grupo de Trabajo instó a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de señor José Aquiles Enrique Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, explicó uno de los abogados de Enrique Rais.
Adicionalmente, los abogados del señor Enrique Rais denunciaron que el hoy extitular del Órgano Judicial falló a su juramento al mantener “engavetados” por cuatro años los recursos de habeas corpus que ellos interpusieron haciendo uso del derecho que les confiere la Constitución, lo que calificaron de una clara “retardación de la justicia”.
El delito de actos arbitrarios en el que habría incurrido el exmagistrado Pineda Navas está tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que reza: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Mientras que el delito de incumplimiento de deberes se ampara en el artículo 321 del mismo código, en el que se detalla que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Pineda Navas, era el principal encargado de velar y garantizar una “pronta y cumplida justicia”; sin embargo, el exmagistrado asumió de manera individual funciones y potestades colegiadas que corresponden a Corte Plena y no al presidente del Órgano Judicial reclamaron los abogados del empresario.
La denuncia contra Armando Pineda Navas reitera que el exmagistrado habría vulnerado el “Principio de Vinculación Positiva”, en la que se reafirma que los “funcionarios de Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, subrayó en su momento uno de los abogados del señor Enrique Rais.
De manera que el próximo viernes, Óscar Armando Pineda Navas tendrá que responder a los miembros de la Comisión Especial por qué no hizo nada, cuando los dictámenes emitidos en la Comisión de Hacienda eran modificados por el titular de turno del Órgano Legislativo y se alteraban los montos de las asignaciones a las ONG y después dichos dictámenes eran aprobados en el pleno por los demás diputados que desconocían el contenidos lo que estaban aprobando.
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«Este año esperamos finalizarlo con 4.2 millones de visitantes internacionales»: Alejandra Durán, directora de Corsatur
La estabilidad en materia de seguridad continúa siendo uno de los principales factores detrás del auge turístico que vive El Salvador, según destacó la directora de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), Alejandra Durán, quien aseguró que el país mantiene cifras récord de llegada de visitantes internacionales durante 2026.
De acuerdo con la funcionaria, tras cerrar 2025 con 4.1 millones de visitantes internacionales, las autoridades proyectan que este año la cifra aumentará a los 4.2 millones.
«Este año esperamos finalizarlo con 4.2 millones de visitantes internacionales», afirmó Durán en una entrevista que brindó a canal 10. También resaltó el desempeño positivo del turismo registrado durante los primeros meses del año.
Según detalló, enero, febrero, marzo y abril han reflejado un comportamiento favorable que ha permitido al país alcanzar nuevos máximos en la actividad turística. Solo en abril, El Salvador registró la llegada de 473,000 visitantes internacionales, convirtiéndose en el mes con mayor afluencia turística en lo que va de 2026.
«Enero, febrero, marzo y abril han sido buenos meses que nos han llevado a tener cifras récord», destacó la funcionaria, quien señaló que hasta abril ya son 1.7 millones de visitantes los que han llegado a territorio nacional.
Durán atribuyó este crecimiento, principalmente, a la seguridad que vive el país, señalando que este factor ha sido determinante para fortalecer la confianza tanto de turistas como de inversionistas.
«El clima de seguridad permite la inversión, incrementa el turismo y genera empleos», afirmó. Además, enfatizó que «sin el clima de seguridad no se habría logrado el crecimiento del turismo en el país».
Entre los principales turistas internacionales que llegan a El Salvador destacan Guatemala, Honduras y Estados Unidos.
La directora de Corsatur explicó que actualmente trabajan junto a agencias de viajes y touroperadores internacionales para posicionar al país como un destino atractivo en la región y mantener el dinamismo del sector.
Los diputados que conforman la comisión de salvadoreños en el exterior, legislación y gobierno emitieron, por unanimidad, un dictamen a favor de implementar disposiciones especiales y transitorias para la emisión gratuita de DUI, cuyos vencimientos ocurran entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027.
Los parlamentarios tomaron en cuenta la opinión técnica del director ejecutivo del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco, quien explicó que la iniciativa busca adelantar el trámite de renovación a 404,085 personas, cuyos DUI vencerán en ese período y a las personas que soliciten la reposición anticipada.
La población podrá realizar el trámite desde que entre en vigencia el decreto hasta el 28 de noviembre de 2026.
El objetivo es garantizar el derecho al sufragio a las personas cuyo DUI vence después de la fecha del cierre del registro electoral está previsto para 90 días antes de las elecciones, es decir, el 29 de noviembre de 2026.
«El trámite será sin costo, para que el tema económico no sea una barrera para la población renueve el DUI y no tenga dificultades para ejercer su derecho constitucional al voto el 28 de febrero de 2027», detalló Velasco.
El funcionario destacó que para desarrollar esta iniciativa se necesita de un trabajo interinstitucional con el Ministerio de Hacienda, para reforzar la asignación presupuestaria y financiar los costos operativos.
Actualmente, el RNPN tiene 23 duicentros a nivel nacional, de los cuales 19 son establecimientos permanentes y cuatro son temporales, además de otros kioscos de autoservicio.
«De estos cuatro centros temporales, tenemos dos abiertos: uno en plaza Merliot y otro en plaza Bolcaña, en Santa Ana. Los dos adicionales estarán ubicados en la plaza Salvador del Mundo y otro lo estaremos inaugurando en San Miguel», afirmó.
La presidenta de la comisión, Ana Figueroa, destacó que esta iniciativa además de la gratuidad permitirá un trámite sin complicaciones, dado que existe la facilidad de solicitarlo de manera electrónica.
El dictamen podría ser aprobado en la sesión plenaria ordinaria número 109 que se desarrollará este día.
La Vicaria Episcopal de Comunicaciones del Arzobispado de San Salvador informó esta mañana que la muerte del sacerdote Edgar Lisandro Winter Coronado fue consecuencia de un suicidio, ocurrido en la ciudad de Cobán, Alta Verapaz, en Guatemala, de donde era originario.
El fallecimiento del sacerdote católico ocurrió dos días después de que, el lunes 11 de mayo, se hiciera pública una investigación eclesiástica en su contra, por una denuncia de presunto abuso sexual de menores.
De acuerdo a un comunicado emitido por el Arzobispado, el presbítero «a finales del mes de abril recién pasado, viajó a los Estados Unidos para brindar un servicio pastoral, en una parroquia de ese país; sin embargo, nos hemos dado cuenta que aún sin cumplir dicha misión pastoral, por su propia incitativa, viajó a Guatemala a su lugar de origen -Cobán-».
Fue en esa ciudad que el martes 12 de mayo, por la noche falleció. «Tristemente la causa de su muerte fue el suicidio. Pedimos a todos la bondad de elevar oraciones a Dios por su eterno descanso», informó la iglesia Católica Salvadoreña.
El pasado 11 de mayo, la Vicaría Episcopal había anunciado que la Congregación Episcopal recibió una denuncia de un presunto delito de abuso sexual de menores contra del presbítero Winter Coronado, quien estaba asignado a la Parroquía Santa María de la Encarnación, en San Marcos, San Salvador.
«Esta Curia inmediatamente ha procedido a imponer medidas cautelares, y a iniciar el debido proceso jurídico, conforme al Derecho Canónico», informó la Arquidiócesis de San Salvador a través del comunicado oficial.
El 13 de mayo, a través de una esquela publicada por la parroquia Santa María de la Encarnación, se conoció sobre la muerte del líder religioso, quien ejerció labor pastoral en ese templo católico.
