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Expresidente de CSJ, Óscar Pineda Navas, denunciado en FGR por Prevaricato y Actos Arbitrarios por engavetar las solicitudes de Habeas Corpus por más de 4 años, será interrogado en Asamblea
Alexia Rivas, la diputada presidenta de la Comisión Especial que investiga la entrega de fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales (ONG), adelantó que el próximo viernes 16 de julio someterán al escrutinio público al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exgerente de Operaciones Legislativas.
“Continuando con las investigaciones de la Comisión ONG’s, este próximo viernes hemos citado como personas de interés a: Ex Dip Lorena Peña, Ex Dip Carmen Elena de Escalón, Armando Pineda Navas Ex Gerente de Operaciones. Jorge Estrada Ex Jefe de Técnicos”, anunció la diputada Alexia Rivas en su perfil oficial de Twitter.
Tras las confesiones del hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, para los diputados miembros de la citada Comisión Especial es evidente que Óscar Armando Pineda Navas pudo frenar lo que él dejó entrever que son irregularidades, pero no lo hizo y se plegó a las órdenes de los presidentes y presidentas de la Asamblea Legislativa.
Por otro lado, Óscar Armado Pineda Navas ha sido denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones viciadas y no apegadas a derecho, haciendo lo que los denunciantes describieron como “justicia selectiva”.
Entre los delitos que se atribuyen al expresidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, están: la omisión de la aplicación de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que concluyó que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y a quien además se le vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
El GDTA de ONU resolvió durante su 89° período de sesiones, comprendido entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, que “la privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III”, reza la resolución.
Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema de Justicia no solo omitió dar cumplimiento a lo resuelto por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, conforme al derecho internacional, sino que tampoco emprendió ninguna investigación contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raul Melara, también destituido por la Asamblea Legislativa, quienes fabricaron pruebas y mantuvieron una persecución ilegal contra el empresario.
“El Grupo de Trabajo instó a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de señor José Aquiles Enrique Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, explicó uno de los abogados de Enrique Rais.
Adicionalmente, los abogados del señor Enrique Rais denunciaron que el hoy extitular del Órgano Judicial falló a su juramento al mantener “engavetados” por cuatro años los recursos de habeas corpus que ellos interpusieron haciendo uso del derecho que les confiere la Constitución, lo que calificaron de una clara “retardación de la justicia”.
El delito de actos arbitrarios en el que habría incurrido el exmagistrado Pineda Navas está tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que reza: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Mientras que el delito de incumplimiento de deberes se ampara en el artículo 321 del mismo código, en el que se detalla que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Pineda Navas, era el principal encargado de velar y garantizar una “pronta y cumplida justicia”; sin embargo, el exmagistrado asumió de manera individual funciones y potestades colegiadas que corresponden a Corte Plena y no al presidente del Órgano Judicial reclamaron los abogados del empresario.
La denuncia contra Armando Pineda Navas reitera que el exmagistrado habría vulnerado el “Principio de Vinculación Positiva”, en la que se reafirma que los “funcionarios de Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, subrayó en su momento uno de los abogados del señor Enrique Rais.
De manera que el próximo viernes, Óscar Armando Pineda Navas tendrá que responder a los miembros de la Comisión Especial por qué no hizo nada, cuando los dictámenes emitidos en la Comisión de Hacienda eran modificados por el titular de turno del Órgano Legislativo y se alteraban los montos de las asignaciones a las ONG y después dichos dictámenes eran aprobados en el pleno por los demás diputados que desconocían el contenidos lo que estaban aprobando.
A 20 años de prisión fue condenado Elmer Josué Mancía, alias «Jocote», por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante a quien la Fiscalía General de la Republica le otorgó la clave «5-2023», para proteger su identidad.
En la vista pública que realizó el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, declararon varios testigos, entre ellos, agentes expertos en investigar extorsiones.
El juez de la causa también dispuso de declaración de clave «5-2023», con quien el ministerio público acreditó que el extorsionista participó en el chantaje.
Un extorsionista alias «Diablito» de la Mara Salvatrucha llegó al negocio de la víctima y amenazó con asesinarla junto a sus empleados y familia, si no pagaba $80 mensuales.
Fueron 10 años de extorsión a los que el comerciante estuvo sometido, comenzaron a exigirle dinero en el 2013 y finalizaron en el 2023, el fiscal del caso, dijo que pese a la instauración del régimen de excepción clave «5-2023», estuvo entregando el dinero.
Desde el 2013, a víctima pagó la cantidad a diversos pandilleros, pero últimamente se quedó cobrando los $80, Elmer Josué Mancía. Con el régimen de excepción el comerciante perdió el miedo y denunció el caso.
El fiscal del caso al exponer sus alegatos finales le dijo al juez que la víctima corroboró mediante su testimonio que fue el imputado quien estuvo recogiendo el dinero, además los investigadores que trabajaron en el caso reforzaron la declaración del afectado.
Un agente investigador de extorsiones que declaró, dijo al juez que identificó al imputado como el extorsionista que llegaba a recoger el dinero, lo logró a través de una entrega controlada efectuada el 19 de enero 2023, en la colonia El Carmen, Barrio La Vega, San Salvador.
Ubicó al chantajista cuando formaba parte del equipo 2, pero no lo detuvieron ya que pasó la información al investigador del caso para que después la Fiscalía emitiera la orden de arresto.
«Esta representación ha podido probar los extremos procesales de esta extorsión agravada. Se tiene un caso bien documentado y pese haberse instaurado el régimen de excepción seguía recogiendo el dinero», expuso el fiscal al juez.
Este lunes, la primera dama Gabriela de Bukele entregó el sello Family Friendly al Aeropuerto Internacional de El Salvador, marcando un paso importante hacia la transformación de la experiencia de viaje para las familias que ingresan y salen del país.
La certificación reconoce los esfuerzos por crear un entorno más inclusivo, ordenado y accesible, incorporando nuevas áreas lúdicas, salas de lactancia, filas exclusivas y señalización clara dentro de la terminal aérea.
Estas mejoras buscan garantizar una atención más humana desde el primer contacto de los visitantes con El Salvador.
Durante el recorrido por las instalaciones, la primera dama destacó la importancia del aeropuerto como un espacio cargado de emociones y significados para quienes viajan.
Señaló que «es lindo poder encontrarnos hoy aquí, en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, la puerta de entrada y salida de nuestro país, uno de los espacios que viven muchas familias cuando llegan o se despiden», destacando que cada experiencia en este lugar deja una huella en los visitantes.
También explicó que «el sello Family Friendly es un reconocimiento que identifica a los espacios, establecimientos, servicios y eventos que han decidido dar un paso más para ser verdaderamente amigables con las familias», con el objetivo de fortalecer el turismo familiar.
«En los próximos días, especialmente de cara a la temporada de Semana Santa, esta iniciativa seguirá creciendo. Estaremos otorgando el sello Family Friendly a más espacios», dijo Gabriela de Bukele.
La industria de bodas en El Salvador continúa evolucionando y buscando posicionarse a nivel internacional.
Este lunes se llevó a cabo la tercera edición del Wedding Planner’s Day, un encuentro que reunió a proveedores, organizadores y expertos del sector.
El encuentro mostró cómo esta industria puede proyectar a El Salvador como un destino atractivo para bodas, una tendencia que está ganado fuerza.
«El turismo de bodas de destino es un tipo de turismo muy interesante y muy beneficioso para el país en estos momentos en que estamos en plena crecimiento de la actividad turístico porque involucra muchísimos servicios alojamiento, alimentación, transporte», dijo Mercedes Silva, directora de desarrollo Turístico de Corsatur.
De hecho, los wedding planner’s señalan que han organizado eventos para personas procedentes de Estados Unidos, Alemania, India, Tailandia, México, Costa Rica, España, Italia, Rumania, Francia, Panamá, Guatemala, Canadá, Australia, República Dominicana y Puerto Rico.
«Atendemos bodas para extranjeros de diferentes países y la gente disfruta mucho de venir a las bodas a El Salvador. Las bodas en la playa son bastante buscadas, es un destino llamativo para los extranjeros», explicó Eva Palomo, wedding planer.
El evento se desarrolló en María Bonita, en Palm Plaza, y reunió a distintos actores clave del sector, desde wedding planners hasta proveedores de servicios especializados.
«Sabemos que las bodas de destino cada vez van en crecimiento, así que María Bonita está a disposición de las personas, el hermano lejano, turista que quiera venir a disfrutar de El Salvador y conocer su gastronomía», destacó Marcela Mijangos, CEO de María Bonita.
Mijangos señaló que en el restaurante también cuentan con personal bilingüe para atender al turista.
Con este tipo de iniciativas, la industria de bodas en el país busca innovar y adaptarse a las exigencias de un mercado cada vez más enfocado en la experiencia y el detalle.
