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Expresidente de CSJ, Óscar Pineda Navas, denunciado en FGR por Prevaricato y Actos Arbitrarios por engavetar las solicitudes de Habeas Corpus por más de 4 años, será interrogado en Asamblea
Alexia Rivas, la diputada presidenta de la Comisión Especial que investiga la entrega de fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales (ONG), adelantó que el próximo viernes 16 de julio someterán al escrutinio público al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exgerente de Operaciones Legislativas.
“Continuando con las investigaciones de la Comisión ONG’s, este próximo viernes hemos citado como personas de interés a: Ex Dip Lorena Peña, Ex Dip Carmen Elena de Escalón, Armando Pineda Navas Ex Gerente de Operaciones. Jorge Estrada Ex Jefe de Técnicos”, anunció la diputada Alexia Rivas en su perfil oficial de Twitter.
Tras las confesiones del hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, para los diputados miembros de la citada Comisión Especial es evidente que Óscar Armando Pineda Navas pudo frenar lo que él dejó entrever que son irregularidades, pero no lo hizo y se plegó a las órdenes de los presidentes y presidentas de la Asamblea Legislativa.
Por otro lado, Óscar Armado Pineda Navas ha sido denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones viciadas y no apegadas a derecho, haciendo lo que los denunciantes describieron como “justicia selectiva”.
Entre los delitos que se atribuyen al expresidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, están: la omisión de la aplicación de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que concluyó que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y a quien además se le vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
El GDTA de ONU resolvió durante su 89° período de sesiones, comprendido entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, que “la privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III”, reza la resolución.
Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema de Justicia no solo omitió dar cumplimiento a lo resuelto por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, conforme al derecho internacional, sino que tampoco emprendió ninguna investigación contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raul Melara, también destituido por la Asamblea Legislativa, quienes fabricaron pruebas y mantuvieron una persecución ilegal contra el empresario.
“El Grupo de Trabajo instó a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de señor José Aquiles Enrique Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, explicó uno de los abogados de Enrique Rais.
Adicionalmente, los abogados del señor Enrique Rais denunciaron que el hoy extitular del Órgano Judicial falló a su juramento al mantener “engavetados” por cuatro años los recursos de habeas corpus que ellos interpusieron haciendo uso del derecho que les confiere la Constitución, lo que calificaron de una clara “retardación de la justicia”.
El delito de actos arbitrarios en el que habría incurrido el exmagistrado Pineda Navas está tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que reza: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Mientras que el delito de incumplimiento de deberes se ampara en el artículo 321 del mismo código, en el que se detalla que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Pineda Navas, era el principal encargado de velar y garantizar una “pronta y cumplida justicia”; sin embargo, el exmagistrado asumió de manera individual funciones y potestades colegiadas que corresponden a Corte Plena y no al presidente del Órgano Judicial reclamaron los abogados del empresario.
La denuncia contra Armando Pineda Navas reitera que el exmagistrado habría vulnerado el “Principio de Vinculación Positiva”, en la que se reafirma que los “funcionarios de Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, subrayó en su momento uno de los abogados del señor Enrique Rais.
De manera que el próximo viernes, Óscar Armando Pineda Navas tendrá que responder a los miembros de la Comisión Especial por qué no hizo nada, cuando los dictámenes emitidos en la Comisión de Hacienda eran modificados por el titular de turno del Órgano Legislativo y se alteraban los montos de las asignaciones a las ONG y después dichos dictámenes eran aprobados en el pleno por los demás diputados que desconocían el contenidos lo que estaban aprobando.
El Salvador está listo para recibir un importante flujo de visitantes internacionales en Semana Santa, con una proyección que ronda los 145,000 turistas, según informó la ministra de Turismo, Morena Valdez, en una entrevista que brindó a cana 10.
De los 145,000 turista se estima un 38 % procedente de Guatemala, un 20 % de Honduras, 28 % de Estados Unidos y el 14 % del resto del mundo.
De acuerdo con la funcionaria, entre el 70 % y el 80 % de los turistas internacionales eligen el puerto de La Libertad como su principal destino, atraídos por sus playas y la variedad de actividades disponibles.
«Aquí ofrecemos diversidad de opciones para disfrutar, desde el muelle, los mercados, la gastronomía y las olas», detalló.
Valdez destacó que La Libertad reúne una amplia oferta turística y gastronómica, siendo Sunset Park uno de los puntos más emblemáticos dentro de los parques administrados por el ISTU.
Además de la franja costera, otros destinos mantienen alta demanda entre los visitantes como el Centro Histórico de San Salvador y la Ruta de Las Flores.
La ministra también enfatizó que las condiciones de seguridad han sido clave en el crecimiento del turismo.
«Gracias a las acciones implementadas por el Gobierno, ahora el país posee seguridad y las personas nacionales y extranjeras pueden disfrutar en un ambiente de tranquilidad», afirmó.
Asimismo, hizo un llamado a los visitantes a seguir las indicaciones del personal en los distintos puntos turísticos, con el objetivo de garantizar una experiencia segura. «Pedimos a los visitantes atender y seguir las indicaciones del personal adecuado para evitar inconvenientes», indicó.
Cuadrillas de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) comenzaron las tareas de reconstrucción del centro escolar del cantón San Antonio, en el distrito de San Cristóbal, Cuscatlán Sur, que brindará espacios adecuados para la enseñanza de los estudiantes de esa zona del país.
La infraestructura será intervenida mediante el programa Dos Escuelas por Día, creado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, que además de cambiar el rostro del centro educativo busca brindar un espacio moderno para garantizar una mejor formación de más de 100 estudiantes de la comunidad.
La DOM informó que el proyecto comprende una intervención en un área de 793.31 metros cuadrados, distribuidos en seis módulos: cuatro que serán rehabilitados y dos reconstruidos.
«Entre las obras destaca la rehabilitación de cuatro aulas, una de ellas destinada a parvularia, equipada con inodoro infantil, ducha, lavamanos y un área de juegos lúdicos», detalló la DOM en un boletín de prensa.
Los trabajos también contemplan la reconstrucción del área destinada para cocina-comedor, cisterna, cuarto de bombeo y control, así como sanitarios para alumnos y maestros y la cancha.
El proyecto prevé una intervención integral, por esa razón también se construirán senderos, rampas de acceso, áreas verdes, sistemas de aguas lluvias, negras y agua potable, clasificación de desechos, modernización del sistema eléctrico, señalética, iluminación, puertas y ventanas.
«Todas las instalaciones serán equipadas y amuebladas, con techo termoacústico y pisos renovados en caucho y porcelanato», apuntó la institución.
Además de este proyecto, la DOM también está reconstruyendo el complejo educativo de San Cristóbal, mientras que en el departamento suman cuatro instituciones educativas que están siendo renovadas mediante este programa.
La mayoría de los casos son por extorsión agravada, con 4,710, mientras que 1,055 son por extorsión, de acuerdo con los datos de la Fiscalía General de la República.
«Te llamamos de parte de la Mara Salvatrucha, la onda que queremos una colaboración de $500, de lo contrario te vamos a matar, a tu familia o a vos», fue la exigencia que hizo un terrorista de la MS a la víctima, clave Marenco, en agosto de 2022.
El ofendido debía pagarles la extorsión el 3 de agosto de ese año en la residencial Versalles, de San Juan Opico, La Libertad, pero se había negado, según consta en el expediente judicial de Rodrigo Armando Rosales Portillo, quien fue sentenciado a ocho años de cárcel por ese caso.
La investigación detalla que uno de los terroristas le detalló a la víctima que le volverían a llamar para indicarle la hora, el lugar exacto y quién sería el que llegaría a recoger el dinero de la extorsión.
El día de la entrega llegó otro pandillero a la casa de la víctima y le expresó: «Mirá, la onda está que para hoy a las 10 de la mañana, frente a la terminal de buses de aquí de Versalles, tenés que entregar el dinero». El ofendido preguntó quién lo recogería y el terrorista le indicó que llegaría un «cipote en bicicleta»; además recomendó que usara camisa y gorra negra.
La víctima interpuso la denuncia ante las autoridades, quienes coordinaron una entrega controlada de dinero en el lugar establecido. El dispositivo estuvo compuesto por tres equipos: el primero era el investigador, quien entregó el paquete que simulaba la cantidad exigida por los extorsionistas; el segundo lo conformó una investigadora, que estaba dentro de un vehículo, ella vigiló y tomó las fotografías; mientras que el tres tuvo la labor de vigilancia, seguimiento y captura de los extorsionistas.
Cuando el reloj marcó las 10 de la mañana, puntualmente apareció Rosales Portillo a bordo de una bicicleta BMX y observó a todos lados de la terminal. El investigador entregó el dinero en un sobre blanco, el sujeto se lo guardó en la bolsa derecha del pantalón, tomó la bicicleta y se fue con rumbo sur por el bulevar Campos Elíseos, donde el equipo tres observó la entrega; los agentes se bajaron del vehículo, intervinieron al pandillero y lo capturaron en flagrancia por el delito de extorsión.
Los agentes se identificaron como miembros de la Policía Nacional Civil (PNC). Ejecutaron un registro donde le encontraron el paquete que simulaba los $500, que consistía en un billete de $5 y recortes de periódicos. Además, le decomisaron un celular.
Tras un proceso penal donde Rosa les Portillo confesó su delito, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla lo sentenció por extorsión agravada.
«Yo me encontraba en el taller, mi lugar de trabajo en la residencial Versalles, cuando me llegó una llamada de un varón llamado Roberto, me dijo que si le podía ir a traer un dinero, yo en ese momento acepté, como una tontera, pero yo soy alguien estudiado y estoy consciente de lo que haría, no iba a ir a traer un vuelto de tortillas, estaba consciente de que iba a traer una extorsión, él me dice que vaya a traer la cantidad de $250», confesó el imputado.
«Iba a estar un hombre de negro y de gorra negra, quien me entregaría el dinero, acepté, y vengo y le digo a un compañero de trabajo que me preste su bicicleta, para ir a mi casa. A él no le di mayor explicación, la agarré [la bicicleta], llegué al punto de buses, encontré al varón, que anteriormente me había descrito Roberto. Me dijo: “Vos sos ” y yo le dije que sí. Me entregó el dinero, me subí a la bicicleta, salí de nuevo como para el taller, avancé unos cinco metros cuando la policía me atrapó», agregó.
La condena contra Rosales Portillo figura entre las 5,768 que la Fiscalía General de la República (FGR) logró en diferentes tribunales entre enero de 2020 y el 22 de febrero de 2026. La mayoría de los casos son por extorsión agravada, con 4,710, mientras que 1,055 son por extorsión, de acuerdo con sus datos.
Entre esos años, 2021 fue cuando más sentencias alcanzó la FGR, con 1,055 condenas; 1,022, en 2024; 1,003, en 2023; 947, en 2025; 889, en 2022; mientras que en 2020 fueron 745.
La alta cifra de sentencias de 2023 y 2024 refleja los resultados del régimen de excepción, la herramienta legal con la que el Gobierno del presidente Nayib Bukele combate a las pandillas desde finales de marzo de 2022.
En noviembre de 2021, César Alexánder Cerna Catalán, pandillero de la 18, llegó en su bicicleta hasta el comercio de una víctima ubicado en Chalchuapa, Santa Ana. En tono amenazante le dijo que era terrorista y que debía entregar $800 pues ya tenía varios meses en el negocio y no entregaba el dinero que le habían exigido anteriormente, por tanto, debía ponerse «al día», porque si no lo pagaba, lo matarían y a su familia.
La víctima interpuso la denuncia ante la Policía y declaró que el pandillero llegó en una segunda ocasión a pedir la extorsión, pero él le dijo que no tenía debido a las malas ventas. En una tercera oportunidad, Cerna Catalán se hizo acompañar de otro pandillero, pero por temor, la víctima mantenía cerrado su negocio; los terroristas tocaron la puerta, pero no les abrió.
En 2022, el afectado reconoció al terrorista cuando llevaban a este último en una patrulla policial. Acudió a la justicia y presentó la noticia de la detención de Cerna Catalán, a quien responsabilizó de exigirle la extorsión a cambio de no atentar en contra de su vida y la de su familia.
En agosto de ese mismo año, la víctima se presentó hasta la oficina del Equipo Local Antiextorsiones del Departamento de Investigaciones de Santa Ana, donde le mostraron las fotografías del sujeto.
Tras las investigaciones, en 2023 Cerna Catalán recibió una condena de 15 años de cárcel por parte del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana por el delito de extorsión continuada
