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Expresidente de CSJ, Óscar Pineda Navas, denunciado en FGR por Prevaricato y Actos Arbitrarios por engavetar las solicitudes de Habeas Corpus por más de 4 años, será interrogado en Asamblea
Alexia Rivas, la diputada presidenta de la Comisión Especial que investiga la entrega de fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales (ONG), adelantó que el próximo viernes 16 de julio someterán al escrutinio público al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exgerente de Operaciones Legislativas.
“Continuando con las investigaciones de la Comisión ONG’s, este próximo viernes hemos citado como personas de interés a: Ex Dip Lorena Peña, Ex Dip Carmen Elena de Escalón, Armando Pineda Navas Ex Gerente de Operaciones. Jorge Estrada Ex Jefe de Técnicos”, anunció la diputada Alexia Rivas en su perfil oficial de Twitter.
Tras las confesiones del hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, para los diputados miembros de la citada Comisión Especial es evidente que Óscar Armando Pineda Navas pudo frenar lo que él dejó entrever que son irregularidades, pero no lo hizo y se plegó a las órdenes de los presidentes y presidentas de la Asamblea Legislativa.
Por otro lado, Óscar Armado Pineda Navas ha sido denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones viciadas y no apegadas a derecho, haciendo lo que los denunciantes describieron como “justicia selectiva”.
Entre los delitos que se atribuyen al expresidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, están: la omisión de la aplicación de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que concluyó que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y a quien además se le vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
El GDTA de ONU resolvió durante su 89° período de sesiones, comprendido entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, que “la privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III”, reza la resolución.
Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema de Justicia no solo omitió dar cumplimiento a lo resuelto por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, conforme al derecho internacional, sino que tampoco emprendió ninguna investigación contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raul Melara, también destituido por la Asamblea Legislativa, quienes fabricaron pruebas y mantuvieron una persecución ilegal contra el empresario.
“El Grupo de Trabajo instó a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de señor José Aquiles Enrique Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, explicó uno de los abogados de Enrique Rais.
Adicionalmente, los abogados del señor Enrique Rais denunciaron que el hoy extitular del Órgano Judicial falló a su juramento al mantener “engavetados” por cuatro años los recursos de habeas corpus que ellos interpusieron haciendo uso del derecho que les confiere la Constitución, lo que calificaron de una clara “retardación de la justicia”.
El delito de actos arbitrarios en el que habría incurrido el exmagistrado Pineda Navas está tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que reza: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Mientras que el delito de incumplimiento de deberes se ampara en el artículo 321 del mismo código, en el que se detalla que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Pineda Navas, era el principal encargado de velar y garantizar una “pronta y cumplida justicia”; sin embargo, el exmagistrado asumió de manera individual funciones y potestades colegiadas que corresponden a Corte Plena y no al presidente del Órgano Judicial reclamaron los abogados del empresario.
La denuncia contra Armando Pineda Navas reitera que el exmagistrado habría vulnerado el “Principio de Vinculación Positiva”, en la que se reafirma que los “funcionarios de Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, subrayó en su momento uno de los abogados del señor Enrique Rais.
De manera que el próximo viernes, Óscar Armando Pineda Navas tendrá que responder a los miembros de la Comisión Especial por qué no hizo nada, cuando los dictámenes emitidos en la Comisión de Hacienda eran modificados por el titular de turno del Órgano Legislativo y se alteraban los montos de las asignaciones a las ONG y después dichos dictámenes eran aprobados en el pleno por los demás diputados que desconocían el contenidos lo que estaban aprobando.
El crucero Hebridean Sky arribó este viernes al puerto de La Unión, en el oriente del país, bajo la administración de la Unión Portuaria del Pacífico.
La embarcación llegó con 100 pasajeros y 79 tripulantes a bordo.
El Hebridean Sky es un crucero de expedición equipado únicamente con suites que ofrece una experiencia exclusiva mientras recorre la costa del Pacífico de Centroamérica.
El itinerario del crucero incluye visitas al Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú, así como la Reserva de la Biosfera Bahía de Jiquilisco en El Salvador; además del Parque Nacional Palo Verde de Costa Rica y el archipiélago de Bocas del Toro en Panamá.
La llegada del crucero se enmarca en las operaciones que actualmente se desarrollan en el puerto de La Unión, con la expectativa de fortalecer la actividad turística y comercial en la zona oriental.
El Salvador continúa posicionándose como un destino atractivo para turistas internacionales.
En Tonacatepeque, San Salvador Este, la Policía informó sobre la captura de Carlos Vladimir Padilla Tejada, de 24 años, quien se dedicaba a distribuir droga en la zona.
«Este sujeto fue intervenido por nuestros equipos en la urbanización Cimas de San Bartolo Uno, al realizarle un registro preventivo se le encontró droga dentro de un maletín», destacó la corporación policial.
A Padilla Tejada se le incautó porciones de marihuana, tres celulares y una cámara fotográfica. Será remitido por el delito de posesión y tenencia de drogas con fines de tráfico.
En otro caso, el pasado 12 de febrero, en Ayutuxtepeque, San Salvador Centro, la Policía capturó a Raúl Antonio Aguilar Díaz, de 28 años.
«Este sujeto fue intervenido por uno de nuestros equipos en la colonia Buena Vista, a quien al realizarle un registro preventivo se le encontró: dos botes con marihuana, una báscula digital y dos celulares», informó la corporación policial.
Aguila Díaz será remitido por el delito de posesión y tenencia de drogas.
La Fiscalía en coordinación con la Policía ejecutó el denominado #PlanTenaza en distintos locales del Centro Histórico de San Salvador y en los mercados Hula Hula y Sagrado Corazón, con el objetivo de desarticular puntos de receptación y comercialización ilegal de dispositivos electrónicos.
Como resultado de los registros fueron capturados Wilber Antonio Martínez Orellana, Wilber Amadeo Sánchez Casco, Yoni Milton Hernández Ramírez y Melvin Roberto Cortez Cortez. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a robos y hurtos cometidos en unidades del transporte colectivo, donde presuntamente sustraían celulares de alta gama y computadoras propiedad del Gobierno, cumpliendo distintas funciones dentro de la estructura.
Las autoridades informaron que los implicados serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen más personas relacionadas con estos hechos y ampliar el alcance del operativo en la zona.
