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Expresidente de CSJ, Óscar Pineda Navas, denunciado en FGR por Prevaricato y Actos Arbitrarios por engavetar las solicitudes de Habeas Corpus por más de 4 años, será interrogado en Asamblea
Alexia Rivas, la diputada presidenta de la Comisión Especial que investiga la entrega de fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales (ONG), adelantó que el próximo viernes 16 de julio someterán al escrutinio público al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exgerente de Operaciones Legislativas.
“Continuando con las investigaciones de la Comisión ONG’s, este próximo viernes hemos citado como personas de interés a: Ex Dip Lorena Peña, Ex Dip Carmen Elena de Escalón, Armando Pineda Navas Ex Gerente de Operaciones. Jorge Estrada Ex Jefe de Técnicos”, anunció la diputada Alexia Rivas en su perfil oficial de Twitter.
Tras las confesiones del hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, para los diputados miembros de la citada Comisión Especial es evidente que Óscar Armando Pineda Navas pudo frenar lo que él dejó entrever que son irregularidades, pero no lo hizo y se plegó a las órdenes de los presidentes y presidentas de la Asamblea Legislativa.
Por otro lado, Óscar Armado Pineda Navas ha sido denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones viciadas y no apegadas a derecho, haciendo lo que los denunciantes describieron como “justicia selectiva”.
Entre los delitos que se atribuyen al expresidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, están: la omisión de la aplicación de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que concluyó que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y a quien además se le vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
El GDTA de ONU resolvió durante su 89° período de sesiones, comprendido entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, que “la privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III”, reza la resolución.
Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema de Justicia no solo omitió dar cumplimiento a lo resuelto por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, conforme al derecho internacional, sino que tampoco emprendió ninguna investigación contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raul Melara, también destituido por la Asamblea Legislativa, quienes fabricaron pruebas y mantuvieron una persecución ilegal contra el empresario.
“El Grupo de Trabajo instó a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de señor José Aquiles Enrique Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, explicó uno de los abogados de Enrique Rais.
Adicionalmente, los abogados del señor Enrique Rais denunciaron que el hoy extitular del Órgano Judicial falló a su juramento al mantener “engavetados” por cuatro años los recursos de habeas corpus que ellos interpusieron haciendo uso del derecho que les confiere la Constitución, lo que calificaron de una clara “retardación de la justicia”.
El delito de actos arbitrarios en el que habría incurrido el exmagistrado Pineda Navas está tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que reza: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Mientras que el delito de incumplimiento de deberes se ampara en el artículo 321 del mismo código, en el que se detalla que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Pineda Navas, era el principal encargado de velar y garantizar una “pronta y cumplida justicia”; sin embargo, el exmagistrado asumió de manera individual funciones y potestades colegiadas que corresponden a Corte Plena y no al presidente del Órgano Judicial reclamaron los abogados del empresario.
La denuncia contra Armando Pineda Navas reitera que el exmagistrado habría vulnerado el “Principio de Vinculación Positiva”, en la que se reafirma que los “funcionarios de Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, subrayó en su momento uno de los abogados del señor Enrique Rais.
De manera que el próximo viernes, Óscar Armando Pineda Navas tendrá que responder a los miembros de la Comisión Especial por qué no hizo nada, cuando los dictámenes emitidos en la Comisión de Hacienda eran modificados por el titular de turno del Órgano Legislativo y se alteraban los montos de las asignaciones a las ONG y después dichos dictámenes eran aprobados en el pleno por los demás diputados que desconocían el contenidos lo que estaban aprobando.
América Latina y el Caribe encadenaron en 2025 desastres climáticos y olas de calor sofocaron a sus poblaciones, pero la región es incapaz de contabilizar las muertes causadas por esas temperaturas extremas, alertó un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
El documento «El estado del clima en América Latina y el Caribe 2025», presentado este lunes en Brasilia, registra un año de récords en casi todos los frentes.
Lluvias torrenciales, con inundaciones y deslizamientos de tierra, golpearon varios países como Perú, Ecuador, Brasil, Colombia y Venezuela.
El huracán Melissa devastó Jamaica, con pérdidas de más del 40 % de su PIB.
El 85 % del territorio mexicano fue golpeado por una sequía, mientras los glaciares andinos, de cuya agua dependen unas 90 millones de personas, aceleraron su deshielo.
El informe destaca las recurrentes e intensas olas de calor que asolaron gran parte de América del Norte, Central y del Sur, con temperaturas por encima de los 45 ºC en varios puntos.
El documento apunta que el calor extremo implica «una carga creciente para la salud pública».
Pero la mayoría de los países no publica de forma sistemática datos sobre los fallecimientos por calor, y los impactos suelen deducirse a partir del análisis del exceso de mortalidad.
El organismo calcula que en América Latina mueren alrededor de 13,000 personas al año por causas atribuibles al calor, según un promedio de 17 países entre 2012 y 2021. Pero advierte que esa cifra es, casi con certeza, una subestimación.
«A medida que se intensifiquen los episodios de calor extremo, la mortalidad evitable solo se podrá reducir si se redobla la cooperación entre las esferas del clima y la salud», alerta la OMM.
Existe «una necesidad imperiosa de integrar las alertas meteorológicas tempranas con los sistemas de activación de la salud pública», señala la OMM en un comunicado.
Brasil ilustra tanto la magnitud del problema como sus límites. El Instituto Nacional de Meteorología del país registró siete olas de calor a lo largo de 2025.
En febrero, Rio de Janeiro alcanzó 44 ºC y Sao Paulo batió en diciembre su récord histórico con 37.2 ºC en 64 años de mediciones.
Las escuelas retrasaron su regreso a clases, hubo gente que buscó alivio en playas y en los «refugios climáticos» habilitados por las autoridades municipales.
Pero las muertes directamente atribuidas al calor en ese período siguen siendo, en gran parte, invisibles en las estadísticas oficiales.
La secretaria general de la OMM, la argentina Celeste Saulo, dijo que el informe «es un llamado a la acción».
«Nos insta a fortalecer las observaciones, invertir en servicios, subsanar las deficiencias en los sistemas de alerta temprana y garantizar que la información climática llegue a quienes más la necesitan», afirmó la funcionaria en un comunicado.
El Plan de Acción en Salud de Belém, aprobado en la COP30 de la ONU en noviembre, establece una hoja de ruta para adaptar los sistemas de salud a la crisis climática, recuerda la OMM, que llama en su informe a aplicarla.
El puente sobre el río Guastena en Concepción Quezaltepeque, Chalatenango, beneficia a 6,000 personas así como a 1,000 automovilistas que se movilizan por la zona.
Inaugurado el lunes por el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, la infraestructura se convierte en la solución permanente tras el colapso del puente anterior en el 2015 y paliativos pasos provisionales.
«Aquí colapsó un puente en 2015, luego pusieron uno provisional que también colapsó. Nosotros también colocamos un puente provisional mientras diseñábamos y obteníamos los recursos para hacer una obra permanente», explicó Rodríguez. «Así fue como contratamos para hacer este puente de 200 metros de longitud, incluyendo los accesos. Ahora se garantiza una obra de calidad sobre el río Guastena, Chalatenango», añadió.
El puente se ha iluminado y la capacidad hidráulica ampliado para evitar un futuro colapso. «Prácticamente se cuadruplicó», destacó el funcionario.
La nueva obra incluye ciclovía, iluminación LED y solar, aceras, drenajes y señalización completa.
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Honduras niega ingreso de paquetes escolares dirigidos a salvadoreños en exbolsón de Nahuaterique
Tristeza, frustración e indignación provocó a maestros y a padres de familia la prohibición del gobierno hondureño al ingreso de más de 1,900 paquetes escolares que serían entregados a salvadoreños residentes en Nahuterique, en la zona de los exbolsones al norte de Morazán. El ingreso fue negado en el paso fronterizo Pasamono.
La noticia de la negativa fue dada a conocer por la ministra de Educación, Karla Trigueros, quién encabezaba la caravana con la ayuda a las familias salvadoreñas-hondureñas.
«Los trajimos hasta acá, venimos al punto fronterizo, estamos en este lugar. Sin embargo, me acaban de informar que no vamos a poder ingresar con los paquetes escolares al territorio hondureño. Así que nos vamos a retirar en este momento en respeto a las indicaciones que se nos han brindado», lamentó la ministra.
Trigueros explicó que la entrega del material educativo se haría en cumplimiento al mandato del presidente Nayib Bukele de entregar paquetes escolares a todos los niños salvadoreños del sistema educativo. «Y nuestros niños salvadoreños, que tienen doble nacionalidad, también iban a ser acreedores de estos paquetes escolares».
Los alumnos de la maestra Cindy Lorenzo Pineda, de la Escuela de la Libertad, ubicada en el caserío los Patios 2, serían unos de los beneficiados con los paquetes escolares, que de acuerdo con ella iba a fortalecer el proceso de educación.
«De igual forma, los uniformes son de muchísima utilidad para nuestros estudiantes, así como los cuadernos, todo lo que son útiles. Pero, ahorita se nos está comunicando que no, no van no van a dejar que ellos pasen por cuestiones aquí de la Aduana. Entonces, la verdad es que es preocupante que en nuestro país (Honduras) existan este tipo de de inconvenientes, que debería de ser más bien factible recibir ayuda para nuestros centros educativos y no negarles la entrada», reaccionó la docente.
La educadora mostró impotencia ante la situación «porque estábamos contentos de que el día de hoy íbamos a recibir».
La maestra junto con padres de familia y alumnos se reunieron desde las 6:00 de la mañana en el lugar para recibir a la ministra Trigueros y la ayuda enviada por la administración Bukele.
«Ahora se nos dice que no porque por las cuestiones que se están dando. Entonces, la verdad es que sí nos causa un poquito de indignación, que las cosas se den así, acá en esta aduana. Estamos a la espera de que se nos solucione para poder recibir los paquetes escolares», agregó Lorenzo.
Entre los afectados está Saraí Rodríguez, madre de familia de tres niños, quién manifestó sentirse mal porque la noticia había generado mucha felicidad en los hogares y representaría un alivio económico.
«Nos sentíamos felices porque nos habían tomado en cuenta de darnos un paquete para los niños y se nos hace algo injusto, indigno, que las autoridades hondureñas no quieran dejar pasar los paquetes para los niños que con tantas ansias ellos nos están esperando», indicó la señora.
Rodríguez invitó a las autoridades hondureñas a respetar el tratado que establece que ambas naciones puedan brindar ayuda a los habitantes, ya que todos poseen la doble nacionalidad.
«Nos sentimos mal porque ellos (Honduras) siempre son así, siempre que el gobierno de El Salvador quiere ayudarnos ellos siempre ponen algo para no dejar pasar las ayudas y ellos ninguna forma nos están ayudando», dijo.
La madre de familia mencionó que las autoridades hondureñas nunca han ayudado a la población de los exbolsones «desde que yo fui a la escuela y tengo a mis niños en la escuela, ellos nunca les han dado un cuaderno o un lápiz a los niños. Ellos son muy injustos, muy malos».
La señora pidió a las autoridades hondureñas que dejen el egoísmo y permitan el ingreso de las ayudas.
«Les hago un llamado, no sean así, porque nosotros tenemos una convención y que la respeten, que respeten los derechos que tenemos en esa convención y que ya déjennos recibirlas porque el presidente -Bukele- manda la ayuda para los niños y, de verdad que erade mucha bendición para ellos», indicó.
