Nacionales
Expresidente de CSJ, Óscar Pineda Navas, denunciado en FGR por Prevaricato y Actos Arbitrarios por engavetar las solicitudes de Habeas Corpus por más de 4 años, será interrogado en Asamblea
Alexia Rivas, la diputada presidenta de la Comisión Especial que investiga la entrega de fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales (ONG), adelantó que el próximo viernes 16 de julio someterán al escrutinio público al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exgerente de Operaciones Legislativas.
“Continuando con las investigaciones de la Comisión ONG’s, este próximo viernes hemos citado como personas de interés a: Ex Dip Lorena Peña, Ex Dip Carmen Elena de Escalón, Armando Pineda Navas Ex Gerente de Operaciones. Jorge Estrada Ex Jefe de Técnicos”, anunció la diputada Alexia Rivas en su perfil oficial de Twitter.
Tras las confesiones del hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, para los diputados miembros de la citada Comisión Especial es evidente que Óscar Armando Pineda Navas pudo frenar lo que él dejó entrever que son irregularidades, pero no lo hizo y se plegó a las órdenes de los presidentes y presidentas de la Asamblea Legislativa.
Por otro lado, Óscar Armado Pineda Navas ha sido denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones viciadas y no apegadas a derecho, haciendo lo que los denunciantes describieron como “justicia selectiva”.
Entre los delitos que se atribuyen al expresidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, están: la omisión de la aplicación de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que concluyó que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y a quien además se le vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
El GDTA de ONU resolvió durante su 89° período de sesiones, comprendido entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, que “la privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III”, reza la resolución.
Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema de Justicia no solo omitió dar cumplimiento a lo resuelto por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, conforme al derecho internacional, sino que tampoco emprendió ninguna investigación contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raul Melara, también destituido por la Asamblea Legislativa, quienes fabricaron pruebas y mantuvieron una persecución ilegal contra el empresario.
“El Grupo de Trabajo instó a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de señor José Aquiles Enrique Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, explicó uno de los abogados de Enrique Rais.
Adicionalmente, los abogados del señor Enrique Rais denunciaron que el hoy extitular del Órgano Judicial falló a su juramento al mantener “engavetados” por cuatro años los recursos de habeas corpus que ellos interpusieron haciendo uso del derecho que les confiere la Constitución, lo que calificaron de una clara “retardación de la justicia”.
El delito de actos arbitrarios en el que habría incurrido el exmagistrado Pineda Navas está tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que reza: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Mientras que el delito de incumplimiento de deberes se ampara en el artículo 321 del mismo código, en el que se detalla que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Pineda Navas, era el principal encargado de velar y garantizar una “pronta y cumplida justicia”; sin embargo, el exmagistrado asumió de manera individual funciones y potestades colegiadas que corresponden a Corte Plena y no al presidente del Órgano Judicial reclamaron los abogados del empresario.
La denuncia contra Armando Pineda Navas reitera que el exmagistrado habría vulnerado el “Principio de Vinculación Positiva”, en la que se reafirma que los “funcionarios de Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, subrayó en su momento uno de los abogados del señor Enrique Rais.
De manera que el próximo viernes, Óscar Armando Pineda Navas tendrá que responder a los miembros de la Comisión Especial por qué no hizo nada, cuando los dictámenes emitidos en la Comisión de Hacienda eran modificados por el titular de turno del Órgano Legislativo y se alteraban los montos de las asignaciones a las ONG y después dichos dictámenes eran aprobados en el pleno por los demás diputados que desconocían el contenidos lo que estaban aprobando.
El Salvador será la sede de la próxima Conferencia Regional para América Latina y el Caribe 2027 de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Lo anterior se dio a conocer durante un encuentro entre el vicepresidente de la república, Félix Ulloa, y el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Raúl Salazar, y el representante de FAO El Salvador, Jorge Samaniego.
«Ambos representantes mencionaron que El Salvador será sede, en 2027, de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, un espacio de alto nivel que reúne a tomadores de decisión del sector agrícola», detalló la vicepresidencia en una publicación.
A la vez, señaló que durante la reunión el vicemandatario y los representantes de la ONU conversaron sobre los acercamientos y gestiones que se realizan junto al Consejo Nacional para el Desarrollo (CND), para la elaboración del próximo Informe Nacional Voluntario y sus indicadores priorizados.
Detalló que el encuentro permitió reafirmar la voluntad de continuar trabajando de manera coordinada en iniciativas que fortalezcan la resiliencia climática y el desarrollo de la región.
Asimismo, se abordaron los alcances y perspectivas del proyecto del Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF), «Paz sin Fronteras».
Esta iniciativa, que beneficiará a 13 municipios de la región Trifinio, busca promover mecanismos de paz vinculados al acceso al agua en la región trinacional, para lo cual se proyecta fortalecer la institucionalidad, el diálogo y la gestión.
El representante de FAO El Salvador resaltó la labor que se desarrolla junto con Plan Trifinio, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ONU El Salvador, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en El Salvador, y otros actores estratégicos, con el objetivo de hacer frente a los desafíos del cambio climático.
El vicepresidente Ulloa agradeció a ambos representantes de Naciones Unidas y reafirmó el compromiso del Gobierno de El Salvador por continuar trabajando de manera coordinada con las dos entidades.
El cielo de San Salvador se iluminó con luces multicolor la noche del martes.
A las 8.30 PM de forma sincronizada miles de luces de todos los colores brillaron en los cuatro puntos del gran San Salvador.
Redondeles estratégicos y emblemáticas plazas como el Masferrer, Fuentes Beethoven, Reloj de Flores, Salvador del Mundo, Constitución y El Platillo, brillaron y fueron tomadas de forma pacífica pero alegórica por cientos de trabajadores que se sumaron a una jornada nacional de celebración.
De acuerdo a la dirigencia de la Unidad Sindical Salvadoreña, este es un momento histórico para El Salvador y la clase trabajadora, ante la posible salida de la lista corta de la Organización Internacional del Trabajo.
El ministro de trabajo Rolando Castro fue invitado al singular evento que sorprendió a miles de capitalinos que desde diversos puntos fueron testigos del impresionante espectáculo.
#Nacionales l Miles de trabajadores participaron en concentraciones sindicales Miles de trabajadores se acercaron a los diferentes puntos de concentración convocados por la Unidad Sindical Salvadoreña ( @UnidadSindical_ ) @RolandoCastroSv pic.twitter.com/rTue3iI9gV
— Diario Digital Cronio (@croniosv) May 20, 2026
“Increíble, la Unidad Sindical Salvadoreña está en todos los redondeles, demostrando su compromiso, participación y unidad y no es para menos, este es un paso importante para todos los salvadoreños, empresarios, trabajadores y gobierno”, declaró en una transmisión en vivo el funcionario.
La «lista corta» de la OIT es el grupo de países examinados por la Comisión de Aplicación de Normas durante la Conferencia Internacional del Trabajo. Agrupa a las naciones bajo observación por posibles incumplimientos de convenios y derechos.
En las redes sociales circulan imágenes impresionantes que captaron la colorida fiesta de luces y la celebración popular en las plazas, de miles de trabajadores, conscientes de la importancia de este acontecimiento histórico.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador envío a juicio a Rubén Darío Acebo Cedeño, de 38 años; Hipólito Perlaza Moreno, de 58; ambos de nacionalidad ecuatoriana, y Norberto Valencia Arroyo, de 29 años, de nacionalidad colombiana, acusados por traficar más de 1,300 kg de cocaína valorados en más de $33 millones.
«Los extranjeros fueron intervenidos por la Marina Nacional el 9 julio del 2025, a 600 millas náuticas al sur de la Bocana El Cordoncillo, distrito de San Luis La Herradura, La Paz», informó el fiscal del caso.
Según las investigaciones, los tres imputados se transportaban a bordo de una embarcación de bajo perfil o semi sumergible con 1,326 kg de droga que tras analisis resulto ser cocaína, con un valor de $33,335,640.
«El Salvador no es, ni será, un refugio para el crimen organizado, cada operativo, cada captura, cada tonelada de droga confiscada, es un paso hacia la construcción de un país más seguro», indicó el fiscal general, Rodolfo Delgado, durante la presentación de los imputados.
A los extranjeros se les incautó una embarcación LPV, una antena de servicio de internet satelital, dos teléfonos satelitales, dos GPS y un rastreador satelital.
«Gracias a la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la Fiscalía, durante la audiencia preliminar, se logró establecer la participación de los tres extranjeros en el delito de tráfico ilícito», expresó el fiscal.
En otro caso, el 12 de mayo, los ecuatorianos Jofre Leónidas Pilozo Wila, Francisco Daniel Moreira Alcívar y Sergio Vicente Cuero Fernández fueron condenados a 15 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Los extranjeros fueron ubicados por elementos de la Marina Nacional el 7 de febrero 2025 en altamar y se les intervino a 515 millas náuticas al sur de la bocana El Cordoncillo, distrito de San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Al verificar la embarcación, las autoridades encontraron a los tres procesados dentro de la lancha, transportando 90 bultos que contenían un polvo blanco. Tras realizar la pericia respectiva, la sustancia dio resultado positivo a cocaína, en total transportaban 1,795 kg de cocaína, valorada en $45,126,300. En la audiencia, la FGR aportó abundante prueba para lograr la sentencia.
