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Expresidente de CSJ, Óscar Pineda Navas, denunciado en FGR por Prevaricato y Actos Arbitrarios por engavetar las solicitudes de Habeas Corpus por más de 4 años, será interrogado en Asamblea
Alexia Rivas, la diputada presidenta de la Comisión Especial que investiga la entrega de fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales (ONG), adelantó que el próximo viernes 16 de julio someterán al escrutinio público al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exgerente de Operaciones Legislativas.
“Continuando con las investigaciones de la Comisión ONG’s, este próximo viernes hemos citado como personas de interés a: Ex Dip Lorena Peña, Ex Dip Carmen Elena de Escalón, Armando Pineda Navas Ex Gerente de Operaciones. Jorge Estrada Ex Jefe de Técnicos”, anunció la diputada Alexia Rivas en su perfil oficial de Twitter.
Tras las confesiones del hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, para los diputados miembros de la citada Comisión Especial es evidente que Óscar Armando Pineda Navas pudo frenar lo que él dejó entrever que son irregularidades, pero no lo hizo y se plegó a las órdenes de los presidentes y presidentas de la Asamblea Legislativa.
Por otro lado, Óscar Armado Pineda Navas ha sido denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones viciadas y no apegadas a derecho, haciendo lo que los denunciantes describieron como “justicia selectiva”.
Entre los delitos que se atribuyen al expresidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, están: la omisión de la aplicación de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que concluyó que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y a quien además se le vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
El GDTA de ONU resolvió durante su 89° período de sesiones, comprendido entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, que “la privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III”, reza la resolución.
Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema de Justicia no solo omitió dar cumplimiento a lo resuelto por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, conforme al derecho internacional, sino que tampoco emprendió ninguna investigación contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raul Melara, también destituido por la Asamblea Legislativa, quienes fabricaron pruebas y mantuvieron una persecución ilegal contra el empresario.
“El Grupo de Trabajo instó a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de señor José Aquiles Enrique Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, explicó uno de los abogados de Enrique Rais.
Adicionalmente, los abogados del señor Enrique Rais denunciaron que el hoy extitular del Órgano Judicial falló a su juramento al mantener “engavetados” por cuatro años los recursos de habeas corpus que ellos interpusieron haciendo uso del derecho que les confiere la Constitución, lo que calificaron de una clara “retardación de la justicia”.
El delito de actos arbitrarios en el que habría incurrido el exmagistrado Pineda Navas está tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que reza: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Mientras que el delito de incumplimiento de deberes se ampara en el artículo 321 del mismo código, en el que se detalla que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Pineda Navas, era el principal encargado de velar y garantizar una “pronta y cumplida justicia”; sin embargo, el exmagistrado asumió de manera individual funciones y potestades colegiadas que corresponden a Corte Plena y no al presidente del Órgano Judicial reclamaron los abogados del empresario.
La denuncia contra Armando Pineda Navas reitera que el exmagistrado habría vulnerado el “Principio de Vinculación Positiva”, en la que se reafirma que los “funcionarios de Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, subrayó en su momento uno de los abogados del señor Enrique Rais.
De manera que el próximo viernes, Óscar Armando Pineda Navas tendrá que responder a los miembros de la Comisión Especial por qué no hizo nada, cuando los dictámenes emitidos en la Comisión de Hacienda eran modificados por el titular de turno del Órgano Legislativo y se alteraban los montos de las asignaciones a las ONG y después dichos dictámenes eran aprobados en el pleno por los demás diputados que desconocían el contenidos lo que estaban aprobando.
El Organismo de Dirección de la Corte de Cuentas de la República (CCR) integrado por el Presidente Walter Salvador Sosa y los Magistrados Julio Bendek y Rodrigo Flores aprobaron la ejecución del Plan de Fiscalización de Vehículos Nacionales para las vacaciones agostinas 2026, el cual se realizará del 1 al 6 de agosto con el objetivo de verificar el uso adecuado de los automotores estatales y el cumplimiento de la normativa vigente por parte de las entidades de la administración pública.
Como parte del operativo, se desplegarán 16 equipos de auditoría, integrados por 60 auditores, quienes desarrollarán labores de verificación en diferentes puntos estratégicos del país durante el período vacacional.
La CCR mantendrá una presencia estratégica en todo el país para supervisar el correcto uso de los recursos públicos y fortalecer la transparencia en la gestión institucional.
En ese sentido, se reiteran dos recomendaciones fundamentales a todas las instituciones de la administración pública:
- Que los motoristas porten toda la documentación requerida y vigente, así como la misión oficial debidamente autorizada, con fechas y objetivos claramente establecidos.
- Que los vehículos institucionales cuenten con el logotipo visible de la institución, conforme a la normativa aplicable.
Al respecto, el presidente de la Corte de Cuentas, Walter Sosa destacó que, tras la ejecución de tres planes de fiscalización durante la gestión del actual Organismo de Dirección, se ha observado un avance significativo en el cumplimiento de las disposiciones por parte de las instituciones públicas.
«Cada vez más instituciones de la administración pública hacen un uso responsable y adecuado de los recursos del Estado, lo que refleja un mayor
compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas», afirmó Walter Sosa.
El director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, verificó la implementación de la ley Nacer con Cariño durante un recorrido por la Unidad Nacer con Cariño del Hospital Nacional de Soyapango, donde conoció el modelo de atención materna y neonatal que impulsa el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
La visita formó parte de la agenda oficial que el funcionario desarrolla en El Salvador y fue realizada junto al ministro de Salud, Francisco Alabi. Durante el recorrido visitaron las áreas de labor de parto, recuperación y atención neonatal, donde el personal médico explicó los protocolos aplicados para garantizar una atención humanizada a las madres, los recién nacidos y sus familias.
Uno de los momentos destacados de la jornada fue el encuentro con Josefina, quien dio a luz a las 3:00 de la madrugada a su hijo, Francisco Alejandro. La madre relató a Barbosa y Alabi que durante el proceso recibió un trato respetuoso, acompañamiento permanente del personal de salud y la información necesaria sobre cada procedimiento realizado.
El padre del recién nacido aseguró que la legislación le permitió permanecer junto a su esposa durante el parto para brindarle apoyo emocional en uno de los momentos más importantes para su familia. Además, señaló que años atrás los padres debían esperar fuera de las salas de maternidad.
«No pasé la incertidumbre de no saber qué pasó, si ya nació el bebé, o sea, todas las dudas; estuve con ella y estoy muy emocionado», expresó el padre de Francisco Alejandro.
Familiares de la madre también compartieron su experiencia. La abuela del bebé destacó las instalaciones del área materna, conocida como Mini Nido, y afirmó que la atención actual representa un cambio significativo respecto a años anteriores.
Por su parte, Josefina expresó que incluso una familiar quedó admirada por las condiciones de atención que ofrece el hospital.
Asimismo, la familia aseguró que la atención recibida fue mejor que la de un hospital privado y resaltó los cambios implementados en la atención obstétrica.
Durante la visita, Barbosa conversó con los padres de familia y manifestó su satisfacción por la calidad de la atención brindada a las embarazadas en el sistema público de salud. El director de la OPS afirmó que le sorprendió la forma en que se aplica cada etapa de la ley Nacer con Cariño, desde las charlas durante el embarazo, el ingreso a la sala de parto, el nacimiento y los cuidados posteriores del recién nacido.
La ley Nacer con Cariño, vigente desde 2022, reconoce el derecho de las mujeres a recibir una atención digna, segura y respetuosa durante el embarazo, el parto y el posparto. Además, promueve el parto humanizado, el respeto a las decisiones informadas de la madre, el contacto piel con piel inmediato con el recién nacido, el inicio temprano de la lactancia materna y la participación de un acompañante elegido por la mujer durante el nacimiento, cuando las condiciones médicas lo permiten.
Esta normativa se complementa con la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, que garantiza el seguimiento del desarrollo infantil desde la gestación hasta los primeros años de vida mediante controles médicos, nutrición, estimulación temprana y atención integral para los niños y sus familias.
La OPS ha reconocido a la ley Nacer con Cariño como una buena práctica regional en materia de salud materna y neonatal, y mantiene cooperación técnica con el despacho de la primera dama y el Ministerio de Salud para fortalecer áreas como la atención obstétrica, la vacunación y el seguimiento nutricional.
De acuerdo con las autoridades, estas acciones han contribuido a que El Salvador registre avances en la reducción de la mortalidad materna y neonatal, consolidando un modelo centrado en el bienestar de las madres, los recién nacidos y sus familias.
El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) presentó ayer su nueva plataforma para la renovación y reposición del Documento Único de Identidad (DUI) en línea, una herramienta que permitirá a los ciudadanos realizar el trámite de forma fácil, desde cualquier lugar y en cualquier momento.
El director ejecutivo del RNPN, Fernando Velasco, explicó que la plataforma forma parte del proceso de renovación institucional impulsado por la institución para garantizar un mejor servicio a la población.
«Es una plataforma en línea que permite renovar y reponer el Documento Único de Identidad en dispositivos móviles. Está disponible 24/7, puede hacerlo en cualquier momento, en cualquier situación en que se encuentre el ciudadano», indicó Velasco.
El funcionario detalló que el servicio está disponible tanto para usuarios en el territorio nacional como para la diáspora salvadoreña que reside en Estados Unidos, a través del sitio https://dui.sv/.
Una vez completados los pasos requeridos y realizado el pago en línea, el ciudadano podrá retirar su documento en el duicentro de su conveniencia.
Además, el registrador nacional señaló que, aunque el trámite sea por renovación o reposición, la plataforma permitirá actualizar ciertos datos personales, como la dirección, el correo electrónico, el número de teléfono y el contacto de emergencia.
