Nacionales
Expresidente de CSJ, Óscar Pineda Navas, denunciado en FGR por Prevaricato y Actos Arbitrarios por engavetar las solicitudes de Habeas Corpus por más de 4 años, será interrogado en Asamblea
Alexia Rivas, la diputada presidenta de la Comisión Especial que investiga la entrega de fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales (ONG), adelantó que el próximo viernes 16 de julio someterán al escrutinio público al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exgerente de Operaciones Legislativas.
“Continuando con las investigaciones de la Comisión ONG’s, este próximo viernes hemos citado como personas de interés a: Ex Dip Lorena Peña, Ex Dip Carmen Elena de Escalón, Armando Pineda Navas Ex Gerente de Operaciones. Jorge Estrada Ex Jefe de Técnicos”, anunció la diputada Alexia Rivas en su perfil oficial de Twitter.
Tras las confesiones del hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, para los diputados miembros de la citada Comisión Especial es evidente que Óscar Armando Pineda Navas pudo frenar lo que él dejó entrever que son irregularidades, pero no lo hizo y se plegó a las órdenes de los presidentes y presidentas de la Asamblea Legislativa.
Por otro lado, Óscar Armado Pineda Navas ha sido denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones viciadas y no apegadas a derecho, haciendo lo que los denunciantes describieron como “justicia selectiva”.
Entre los delitos que se atribuyen al expresidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, están: la omisión de la aplicación de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que concluyó que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y a quien además se le vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
El GDTA de ONU resolvió durante su 89° período de sesiones, comprendido entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, que “la privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III”, reza la resolución.
Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema de Justicia no solo omitió dar cumplimiento a lo resuelto por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, conforme al derecho internacional, sino que tampoco emprendió ninguna investigación contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raul Melara, también destituido por la Asamblea Legislativa, quienes fabricaron pruebas y mantuvieron una persecución ilegal contra el empresario.
“El Grupo de Trabajo instó a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de señor José Aquiles Enrique Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, explicó uno de los abogados de Enrique Rais.
Adicionalmente, los abogados del señor Enrique Rais denunciaron que el hoy extitular del Órgano Judicial falló a su juramento al mantener “engavetados” por cuatro años los recursos de habeas corpus que ellos interpusieron haciendo uso del derecho que les confiere la Constitución, lo que calificaron de una clara “retardación de la justicia”.
El delito de actos arbitrarios en el que habría incurrido el exmagistrado Pineda Navas está tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que reza: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Mientras que el delito de incumplimiento de deberes se ampara en el artículo 321 del mismo código, en el que se detalla que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Pineda Navas, era el principal encargado de velar y garantizar una “pronta y cumplida justicia”; sin embargo, el exmagistrado asumió de manera individual funciones y potestades colegiadas que corresponden a Corte Plena y no al presidente del Órgano Judicial reclamaron los abogados del empresario.
La denuncia contra Armando Pineda Navas reitera que el exmagistrado habría vulnerado el “Principio de Vinculación Positiva”, en la que se reafirma que los “funcionarios de Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, subrayó en su momento uno de los abogados del señor Enrique Rais.
De manera que el próximo viernes, Óscar Armando Pineda Navas tendrá que responder a los miembros de la Comisión Especial por qué no hizo nada, cuando los dictámenes emitidos en la Comisión de Hacienda eran modificados por el titular de turno del Órgano Legislativo y se alteraban los montos de las asignaciones a las ONG y después dichos dictámenes eran aprobados en el pleno por los demás diputados que desconocían el contenidos lo que estaban aprobando.
Como parte del Plan San Salvador Centro Ordenado y Seguro, personal del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador Centro realizó el retiro de diferentes obstáculos que habían sido instalados sin autorización.
El procedimiento fue ejecutado sobre el Paseo General Escalón, donde particulares habían colocado tubos metálicos y postes que dificultaban el paso de las personas.
De acuerdo con la comuna capitalina, este tipo de acciones contribuyen al fortalecimiento del orden y garantizan la libre circulación de los peatones en los espacios públicos.
Nacionales
Alcaldía de Santa Tecla emite más de 100 avisos por vehículos abandonados durante este año
El Cuerpo de Agentes Municipales de Santa Tecla (CAMST) informó que durante el presente año ha extendido alrededor de 100 notificaciones a personas que mantienen vehículos en estado de abandono en diferentes puntos del municipio.
Las autoridades detallaron que los automotores se encuentran abandonados en las vías públicas del municipio de La Libertad Sur. Como parte de las acciones de control y ordenamiento, el CAMST ha retirado un total de 13 vehículos.
De acuerdo con Arquímedes López Serrano, director del CAMST, cada mes reciben alrededor de 200 denuncias ciudadanas relacionadas con vehículos, motocicletas y otros objetos dejados en las calles, los cuales obstaculizan o dificultan el tránsito en distintos sectores del municipio.
“Todo lo que hacemos es regulado bajo la Ordenanza Municipal, no podemos ir en contra de la ley”, expresó López Serrano.
Asimismo, el funcionario señaló que mantienen un monitoreo constante y el seguimiento de las denuncias recibidas mediante un plan permanente orientado a garantizar el cumplimiento del artículo 19 de la Ordenanza Municipal. Dicho artículo establece que las calles, aceras y demás espacios municipales deben permanecer libres de infraestructuras u objetos que limiten la libre circulación de las personas y vehículos.
La guerra en Ucrania cobró la vida de un salvadoreño. Jaime Castro, originario del cantón El Sincuyo en el municipio de Tacuba, Ahuachapán, falleció mientras se encontraba en una zona de conflicto, según confirmaron familiares y fuentes locales. El deceso ha generado profundo dolor en su comunidad, donde era reconocido por su trayectoria militar y su activa participación religiosa.
Castro era miembro destacado de la iglesia Asambleas de Dios “Camino a Jericó”, donde se le recordaba por su fe inquebrantable y su compromiso con las actividades parroquiales. Amigos y vecinos lo describen como una persona dedicada a su familia y a su fe, quien había sido enviado recientemente en una misión que lo llevó a territorio ucraniano.
La noticia se ha propagado rápidamente entre residentes de Tacuba y Ahuachapán. Familiares lamentan la pérdida de uno de sus hijos, quien partió lejos de su tierra en busca de nuevas oportunidades o responsabilidades, sin imaginar que no regresaría. “Hoy Ahuachapán despide a uno de sus hijos en medio del dolor y la incertidumbre que deja la guerra”, expresaron allegados en mensajes compartidos en redes sociales.
Aunque las circunstancias exactas de su fallecimiento aún no han sido detalladas públicamente por autoridades salvadoreñas, reportes locales indican que se encontraba en una misión relacionada con su perfil militar. Hasta el momento, no se ha confirmado si el gobierno salvadoreño gestionará la repatriación del cuerpo.
La tragedia ha reavivado el debate sobre los riesgos que enfrentan salvadoreños que viajan a zonas de conflicto en el extranjero, ya sea por motivos laborales, militares o humanitarios. En Tacuba, la comunidad se prepara para rendir homenaje al compatriota, mientras elevan oraciones por el consuelo de su esposa, hijos y demás familiares.
Este lamentable suceso se suma a otros casos de centroamericanos que han perdido la vida en la prolongada guerra entre Rusia y Ucrania, recordando la vulnerabilidad de quienes se ven expuestos a los horrores de los conflictos internacionales lejos de casa.
