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Expresidente de CSJ, Óscar Pineda Navas, denunciado en FGR por Prevaricato y Actos Arbitrarios por engavetar las solicitudes de Habeas Corpus por más de 4 años, será interrogado en Asamblea
Alexia Rivas, la diputada presidenta de la Comisión Especial que investiga la entrega de fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales (ONG), adelantó que el próximo viernes 16 de julio someterán al escrutinio público al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exgerente de Operaciones Legislativas.
“Continuando con las investigaciones de la Comisión ONG’s, este próximo viernes hemos citado como personas de interés a: Ex Dip Lorena Peña, Ex Dip Carmen Elena de Escalón, Armando Pineda Navas Ex Gerente de Operaciones. Jorge Estrada Ex Jefe de Técnicos”, anunció la diputada Alexia Rivas en su perfil oficial de Twitter.
Tras las confesiones del hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, para los diputados miembros de la citada Comisión Especial es evidente que Óscar Armando Pineda Navas pudo frenar lo que él dejó entrever que son irregularidades, pero no lo hizo y se plegó a las órdenes de los presidentes y presidentas de la Asamblea Legislativa.
Por otro lado, Óscar Armado Pineda Navas ha sido denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones viciadas y no apegadas a derecho, haciendo lo que los denunciantes describieron como “justicia selectiva”.
Entre los delitos que se atribuyen al expresidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, están: la omisión de la aplicación de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que concluyó que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y a quien además se le vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
El GDTA de ONU resolvió durante su 89° período de sesiones, comprendido entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, que “la privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III”, reza la resolución.
Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema de Justicia no solo omitió dar cumplimiento a lo resuelto por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, conforme al derecho internacional, sino que tampoco emprendió ninguna investigación contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raul Melara, también destituido por la Asamblea Legislativa, quienes fabricaron pruebas y mantuvieron una persecución ilegal contra el empresario.
“El Grupo de Trabajo instó a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de señor José Aquiles Enrique Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, explicó uno de los abogados de Enrique Rais.
Adicionalmente, los abogados del señor Enrique Rais denunciaron que el hoy extitular del Órgano Judicial falló a su juramento al mantener “engavetados” por cuatro años los recursos de habeas corpus que ellos interpusieron haciendo uso del derecho que les confiere la Constitución, lo que calificaron de una clara “retardación de la justicia”.
El delito de actos arbitrarios en el que habría incurrido el exmagistrado Pineda Navas está tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que reza: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Mientras que el delito de incumplimiento de deberes se ampara en el artículo 321 del mismo código, en el que se detalla que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Pineda Navas, era el principal encargado de velar y garantizar una “pronta y cumplida justicia”; sin embargo, el exmagistrado asumió de manera individual funciones y potestades colegiadas que corresponden a Corte Plena y no al presidente del Órgano Judicial reclamaron los abogados del empresario.
La denuncia contra Armando Pineda Navas reitera que el exmagistrado habría vulnerado el “Principio de Vinculación Positiva”, en la que se reafirma que los “funcionarios de Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, subrayó en su momento uno de los abogados del señor Enrique Rais.
De manera que el próximo viernes, Óscar Armando Pineda Navas tendrá que responder a los miembros de la Comisión Especial por qué no hizo nada, cuando los dictámenes emitidos en la Comisión de Hacienda eran modificados por el titular de turno del Órgano Legislativo y se alteraban los montos de las asignaciones a las ONG y después dichos dictámenes eran aprobados en el pleno por los demás diputados que desconocían el contenidos lo que estaban aprobando.
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Localizan sano y salvo a adolescente reportado como desaparecido; no fue víctima de ningún delito
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que un adolescente identificado con las iniciales H. D. C., reportado como desaparecido, fue localizado en buen estado de salud. Tras recibir la denuncia, la institución activó de inmediato el protocolo de búsqueda en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades confirmaron que el joven fue encontrado sin haber sido víctima de ningún delito. Una vez verificada su identidad y condiciones, fue entregado a sus familiares, por lo que la FGR dio por cerrado el caso.
Este resultado destaca la importancia de la denuncia oportuna y de la rápida activación de los mecanismos interinstitucionales de búsqueda. La coordinación entre la Fiscalía y la Policía permitió ubicar al menor en un tiempo relativamente corto y descartar cualquier situación de riesgo o hecho delictivo.
Casos como este refuerzan la necesidad de que la población reporte de forma inmediata cualquier desaparición, ya que la intervención temprana aumenta significativamente las posibilidades de un desenlace favorable.
Después de recibir la denuncia por la desaparición de H. D. C., la @FGR_SV activó el protocolo de búsqueda, en coordinación con la @PNCSV.
Afortunadamente, ha sido localizado sin ser víctima de ningún delito. pic.twitter.com/jRpWhKuxvR
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) August 6, 2026
Ricardo Chávez Martínez, un joven motociclista originario del cantón Planes Primero, en el distrito de Chinameca, falleció en las últimas horas a consecuencia de las graves lesiones que sufrió en un accidente de tránsito ocurrido la noche del martes en el departamento de San Miguel.
El joven viajaba en motocicleta junto a su novia por la carretera Panamericana, a la altura del desvío a Lolotique, cuando colisionó contra un vehículo particular. Ambos resultaron lesionados en el impacto y fueron trasladados a un centro asistencial. Sin embargo, Ricardo no logró superar la gravedad de sus heridas y perdió la vida mientras recibía atención médica.
Además de ser motociclista, Ricardo era un reconocido futbolista de la zona y dejó un profundo pesar entre familiares, amigos y la comunidad de Chinameca. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias exactas del accidente ni el estado de salud de su acompañante.
Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro vial.
Agentes de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil capturaron a dos hombres y una mujer a quienes les decomisaron varias porciones de cocaína en la colonia Carrillo II, del distrito de Uluazapa, municipio de San Miguel Centro. Los detenidos fueron identificados como Elena Lisseth Domínguez Rivera, de 26 años; Denny Leopoldo Ascencio Reyes, de 28 años; y Daniel Antonio Arias Trejo, de 24 años.
Según la información policial, los tres se conducían a bordo de un vehículo cuando fueron interceptados. En el interior del automóvil se encontraron porciones de cocaína, dinero en efectivo, tres teléfonos celulares, un radio comunicador, un triturador metálico, dos tijeras metálicas, un paquete de papel para elaborar cigarrillos y varias bolsas plásticas transparentes.
Los capturados serán presentados ante los tribunales correspondientes para enfrentar cargos por el delito de tráfico ilícito de drogas. La Policía reiteró que este tipo de actividades ilícitas solo conducen a enfrentar la justicia.
La captura forma parte de las operaciones continuas que realiza la PNC en la zona oriental del país contra el narcomenudeo.
