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Expresidente de CSJ, Óscar Pineda Navas, denunciado en FGR por Prevaricato y Actos Arbitrarios por engavetar las solicitudes de Habeas Corpus por más de 4 años, será interrogado en Asamblea
Alexia Rivas, la diputada presidenta de la Comisión Especial que investiga la entrega de fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales (ONG), adelantó que el próximo viernes 16 de julio someterán al escrutinio público al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exgerente de Operaciones Legislativas.
“Continuando con las investigaciones de la Comisión ONG’s, este próximo viernes hemos citado como personas de interés a: Ex Dip Lorena Peña, Ex Dip Carmen Elena de Escalón, Armando Pineda Navas Ex Gerente de Operaciones. Jorge Estrada Ex Jefe de Técnicos”, anunció la diputada Alexia Rivas en su perfil oficial de Twitter.
Tras las confesiones del hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, para los diputados miembros de la citada Comisión Especial es evidente que Óscar Armando Pineda Navas pudo frenar lo que él dejó entrever que son irregularidades, pero no lo hizo y se plegó a las órdenes de los presidentes y presidentas de la Asamblea Legislativa.
Por otro lado, Óscar Armado Pineda Navas ha sido denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones viciadas y no apegadas a derecho, haciendo lo que los denunciantes describieron como “justicia selectiva”.
Entre los delitos que se atribuyen al expresidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, están: la omisión de la aplicación de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que concluyó que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y a quien además se le vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
El GDTA de ONU resolvió durante su 89° período de sesiones, comprendido entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, que “la privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III”, reza la resolución.
Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema de Justicia no solo omitió dar cumplimiento a lo resuelto por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, conforme al derecho internacional, sino que tampoco emprendió ninguna investigación contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raul Melara, también destituido por la Asamblea Legislativa, quienes fabricaron pruebas y mantuvieron una persecución ilegal contra el empresario.
“El Grupo de Trabajo instó a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de señor José Aquiles Enrique Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, explicó uno de los abogados de Enrique Rais.
Adicionalmente, los abogados del señor Enrique Rais denunciaron que el hoy extitular del Órgano Judicial falló a su juramento al mantener “engavetados” por cuatro años los recursos de habeas corpus que ellos interpusieron haciendo uso del derecho que les confiere la Constitución, lo que calificaron de una clara “retardación de la justicia”.
El delito de actos arbitrarios en el que habría incurrido el exmagistrado Pineda Navas está tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que reza: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Mientras que el delito de incumplimiento de deberes se ampara en el artículo 321 del mismo código, en el que se detalla que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Pineda Navas, era el principal encargado de velar y garantizar una “pronta y cumplida justicia”; sin embargo, el exmagistrado asumió de manera individual funciones y potestades colegiadas que corresponden a Corte Plena y no al presidente del Órgano Judicial reclamaron los abogados del empresario.
La denuncia contra Armando Pineda Navas reitera que el exmagistrado habría vulnerado el “Principio de Vinculación Positiva”, en la que se reafirma que los “funcionarios de Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, subrayó en su momento uno de los abogados del señor Enrique Rais.
De manera que el próximo viernes, Óscar Armando Pineda Navas tendrá que responder a los miembros de la Comisión Especial por qué no hizo nada, cuando los dictámenes emitidos en la Comisión de Hacienda eran modificados por el titular de turno del Órgano Legislativo y se alteraban los montos de las asignaciones a las ONG y después dichos dictámenes eran aprobados en el pleno por los demás diputados que desconocían el contenidos lo que estaban aprobando.
El Vicepresidente Félix Ulloa, participó en el lanzamiento de la construcción del Centro Integrado de Inteligencia Aduanera (CIIA), proyecto liderado por la Dirección General de Aduana El Salvador, en Ilopango.
Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa señaló que este proyecto se enmarca en la tercera etapa del Plan Económico, catalogada como Logística, centrada en el crecimiento económico sostenido y la eficiencia del Estado. Recordó que, tras alcanzar el “milagro de la seguridad”, el segundo periodo del Presidente Bukele está orientado a lograr el “milagro económico”, mediante esfuerzos clave como este.
Asimismo, resaltó que Aduana El Salvador es un ejemplo de esta transformación, al convertirse en una institución moderna y confiable que agiliza el comercio, fortalece la seguridad fronteriza y combate fenómenos del pasado como la corrupción y la evasión fiscal. “El reconocimiento de nuestro país trasciende fronteras; El Salvador ha demostrado, incluso ante organismos como GAFILAT, que es un Gobierno decidido a combatir la corrupción y fortalecer la transparencia”, enfatizó.
Por su parte, el Titular del Ministerio de Hacienda, Jerson Posada, destacó que este proyecto es resultado de la coordinación interinstitucional y del trabajo conjunto entre el sector público y privado, lo que contribuirá a mejorar la competitividad y dinamizar el comercio exterior. Además, el Director General de Aduanas, Benjamín Mayorga, enfatizó que el liderazgo del Presidente Nayib Bukele ha sido clave para modernizar los puntos fronterizos y fortalecer la eficiencia del sistema aduanero nacional.
El Centro Integrado de Inteligencia Aduanera (CIIA) es una apuesta estratégica para automatizar y simplificar los procesos de despacho en las aduanas, reforzar la seguridad en fronteras y garantizar eficiencia en la revisión y control de mercancías, mediante tecnologías como:
- Sistemas de videovigilancia.
- Drones, lectores de códigos QR, antenas RFID.
- Detectores de sustancias y explosivos.
- Software de inteligencia artificial.
La modernización aduanera no solo impulsa el crecimiento económico, sino que consolida al país como un modelo regional en gestión eficiente, integridad y digitalización. El evento contó con la presencia de representantes del sector privado; gremiales y aliados estratégicos.
Una mujer reportó a través de redes sociales el robo de su billetera en un minisúper ubicado en una estación de servicio en San Salvador. Según la denunciante, la cartera fue olvidada sobre el mostrador y, al regresar, ya no estaba.
Las imágenes de las cámaras de seguridad revelaron que una pareja que se encontraba en el establecimiento observó la billetera y la tomó con disimulo.
La afectada indicó que en el interior de la cartera había dos tarjetas de crédito, un DUI, $20 en efectivo y una tarjeta universitaria a nombre de Haizel Yasmin Torres Guerra, y pidió a quien la haya tomado que se comunique, ya que los documentos son importantes.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Francisco Antonio Lara Arce, quien había sido reportado como desaparecido, fue localizado con vida tras un operativo de búsqueda realizado en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC).
Según la institución, familiares y amigos de Lara Arce habían solicitado apoyo para encontrarlo, por lo que se activó el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas.
La FGR confirmó que el hombre fue hallado sin haber sido víctima de ningún delito, y destacó la efectividad del trabajo conjunto con la PNC para lograr su localización.
