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Expresidente de CSJ, Óscar Pineda Navas, denunciado en FGR por Prevaricato y Actos Arbitrarios por engavetar las solicitudes de Habeas Corpus por más de 4 años, será interrogado en Asamblea
Alexia Rivas, la diputada presidenta de la Comisión Especial que investiga la entrega de fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales (ONG), adelantó que el próximo viernes 16 de julio someterán al escrutinio público al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exgerente de Operaciones Legislativas.
“Continuando con las investigaciones de la Comisión ONG’s, este próximo viernes hemos citado como personas de interés a: Ex Dip Lorena Peña, Ex Dip Carmen Elena de Escalón, Armando Pineda Navas Ex Gerente de Operaciones. Jorge Estrada Ex Jefe de Técnicos”, anunció la diputada Alexia Rivas en su perfil oficial de Twitter.
Tras las confesiones del hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, para los diputados miembros de la citada Comisión Especial es evidente que Óscar Armando Pineda Navas pudo frenar lo que él dejó entrever que son irregularidades, pero no lo hizo y se plegó a las órdenes de los presidentes y presidentas de la Asamblea Legislativa.
Por otro lado, Óscar Armado Pineda Navas ha sido denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones viciadas y no apegadas a derecho, haciendo lo que los denunciantes describieron como “justicia selectiva”.
Entre los delitos que se atribuyen al expresidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, están: la omisión de la aplicación de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que concluyó que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y a quien además se le vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
El GDTA de ONU resolvió durante su 89° período de sesiones, comprendido entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, que “la privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III”, reza la resolución.
Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema de Justicia no solo omitió dar cumplimiento a lo resuelto por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, conforme al derecho internacional, sino que tampoco emprendió ninguna investigación contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raul Melara, también destituido por la Asamblea Legislativa, quienes fabricaron pruebas y mantuvieron una persecución ilegal contra el empresario.
“El Grupo de Trabajo instó a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de señor José Aquiles Enrique Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, explicó uno de los abogados de Enrique Rais.
Adicionalmente, los abogados del señor Enrique Rais denunciaron que el hoy extitular del Órgano Judicial falló a su juramento al mantener “engavetados” por cuatro años los recursos de habeas corpus que ellos interpusieron haciendo uso del derecho que les confiere la Constitución, lo que calificaron de una clara “retardación de la justicia”.
El delito de actos arbitrarios en el que habría incurrido el exmagistrado Pineda Navas está tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que reza: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Mientras que el delito de incumplimiento de deberes se ampara en el artículo 321 del mismo código, en el que se detalla que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Pineda Navas, era el principal encargado de velar y garantizar una “pronta y cumplida justicia”; sin embargo, el exmagistrado asumió de manera individual funciones y potestades colegiadas que corresponden a Corte Plena y no al presidente del Órgano Judicial reclamaron los abogados del empresario.
La denuncia contra Armando Pineda Navas reitera que el exmagistrado habría vulnerado el “Principio de Vinculación Positiva”, en la que se reafirma que los “funcionarios de Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, subrayó en su momento uno de los abogados del señor Enrique Rais.
De manera que el próximo viernes, Óscar Armando Pineda Navas tendrá que responder a los miembros de la Comisión Especial por qué no hizo nada, cuando los dictámenes emitidos en la Comisión de Hacienda eran modificados por el titular de turno del Órgano Legislativo y se alteraban los montos de las asignaciones a las ONG y después dichos dictámenes eran aprobados en el pleno por los demás diputados que desconocían el contenidos lo que estaban aprobando.
El ministro del Ministerio de Obras Públicas de El Salvador, Romeo Herrera, anunció la activación del servicio gratuito de grúas como parte del plan “MOP Te Asiste”, que estará disponible a nivel nacional las 24 horas del día.
El servicio inició este 25 de marzo y se mantendrá hasta el lunes 6 de abril, cubriendo el periodo de Semana Santa, con el objetivo de brindar apoyo inmediato a los conductores ante cualquier emergencia vial.
Las autoridades destacaron que cualquier persona podrá acceder al servicio sin costo, sin importar el lugar o la hora, incluso con traslado hasta su vivienda si es necesario, garantizando así mayor seguridad y tranquilidad en las carreteras del país.
Este miércoles 25 de marzo, la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE), Roxana Soriano, suscribió un acuerdo de cooperación con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en el marco de la preparación de las Elecciones Generales de 2027.
El convenio fue firmado junto a la procuradora Raquel Caballero de Guevara, quien actuó en representación de la institución garante de los derechos humanos en el país. Este acuerdo establece mecanismos de coordinación interinstitucional, así como la articulación de esfuerzos técnicos y operativos durante el desarrollo del proceso electoral.
Durante el acto, Soriano destacó que la firma trasciende lo protocolario y representa un compromiso de fondo con el fortalecimiento democrático. “Más que formalizar un convenio es un compromiso histórico con la democracia, con los derechos humanos y con el futuro de nuestra nación”, expresó.
El acuerdo también busca robustecer las acciones de observación electoral, con énfasis en la promoción y garantía de los derechos políticos de la ciudadanía. A través de este tipo de alianzas, se pretende asegurar procesos más transparentes, inclusivos y respetuosos del marco legal vigente.
Las autoridades subrayaron que la cooperación entre instituciones será clave para generar confianza en la población de cara a los comicios de 2027.
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Gobierno desplegará inspectores para verificar derechos laborales durante el asueto de Semana Santa 2026
Con el objetivo de proteger los derechos de la clase trabajadora, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) anunció que sus inspectores se desplegarán a nivel nacional durante el asueto vacacional de Semana Santa 2026. Los días jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril están establecidos como asuetos remunerados según el Código de Trabajo.
Aunque muchos salvadoreños aprovecharán estos días para actividades recreativas y descanso en familia, quienes laboren por mutuo acuerdo con su empleador tendrán derecho a un recargo del 100%, es decir, al pago doble de su jornada ordinaria.
El vocero del MTPS, Celso Aparicio, recordó que “si el empleado, de común acuerdo con el patrón, decide laborar, estos días deben ser remunerados con salario ordinario más un recargo del ciento por ciento”. Las inspecciones se realizarán en los 14 departamentos del país, priorizando comercios, empresas y centros de atención al público que permanezcan abiertos.
El Ministerio investigará cualquier denuncia de incumplimiento y aplicará sanciones que varían según la gravedad de la infracción y el tamaño de la empresa. El despliegue busca disuadir violaciones y garantizar que se respete plenamente la legislación laboral durante el periodo vacacional.
Los trabajadores que consideren que sus derechos han sido vulnerados pueden denunciar de forma gratuita a través del Call Center 130 o acercándose a cualquiera de las sedes del MTPS a nivel nacional.
