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Expresidente de CSJ, Óscar Pineda Navas, denunciado en FGR por Prevaricato y Actos Arbitrarios por engavetar las solicitudes de Habeas Corpus por más de 4 años, será interrogado en Asamblea
Alexia Rivas, la diputada presidenta de la Comisión Especial que investiga la entrega de fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales (ONG), adelantó que el próximo viernes 16 de julio someterán al escrutinio público al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exgerente de Operaciones Legislativas.
“Continuando con las investigaciones de la Comisión ONG’s, este próximo viernes hemos citado como personas de interés a: Ex Dip Lorena Peña, Ex Dip Carmen Elena de Escalón, Armando Pineda Navas Ex Gerente de Operaciones. Jorge Estrada Ex Jefe de Técnicos”, anunció la diputada Alexia Rivas en su perfil oficial de Twitter.
Tras las confesiones del hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, para los diputados miembros de la citada Comisión Especial es evidente que Óscar Armando Pineda Navas pudo frenar lo que él dejó entrever que son irregularidades, pero no lo hizo y se plegó a las órdenes de los presidentes y presidentas de la Asamblea Legislativa.
Por otro lado, Óscar Armado Pineda Navas ha sido denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones viciadas y no apegadas a derecho, haciendo lo que los denunciantes describieron como “justicia selectiva”.
Entre los delitos que se atribuyen al expresidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, están: la omisión de la aplicación de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que concluyó que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y a quien además se le vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
El GDTA de ONU resolvió durante su 89° período de sesiones, comprendido entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, que “la privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III”, reza la resolución.
Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema de Justicia no solo omitió dar cumplimiento a lo resuelto por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, conforme al derecho internacional, sino que tampoco emprendió ninguna investigación contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raul Melara, también destituido por la Asamblea Legislativa, quienes fabricaron pruebas y mantuvieron una persecución ilegal contra el empresario.
“El Grupo de Trabajo instó a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de señor José Aquiles Enrique Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, explicó uno de los abogados de Enrique Rais.
Adicionalmente, los abogados del señor Enrique Rais denunciaron que el hoy extitular del Órgano Judicial falló a su juramento al mantener “engavetados” por cuatro años los recursos de habeas corpus que ellos interpusieron haciendo uso del derecho que les confiere la Constitución, lo que calificaron de una clara “retardación de la justicia”.
El delito de actos arbitrarios en el que habría incurrido el exmagistrado Pineda Navas está tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que reza: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Mientras que el delito de incumplimiento de deberes se ampara en el artículo 321 del mismo código, en el que se detalla que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Pineda Navas, era el principal encargado de velar y garantizar una “pronta y cumplida justicia”; sin embargo, el exmagistrado asumió de manera individual funciones y potestades colegiadas que corresponden a Corte Plena y no al presidente del Órgano Judicial reclamaron los abogados del empresario.
La denuncia contra Armando Pineda Navas reitera que el exmagistrado habría vulnerado el “Principio de Vinculación Positiva”, en la que se reafirma que los “funcionarios de Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, subrayó en su momento uno de los abogados del señor Enrique Rais.
De manera que el próximo viernes, Óscar Armando Pineda Navas tendrá que responder a los miembros de la Comisión Especial por qué no hizo nada, cuando los dictámenes emitidos en la Comisión de Hacienda eran modificados por el titular de turno del Órgano Legislativo y se alteraban los montos de las asignaciones a las ONG y después dichos dictámenes eran aprobados en el pleno por los demás diputados que desconocían el contenidos lo que estaban aprobando.
Dos hombres en estado de ebriedad fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) tras agredir con un corvo a un tercero que también se encontraba bajo los efectos del alcohol en el distrito de Santiago Nonualco, La Paz Centro.
De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas dentro de su vivienda y los dos hombres ingresaron al inmueble. Posteriormente, tras una acalorada discusión, lo atacaron con un corvo.
Las autoridades detallaron que la víctima sufrió heridas en una mano y la pérdida de uno de sus dedos a causa de la agresión.
Los atacantes fueron identificados como Benjamín Edgardo Hernández Rodríguez y José Noé Díaz González, quienes fueron localizados y capturados mediante un inmediato dispositivo policial. Ambos serán remitidos por el delito de lesiones.
Equipos del Sistema Nacional de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y la Cruz Roja Salvadoreña atendieron un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 34 de la carretera Panamericana, en el distrito de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán Sur.
De acuerdo con las autoridades, el Equipo Táctico Operativo de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos realizaron labores de rescate para auxiliar a las personas involucradas en el percance.
Como resultado del accidente, tres personas resultaron lesionadas y fueron estabilizadas en el lugar por personal de emergencia antes de ser trasladadas al Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima, donde recibirán atención médica.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas que originaron el accidente ni han revelado la identidad de las personas lesionadas.
La tendencia en materia de seguridad registrada durante los últimos años bajo el Gobierno del presidente Nayib Bukele continuó mostrando mejoras durante el primer semestre de 2026, al registrar una nueva reducción en los homicidios respecto al mismo período de 2025.
Entre enero y junio de este año, las autoridades de Seguridad contabilizaron 29 homicidios, la cifra más baja para ese período. El resultado representa una disminución del 32.6 % en comparación con el primer semestre de 2025, cuando se registraron 43 asesinatos, consolidando la tendencia a la baja de este delito en el país.
La reducción se suma al comportamiento observado en los últimos años, en los que El Salvador ha reportado una disminución sostenida de los homicidios, junto con un incremento en los días sin asesinatos, en el marco de las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción.
Las estadísticas correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio reflejan un promedio de 0.16 homicidios por día. Además, la Policía Nacional Civil reportó 156 días sin homicidios en lo que va de 2026.
Durante el primer trimestre del año se registraron 19 homicidios: cuatro en enero, cinco en febrero y 10 en marzo. Posteriormente, la Policía Nacional Civil informó de tres homicidios en abril, seis en mayo y uno en junio, convirtiendo a este último en el mes más seguro del semestre.
Las autoridades señalaron que, al igual que en los últimos tres años, más del 70 % de los homicidios registrados han estado relacionados con casos de intolerancia social y familiar, tendencia que se mantiene durante este año.
«En este país, quien se atreva a atentar contra la vida de otra persona debe tener claro que pasará el resto de sus días tras las rejas. No hay perdón ni olvido, nos encargaremos de que no salga caminando de la cárcel», afirmó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Las autoridades también destacaron que, además de la reducción sostenida de homicidios, la gestión de Seguridad se ha caracterizado por resolver los casos reportados mediante la captura inmediata de los responsables, en la mayoría de los casos en un plazo menor a 72 horas.
Para cada homicidio reportado, la Policía activa el Protocolo de Resolución de Homicidios (PRHO), cuyo objetivo es localizar y capturar a los responsables para que enfrenten la justicia.
Entre las capturas recientes figura la de José Roberto Arévalo Mojica, de 28 años, señalado por la Policía como el presunto responsable de un homicidio ocurrido el pasado 16 de junio en Soyapango, San Salvador Este.
De acuerdo con el reporte oficial, Arévalo Mojica habría dado muerte a su padrastro, un hombre de 78 años, quien fue lesionado con un objeto contundente. Las autoridades indicaron que el móvil del crimen estuvo relacionado con problemas familiares.
