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Expresidente de CSJ, Óscar Pineda Navas, denunciado en FGR por Prevaricato y Actos Arbitrarios por engavetar las solicitudes de Habeas Corpus por más de 4 años, será interrogado en Asamblea
Alexia Rivas, la diputada presidenta de la Comisión Especial que investiga la entrega de fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales (ONG), adelantó que el próximo viernes 16 de julio someterán al escrutinio público al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exgerente de Operaciones Legislativas.
“Continuando con las investigaciones de la Comisión ONG’s, este próximo viernes hemos citado como personas de interés a: Ex Dip Lorena Peña, Ex Dip Carmen Elena de Escalón, Armando Pineda Navas Ex Gerente de Operaciones. Jorge Estrada Ex Jefe de Técnicos”, anunció la diputada Alexia Rivas en su perfil oficial de Twitter.
Tras las confesiones del hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, para los diputados miembros de la citada Comisión Especial es evidente que Óscar Armando Pineda Navas pudo frenar lo que él dejó entrever que son irregularidades, pero no lo hizo y se plegó a las órdenes de los presidentes y presidentas de la Asamblea Legislativa.
Por otro lado, Óscar Armado Pineda Navas ha sido denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones viciadas y no apegadas a derecho, haciendo lo que los denunciantes describieron como “justicia selectiva”.
Entre los delitos que se atribuyen al expresidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, están: la omisión de la aplicación de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que concluyó que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y a quien además se le vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
El GDTA de ONU resolvió durante su 89° período de sesiones, comprendido entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, que “la privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III”, reza la resolución.
Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema de Justicia no solo omitió dar cumplimiento a lo resuelto por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, conforme al derecho internacional, sino que tampoco emprendió ninguna investigación contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raul Melara, también destituido por la Asamblea Legislativa, quienes fabricaron pruebas y mantuvieron una persecución ilegal contra el empresario.
“El Grupo de Trabajo instó a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de señor José Aquiles Enrique Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, explicó uno de los abogados de Enrique Rais.
Adicionalmente, los abogados del señor Enrique Rais denunciaron que el hoy extitular del Órgano Judicial falló a su juramento al mantener “engavetados” por cuatro años los recursos de habeas corpus que ellos interpusieron haciendo uso del derecho que les confiere la Constitución, lo que calificaron de una clara “retardación de la justicia”.
El delito de actos arbitrarios en el que habría incurrido el exmagistrado Pineda Navas está tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que reza: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Mientras que el delito de incumplimiento de deberes se ampara en el artículo 321 del mismo código, en el que se detalla que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Pineda Navas, era el principal encargado de velar y garantizar una “pronta y cumplida justicia”; sin embargo, el exmagistrado asumió de manera individual funciones y potestades colegiadas que corresponden a Corte Plena y no al presidente del Órgano Judicial reclamaron los abogados del empresario.
La denuncia contra Armando Pineda Navas reitera que el exmagistrado habría vulnerado el “Principio de Vinculación Positiva”, en la que se reafirma que los “funcionarios de Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, subrayó en su momento uno de los abogados del señor Enrique Rais.
De manera que el próximo viernes, Óscar Armando Pineda Navas tendrá que responder a los miembros de la Comisión Especial por qué no hizo nada, cuando los dictámenes emitidos en la Comisión de Hacienda eran modificados por el titular de turno del Órgano Legislativo y se alteraban los montos de las asignaciones a las ONG y después dichos dictámenes eran aprobados en el pleno por los demás diputados que desconocían el contenidos lo que estaban aprobando.
Con el objetivo de mantener la excelencia técnica y consolidar una fiscalización pública de alto nivel, la Corte de Cuentas de la República (CCR) firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría (CVPCPA).
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa; el primer magistrado, Julio Guillermo Bendek; y el segundo magistrado, José Rodrigo Flores, junto a la directora presidenta del CVPCPA, Cecilia Pereira.
Durante el evento, el presidente Walter Salvador Sosa destacó la importancia de esta cooperación como un paso decisivo hacia una administración pública más sólida y confiable. “Avanzamos con firmeza hacia una gestión pública más profesional, más transparente y cercana a la ciudadanía. Este acto constituye un
peldaño más hacia la formación continua y el desarrollo del talento humano”, expresó.
Uno de los principales beneficios para los auditores de la Corte de Cuentas consiste en facilitar la formación especializada que será impartida en el Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP) de la CCR, para cumplir las 40 horas anuales de actualización requeridas por la Norma de Educación Continuada del CVPCPA.
La misión del CVPCPA es regular y supervisar el desempeño profesional de quienes ejercen la contaduría pública, promoviendo la ética, las buenas prácticas de control de calidad, la educación continua y el cumplimiento regulatorio.
Esta alianza interinstitucional contribuye a la coordinación de
cursos técnicos especializados desarrollados de manera conjunta por ambas instituciones; al cumplimiento del artículo 5 de la Ley de la Corte de Cuentas y al avance de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2025-2028, reafirmando
el compromiso de la CCR con la modernización y el fortalecimiento de la gestión pública.
La Corte de Cuentas de la República reafirma su apuesta por la profesionalización como eje fundamental de una fiscalización innovadora, fortaleciendo la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía y contribuyendo al desarrollo de El Salvador.
El acto oficial se desarrolló en las instalaciones del CINCAP de la CCR
Dos personas resultaron lesionadas este miércoles, durante un percance vial ocurrido sobre el km 25 de la carretera hacia el Puerto de La Libertad, en las cercanías del desvío al Distrito de Zaragoza.
La Policía Nacional Civil informó que un camión que transportaba tierra chocó contra los separadores de la carretera, dejando escombros sobre la vía.
La tierra esparcida sobre la carretera también provocó que un motociclista que transitaba por el lugar derrapara y también resultó lesionado.
Tanto el conductor del conductor del camión como el motociclista fueron trasladados a un centro hospitalario.
El comercio de bienes salvadoreños cerró el 2025 con cifras positivas. Las estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR) revelan que el país comercializó $6,428.5 millones en los distintos mercados internacionales, cifras superiores a las de 2024.
En ese sentido, el flujo comercial representó un crecimiento del 1.9 % comparado con lo registrado en 2024. En detalle, los datos indican que el año pasado, las exportaciones sumaron $117 millones más que en 2024, cuando fueron de $6,311.5 millones.
En el caso del volumen, las exportaciones registraron un crecimiento del 2.9 %, totalizando 3,560.7 millones de kilogramos, lo que representa 99.8 millones de kilogramos más que en 2024.
Estados Unidos sigue siendo el principal comprador de bienes salvadoreños, con $2,086 millones.
Sin embargo, Centroamérica también se posiciona entre los principales destinos, en los que destacan Guatemala, con $1,262.9 millones (+2.5 %); Honduras, con $1,076.2 millones (+5.6 %); Nicaragua con $586.1 millones (+3.9 %) y Costa Rica con $286.3 millones.
A estos mercados se les une también México, con $251.9 millones; Panamá, con $123.5 millones; República Dominicana, con $109.8 millones; España, con $71.6 millones; Bélgica, con $54.8 millones, y el resto del mundo con $519.5 millones.
El BCR indicó que las exportaciones de café alcanzaron los $167.7 millones en 2024, mientras que en el azúcar $161 millones.
Las exportaciones de maquila totalizaron $880.7 millones, con un crecimiento del $0.4 %, mientras que las corrientes fueron $5,447.8 % millones, un 2.1 % más.
Por otra parte, entre los productos más comercializados destacan: «T-shirts» y camisetas, de punto (7.7 %); Suéteres (jerseys), pulóveres, cárdigan, chalecos y artículos similares, de punto (6.1 %); los artículos para el transporte o envasado, de plástico (4.9 %), así como hilos, cables y demás conductores aislados para electricidad (3.4 %).
