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Expresidente de CSJ, Óscar Pineda Navas, denunciado en FGR por Prevaricato y Actos Arbitrarios por engavetar las solicitudes de Habeas Corpus por más de 4 años, será interrogado en Asamblea
Alexia Rivas, la diputada presidenta de la Comisión Especial que investiga la entrega de fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales (ONG), adelantó que el próximo viernes 16 de julio someterán al escrutinio público al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exgerente de Operaciones Legislativas.
“Continuando con las investigaciones de la Comisión ONG’s, este próximo viernes hemos citado como personas de interés a: Ex Dip Lorena Peña, Ex Dip Carmen Elena de Escalón, Armando Pineda Navas Ex Gerente de Operaciones. Jorge Estrada Ex Jefe de Técnicos”, anunció la diputada Alexia Rivas en su perfil oficial de Twitter.
Tras las confesiones del hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, para los diputados miembros de la citada Comisión Especial es evidente que Óscar Armando Pineda Navas pudo frenar lo que él dejó entrever que son irregularidades, pero no lo hizo y se plegó a las órdenes de los presidentes y presidentas de la Asamblea Legislativa.
Por otro lado, Óscar Armado Pineda Navas ha sido denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones viciadas y no apegadas a derecho, haciendo lo que los denunciantes describieron como “justicia selectiva”.
Entre los delitos que se atribuyen al expresidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, están: la omisión de la aplicación de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que concluyó que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y a quien además se le vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
El GDTA de ONU resolvió durante su 89° período de sesiones, comprendido entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, que “la privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III”, reza la resolución.
Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema de Justicia no solo omitió dar cumplimiento a lo resuelto por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, conforme al derecho internacional, sino que tampoco emprendió ninguna investigación contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raul Melara, también destituido por la Asamblea Legislativa, quienes fabricaron pruebas y mantuvieron una persecución ilegal contra el empresario.
“El Grupo de Trabajo instó a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de señor José Aquiles Enrique Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, explicó uno de los abogados de Enrique Rais.
Adicionalmente, los abogados del señor Enrique Rais denunciaron que el hoy extitular del Órgano Judicial falló a su juramento al mantener “engavetados” por cuatro años los recursos de habeas corpus que ellos interpusieron haciendo uso del derecho que les confiere la Constitución, lo que calificaron de una clara “retardación de la justicia”.
El delito de actos arbitrarios en el que habría incurrido el exmagistrado Pineda Navas está tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que reza: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Mientras que el delito de incumplimiento de deberes se ampara en el artículo 321 del mismo código, en el que se detalla que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Pineda Navas, era el principal encargado de velar y garantizar una “pronta y cumplida justicia”; sin embargo, el exmagistrado asumió de manera individual funciones y potestades colegiadas que corresponden a Corte Plena y no al presidente del Órgano Judicial reclamaron los abogados del empresario.
La denuncia contra Armando Pineda Navas reitera que el exmagistrado habría vulnerado el “Principio de Vinculación Positiva”, en la que se reafirma que los “funcionarios de Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, subrayó en su momento uno de los abogados del señor Enrique Rais.
De manera que el próximo viernes, Óscar Armando Pineda Navas tendrá que responder a los miembros de la Comisión Especial por qué no hizo nada, cuando los dictámenes emitidos en la Comisión de Hacienda eran modificados por el titular de turno del Órgano Legislativo y se alteraban los montos de las asignaciones a las ONG y después dichos dictámenes eran aprobados en el pleno por los demás diputados que desconocían el contenidos lo que estaban aprobando.
La Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó este lunes que los precios de referencia de los combustibles en El Salvador se mantendrán sin variación durante el periodo comprendido entre el 21 de julio y el 3 de agosto.
En la zona central del país, el precio por galón será de $4.74 para la gasolina superior, $4.41 para la gasolina regular y $4.44 para el diésel.
Mientras tanto, en las zonas oriental y occidental, la gasolina superior tendrá un precio de $4.75 por galón, la gasolina regular costará $4.42 y el diésel se mantendrá en $4.44.
La entidad explicó que, pese al incremento en la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, los precios nacionales permanecerán estables gracias a la gestión oportuna de los inventarios.
«Tras la reanudación y el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, así como la expansión de los ataques en la región del estrecho de Ormuz, se ha incrementado la volatilidad de los precios internacionales del petróleo. No obstante, la gestión oportuna de los inventarios nacionales permite mantener sin variación los precios de los combustibles durante el presente periodo», comunicó la DGEHM.
Asimismo, señaló que los continuos ataques a la infraestructura energética rusa por parte de Ucrania mantienen expectativas sobre el comportamiento de los precios internacionales de los hidrocarburos.
La institución recordó que los precios de referencia incluyen los impuestos de ley vigentes, así como la Contribución para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público del Transporte Colectivo de Pasajeros de tipo colectivo y masivo (COTRANS), el Fondo de Estabilización del Fomento Económico (FEFE) y el Impuesto Especial a los Combustibles (IEC).
Además, la DGEHM informó que ha reforzado las verificaciones en estaciones de servicio para garantizar la cantidad y calidad de los combustibles, con el objetivo de que la población reciba el volumen con las especificaciones técnicas requeridas y se entregue la cantidad exacta por la que paga.
Entretanto, inspectores de la institución mantienen un sondeo constante del mercado de las empresas dedicadas a la comercialización de productos derivados del petróleo. En caso de detectar incumplimientos a la ley, estas se exponen a las sanciones correspondientes.
Al menos 281 vehículos han sido afectados por incendios entre el 1 de enero y el 16 de julio de este año, según los registros del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, que atribuye estos incidentes a factores como fallas en el sistema eléctrico, conexiones defectuosas o reparaciones deficientes.
De acuerdo con las estadísticas de la institución, la cifra representa un incremento del 17 % en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 241 incendios en vehículos.
El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, explicó que ante un incendio vehicular es importante actuar de manera inmediata y priorizar la seguridad de las personas.
“Ante un incendio en un vehículo, el conductor debe detener la marcha, salir de la vía y evacuar el automotor”, indicó.
Además, recomendó que si las llamas alcanzan una altura considerable, las personas no deben exponerse al riesgo y, después de abandonar el vehículo, deben comunicarse con el Cuerpo de Bomberos.
Solano señaló que, si el conductor cuenta con un extintor y tiene la capacitación necesaria para utilizarlo, puede intentar controlar el fuego, siempre que las condiciones del incendio no representen un peligro.
De los 281 incendios reportados durante 2026, 238 correspondieron a automóviles, 17 a autobuses, 14 a motocicletas, dos a microbuses y diez a vehículos pesados.
Como parte de las medidas preventivas, el Cuerpo de Bomberos recomienda realizar revisiones periódicas del funcionamiento mecánico del vehículo, los sistemas de frenos y el sistema eléctrico.
La institución también exhorta a evitar instalaciones eléctricas improvisadas, revisar que no existan mangueras deterioradas ni cables con el recubrimiento expuesto, además de mantener limpias las áreas del vehículo y libres de residuos de aceite o suciedad para facilitar la identificación de posibles daños.
Asimismo, recomienda no sobrecargar el sistema eléctrico, asegurar y aislar los bordes de la batería para prevenir cortocircuitos y portar un extintor tipo ABC con una capacidad mínima de cinco libras.
Bomberos indicó que, en caso de utilizar el extintor, la descarga debe dirigirse directamente a la base del fuego para intentar controlar las llamas.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
