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Expresidente de CSJ, Óscar Pineda Navas, denunciado en FGR por Prevaricato y Actos Arbitrarios por engavetar las solicitudes de Habeas Corpus por más de 4 años, será interrogado en Asamblea
Alexia Rivas, la diputada presidenta de la Comisión Especial que investiga la entrega de fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales (ONG), adelantó que el próximo viernes 16 de julio someterán al escrutinio público al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exgerente de Operaciones Legislativas.
“Continuando con las investigaciones de la Comisión ONG’s, este próximo viernes hemos citado como personas de interés a: Ex Dip Lorena Peña, Ex Dip Carmen Elena de Escalón, Armando Pineda Navas Ex Gerente de Operaciones. Jorge Estrada Ex Jefe de Técnicos”, anunció la diputada Alexia Rivas en su perfil oficial de Twitter.
Tras las confesiones del hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, para los diputados miembros de la citada Comisión Especial es evidente que Óscar Armando Pineda Navas pudo frenar lo que él dejó entrever que son irregularidades, pero no lo hizo y se plegó a las órdenes de los presidentes y presidentas de la Asamblea Legislativa.
Por otro lado, Óscar Armado Pineda Navas ha sido denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones viciadas y no apegadas a derecho, haciendo lo que los denunciantes describieron como “justicia selectiva”.
Entre los delitos que se atribuyen al expresidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, están: la omisión de la aplicación de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que concluyó que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y a quien además se le vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
El GDTA de ONU resolvió durante su 89° período de sesiones, comprendido entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, que “la privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III”, reza la resolución.
Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema de Justicia no solo omitió dar cumplimiento a lo resuelto por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, conforme al derecho internacional, sino que tampoco emprendió ninguna investigación contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raul Melara, también destituido por la Asamblea Legislativa, quienes fabricaron pruebas y mantuvieron una persecución ilegal contra el empresario.
“El Grupo de Trabajo instó a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de señor José Aquiles Enrique Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, explicó uno de los abogados de Enrique Rais.
Adicionalmente, los abogados del señor Enrique Rais denunciaron que el hoy extitular del Órgano Judicial falló a su juramento al mantener “engavetados” por cuatro años los recursos de habeas corpus que ellos interpusieron haciendo uso del derecho que les confiere la Constitución, lo que calificaron de una clara “retardación de la justicia”.
El delito de actos arbitrarios en el que habría incurrido el exmagistrado Pineda Navas está tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que reza: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Mientras que el delito de incumplimiento de deberes se ampara en el artículo 321 del mismo código, en el que se detalla que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Pineda Navas, era el principal encargado de velar y garantizar una “pronta y cumplida justicia”; sin embargo, el exmagistrado asumió de manera individual funciones y potestades colegiadas que corresponden a Corte Plena y no al presidente del Órgano Judicial reclamaron los abogados del empresario.
La denuncia contra Armando Pineda Navas reitera que el exmagistrado habría vulnerado el “Principio de Vinculación Positiva”, en la que se reafirma que los “funcionarios de Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, subrayó en su momento uno de los abogados del señor Enrique Rais.
De manera que el próximo viernes, Óscar Armando Pineda Navas tendrá que responder a los miembros de la Comisión Especial por qué no hizo nada, cuando los dictámenes emitidos en la Comisión de Hacienda eran modificados por el titular de turno del Órgano Legislativo y se alteraban los montos de las asignaciones a las ONG y después dichos dictámenes eran aprobados en el pleno por los demás diputados que desconocían el contenidos lo que estaban aprobando.

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El Salvador apunta a convertirse en proveedor tecnológico de EE. UU.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, se reunió la semana pasada con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, Caleb Orr, para explorar cómo El Salvador puede integrarse en las cadenas de valor estadounidenses bajo la nueva política comercial del gobierno de Donald Trump. Entre los sectores identificados como oportunidad destacan los insumos para productos tecnológicos.
«Lo que veíamos era justamente cómo El Salvador se puede incorporar cada vez más en las cadenas de valor de Estados Unidos con la nueva política comercial que ha sido lanzada por el gobierno de Estados Unidos», declaró Hayem en una entrevista radial este lunes.
La funcionaria señaló que los insumos tecnológicos y la manufactura con transferencia de tecnología son los rubros prioritarios, por generar los salarios más elevados en comparación con otras industrias. Esta apuesta cobra especial relevancia con la vigencia de la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura Tecnológica, que ofrece exenciones fiscales por 15 años a empresas nacionales y extranjeras que desarrollen nuevas inversiones en ese sector.
La reunión contó también con la participación de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), agencia del gobierno estadounidense que provee financiamiento al sector privado para proyectos de inversión en el exterior.
El encuentro incluyó representantes de 75 empresas estadounidenses de sectores como banca, hotelería y aviación, entre otros. En la semana previa, el gobierno salvadoreño realizó una gira en Florida acompañado de ocho empresas privadas nacionales, entre ellas Agrisal.
Durante la reunión con Orr, el subsecretario describió a El Salvador como uno de los países con mejor clima de negocios del hemisferio occidental: «El Salvador es un socio crítico de los Estados Unidos en el Hemisferio Occidental. El milagro de ley y orden del presidente Nayib Bukele no solo ha traído libertad y seguridad para el pueblo salvadoreño, sino que está creando uno de los mejores climas de inversión en toda la región. Nuestro interés en política exterior es que las empresas estadounidenses participen y ayuden a impulsar el renacimiento de El Salvador».
Hayem respaldó el posicionamiento con cifras del primer trimestre de 2026: las exportaciones crecieron 4 % respecto al mismo período de 2025, las importaciones un 6 % y las remesas un 7 %. Al comparar marzo con febrero de este año, los incrementos son más pronunciados: exportaciones al alza en 12 %, importaciones en 26 % y remesas en 19 %.
La ministra atribuyó este desempeño a la mejora en seguridad pública, la modernización del marco regulatorio —que incluye leyes de ciberseguridad, protección de datos, inteligencia artificial y activos digitales—, la reducción de trámites burocráticos y el acuerdo de comercio recíproco firmado con Estados Unidos, siendo El Salvador el primer país de América Latina en suscribir bajo la actual administración norteamericana.
En materia de empleo e inversión, Hayem informó que el mercado laboral formal supera el millón de personas y que en 2025 más de 8,300 nuevas empresas se registraron en el país. La inversión extranjera directa del año pasado alcanzó $475 millones, con un crecimiento del 13% en la rentabilidad empresarial y 15 de 19 sectores económicos en expansión.
La funcionaria también mencionó el proyecto Air City, un espacio bajo esquema de zona franca orientado a atraer empresas del sector aeronáutico, y señaló que el sector privado salvadoreño impulsa de forma independiente una iniciativa para integrarse a la cadena de suministro de semiconductores.
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Gobiernos de El Salvador e Italia entregan complejo habitacional en San Salvador
Autoridades del Ministerio de Vivienda, de la embajada de Italia en El Salvador y de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo llevaron a cabo la entrega de un complejo habitacional para 180 personas, quienes son parte de las familias de las cooperativas Acovipri de R.L. y Acoviamfu de R.L. del municipio de San Salvador Centro.
Situado en el distrito capital, este conjunto residencial está comprendido por 64 apartamentos, así como espacios para llevar a cabo reuniones, zonas de juego y lugares para el aprendizaje.
«Se trata de un proyecto en el que se puede apreciar de manera concreta los resultados de un trabajo en conjunto, impulsado por nuestros gobiernos y que beneficia a un total de 180 personas», dijo el embajador italiano Paolo Rozo. Añadió que en esta urbanización cerrada se cuenta con una ludoteca, salones de usos múltiples y una cancha de baloncesto.
La inversión en la comunidad residencial asciende a $3.8 millones y es la segunda de este tipo que pasa a ser habitada en 2026, de acuerdo con la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
«Esta no es la primera entrega que hacemos en el año, ya entregamos un proyecto similar de 40 apartamentos. Hoy se están entregando 64 apartamentos», indicó. De acuerdo a la funcionaria, este conjunto de viviendas también cuenta con locales comerciales «que van a permitir generar ingresos a la familias».
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Gobierno y FAO apuestan por la agricultura
El viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, afirmó que en articulación con socios estratégicos como la FAO El Salvador, más de 1,700 familias han sido beneficiadas con insumos de alta calidad y semilla certificada de maíz, lo que les permite aprovechar las lluvias de transición y avanzar en la siembra durante los próximos días.
De acuerdo con el funcionario, las acciones anticipatorias son clave en esta época de siembra. «Al seguir las recomendaciones técnicas y oficiales se aseguran más de 80 días para que el maíz alcance su cosecha; mientras que el frijol entrará en su etapa de maduración. Es momento de sembrar más si cuentan con sistemas de riego, y también para iniciar la siembra donde ya tengan la humedad suficiente en el suelo», afirmó Domínguez.
Asimismo, destacó que en buena parte del país la transición de las lluvias ha dejado niveles adecuados de humedad, que generan condiciones favorables para sembrar. «Estos días son clave para asegurar una buena cosecha», añadió.
El viceministro destacó que de esta manera se reduce el impacto de las sequías y canículas sobre las siembras.
Además, sostuvo que de esta forma cobrarán un mayor impulso iniciativas como el Programa de Aumento a la Producción, que se orienta a incrementar la producción a gran escala, con más de 3,000 manzanas de hortalizas en producción continua y 52,000 manzanas de granos básicos.
«El programa mejora la rentabilidad del agricultor mediante el acceso a insumos a bajo costo, semillas de alto rendimiento con resistencia a plagas y enfermedades, tecnología, asistencia técnica y diversos canales de comercialización [sector privado, central de abastos y agromercados]», dijo.
Los insumos llegan a tiempo y las familias aprovechan las primeras lluvias para sembrar.




