Nacionales
Expresidente de CSJ, Óscar Pineda Navas, denunciado en FGR por Prevaricato y Actos Arbitrarios por engavetar las solicitudes de Habeas Corpus por más de 4 años, será interrogado en Asamblea
Alexia Rivas, la diputada presidenta de la Comisión Especial que investiga la entrega de fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales (ONG), adelantó que el próximo viernes 16 de julio someterán al escrutinio público al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exgerente de Operaciones Legislativas.
“Continuando con las investigaciones de la Comisión ONG’s, este próximo viernes hemos citado como personas de interés a: Ex Dip Lorena Peña, Ex Dip Carmen Elena de Escalón, Armando Pineda Navas Ex Gerente de Operaciones. Jorge Estrada Ex Jefe de Técnicos”, anunció la diputada Alexia Rivas en su perfil oficial de Twitter.
Tras las confesiones del hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, para los diputados miembros de la citada Comisión Especial es evidente que Óscar Armando Pineda Navas pudo frenar lo que él dejó entrever que son irregularidades, pero no lo hizo y se plegó a las órdenes de los presidentes y presidentas de la Asamblea Legislativa.
Por otro lado, Óscar Armado Pineda Navas ha sido denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones viciadas y no apegadas a derecho, haciendo lo que los denunciantes describieron como “justicia selectiva”.
Entre los delitos que se atribuyen al expresidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, están: la omisión de la aplicación de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que concluyó que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y a quien además se le vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
El GDTA de ONU resolvió durante su 89° período de sesiones, comprendido entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, que “la privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III”, reza la resolución.
Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema de Justicia no solo omitió dar cumplimiento a lo resuelto por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, conforme al derecho internacional, sino que tampoco emprendió ninguna investigación contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raul Melara, también destituido por la Asamblea Legislativa, quienes fabricaron pruebas y mantuvieron una persecución ilegal contra el empresario.
“El Grupo de Trabajo instó a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de señor José Aquiles Enrique Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, explicó uno de los abogados de Enrique Rais.
Adicionalmente, los abogados del señor Enrique Rais denunciaron que el hoy extitular del Órgano Judicial falló a su juramento al mantener “engavetados” por cuatro años los recursos de habeas corpus que ellos interpusieron haciendo uso del derecho que les confiere la Constitución, lo que calificaron de una clara “retardación de la justicia”.
El delito de actos arbitrarios en el que habría incurrido el exmagistrado Pineda Navas está tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que reza: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Mientras que el delito de incumplimiento de deberes se ampara en el artículo 321 del mismo código, en el que se detalla que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Pineda Navas, era el principal encargado de velar y garantizar una “pronta y cumplida justicia”; sin embargo, el exmagistrado asumió de manera individual funciones y potestades colegiadas que corresponden a Corte Plena y no al presidente del Órgano Judicial reclamaron los abogados del empresario.
La denuncia contra Armando Pineda Navas reitera que el exmagistrado habría vulnerado el “Principio de Vinculación Positiva”, en la que se reafirma que los “funcionarios de Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, subrayó en su momento uno de los abogados del señor Enrique Rais.
De manera que el próximo viernes, Óscar Armando Pineda Navas tendrá que responder a los miembros de la Comisión Especial por qué no hizo nada, cuando los dictámenes emitidos en la Comisión de Hacienda eran modificados por el titular de turno del Órgano Legislativo y se alteraban los montos de las asignaciones a las ONG y después dichos dictámenes eran aprobados en el pleno por los demás diputados que desconocían el contenidos lo que estaban aprobando.
Economia
Tres riesgos que las empresas deben gestionar ante el crecimiento de la inversión en El Salvador
El crecimiento de la inversión extranjera y el desarrollo de proyectos estratégicos de infraestructura están impulsando una nueva etapa para la economía salvadoreña. Sin embargo, este dinamismo también incrementa la exposición de las empresas a riesgos que pueden comprometer la continuidad de sus operaciones y el retorno de sus inversiones si no cuentan con una adecuada gestión de riesgos.
Ante este escenario, WTW, empresa global líder en consultoría, corretaje de seguros y soluciones para la gestión de riesgos, señala que el nuevo entorno económico exige que las organizaciones evolucionen de una visión reactiva hacia una estrategia preventiva, donde la identificación, evaluación y transferencia de riesgos sean parte de la toma de decisiones del negocio.
«La llegada de nuevas inversiones representa una gran oportunidad para El Salvador, pero también exige que las empresas fortalezcan su capacidad para anticipar y gestionar riesgos. Hoy los seguros corporativos han dejado de ser un requisito operativo para convertirse en una herramienta estratégica que protege la continuidad del negocio, el patrimonio y la confianza de inversionistas y socios comerciales», afirmó Eduardo Barrientos, gerente general de WTW El Salvador.
Con base en sus análisis del mercado regional, WTW identifica tres riesgos prioritarios que las empresas deben gestionar para operar con mayor resiliencia en este nuevo contexto económico:
- Riesgos climáticos y daños a la propiedad
Las inversiones en infraestructura, manufactura, logística y agroindustria continúan expuestas a fenómenos naturales como inundaciones, tormentas o eventos sísmicos. Más allá de los daños materiales, estos eventos pueden detener las operaciones durante semanas, afectar contratos comerciales y generar pérdidas financieras significativas.
WTW explica que un programa de seguros estructurado permite a las organizaciones contar con la liquidez necesaria para recuperar sus operaciones en menor tiempo y reducir el impacto económico de estos eventos.
- Ciberataques y transformación digital
El crecimiento de los servicios digitales y la modernización tecnológica también incrementan la exposición a amenazas como ransomware, robo de información y ataques a sistemas críticos.
WTW advierte que un incidente cibernético puede paralizar operaciones logísticas, interrumpir cadenas de suministro y afectar la reputación de una empresa en cuestión de horas. Por ello, el seguro de ciberriesgos se ha convertido en una necesidad para organizaciones de todos los sectores y tamaños.
- Mayor responsabilidad para directivos y consejos de administración
La llegada de nuevos inversionistas y el desarrollo de proyectos de mayor escala implican mayores exigencias regulatorias y de gobierno corporativo.
En este contexto, WTW señala que las decisiones de los altos ejecutivos están sujetas a un mayor escrutinio por parte de inversionistas, accionistas y autoridades, por lo que contar con coberturas de Responsabilidad Civil para Directores y Oficiales (D&O) resulta clave para proteger su patrimonio frente a posibles reclamaciones derivadas de su gestión.
«Las empresas que gestionan sus riesgos de manera estratégica fortalecen su capacidad de crecimiento, generan mayor confianza entre inversionistas y protegen el valor de sus operaciones. La prevención ya no es una opción; es un factor de competitividad», concluyó Barrientos.
Con ello, WTW reafirma su compromiso de acompañar a las empresas que operan en El Salvador con soluciones especializadas en consultoría, gestión de riesgos y corretaje de seguros, contribuyendo a que las inversiones que hoy llegan al país se desarrollen sobre bases más sólidas, resilientes y sostenibles.
Un automóvil se estrelló este día contra las instalaciones del Hospital Nacional Jorge Arturo Mena, ubicado en Santiago de María, Usulután.
El vehículo involucrado es un automóvil marca Kia, modelo Soul, color blanco, que impactó contra un área del centro médico.
Tras el choque, el automotor ocasionó daños en parte de la infraestructura del hospital, incluyendo el techo y algunas sillas destinadas para la espera de los pacientes.
Afortunadamente, las autoridades informaron que en el siniestro vial no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.
Un accidente de tránsito registrado esta tarde dejó a cuatro personas lesionadas luego de que un pick-up cayera a un barranco de aproximadamente siete metros de altura en el caserío Baratillo Sur, cantón San Sebastián, distrito de Santa Rosa de Lima, La Unión Norte.
Según las autoridades policiales, el conductor del vehículo perdió el control del pick-up y terminó en el fondo del barranco tras salirse de la carretera.
De acuerdo con Roberto Sánchez, jefe de socorrismo de Cruz Roja Salvadoreña, el conductor sufrió una descompensación por problemas de salud, lo que provocó que perdiera el control del automotor y cayera al río desde una altura aproximada de siete metros.
Los socorristas de Cruz Roja Salvadoreña acudieron al lugar para brindar atención a las cuatro personas lesionadas, quienes posteriormente fueron trasladadas a un centro asistencial.
