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Expresidente de CSJ, Óscar Pineda Navas, denunciado en FGR por Prevaricato y Actos Arbitrarios por engavetar las solicitudes de Habeas Corpus por más de 4 años, será interrogado en Asamblea
Alexia Rivas, la diputada presidenta de la Comisión Especial que investiga la entrega de fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales (ONG), adelantó que el próximo viernes 16 de julio someterán al escrutinio público al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exgerente de Operaciones Legislativas.
“Continuando con las investigaciones de la Comisión ONG’s, este próximo viernes hemos citado como personas de interés a: Ex Dip Lorena Peña, Ex Dip Carmen Elena de Escalón, Armando Pineda Navas Ex Gerente de Operaciones. Jorge Estrada Ex Jefe de Técnicos”, anunció la diputada Alexia Rivas en su perfil oficial de Twitter.
Tras las confesiones del hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, para los diputados miembros de la citada Comisión Especial es evidente que Óscar Armando Pineda Navas pudo frenar lo que él dejó entrever que son irregularidades, pero no lo hizo y se plegó a las órdenes de los presidentes y presidentas de la Asamblea Legislativa.
Por otro lado, Óscar Armado Pineda Navas ha sido denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones viciadas y no apegadas a derecho, haciendo lo que los denunciantes describieron como “justicia selectiva”.
Entre los delitos que se atribuyen al expresidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, están: la omisión de la aplicación de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que concluyó que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y a quien además se le vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
El GDTA de ONU resolvió durante su 89° período de sesiones, comprendido entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, que “la privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III”, reza la resolución.
Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema de Justicia no solo omitió dar cumplimiento a lo resuelto por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, conforme al derecho internacional, sino que tampoco emprendió ninguna investigación contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raul Melara, también destituido por la Asamblea Legislativa, quienes fabricaron pruebas y mantuvieron una persecución ilegal contra el empresario.
“El Grupo de Trabajo instó a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de señor José Aquiles Enrique Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, explicó uno de los abogados de Enrique Rais.
Adicionalmente, los abogados del señor Enrique Rais denunciaron que el hoy extitular del Órgano Judicial falló a su juramento al mantener “engavetados” por cuatro años los recursos de habeas corpus que ellos interpusieron haciendo uso del derecho que les confiere la Constitución, lo que calificaron de una clara “retardación de la justicia”.
El delito de actos arbitrarios en el que habría incurrido el exmagistrado Pineda Navas está tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que reza: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Mientras que el delito de incumplimiento de deberes se ampara en el artículo 321 del mismo código, en el que se detalla que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Pineda Navas, era el principal encargado de velar y garantizar una “pronta y cumplida justicia”; sin embargo, el exmagistrado asumió de manera individual funciones y potestades colegiadas que corresponden a Corte Plena y no al presidente del Órgano Judicial reclamaron los abogados del empresario.
La denuncia contra Armando Pineda Navas reitera que el exmagistrado habría vulnerado el “Principio de Vinculación Positiva”, en la que se reafirma que los “funcionarios de Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, subrayó en su momento uno de los abogados del señor Enrique Rais.
De manera que el próximo viernes, Óscar Armando Pineda Navas tendrá que responder a los miembros de la Comisión Especial por qué no hizo nada, cuando los dictámenes emitidos en la Comisión de Hacienda eran modificados por el titular de turno del Órgano Legislativo y se alteraban los montos de las asignaciones a las ONG y después dichos dictámenes eran aprobados en el pleno por los demás diputados que desconocían el contenidos lo que estaban aprobando.
Esta mañana cuatro turistas alemanes que viajaban en un microbús hacia el Occidente del país, se salvaron de milagro al colisionar el automotor contra la parte trasera de un camión arenero, sobre el kilómetro 45 de la carretera Panamericana.
Cerca de las siete y media de la mañana, una llamada alertó a los Comandos de Salvamento de El Salvador, seccional de El Congo y Ciudad Arce, sobre el percance vial, llegando al lugar cuatro mujeres alemanas se encontraban con varios traumas, por lo que fueron estabilizadas y posteriores llevadas al Hospital San Juan de Dios, de Santa Ana.
Dos de las turistas fueron identificadas como Alin magdalena, de 23 años y Eva Hagemeijer, también de 23 años, ambas ingresadas en el Hospital San Juan de Dios.
Ambulancias de Comandos de Salvamento y de otra entidad participaron en el auxilio de las turistas, quienes presentaban diferentes traumas. Mientras que, el conductor del microbús en el cual se transportaba había perdido la vida y estaba atrapado dentro del automotor.
La víctima mortal es el salvadoreño Antonio Alexander Montenegro Torres, de 53 años de edad, siendo liberado y dejado en el lugar para que las autoridades correspondientes realicen el reconocimiento de ley.
Como parte de su apuesta por el país y en acompañamiento a la visión del Gobierno del presidente Nayib Bukele, la desarrolladora inmobiliaria ALGASA, presentó recientemente CASA TERRA, un proyecto habitacional ubicado en la calle a Huizar (San Marcos, San Salvador Sur).
Según Herbert Alvarado, presidente y fundador de ALGASA, el proyecto se desarrollará en distintas fases en la primera, se invertirán $45 millones en la construcción de 177 unidades habitacionales, entre townhouses y apartamentos; y en las siguientes se invertirán más de $90 millones, para un total de $135 millones.
«Nos motiva seguir creyendo en El Salvador, tenemos mucho trabajo, seguridad y el país que habíamos añorado todos y es el momento justo para seguir invirtiendo», dijo.
Detalló que las torres tendrán cuatro niveles de estacionamiento, incluido el lobby, nueve niveles de apartamentos (de una, dos o tres habitaciones) y un nivel de amenidades en rooftop.
Asimismo, afirmó que entre las amenidades compartidas destacan: piscina, área de juegos para niños, picnic, senderos entre torres, jardín para mascotas, sala de reuniones y espacios para coworking, y cada torre contará con salón de usos múltiples con opción a apertura a terraza rooftop, área de gimnasio y pilates, de juegos (pingpong y área de tv) y área recreativa para bebés y para la pequeña infancia.
Las siguientes etapas comprenden una torre de 14 niveles para oficinas y otras 12 torres de apartamentos con más de 3,000 unidades y más de 150 viviendas con la generación de más de 5,000 empleos.
«Tenemos la convicción de seguir empujando y apoyando a El Salvador a ser un líder referente no solo a nivel centroamericano, sino a nivel latinoamericano y por qué no, mundial», añadió el fundador de ALGASA.
La construcción del proyecto ya inició y las primeras entregas de casas iniciarán en 2027 y se irán otorgando en los próximos 12 años, tiempo contemplado para finalizar el proyecto.
A lo largo de su trayectoria, ALGASA ha desarrollado proyectos residenciales que hoy son referentes en el país como: La Florida en Nuevo Cuscatlán, Florida Sky, ALTEMA y SERRA Townhouses.
En el caso de La Florida, uno de los primeros proyectos en la zona, se han desarrollado más de 500 unidades habitacionales, más de 120,000 metros cuadrados construidos, con un valor estimado de $200 millones en propiedades.
Este desarrollo contribuyó a posicionar a Nuevo Cuscatlán como un referente inmobiliario a escala nacional.
«Este es otro Nuevo Cuscatlán que hay que desarrollar y a raíz de eso todas las instituciones nos han abierto las puertas porque siguen creyendo en que tenemos que seguir innovando en El Salvador acercándole vivienda a la gente», sostuvo Alvarado.
Por su parte el director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), Luis Rodríguez, afirmó que la decisión de los inversionistas se ve motivada por el compromiso de las instituciones por impulsar nuevas inversiones, así como los logros en seguridad del Gobierno, que han activado nuevas zonas de desarrollo.
«Es el primer proyecto de estas dimensiones en la parte alta de San Marcos, esto es progresivo en zonas donde antes no se podía hacer nada, que estaban tomadas por la delincuencia y eran zonas rojas. El tema de seguridad ha ido provocando este tipo de inversiones», señaló el director ejecutivo de la Opamss.
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Argentina avanza en la implementación de la regulación de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
Argentina continúa dando pasos en la implementación de la regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales bajo un enfoque propio, distinto al modelo integral adoptado por El Salvador, pero con avances concretos en la supervisión del mercado y el reconocimiento del liderazgo regional del país centroamericano.
Así lo explicó Roberto E. Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina, quien subrayó que ambas jurisdicciones han seguido caminos diferentes para abordar un fenómeno en crecimiento, condicionado por sus contextos económicos y regulatorios.
En el caso argentino, el impulso hacia la regulación ha estado marcado por el compromiso de promover la innovación y la modernización del sistema financiero, en línea con los más altos estándares internacionales e incorporando, además, las recomendaciones del GAFI.
«Teníamos una adopción muy grande de criptomonedas en la población local, no solo por las virtudes de los activos virtuales, sino también por razones como los controles de cambios y la inflación», explicó Silva.
Frente a este escenario, Argentina optó por desarrollar un marco enfocado en la regulación de los participantes del mercado, en lugar de establecer una ley integral sobre los activos digitales. Esto incluyó la creación de un registro y la supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales, bajo la órbita de la CNV.
«No tenemos una ley de activos virtuales. Regulamos a los sujetos, no al objeto», detalló el funcionario, al marcar una diferencia clave con el modelo salvadoreño, que cuenta con una legislación específica para este tipo de activos.
Este enfoque ha buscado mantener un equilibrio entre fomentar la innovación y garantizar la protección de los inversionistas. Según Silva, el proceso incluyó consultas públicas y un trabajo cercano con el sector privado para diseñar una regulación que no limite el desarrollo del ecosistema.
Además, Argentina ha comenzado a incorporar la tokenización dentro de su marco regulatorio, tratándola desde la lógica de los valores negociables tradicionales pero con una tecnología diferente. En este esquema, los activos tokenizados deben cumplir con requisitos de transparencia, incluyendo la divulgación completa de riesgos e información relevante para los inversionistas.
«Lo único que decimos es que hay que contarle todo al inversor para que tome la decisión de invertir o no», afirmó Silva al referirse al principio central de su regulación.
En paralelo, el regulador reconoció el papel que ha jugado El Salvador en el desarrollo de esta industria a nivel global. «Sin duda que lo que El Salvador ha hecho es extraordinario, se ha convertido en un líder en la materia», señaló y destacó el liderazgo del presidente de la CNAD, Juan Carlos Reyes.
No obstante, también enfatizó que el modelo salvadoreño responde a una estrategia particular orientada a posicionar al país como un hub internacional de activos digitales, algo que no necesariamente se ajusta a las prioridades actuales de Argentina.
A futuro, Silva no descartó que el país pueda avanzar hacia una legislación más amplia. «En el futuro nunca cerraría esa puerta», indicó, aunque aclaró que, por ahora, el foco está en fortalecer las capacidades de supervisión y acompañar la evolución del sector.
En este contexto, también anticipó que el desarrollo de la industria estará vinculado a una mayor integración con el sistema financiero tradicional, incluyendo iniciativas como la tokenización de depósitos tokenizados.
Con un ecosistema que describió como «muy dinámico y vibrante», Argentina avanza en la construcción de su propio camino en el mercado de activos digitales, mientras observa de cerca experiencias como la de El Salvador, que continúa posicionándose como referente en la región y a nivel global.
