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Expresidente de CSJ, Óscar Pineda Navas, denunciado en FGR por Prevaricato y Actos Arbitrarios por engavetar las solicitudes de Habeas Corpus por más de 4 años, será interrogado en Asamblea
Alexia Rivas, la diputada presidenta de la Comisión Especial que investiga la entrega de fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales (ONG), adelantó que el próximo viernes 16 de julio someterán al escrutinio público al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exgerente de Operaciones Legislativas.
“Continuando con las investigaciones de la Comisión ONG’s, este próximo viernes hemos citado como personas de interés a: Ex Dip Lorena Peña, Ex Dip Carmen Elena de Escalón, Armando Pineda Navas Ex Gerente de Operaciones. Jorge Estrada Ex Jefe de Técnicos”, anunció la diputada Alexia Rivas en su perfil oficial de Twitter.
Tras las confesiones del hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, para los diputados miembros de la citada Comisión Especial es evidente que Óscar Armando Pineda Navas pudo frenar lo que él dejó entrever que son irregularidades, pero no lo hizo y se plegó a las órdenes de los presidentes y presidentas de la Asamblea Legislativa.
Por otro lado, Óscar Armado Pineda Navas ha sido denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones viciadas y no apegadas a derecho, haciendo lo que los denunciantes describieron como “justicia selectiva”.
Entre los delitos que se atribuyen al expresidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, están: la omisión de la aplicación de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que concluyó que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y a quien además se le vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
El GDTA de ONU resolvió durante su 89° período de sesiones, comprendido entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, que “la privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III”, reza la resolución.
Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema de Justicia no solo omitió dar cumplimiento a lo resuelto por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, conforme al derecho internacional, sino que tampoco emprendió ninguna investigación contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raul Melara, también destituido por la Asamblea Legislativa, quienes fabricaron pruebas y mantuvieron una persecución ilegal contra el empresario.
“El Grupo de Trabajo instó a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de señor José Aquiles Enrique Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, explicó uno de los abogados de Enrique Rais.
Adicionalmente, los abogados del señor Enrique Rais denunciaron que el hoy extitular del Órgano Judicial falló a su juramento al mantener “engavetados” por cuatro años los recursos de habeas corpus que ellos interpusieron haciendo uso del derecho que les confiere la Constitución, lo que calificaron de una clara “retardación de la justicia”.
El delito de actos arbitrarios en el que habría incurrido el exmagistrado Pineda Navas está tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que reza: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Mientras que el delito de incumplimiento de deberes se ampara en el artículo 321 del mismo código, en el que se detalla que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Pineda Navas, era el principal encargado de velar y garantizar una “pronta y cumplida justicia”; sin embargo, el exmagistrado asumió de manera individual funciones y potestades colegiadas que corresponden a Corte Plena y no al presidente del Órgano Judicial reclamaron los abogados del empresario.
La denuncia contra Armando Pineda Navas reitera que el exmagistrado habría vulnerado el “Principio de Vinculación Positiva”, en la que se reafirma que los “funcionarios de Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, subrayó en su momento uno de los abogados del señor Enrique Rais.
De manera que el próximo viernes, Óscar Armando Pineda Navas tendrá que responder a los miembros de la Comisión Especial por qué no hizo nada, cuando los dictámenes emitidos en la Comisión de Hacienda eran modificados por el titular de turno del Órgano Legislativo y se alteraban los montos de las asignaciones a las ONG y después dichos dictámenes eran aprobados en el pleno por los demás diputados que desconocían el contenidos lo que estaban aprobando.
Como parte del mantenimiento necesario para los sistemas de agua, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) realiza la limpieza del pozo de la planta de bombeo de Tutultepeque, en Nejapa. Por lo que, el servicio presentará deficiencia desde el miércoles 11 al sábado 14 de febrero de este año.
De acuerdo con la autónoma, el servicio será irregular en los caseríos: Cabral, San Luis, Potrerito, Amate, Gramal, Chirrinal, Las Vegas, Hacienda, Ceiba y aledaños.
Por ello, la ANDA implementará un plan de contingencia para abastecer con agua potable a las familias afectadas, mientras se ejecutan los trabajos. «Contaremos con rutas de abastecimiento con camiones cisterna para minimizar las afectaciones, mientras duren los trabajos y el servicio de reestablece gradualmente», indicó.
Por otra parte, las cuadrillas de ANDA trabajan en la reparación de una fuga de agua potable en el pasaje 2 de la colonia Santa Úrsula, en San Salvador Centro. La falla se originó por el colapso de una tubería antigua.
Para reparar la fuga, los técnicos cortaron el tubo dañado y colocaron uno nuevo, sustituyendo un tramo de 1.50 metros con dos uniones que permitirán restablecer el servicio de forma segura.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que, este miércoles, las temperaturas se mantendrán calurosas durante el día, con máximas entre los 36 y 37 grados Celsius, especialmente en los departamentos de La Union y san Miguel.
Para este día el cielo se mantendrá despejado y sin probabilidades de lluvias. El Viento rondará velocidades promedio entre los 10 y 20 kilómetros por hora.
Medio Ambiente también indicó que las temperaturas continuarán disminuidas durante la noche y madrugada.
El meteorólogo Jonathan Hernández explicó que partir del jueves se prevé un nuevo ingreso de vientos nortes sobre territorio nacional.
«El flujo del este y noreste dominará las condiciones en la región», agregó el Marn sobre las condiciones climáticas que influyen al país.
Wilfredo Carabantes Hernández recibió una pena de 17 años de cárcel por los delitos de tenencia, portación, conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, receptación y disparos al aire sin justificación.
En su resolución, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, destacó que Carabantes Hernández fue sentenciado en el 2010 por similares delitos.
Según el informe judicial, los hechos ocurrieron el 25 de mayo de 2025 en la colonia Las Margaritas, Distrito de Quezaltepeque, en el municipio de La Libertad Norte. Ese día, el imputado realizó múltiples disparos injustificados en la vía pública, generando alerta y pánico entre los residentes de la zona, quienes denunciaron los actos a la policía.
Durante la inspección en la escena, los agentes recolectaron 11 casquillos. Al realizar la captura, detectaron que Carabantes no poseía licencia ni la documentación legal para el uso de armas de fuego.
En su resolución, el Tribunal aplicó una pena de 12 años por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, cuatro años por receptación y un año y medio por disparos con arma de fuego sin justificación.
