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Estados Unidos extiende TPS para El Salvador hasta marzo de 2025
El Gobierno de Estados Unidos anunció ayer que extiende el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua por 18 meses más. De esta forma, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) da por anuladas las terminaciones del TPS que habían sido emitidas para cada uno de estos países por el Gobierno estadounidense anterior.
Para el caso específico de los salvadoreños, el DHS extiende el programa desde su próxima fecha de caducidad, el 10 de septiembre de 2023, hasta el 9 de marzo de 2025. Esta nueva extensión permitirá que más de 239,000 connacionales se registren de nuevo en el programa migratorio.
El período del nuevo registro estipulado por el DHS iniciará el 12 de julio y terminará el 10 de septiembre de 2023.
«A través de la extensión del Estatus de Protección Temporal podemos ofrecer seguridad y protección continua a los beneficiarios actuales que son ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua que ya están presentes en Estados Unidos y no pueden regresar debido a los impactos de desastres ambientales», dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. «Seguiremos ofreciéndoles apoyo a través de esta forma temporal de ayuda humanitaria», continuó.
Esta decisión impacta los litigios vigentes en diferentes cortes de Estados Unidos, las cuales habían desafiado el fin del TPS. En obediencia a las demandas vigentes en cortes de circuito, el DHS había renovado de forma automática los documentos de empleo de las personas con TPS para los nacionales de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua hasta el 30 de junio de 2024.
El DHS explicó en un comunicado que pronto publicarán en el Registro Federal los criterios de elegibilidad, los plazos y los procedimientos necesarios para que los beneficiarios actuales se vuelvan a registrar. Los beneficiarios también podrán renovar sus documentos de empleo (EAD, en inglés).
El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador urgió a los connacionales a no caer en estafas y consultar el proceso migratorio en sus medios disponibles.
«Ante el anuncio de las autoridades estadounidenses, la cancillería hace un llamado a los connacionales con TPS a informarse por las vías oficiales para realizar el proceso conforme a los procedimientos indicados por el DHS», aclaró la cancillería en un comunicado.
Para cualquier consulta, los salvadoreños pueden contactarse gratuitamente al consulado virtual a través de la línea 1-888-301-1130, insistió cancillería.
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
