Nacionales
El Salvador ahorra $29 millones en promedio anual gracias a la reducción de heridos por arma de fuego
El Ministerio de Salud (Minsal) ahorra hasta $32,747 en costo por atención a una persona lesionada con arma de fuego, como parte de la reducción de los hechos de violencia gracias a las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
«Todas las atenciones que se brindan en el sistema de salud tienen un costo para los salvadoreños, y en la medida que tenemos más seguridad, definitivamente le bajan los costos al sistema de salud que pueden invertirse. En salud esto es clave, el ahorro no solo es monetario, sino [que se traduce] a mayores coberturas y mejores tratamientos para la población en otras enfermedades», expresó Alabi.
El funcionario resaltó que se registra una disminución del 80 % en la atención de este tipo de lesiones en los centros de atención nacional, si se compara con cifras de años anteriores al 2019.
«Poder atender a un paciente lesionado por arma de fuego en El Salvador podía tener un costo de hasta $32,000. Actualmente vemos una marcada disminución donde, prácticamente, pasamos de un promedio de 1,000 lesionados [anualmente y antes del 2019] por arma de fuego a tener menos de 100 lesionados [actualmente]. ¿Cuánto se ahorra el sistema de salud en esa cantidad?», enfatizó Alabi durante la entrevista de Noticiero El Salvador.
Si se toman en cuenta los 900 casos restantes de heridos por arma de fuego en promedio, que ya no están llegando a los hospitales, y se multiplican por los costos estimados para cada uno ($32,747), al sistema de Salud le representa un ahorro de más de $29 millones al año.
Estos costos de atención de lesionados por arma de fuego están basados en la herramienta PERC (Producción, Eficiencia, Recursos y Costos) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), según detalló el ministro Alabi.
De acuerdo con el PERC, el costo de traslado a hospital de un paciente herido de bala es de $170.28 por día; la atención de máxima urgencia ronda los $171.74; los gastos en sala de operaciones representan $1,345.09 diarios y con una frecuencia de cuatro intervenciones, se llega a un total de $5,380.36, solo en operaciones.
Además, la continuidad del proceso de atención en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tiene un valor de $2,144.90 al día, con una frecuencia de nueve días, totaliza $19,304.10; a esto se suman los días de estancia en el hospital, que ascienden a un costo individual de $504.86 y con una frecuencia de 15, hacen un total de $7,572.90 al finalizar el periodo; mientras que el control de seguimiento representa $36.98 al día, tomando en cuenta una frecuencia de cuatro controles, suma un total de $147.92.
«Evidentemente si el paciente requiere de un ingreso hospitalario prolongado, la cifra incrementa exponencialmente. Estamos rondando menos de 100 lesionados, ¿cuánto se ha ahorrado el sistema de salud en lesionados? Solo hacer una matemática de 900 por $32,000, y alcanzamos a darnos cuenta de la magnitud que se está teniendo de ahorro y de seguridad que tenemos en nuestro país», dijo Alabi.
Por otra parte, el funcionario detalló que en cuanto a las lesiones por arma blanca también se reporta una reducción. Este tipo de heridas, basándose en el PERC, puede costarle al sistema de salud $23,243 por persona. Dicha cantidad incluye el número de días que son necesarios para la recuperación del paciente.
«La atención por arma blanca es importante conocerla: la atención en ambulancia $170.28; máxima urgencia $171.74; sala de operaciones un costo total de $2,690.18; la Unidad de Cuidados Intensivos un poco más de $15,000; la estancia hospitalaria cerca de $5,000; y control de seguimiento $174.92. Al sumar todo tenemos una cantidad de más de $23,000», especificó Alabi.
En este sentido, el Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar Doctor José Antonio Saldaña, ubicado en Los Planes de Renderos, al sur de San Salvador, es uno de los centros hospitalarios que en las administraciones anteriores se vio desbordado por las víctimas de la violencia por pandillas y que con la sólida estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele, implementada desde junio de 2019, ha experimentado una histórica disminución de emergencias provocadas por estas estructuras terroristas.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en La Entrevista de Noticiero El Salvador que en el 100 % de los casos que han atendido por vulneración a los derechos de la niñez, han buscado la permanencia de los menores de edad en el sistema educativo.
«Durante estos tres años, el 100 % de los casos se ha buscado la restitución de sus derechos, además tienen un seguimiento porque la idea es que deje de haber deserción escolar, no solo es el tema de reincorporar a la educación, sino asegurarnos de que se mantengan dentro del sistema educativo», expresó.
De acuerdo con Amaya, trabajan de manera articulada con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para dar un seguimiento a los casos de los niños que han sufrido vulneraciones para garantizar su permanencia en las escuelas.
«Es un trabajo que también el Ministerio de Educación lo ha retomado con mucha fuerza y trabajar de manera articulada nos ha permitido ir asegurando seguimientos en esta población», afirmó la titular del Conapina.
Por otra parte, Amaya afirmó que los equipos de la institución han recibido actualizaciones en su formación para fortalecer sus capacidades y dotarlos de herramientas modernas para abordar óptimamente cada caso en el que la niñez salvadoreña se encuentre en riesgo.
«Los equipos del Conapina se han actualizado, hemos contado con el apoyo de organismos que nos han dado herramientas modernas y actuales para poder hacer valoraciones de carácter forense donde ya no te pregunto a ti, pero puedo observar qué es lo que jugás y cómo te expresás para ir determinando si has sido vulnerado», explicó la directora del Conapina.
Amaya recordó que la institución cuenta con 16 juntas de protección a escala nacional y con la línea telefónica gratuita 119 para que los ciudadanos den avisos o denuncien casos de maltratos o abusos a la primera infancia, niñez y adolescencia.
Dos centros educativos del distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste, serán renovados con una inversión conjunta que supera los $1.3 millones, como parte del programa nacional de modernización de infraestructura escolar. Las obras corresponden a la Escuela #571, Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, y a la Escuela #572, Centro Escolar Caserío El Mogote.
La primera intervención corresponde al Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, que atiende a 63 estudiantes desde parvularia hasta básica. El proyecto contempla una inversión de $806,000 para renovar 620 metros cuadrados de infraestructura educativa, bajo la ejecución de la Dirección General de Centros Penales.
Además, se desarrolla la renovación del Centro Escolar Caserío El Mogote, que beneficia a 65 estudiantes y abarca un área de construcción de 412 metros cuadrados. En este caso, la inversión asciende a $535,000.
Las obras en ambos centros incluyen escarificación de paredes para retirar pintura deteriorada, repello y nuevos acabados; nivelación de pisos e instalación de porcelanato de alto tráfico; colocación de ventanas corredizas tipo francesa y sustitución de puertas por modelos metálicos. Asimismo, se renovará la red eléctrica con iluminación LED y ventiladores en cada aula, además de mejoras en los sistemas hidrosanitarios.
El proyecto también contempla obras exteriores como andenes, canchas deportivas, espacios lúdicos y jardines, además de la dotación de mobiliario para estudiantes y docentes, juegos didácticos y áreas de cocina, con el objetivo de garantizar instalaciones modernas, seguras y funcionales para la comunidad educativa.
El uso correcto del sistema de retención infantil (SRI) reduce el riesgo de muerte y de lesiones graves en niños, ya que en el caso de un accidente protege zonas vulnerables, especialmente la cabeza, el cuello y la columna. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los traumatismos por accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes a escala mundial.
En ese sentido, la directora del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), Bessy Guzmán, destacó que los SRI reducen hasta un 71 % el riesgo de muerte. Asimismo, el Gobierno salvadoreño ha sumado esfuerzos para impulsar una estrategia nacional de seguridad vial infantil para reducir los índices de siniestralidad.
«Actualmente nos encontramos en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial [2021–2030], el cual busca reducir la siniestralidad vial y la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito a la mitad. Medidas como usar el cinturón de seguridad, la utilización de cascos certificados y de los sistemas de retención infantil están encaminadas a ayudarnos a llegar a esa reducción», dijo Guzmán.
Desde el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Fonat se ejecutan medidas preventivas para garantizar la seguridad vial de los niños. Entre estas destacan capacitaciones sobre el uso de las SRI, la conformación de comités de seguridad vial en centros escolares y la intervención de conductores y peatones sobre la movilidad segura en las calles y carreteras. Asimismo, trabajan en la toma de conciencia sobre la importancia de usar correctamente estos sistemas en el vehículo.
A partir de diciembre de 2025, en El Salvador usar el SRI es obligatorio. Como pasajeros de vehículos, los menores de 12 años no podrán viajar en el asiento delantero, mientras que los niños menores de cinco años deben ser trasladados en un SRI de acuerdo con su peso y estatura.
El incumplimiento de esta normativa se considera una falta muy grave y se sancionará con una multa de $150. Para garantizar la seguridad de los menores de edad, el Fonat recomienda no poner en marcha el vehículo antes de que todos los ocupantes tengan puesto el cinturón de seguridad y los niños estén colocados en el SRI.
De igual manera, ningún ocupante puede tomar bebidas calientes en el carro, ya que podría lesionar a los niños en un choque o un frenado brusco.
«Los sistemas de retención infantil no deben utilizarse si ya han sido parte de un siniestro vial o si alguna de sus piezas ha caducado; vea la fecha de vencimiento en la parte de atrás», indicó el Fonat
