Nacionales
Diputados ponen punto final a 12 horas de interrogatorio a Ministro de Defensa
Con 68 votos, el Pleno Legislativo aprobó dar por finalizado el proceso de interpelación al ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy.
Merino Monroy reitera que el ingreso al Salón Azul el 9 de febrero no fue forzado sino facilitado por diputados:
Ante esto, el funcionario aclaró que el ingreso de la Fuerza Armada en la Asamblea Legislativa, el pasado 9 de febrero, se debió al desarrollo de un dispositivo para garantizar la seguridad del Presidente de la República, contrario a los señalamientos de los parlamentarios.
Pese a la urgente necesidad de la asignación presupuestaria de los $250 millones de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), requeridos para enfrentar la emergencia por la pandemia, los parlamentarios dilataron el proceso con una interpelación al Ministro Merino Monroy.
En este sentido, el Ministro de Defensa aclaró que el ingreso a la Asamblea fue facilitado por el diputado Guillermo Gallegos, quien en ese momento fungía como presidente legislativo.
Ademas, el diputado de Gana, Numan Salgado, detalló que el ingreso a la Asamblea no fue de manera violenta, como algunos congresistas lo han manifestado.
“En ningún momento se violentaron puertas, no se violentaron chapas, ya estaba abierto cuando ingresó la Fuerza Armada. Estamos perdiendo un tiempo valioso, el pueblo lo necesita en estos momentos”, expresó Salgado.
Por su parte, el ministro de Defensa expresó: “no hay ningún acto ilegal, no hay nada fuera de lo normal, con el hecho que su servidor haya llegado a la Asamblea y luego se haya retirado. No me avergüence el hecho de haber venido a supervisar”.
En reiteradas ocasiones, el Ministro de Defensa explicó a los diputados que el dispositivo de seguridad estuvo a cargo del Estado Mayor Presidencial (EMP), y que no realizó acciones ajenas a ese objetivo.
“Se ha aclarado que en esta Asamblea no hubo una operación militar el 9 de febrero. Lo que sucedió es que se proporcionó seguridad al señor Presidente de la República. No hubo una operación militar”, reiteró el funcionario.
Funcionarios del Gobierno dan declaraciones:
Tras la finalización de la interpelación al ministro de Defensa, Merino Monroy, funcionarios del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, dieron declaraciones a la prensa.
La comisionada Presidencial, Carolina Recinos, expresó: “Venimos saliendo de más de 12 horas de una interpelación innecesaria. Un mecanismo con el cual se han permitido algunos diputados irrespetar a uno de nuestros mejores ministros”.
“Este ministro es parte de la cabeza de una estrategia que se llama #PlanControlTerritorial que ha disminuido más del 60% de los asesinatos. Hoy tenemos el orgullo de tener una Fuerza Arma que le da paz a los salvadoreños”, añadió.
Ante esto, Recinos lamentó que los diputados de la Asamblea utilizaron la interpelación para irrespetar al Ministro de Defensa, quien es uno de los funcionarios mejor evaluados por la población.
Por su parte, el secretario Privado de la Presidencia, Ernestro Castro, expresó, «Nos sentimos orgullosos con el ministro Merino Monroy, y con el alto mando que nos acompañó. Ha sido importante porque ha quedado claro que nunca hubo un operativo».
También, aseguró que la interpelación al Ministro de la Defensa, reafirma que el FMLN y ARENA forman un solo bloque legislativo.
Monroy fue despedido con aplausos por diputados de diferentes fracciones.
Principal
Corte de Cuentas y la SRS apuestan por la excelencia en la formación de servidores públicos
La Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) firmaron una Carta de Entendimiento para establecer un marco de cooperación interinstitucional orientado a fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del personal de ambas instituciones, en especial de los auditores y profesionales jurídicos de la Entidad Fiscalizadora Superior.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el superintendente de Regulación Sanitaria, Noe Geovanni García Iraheta, en un acto que contó con la presencia de los magistrados Julio Guillermo Bendek y José Rodrigo Flores.
Como parte de este entendimiento, la SRS brindará capacitación al personal de la CCR en materia de Derecho Sanitario, así como en la aplicación de la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y su normativa relacionada. Estas acciones buscan fortalecer el conocimiento técnico especializado en el ámbito de la salud.
Por su parte, la CCR, a través de su Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP), incorporará en su oferta formativa contenidos orientados a la función fiscalizadora, los cuales serán impartidos por un banco de formadores con experiencia en diversas especialidades, con el objetivo de capacitar al talento humano de la SRS.
Durante el acto de firma, el presidente de la CCR destacó que este acuerdo “fortalece el ecosistema de gobernanza democrática y reafirma nuestra determinación de impulsar una gestión pública moderna, íntegra y orientada a resultados”.
Con esta Carta de Entendimiento, la CCR y la SRS reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada en el fortalecimiento del talento humano del sector público, contribuyendo a una administración pública más profesional, transparente y eficiente.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
