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Diputados ponen punto final a 12 horas de interrogatorio a Ministro de Defensa
Con 68 votos, el Pleno Legislativo aprobó dar por finalizado el proceso de interpelación al ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy.
Merino Monroy reitera que el ingreso al Salón Azul el 9 de febrero no fue forzado sino facilitado por diputados:
Ante esto, el funcionario aclaró que el ingreso de la Fuerza Armada en la Asamblea Legislativa, el pasado 9 de febrero, se debió al desarrollo de un dispositivo para garantizar la seguridad del Presidente de la República, contrario a los señalamientos de los parlamentarios.
Pese a la urgente necesidad de la asignación presupuestaria de los $250 millones de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), requeridos para enfrentar la emergencia por la pandemia, los parlamentarios dilataron el proceso con una interpelación al Ministro Merino Monroy.
En este sentido, el Ministro de Defensa aclaró que el ingreso a la Asamblea fue facilitado por el diputado Guillermo Gallegos, quien en ese momento fungía como presidente legislativo.
Ademas, el diputado de Gana, Numan Salgado, detalló que el ingreso a la Asamblea no fue de manera violenta, como algunos congresistas lo han manifestado.
“En ningún momento se violentaron puertas, no se violentaron chapas, ya estaba abierto cuando ingresó la Fuerza Armada. Estamos perdiendo un tiempo valioso, el pueblo lo necesita en estos momentos”, expresó Salgado.
Por su parte, el ministro de Defensa expresó: “no hay ningún acto ilegal, no hay nada fuera de lo normal, con el hecho que su servidor haya llegado a la Asamblea y luego se haya retirado. No me avergüence el hecho de haber venido a supervisar”.
En reiteradas ocasiones, el Ministro de Defensa explicó a los diputados que el dispositivo de seguridad estuvo a cargo del Estado Mayor Presidencial (EMP), y que no realizó acciones ajenas a ese objetivo.
“Se ha aclarado que en esta Asamblea no hubo una operación militar el 9 de febrero. Lo que sucedió es que se proporcionó seguridad al señor Presidente de la República. No hubo una operación militar”, reiteró el funcionario.
Funcionarios del Gobierno dan declaraciones:
Tras la finalización de la interpelación al ministro de Defensa, Merino Monroy, funcionarios del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, dieron declaraciones a la prensa.
La comisionada Presidencial, Carolina Recinos, expresó: “Venimos saliendo de más de 12 horas de una interpelación innecesaria. Un mecanismo con el cual se han permitido algunos diputados irrespetar a uno de nuestros mejores ministros”.
“Este ministro es parte de la cabeza de una estrategia que se llama #PlanControlTerritorial que ha disminuido más del 60% de los asesinatos. Hoy tenemos el orgullo de tener una Fuerza Arma que le da paz a los salvadoreños”, añadió.
Ante esto, Recinos lamentó que los diputados de la Asamblea utilizaron la interpelación para irrespetar al Ministro de Defensa, quien es uno de los funcionarios mejor evaluados por la población.
Por su parte, el secretario Privado de la Presidencia, Ernestro Castro, expresó, «Nos sentimos orgullosos con el ministro Merino Monroy, y con el alto mando que nos acompañó. Ha sido importante porque ha quedado claro que nunca hubo un operativo».
También, aseguró que la interpelación al Ministro de la Defensa, reafirma que el FMLN y ARENA forman un solo bloque legislativo.
Monroy fue despedido con aplausos por diputados de diferentes fracciones.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
