Nacionales
Diputados ponen punto final a 12 horas de interrogatorio a Ministro de Defensa
Con 68 votos, el Pleno Legislativo aprobó dar por finalizado el proceso de interpelación al ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy.
Merino Monroy reitera que el ingreso al Salón Azul el 9 de febrero no fue forzado sino facilitado por diputados:
Ante esto, el funcionario aclaró que el ingreso de la Fuerza Armada en la Asamblea Legislativa, el pasado 9 de febrero, se debió al desarrollo de un dispositivo para garantizar la seguridad del Presidente de la República, contrario a los señalamientos de los parlamentarios.
Pese a la urgente necesidad de la asignación presupuestaria de los $250 millones de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), requeridos para enfrentar la emergencia por la pandemia, los parlamentarios dilataron el proceso con una interpelación al Ministro Merino Monroy.
En este sentido, el Ministro de Defensa aclaró que el ingreso a la Asamblea fue facilitado por el diputado Guillermo Gallegos, quien en ese momento fungía como presidente legislativo.
Ademas, el diputado de Gana, Numan Salgado, detalló que el ingreso a la Asamblea no fue de manera violenta, como algunos congresistas lo han manifestado.
“En ningún momento se violentaron puertas, no se violentaron chapas, ya estaba abierto cuando ingresó la Fuerza Armada. Estamos perdiendo un tiempo valioso, el pueblo lo necesita en estos momentos”, expresó Salgado.
Por su parte, el ministro de Defensa expresó: “no hay ningún acto ilegal, no hay nada fuera de lo normal, con el hecho que su servidor haya llegado a la Asamblea y luego se haya retirado. No me avergüence el hecho de haber venido a supervisar”.
En reiteradas ocasiones, el Ministro de Defensa explicó a los diputados que el dispositivo de seguridad estuvo a cargo del Estado Mayor Presidencial (EMP), y que no realizó acciones ajenas a ese objetivo.
“Se ha aclarado que en esta Asamblea no hubo una operación militar el 9 de febrero. Lo que sucedió es que se proporcionó seguridad al señor Presidente de la República. No hubo una operación militar”, reiteró el funcionario.
Funcionarios del Gobierno dan declaraciones:
Tras la finalización de la interpelación al ministro de Defensa, Merino Monroy, funcionarios del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, dieron declaraciones a la prensa.
La comisionada Presidencial, Carolina Recinos, expresó: “Venimos saliendo de más de 12 horas de una interpelación innecesaria. Un mecanismo con el cual se han permitido algunos diputados irrespetar a uno de nuestros mejores ministros”.
“Este ministro es parte de la cabeza de una estrategia que se llama #PlanControlTerritorial que ha disminuido más del 60% de los asesinatos. Hoy tenemos el orgullo de tener una Fuerza Arma que le da paz a los salvadoreños”, añadió.
Ante esto, Recinos lamentó que los diputados de la Asamblea utilizaron la interpelación para irrespetar al Ministro de Defensa, quien es uno de los funcionarios mejor evaluados por la población.
Por su parte, el secretario Privado de la Presidencia, Ernestro Castro, expresó, «Nos sentimos orgullosos con el ministro Merino Monroy, y con el alto mando que nos acompañó. Ha sido importante porque ha quedado claro que nunca hubo un operativo».
También, aseguró que la interpelación al Ministro de la Defensa, reafirma que el FMLN y ARENA forman un solo bloque legislativo.
Monroy fue despedido con aplausos por diputados de diferentes fracciones.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
