Judicial
Cuál es el mensaje que está enviando la Fiscalía General de la República
La siguiente nota periodística fue emitida este día, jueves 12 de septiembre por Diario Latino.net, en la cual dan a conocer los nombres de los fiscales y empleados del Ministerio Público que fueron acusados por la actual administración de la Fiscalía General de la República, por diferentes delitos en el del caso corruptela, en el que también estaría involucrado el exfiscal Douglas Meléndez.
Lea la nota completa, a continuación:
Cuatro fiscales y dos empleados administrativos del Ministerio Público, fueron acusados formalmente este martes 11 de septiembre por la Fiscalía de la República, por los delitos de privación de libertad, omisión de investigación, falsedad material y peculado. Los acusados son Carolina Manzanares Nochez, Yesenia Carolina Ayala, Mauricio Aguilar y Marta Colindres. Los hechos atribuidos a los imputados ocurrieron entre los años 2013 y 2015.
En el requerimiento no se contempla el hecho de que, tanto los fiscales mencionados como los empleados administrativos, hayan reconocido judicialmente haber actuado como testigos criteriados y obligados a mentir sobre hechos falsos que dieron origen al caso corruptela a cambio de no ser procesados por los delitos que ahora les imputan.
Estos fiscales han señalado que fueron obligados por el exfiscal Douglas Meléndez a criteriarse en ese proceso tras acumularles una serie de hechos, estos mismos auxiliares del Ministerio Público han interpuesto denuncia contra de 12 fiscales, entre ellos Douglas Meléndez y otro grupo.
No sabemos cuál era el trato que existía, pero al darse cuenta de que seguían siendo investigados con el propósito de ser procesados, los cuatro fiscales y los dos empleados administrativos, decidieron renunciar a su calidad de testigos criteriados y denunciaron a otros fiscales así como al ex fiscal general, Douglas Meléndez, de haberlos obligado a mentir sobre hechos falsos con los que se “armó” el caso corruptela.
El Fiscal Melara fue enfático desde su llegada al ministerio público: dijo que iba acabar con las “manzanas podridas” pero la ambigüedad de los hechos con que está actuando la FGR hacen incomprensibles sus declaraciones. Consignar a los tribunales a fiscales que delinquieron aprovechando su posición como tales, que han reconocido que mintieron, aunque sea obligados por sus superiores, para “inventar casos” y pedir a su vez que sean juzgados en libertad, es algo más que benevolencia. Refleja que algo muy malo está ocurriendo en la Fiscalía General de la República.
Hemos dicho, y lo Reiteramos, que el Fiscal General, Raúl Melara, debe ser considerado como lo mejor que le ha ocurrido a la FGR en muchos años. Decir que no se da cuenta de lo que está ocurriendo al interior de la FGR, sería una ofensa y un insulto que no merece. Entonces, cómo explicarnos la desvinculación que se pretende hacer de los delitos por los que se está instruyendo a los cuatro fiscales y dos empleados administrativos, con los delitos de falsedad y fraude procesal con los que “inventaron” el caso corruptela.?
Cómo es posible que los autores intelectuales de la fabricación del caso Corruptela, es decir, el exfiscal general Douglas Meléndez, los fiscales Wil Walter Ruiz, Jorge Cortez y Mario Huezo, entre otros, a pesar de ser señalados como los que obligaron a fabricar pruebas y a mentir, no hayan sido incluidos en el requerimiento fiscal.
El 22 de agosto del 2016, hace más de tres años, el exfiscal Douglas Meléndez puso una trampa al empresario Enrique Rais y al también exfiscal, Luis Martínez, dando inicio el llamado caso Rais Martínez. Dos años más tarde, ante la inminente posibilidad de que se frustrara dicho caso y con ello la posibilidad de ser reelecto, Meléndez se vio en la necesidad de “inventar” el caso corruptela, que impidió en definitiva la puesta en libertad del exfiscal Martínez y el sobreseimiento de Enrique Rais a quienes dicho sea de paso, nunca les han probado los cargos que se les atribuye.
En el ínterin de esta trifulca judicial, cuando estaban vencidos todos los plazos y Martínez se aprestaba a recuperar su libertad, Meléndez mandó por el famoso padre toño, que se encontraba en España a donde se le permitió escapar a cambio de un proceso abreviado, que le facilitó el mismo exfircal Martínez, y que lo eximió de los delitos por los que había sido acusado, permitiéndole residir en El Salvador nuevamente a cambio de una demanda express por divulgación de información, contra Martínez, quien poco o nada pudo hacer, desde la cárcel donde aún se encuentra, para evitar ser condenado.
Otros once fiscales, acusados de delitos contra la administración de justicia, de falsedad y de actos arbitrarios y que supuestamente formaban parte de la mafia de Meléndez, fueron consignados a los tribunales en los primeros días de enero de este año, poco antes de que Melara asumiera el cargo, con la recomendación expresa de que fueran sobreseídos definitivamente.
Si esos fiscales fueron consignados a los tribunales es porque tuvo que haber una investigación previa que permitió establecer que había, por lo menos, indicios de su responsabilidad; sin embargo, Meléndez les proporcionó impunidad absoluta. Será eso lo que se busca con los cuatro fiscales y dos empleados administrativos que enfrentarán próximamente la Audiencia Inicial, al pedir que sean procesados en libertad aunque sigan siendo juzgados por delitos graves ?. Cuál es el mensaje que está dando la Fiscalía General de la República ?.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
