Judicial
Cuál es el mensaje que está enviando la Fiscalía General de la República
La siguiente nota periodística fue emitida este día, jueves 12 de septiembre por Diario Latino.net, en la cual dan a conocer los nombres de los fiscales y empleados del Ministerio Público que fueron acusados por la actual administración de la Fiscalía General de la República, por diferentes delitos en el del caso corruptela, en el que también estaría involucrado el exfiscal Douglas Meléndez.
Lea la nota completa, a continuación:
Cuatro fiscales y dos empleados administrativos del Ministerio Público, fueron acusados formalmente este martes 11 de septiembre por la Fiscalía de la República, por los delitos de privación de libertad, omisión de investigación, falsedad material y peculado. Los acusados son Carolina Manzanares Nochez, Yesenia Carolina Ayala, Mauricio Aguilar y Marta Colindres. Los hechos atribuidos a los imputados ocurrieron entre los años 2013 y 2015.
En el requerimiento no se contempla el hecho de que, tanto los fiscales mencionados como los empleados administrativos, hayan reconocido judicialmente haber actuado como testigos criteriados y obligados a mentir sobre hechos falsos que dieron origen al caso corruptela a cambio de no ser procesados por los delitos que ahora les imputan.
Estos fiscales han señalado que fueron obligados por el exfiscal Douglas Meléndez a criteriarse en ese proceso tras acumularles una serie de hechos, estos mismos auxiliares del Ministerio Público han interpuesto denuncia contra de 12 fiscales, entre ellos Douglas Meléndez y otro grupo.
No sabemos cuál era el trato que existía, pero al darse cuenta de que seguían siendo investigados con el propósito de ser procesados, los cuatro fiscales y los dos empleados administrativos, decidieron renunciar a su calidad de testigos criteriados y denunciaron a otros fiscales así como al ex fiscal general, Douglas Meléndez, de haberlos obligado a mentir sobre hechos falsos con los que se “armó” el caso corruptela.
El Fiscal Melara fue enfático desde su llegada al ministerio público: dijo que iba acabar con las “manzanas podridas” pero la ambigüedad de los hechos con que está actuando la FGR hacen incomprensibles sus declaraciones. Consignar a los tribunales a fiscales que delinquieron aprovechando su posición como tales, que han reconocido que mintieron, aunque sea obligados por sus superiores, para “inventar casos” y pedir a su vez que sean juzgados en libertad, es algo más que benevolencia. Refleja que algo muy malo está ocurriendo en la Fiscalía General de la República.
Hemos dicho, y lo Reiteramos, que el Fiscal General, Raúl Melara, debe ser considerado como lo mejor que le ha ocurrido a la FGR en muchos años. Decir que no se da cuenta de lo que está ocurriendo al interior de la FGR, sería una ofensa y un insulto que no merece. Entonces, cómo explicarnos la desvinculación que se pretende hacer de los delitos por los que se está instruyendo a los cuatro fiscales y dos empleados administrativos, con los delitos de falsedad y fraude procesal con los que “inventaron” el caso corruptela.?
Cómo es posible que los autores intelectuales de la fabricación del caso Corruptela, es decir, el exfiscal general Douglas Meléndez, los fiscales Wil Walter Ruiz, Jorge Cortez y Mario Huezo, entre otros, a pesar de ser señalados como los que obligaron a fabricar pruebas y a mentir, no hayan sido incluidos en el requerimiento fiscal.
El 22 de agosto del 2016, hace más de tres años, el exfiscal Douglas Meléndez puso una trampa al empresario Enrique Rais y al también exfiscal, Luis Martínez, dando inicio el llamado caso Rais Martínez. Dos años más tarde, ante la inminente posibilidad de que se frustrara dicho caso y con ello la posibilidad de ser reelecto, Meléndez se vio en la necesidad de “inventar” el caso corruptela, que impidió en definitiva la puesta en libertad del exfiscal Martínez y el sobreseimiento de Enrique Rais a quienes dicho sea de paso, nunca les han probado los cargos que se les atribuye.
En el ínterin de esta trifulca judicial, cuando estaban vencidos todos los plazos y Martínez se aprestaba a recuperar su libertad, Meléndez mandó por el famoso padre toño, que se encontraba en España a donde se le permitió escapar a cambio de un proceso abreviado, que le facilitó el mismo exfircal Martínez, y que lo eximió de los delitos por los que había sido acusado, permitiéndole residir en El Salvador nuevamente a cambio de una demanda express por divulgación de información, contra Martínez, quien poco o nada pudo hacer, desde la cárcel donde aún se encuentra, para evitar ser condenado.
Otros once fiscales, acusados de delitos contra la administración de justicia, de falsedad y de actos arbitrarios y que supuestamente formaban parte de la mafia de Meléndez, fueron consignados a los tribunales en los primeros días de enero de este año, poco antes de que Melara asumiera el cargo, con la recomendación expresa de que fueran sobreseídos definitivamente.
Si esos fiscales fueron consignados a los tribunales es porque tuvo que haber una investigación previa que permitió establecer que había, por lo menos, indicios de su responsabilidad; sin embargo, Meléndez les proporcionó impunidad absoluta. Será eso lo que se busca con los cuatro fiscales y dos empleados administrativos que enfrentarán próximamente la Audiencia Inicial, al pedir que sean procesados en libertad aunque sigan siendo juzgados por delitos graves ?. Cuál es el mensaje que está dando la Fiscalía General de la República ?.
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
Judicial
Admiten pruebas en contra de Guillermo Mata, ex diputado del FMLN
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.