Nacionales
Corporación Argoz acumula más de 1,000 denuncias por estafa con terrenos
El pasado martes, las autoridades procedieron a la captura de Leticia Farfán de Gómez y Rodrigo Javier Gómez Farfán, catalogados como cabecillas de una estructura delincuencial que estafó a cientos de familias salvadoreñas con la venta ilegal de terrenos y otro tipo de propiedades, a través de la Corporación Argoz S.A. de C.V.
Según las primeras investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados enfrentarán la justicia, por el momento, por 49 casos de estafa, comercialización irregular de inmuebles y por el delito de agrupaciones ilícitas.
Sin embargo, estos 49 casos se suman a las 111 denuncias interpuestas entre la Defensoría del Consumidor e igual número de familias que integran la asociación comunal del cantón La Joya, en Coatepeque, y a las más de 800 recabadas por los diputados de la Asamblea Legislativa entre noviembre de 2021 y febrero de 2022.
Este año, 76 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron reformas al Código Penal para incorporar un delito que regule la comercialización irregular de lotes, lo cual se penaliza con condenas de entre 8 y 12 años de prisión.
La última serie de denuncias contra la lotificadora fue interpuesta el pasado 6 de noviembre de 2022, por más de 111 familias del cantón La Joya, en Coatepeque, Santa Ana, quienes acompañados por la Defensoría del Consumidor activaron una denuncia colectiva contra Argoz, por no entregar las escrituras luego de pagar el valor pactado de los inmuebles que habitan.
Ese día el presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar, expresó que la institución puso en marcha una serie de programas para consolidar un mayor acercamiento y efectividad de los servicios de asesoría, recepción y resolución de controversias de consumo.
LEGISLADORES RECABARON MÁS DE 800 CASOS
Entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, los diputados de la Asamblea Legislativa han recabado más de 800 del total de los más de 1,000 casos de estafa en los que ha incurrido Argoz S.A. de C.V.
El 23 de febrero de 2022, los legisladores entregaron a las autoridades, más de 500 denuncias para exigir los derechos de las familias salvadoreñas que han adquirido un terreno y no recibieron sus respectivas escrituras de propiedad.
Durante varios meses, los diputados realizaron un recorrido en La Libertad, La Paz, Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate y Usulután para recolectar la documentación que hace constar la problemática calificada como «estafa».
«No poder disponer de una escritura de propiedad de un inmueble, que ha sido debidamente cancelado con esfuerzo y sacrificio, impide materializar una vivienda», expresó la diputada de Nuevas Ideas Marcela Pineda.
Agregó, «centenares de familias pagaron sus lotes, pero la empresa (Argoz) no entregó las escrituras de propiedad».
Tres meses antes, el 8 de noviembre de 2021, los diputados Marcela Pineda, Raúl Castillo y Christian Guevara presentaron un aviso ante la Fiscalía en contra de Argoz, por haber estafado a 350 familias de las lotificaciones «Los Amberes» de Tapalhuaca y «San Pedro» en San Pedro Nonualco, ya que nunca recibieron sus títulos de propiedad.
Según los señalamientos, la lotificadora desde 1984 ha utilizado argucias legales para evadir investigaciones penales, ante denunciantes de los municipios de Tapalhuaca y San Pedro Nonualco, del departamento de La Paz.
De acuerdo a las investigaciones, dicha lotificadora llegaba a un municipio, y entregaban promesas de venta a salvadoreños que deseaban obtener su casa, pero cuando las familias presentaban sus recibos de pago, no se les entregaban sus propiedades, ni la documentación, detallaron los diputados.
Según los parlamentarios, Argoz ha implementado diversos mecanismos para evadir la justicia, y argumenta no contar con dinero, para devolver las escrituras a las familias, a pesar de tener un capital de más de $4 millones.
La diputada Pineda recordó que, en junio de 2021, con un total de 82 votos a favor, la nueva Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial Transitoria para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional que estipula penas de hasta 12 años de cárcel para las lotificadoras que incurran en delitos.
Un ciclista fue trasladado de emergencia a un hospital la mañana de este jueves, luego de ser atropellado por un microbús del transporte colectivo en Santa Ana.
El accidente se registró en las cercanías de la ex escuela Guatemala, sobre la calle Aldea San Antonio, según informaron las autoridades que atendieron la emergencia.
Testigos señalaron que el ciclista, cuya identidad aún no ha sido confirmada, circulaba por la zona cuando fue embestido por una unidad de la ruta 5.
Al lugar también se presentaron elementos de la Fuerza Armada Salvadoreña (FAES), quienes colaboraron con la regulación del tráfico y brindaron apoyo para garantizar la seguridad en el área. Las autoridades investigan las causas del incidente.
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, afirmó que El Salvador está abierto a compartir su experiencia en materia de seguridad pública con gobiernos e instituciones internacionales que estén interesados en conocer el modelo que ha permitido al país salir de la lista de las naciones más violentas del mundo.
En una entrevista concedida a la revista francesa Le Grand Continent, Ulloa aclaró que el objetivo no es exportar el modelo salvadoreño, sino explicar su funcionamiento a quienes lo soliciten. “No estamos interesados en exportar nuestro modelo. Lo que sí estamos es abiertos para compartir nuestra experiencia con los gobiernos o instituciones que nos lo pidan”, manifestó el vicemandatario.
Durante la entrevista, Ulloa reveló que recientemente sostuvo una reunión con el ministro del Interior de Francia, Bruno Retailleau, a quien explicó los detalles del Plan Control Territorial (PCT), la política de seguridad implementada desde junio de 2019 por el presidente Nayib Bukele. Como parte de ese acercamiento, se compartió documentación oficial sobre el desarrollo y resultados del plan.
El PCT consta de siete fases, de las cuales seis ya han sido ejecutadas, e incluye acciones tanto de prevención como de represión del delito. En marzo de 2022, el plan fue reforzado con la implementación del régimen de excepción, medida que ha permitido la captura de más de 86,900 presuntos pandilleros, según datos del Ejecutivo.
Ulloa subrayó el contraste entre la situación actual y la que vivía el país en 2015, cuando El Salvador registraba más de 30 homicidios diarios. “Después de ser el país más violento del mundo, ahora es el más seguro del hemisferio occidental”, afirmó.
El vicepresidente también aseguró que El Salvador registra actualmente una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, por debajo de países como Canadá, cuya tasa es de 2.5, lo que posicionaría al país como el más seguro de América.
Según Ulloa, el éxito del modelo salvadoreño ha despertado el interés de otras naciones. Recientemente, representantes de Ecuador y de cuerpos de seguridad locales de Perú han visitado El Salvador para conocer de cerca la estrategia implementada por el Gobierno salvadoreño.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
