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CCR señala irregularidades en uso de fondos CONAB por parte de la Fiscalía General bajo la administración de Douglas Meléndez
Una auditoria de la Corte de Cuentas de la República (CCR) ha puesto en evidencia el presunto uso ilegal que la Fiscalía General de la República (FGR), habría hecho en el uso de fondos provenientes del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
El reporte de la CCR, señala que la FGR bajo la administración del exfiscal General, Douglas Meléndez, utilizó un total de $74,814 de esos fondos que fueron traspasados en su momento a la fiscalía, ocupándolos de manera indebida.
Según el informe de la contraloría de la República, dichos fondos se utilizaron en compras para mobiliario y equipo para la equipación del centro de capacitación y desarrollo institucional en vez de destinarlos a mejorar la capacidad de investigación de unidades especiales contra el crimen organizado y el narcotráfico, revela el informe de auditoría de enero al 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, los auditores no lo responsabilizaron a Douglas Meléndez sino que al entonces Gerente General de la Fiscalía.
En el informe final de dicha auditoría se destaca que destinaron $19,840 a equipar el referido centro, situado en Apaneca, sin dar detalles del equipo adquirido. También que invirtieron $11,202 en compras de cafeteras, refrigeradoras de 10 y 14 pies, juego de comedor para seis personas, juego de sala, un camarote metálico y colchones.
En el detalle de compras para el centro de diversión aparece una barbacoa de 21 pulgadas, muebles multiusos, equipo de sonido con ocho bafles, dos amplificadores y dos micrófonos. Además de máquinas para ejercicios, 280 unidades de cerámica en maya para piso, espejos bocelados, servicio de cable de TV y restauración de área verde.
La Ley Especial de Extinción de Dominio le otorga a la Fiscalía General el 35 por ciento del dinero y los bienes confiscados a la delincuencia organizada, pero estos bienes tienen que ser destinados a mejorar la capacidad de las áreas especializadas encargadas de la investigación de delitos de narcotráfico, lavado de dinero, extinción de dominio entre otros.
De la irregularidad detectada los auditores señalan en el informe como responsable al Gerente General que fungió en el período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018, debido a que este “adjudicó mediante la modalidad de libre gestión la adquisición de bienes, servicios y activo fijo” para el equipamiento del referido centro con el fondo especial de los bienes extinguidos.
Además, dicen, autorizó “la utilización de recursos con finalidad diferente a lo establecido en la Ley”.
Según los auditores, esa “deficiencia ocasionó disminución de recursos disponibles del Fondo Especial de Dinero y Rendimientos de la Enajenación de los Bienes Extinguido (Fondos CONAB) para las Unidades Especializadas de la FGR, enunciadas en la Ley”.
El gerente general de la Fiscalía General de esa época justificó el uso de los fondos traspasados por el CONAB en que era “preciso fortalecer la formación y salud mental del personal de la institución, implicando con ello que se debe dar prioridad a invertir en la obtención de condiciones favorables para una enseñanza-aprendizaje efectivas que incrementen sus conocimientos y habilidades para el desempeño de las funciones ante el flagelo del crimen organizado que nos acecha como sociedad salvadoreña”.
Otros hallazgos.
Otras irregularidades encontradas fue que la empresa a la que le adjudicaron el contrato no presentó el desglose de precios unitarios que permitiera cuantificar la obra ejecutada que se estaba cancelando.
Señalan los auditores que la falta de ese desglose fue “una limitante para que el técnico asignado por la Corte de Cuentas determinara la obra física ejecutada y la razonabilidad del costo de la misma”.
Más irregularidades
Mientras que al ex fiscal Douglas Meléndez le cuestionan que no haya remitido a la Dirección Financiera Institucional la documentación de bienes digitales, donados por la embajada de Estados Unidos en 2018, para que se hiciera los registros correspondientes. Estos bienes tenían un valor de $287,417.
Meléndez argumentó a la Corte que la unidad beneficiada con las donaciones era la que tenía que notificar a la Dirección Financiera Institucional. “Dichos bienes están en uso y resguardo de la FGR no existe ningún tipo de afectación a la institución”, justificó Meléndez.
Los auditores también cuestionaron la adjudicación de las pólizas de seguro médico hospitalario y colectivo de vida por $419,581 y $2,688,823 respectivamente, a empresas que debieron ser descalificadas del proceso, debido a que no cumplieron con alguno de los términos de referencia establecidos en las bases de licitación.
Los responsables fueron los cinco miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) por no realizar la evaluación conforme a lo establecido en las bases de licitación, según los auditores de la Corte de Cuentas.
Nota con Información de elsalvador.com
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Condena por extorsión contra pandillera en El Salvador cierra proceso iniciado con orden de captura en 2009
La Fiscalía General de la República de El Salvador informó sobre la condena de 15 años de prisión contra una integrante de la pandilla Barrio 18 por extorsionar a un comerciante en Soyapango, en un caso que se remonta a una orden de captura emitida en 2009.
La condenada fue identificada como Silvia María Carrero Vanegas, quien, según la investigación fiscal, exigía mercadería a la víctima a cambio de no atentar contra su vida, la de su familia o la de sus empleados.
Según autoridades, la imputada mantenía una orden judicial vigente por el delito de extorsión desde ese año, vinculada a su presunta actividad dentro de la estructura criminal.
De acuerdo con reportes oficiales, la mujer fue ubicada en 2024 en el municipio de Mejicanos, en un operativo informado por el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy.
Durante el procedimiento, personal femenino de la Fuerza Armada de El Salvador identificó tatuajes asociados a la pandilla.
La sentencia fue impuesta por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. La Fiscalía indicó además que la condenada también será procesada por el delito de agrupaciones ilícitas.
Autoridades señalaron que el caso forma parte de procesos judiciales contra estructuras criminales vinculadas a delitos de extorsión y agrupaciones ilícitas en el país.
La Policía Nacional Civil informó esta tarde sobre la captura de Francisco Alonso Posada Delgado, un miembro de pandilla con antecedentes por delitos como intento de homicidio, robo y portación ilegal de arma de fuego.
El detenido, alias «Little Vago», es señalado por la institución policial como integrante de la pandilla Barrio 18 Sureños.
De acuerdo con la policía, el sospechoso modificó los tatuajes asociados a la estructura criminal con el objetivo de evadir controles de seguridad en el marco de operativos contra pandillas.
La captura se realizó en la 29 Avenida Norte, Mejicanos, San Salvador Centro, con apoyo de unidades de inteligencia policial.
El detenido será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas, mientras continúan las investigaciones relacionadas con su actividad delictiva.
El Instituto Sindical Italiano para la Cooperación al Desarrollo (ISCOS) El Salvador presentó ayer los resultados del impacto ambiental alcanzados con el proyecto Lempa Vivo. Esta iniciativa, con una inversión de 1.800.00 millones de euros [$2,136,348], fue financiada por el Gobierno de Italia y la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) y ejecutada por ISCOS y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
De acuerdo con la directora de país de ISCOS, Evelyn Rivera, este es el cierre del proyecto que se ejecutó durante 40 meses en cuatro humedales del país: Complejo La Laguna Güija, 5 de septiembre, Cerrón Grande y 15 de Septiembre. Además, se desarrollaron diferentes acciones en 11 Áreas Naturales Protegidas (ANS) del país.
«Dentro de los logros que podemos mencionar son 120 unidades de producción familiar que se han implementado agroecológicamente, cuatro agromercados distritales, hemos acercado la producción de nuestros productores hacia la población local en sus comunidades», dijo Rivera.
Asimismo, agregó que trabajaron ampliamente en investigaciones científicas de índole ambiental como el atlas de aves acuáticas de los cuatro humedales, estudios científicos sobre la tortuga, un atlas de mapas para el manejo y control de incendios forestales. También en una serie de instrumentos nacionales, como también las dos fichas Ramsar para que puedan ser presentadas por parte del Gobierno en la Convención Internacional Ramsar para solicitar la declaratoria del embalse 5 de noviembre y 15 de septiembre como sitio Ramsar.
El proyecto benefició directamente a más de 2,800 personas e indirectamente a los habitantes de Santa Ana, Cuscatlán, Chalatenango, San Vicente y Cabañas. Sin embargo, su alcance llega a toda la población salvadoreña al proteger uno de los afluentes más importantes del país.
Por su parte, el embajador de Italia en El Salvador, Paolo Rozo, señaló que este es un proyecto relevante porque se refiere a un lugar emblemático de El Salvador desde el punto de vista del ecosistema y su país ha enfocado la atención para preservar y ayudar a las autoridades salvadoreñas en la protección del medioambiente.
«Este proyecto se ha realizado en específicas áreas protegidas y también la intervención en caso de calamidades naturales con especial énfasis en los incendios que pueden amenazar la fauna y la vegetación de este importante ecosistema de El Salvador», dijo Rozo.
Durante el cierre del proyecto, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, afirmó que esta iniciativa demuestra, con hechos, que la protección del ambiente no es un discurso, sino una política pública en ejecución en una nueva realidad.
«Es un eje estratégico para la seguridad hídrica, la producción, la resiliencia y el bienestar de miles de familias salvadoreñas. Proteger el Lempa es proteger la estabilidad ambiental, económica y social del país», detalló.
De acuerdo con el titular del MARN, estos tres años de trabajo continuo fueron respaldados por una inversión estratégica, que hoy se traduce en capacidades instaladas, infraestructura fortalecida y acciones concretas que impactan directamente en el territorio.
«Desde el Ministerio de Medio Ambiente reiteramos nuestro compromiso de seguir impulsando acciones firmes, sostenidas y estratégicas para la protección del río Lempa y de todos los ecosistemas que sostienen la vida y el desarrollo nacional», añadió. «Es un eje estratégico para la seguridad hídrica, la producción, la resiliencia y el bienestar de miles de familias salvadoreñas. Proteger el Lempa es proteger la estabilidad ambiental, económica y social del país», detalló.
De acuerdo con el titular del MARN, estos tres años de trabajo continuo fueron respaldados por una inversión estratégica, que hoy se traduce en capacidades instaladas, infraestructura fortalecida y acciones concretas que impactan directamente en el territorio.
«Desde el Ministerio de Medio Ambiente, reiteramos nuestro compromiso de seguir impulsando acciones firmes, sostenidas y estratégicas para la protección del río Lempa y de todos los ecosistemas que sostienen la vida y el desarrollo nacional», añadió.
