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CCR señala irregularidades en uso de fondos CONAB por parte de la Fiscalía General bajo la administración de Douglas Meléndez
Una auditoria de la Corte de Cuentas de la República (CCR) ha puesto en evidencia el presunto uso ilegal que la Fiscalía General de la República (FGR), habría hecho en el uso de fondos provenientes del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
El reporte de la CCR, señala que la FGR bajo la administración del exfiscal General, Douglas Meléndez, utilizó un total de $74,814 de esos fondos que fueron traspasados en su momento a la fiscalía, ocupándolos de manera indebida.
Según el informe de la contraloría de la República, dichos fondos se utilizaron en compras para mobiliario y equipo para la equipación del centro de capacitación y desarrollo institucional en vez de destinarlos a mejorar la capacidad de investigación de unidades especiales contra el crimen organizado y el narcotráfico, revela el informe de auditoría de enero al 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, los auditores no lo responsabilizaron a Douglas Meléndez sino que al entonces Gerente General de la Fiscalía.
En el informe final de dicha auditoría se destaca que destinaron $19,840 a equipar el referido centro, situado en Apaneca, sin dar detalles del equipo adquirido. También que invirtieron $11,202 en compras de cafeteras, refrigeradoras de 10 y 14 pies, juego de comedor para seis personas, juego de sala, un camarote metálico y colchones.
En el detalle de compras para el centro de diversión aparece una barbacoa de 21 pulgadas, muebles multiusos, equipo de sonido con ocho bafles, dos amplificadores y dos micrófonos. Además de máquinas para ejercicios, 280 unidades de cerámica en maya para piso, espejos bocelados, servicio de cable de TV y restauración de área verde.
La Ley Especial de Extinción de Dominio le otorga a la Fiscalía General el 35 por ciento del dinero y los bienes confiscados a la delincuencia organizada, pero estos bienes tienen que ser destinados a mejorar la capacidad de las áreas especializadas encargadas de la investigación de delitos de narcotráfico, lavado de dinero, extinción de dominio entre otros.
De la irregularidad detectada los auditores señalan en el informe como responsable al Gerente General que fungió en el período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018, debido a que este “adjudicó mediante la modalidad de libre gestión la adquisición de bienes, servicios y activo fijo” para el equipamiento del referido centro con el fondo especial de los bienes extinguidos.
Además, dicen, autorizó “la utilización de recursos con finalidad diferente a lo establecido en la Ley”.
Según los auditores, esa “deficiencia ocasionó disminución de recursos disponibles del Fondo Especial de Dinero y Rendimientos de la Enajenación de los Bienes Extinguido (Fondos CONAB) para las Unidades Especializadas de la FGR, enunciadas en la Ley”.
El gerente general de la Fiscalía General de esa época justificó el uso de los fondos traspasados por el CONAB en que era “preciso fortalecer la formación y salud mental del personal de la institución, implicando con ello que se debe dar prioridad a invertir en la obtención de condiciones favorables para una enseñanza-aprendizaje efectivas que incrementen sus conocimientos y habilidades para el desempeño de las funciones ante el flagelo del crimen organizado que nos acecha como sociedad salvadoreña”.
Otros hallazgos.
Otras irregularidades encontradas fue que la empresa a la que le adjudicaron el contrato no presentó el desglose de precios unitarios que permitiera cuantificar la obra ejecutada que se estaba cancelando.
Señalan los auditores que la falta de ese desglose fue “una limitante para que el técnico asignado por la Corte de Cuentas determinara la obra física ejecutada y la razonabilidad del costo de la misma”.
Más irregularidades
Mientras que al ex fiscal Douglas Meléndez le cuestionan que no haya remitido a la Dirección Financiera Institucional la documentación de bienes digitales, donados por la embajada de Estados Unidos en 2018, para que se hiciera los registros correspondientes. Estos bienes tenían un valor de $287,417.
Meléndez argumentó a la Corte que la unidad beneficiada con las donaciones era la que tenía que notificar a la Dirección Financiera Institucional. “Dichos bienes están en uso y resguardo de la FGR no existe ningún tipo de afectación a la institución”, justificó Meléndez.
Los auditores también cuestionaron la adjudicación de las pólizas de seguro médico hospitalario y colectivo de vida por $419,581 y $2,688,823 respectivamente, a empresas que debieron ser descalificadas del proceso, debido a que no cumplieron con alguno de los términos de referencia establecidos en las bases de licitación.
Los responsables fueron los cinco miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) por no realizar la evaluación conforme a lo establecido en las bases de licitación, según los auditores de la Corte de Cuentas.
Nota con Información de elsalvador.com
Este año, el Fondo de Conservación Vial (Fovial) invertirá $6 millones para mejorar la señalización vial, la cual garantiza una movilidad segura a los conductores y peatones, así lo indicó el director Alexander Beltrán.
«En tema de prevención, vamos a invertir $6 millones, para mejorar la señalización vial, la pintura, y otras señales que ayudan a ver mejor y que intervienen en la prevención a la hora de conducir», dijo Beltrán.
La señalización vial incluye la colocación de señales reglamentarias como alto, ceda el paso y la velocidad. Así como de señales de prevención en curvas, cruces y pendientes.
Además, la instalación de materiales reflectivos para visibilidad nocturna y señales informativas como destinos, servicios y el kilometraje.
Los trabajos también incluyen la pintura de líneas centrales y laterales, pasos peatonales, flechas direccionales y zonas de no rebase.
Las señales en las carreteras advierten de peligros, regulan la velocidad y ordenan la circulación, lo cual ayuda a reducir los siniestros de tránsito, atropellos y otros incidentes en la vía.
Los equipos del Fovial mejoraron la señalización y la seguridad vial en el bulevar Orden de Malta, en Antiguo Cuscatlán. Mientras que, en la carretera que conduce hacia los Planes de Renderos pintaron pasos peatonales.
«Avanzamos con el proceso de señalización de los kilómetros ya renovados en carretera desde Ilobasco hacia San Isidro, Cabañas», agregó la institución.
El movimiento de carga marítima en el puerto de Acajutla, en Sonsonate, cerró 2025 con un crecimiento importante, demostrando que sigue siendo la principal terminal por donde más se movilizan mercancías en el país.
Las estadísticas de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) indican que el crecimiento representó un 11.2 %, resultado de una operación más eficiente y del incremento sostenido en el volumen de carga movilizada tanto en importaciones como en exportaciones.
Además, este crecimiento se refleja en indicadores clave del desempeño operativo del puerto, entre ellos un incremento del 10.7 % en unidades movilizadas, un 12 % más en TEUs (capacidad de carga que tiene un contenedor estándar de 20 pies), así como un aumento del 4.91 % en toneladas métricas de carga contenerizada.
En el componente de importaciones destacó el aumento en el movimiento de insumos estratégicos para la industria y la construcción, como productos de acero, maíz, clinker, trigo y cemento, lo que refleja una dinámica económica activa y una mayor demanda del sector productivo nacional.
Mientras que, en las exportaciones, el puerto de Acajutla mantuvo su rol estratégico como plataforma para la salida de productos nacionales, sobresaliendo principalmente la exportación de azúcar, tanto a granel como en sacos, así como otros productos industriales que fortalecen la presencia de El Salvador en los mercados internacionales.
«Estos resultados son producto de la visión estratégica del Gobierno del presidente Nayib Bukele, orientada a la modernización de la infraestructura logística del país, el fortalecimiento de la eficiencia operativa y la consolidación de los puertos como plataformas clave para el desarrollo económico nacional», indicó CEPA.
Agregó que: «A través de la Unión Portuaria del Pacífico se continúa impulsando una gestión portuaria moderna, segura y competitiva, alineada a los estándares internacionales».
Por otra parte, en conjunto, los resultados de 2025 reflejan una evolución positiva del puerto de Acajutla, con procesos más eficientes, mayor volumen de carga movilizada y un desempeño que reafirma su papel como uno de los principales motores logísticos y comerciales del país, contribuyendo al desarrollo económico y a la competitividad nacional.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Roger Baltazar Avilés Bonilla, alias Giligan o Muerto, por homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
El reporte detalla que alias Giligan ostentaba el rango de homeboy dentro de la estructura de la pandilla 18 que delinquía en Soyapango y tenía como zona de operaciones distintas colonias de ese distrito.
Asimismo, el Tribunal condenó a Jesús Eduardo Girón Bautista, Luis Alonso Calderón Martínez, alias Skinny, y a José David Burgos Cornejo, a penas que oscilan entre los cinco y 35 años de prisión. Debido a las reformas al Código Penal, los tres imputados fueron condenados en ausencia.
Entre los casos de homicidio por los que fueron procesados se encuentra el asesinato de un empresario de la ruta 41-B, que realizaba su recorrido en Soyapango. De acuerdo con el fallo, el crimen ocurrió en 2010 y habría sido motivado por la negativa de la víctima a pagar la extorsión.
En enero de este año, Wendy Beatriz Mejía Flores fue sentenciada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de su novio. El crimen fue cometido en septiembre de 2023 en la jurisdicción de Ciudad Arce, La Libertad Centro.
Mejía citó a su pareja, le pidió que se encontraran en una tienda del sector del cantón Santa Lucía de Ciudad Arce y en ese lugar fue la última vez que testigos los vieron juntos.
De acuerdo a la investigación, la mujer contactó a pandilleros de la MS de la clica «Arces Malditos Locos Salvatruchos» para que llegaran armados al lugar, luego, lo privaron de libertad y lo trasladaron a una zona desolada, donde lo asesinaron con armas de fuego.
Después de matarlo, decapitaron a la víctima y sus restos fueron lanzados a un pozo ubicado en una finca del sector Santa Lucía, zona límite con cantón San Andrés de Ciudad Arce.
Según las técnicas especializadas de investigación, la imputada estuvo presente en la zona del asesinato.
