La medida de arresto domiciliar por años ha beneficiado a exfuncionarios, exministros o exalcaldes que son salpicados en El Salvador por diversos delitos de corrupción, comúnmente lavado de dinero, cohecho (sobornos), negociaciones ilícitas, entre otros.

Esta medida es un beneficio «carcelario» que se aplica de manera alterna a la pena de prisión en casos excepcionales, cuando son delitos culposos, entre otros casos; sin embargo, esta aplicación es considerada u otorgada por los jueces que tienen encomendados los procesos.

Al ser una medida que se aplica de acuerdo con el criterio del juez, el común denominador ha sido aplicarla casi exclusivamente a exfuncionarios, pese a ser acusados de lavar millones de dólares de las arcas del Estado. Uno de los procesados recientemente beneficiados ha sido el exfiscal Luis Martínez. El Juzgado Quinto de Vigilancia resolvió que el exfuncionario pase a arresto domiciliar.

Martínez fue condenado por divulgación de material reservado en perjuicio de Antonio Rodríguez Tercero, conocido como el padre Toño. Además, tiene dos procesos pendientes, uno de ellos es el caso Corruptela, en el que es acusado de varios delitos, por ejemplo, omisión en la investigación y revelación de información. El juzgado resolvió que le fuera impuesto un brazalete electrónico.

También deberá cumplir medidas cautelares, como acudir a firmar cada 15 días al juzgado correspondiente, no salir del país y no acercarse a las víctimas y a los testigos. Otro exfuncionario que hasta el 20 de diciembre se benefició con arresto domiciliar es el exministro de Seguridad David Victoriano Munguía Payés, acusado de haber facilitado beneficios en las cárceles a pandilleros para que disminuyeran los homicidios.

Munguía Payés es acusado de los delitos de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios cometidos cuando se desempeñó en el cargo, desde noviembre de 2011 hasta el 15 de junio de 2013, según la Fiscalía. El pasado 21 de diciembre, un juez le revocó ese privilegio de reo, lo envió a juicio y al penal de Mariona.

Entre los beneficios que recibieron las pandillas están traslados de cabecillas, ingreso de abundante comida, uso de celulares, teatros en casa, pasteles, televisión por cable, PlayStation y videojuegos, porno fiestas, entre otros.

El exfuncionario fue enviado a arresto domiciliar el año pasado. El juzgado dijo que otorgó la medida alterna por razones humanitarias, ya que el imputado es una persona de la tercera edad y supuestamente padece de problemas de salud como hipertensión, que lo ponían en riesgo ante la pandemia de la COVID-19.

VANDA PIGNATO: EX PRIMERA DAMA LAVÓ $165,000 Y FUE BENEFICIADA CON ARRESTO DOMICILIAR

La ex primera dama Vanda Pignato tiene arresto domiciliar mientras se investiga su participación por lavado de dinero durante la administración del corrupto Mauricio Funes, entre 2009 y 2014. La Fiscalía la acusa de lavar $165,000 de los $351 millones que, según el ministerio público, el exmandatario prófugo y otras 30 personas habrían lavado de las arcas del Estado. Además, está detenida por un caso de simulación de delito en la compra de un vehículo. Pignato, quien también fungió como la exsecretaria de Inclusión Social, pretendió hacer creer al ministerio público que alguien había utilizado su firma en la compraventa de un vehículo a José Miguel Menéndez, alias Mecafé. El carro se lo había vendido Mecafé por $60,000, pero curiosamente este lo había comprado en febrero de 2010 por $100,000. Sin embargo, la Fiscalía comprobó luego que Pignato firmó ese documento de compraventa del vehículo, pero para desmarcarse, ella simuló que había sido víctima de falsificación de su firma, con lo que buscaba evitar ser investigada.

JORGE HERNÁNDEZ: EXPRESENTADOR DE TV AYUDÓ A LAVAR DINERO

El expresentador de televisión Jorge Hernández fue detenido en noviembre de 2017 por estar involucrado en la malversación y el desvío de fondos públicos, liderado por el expresidente de la república Elías Antonio Saca, quien se declaró culpable del desvío de $300 millones de las arcas del Estado. En marzo de 2019, Jorge Hernández fue enviado a arresto domiciliar por el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador. De acuerdo con las investigaciones fiscales, creó una empresa de publicidad en la que se desviaron millones de dólares de los fondos públicos entre 2006 y 2008. Hernández recibió $5,845,675 mediante la empresa fantasma Marketing and Services de Centroamérica. La Fiscalía determinó que el expresentador se quedaba con una comisión de entre el 15 % y el 20 % por legalizar el dinero. En agosto del año pasado, el ministerio público pidió que se le confiscaran 36 propiedades; entre estas, ranchos de playa, terrenos, residencias y sociedades. El expresentador fue acusado de apropiarse de $120,000 en retenciones laborales a periodistas del Canal 25 y Órbita FM.

DAVID RIVAS: EXSECRETARIO DE COMUNICACIONES

El exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia David Marciano Rivas es parte de la red que lideró el corrupto expresidente Mauricio Funes para saquear $351 millones de las arcas del Estado. Por este caso, el exempleado guarda arresto domiciliar. La Fiscalía lo acusa de haber lavado $1,070,000. En la acusación se detalla que el exempleado cobró 23 cheques de $593,000 de fondos públicos. Rivas recibió un salario de $2,080 por su cargo durante la administración de Funes, del 1.º de junio de 2009 al 31 de diciembre de 2014. Por este proceso, a Rivas se le decomisaron cuatro inmuebles, dos vehículos y cuatro productos financieros, por un valor aproximado de $800,000. En junio de 2018, el acusado se presentó voluntariamente al Juzgado Quinto de Paz, donde fue acusado por el ministerio público. Rivas fue enviado a prisión provisional, pero el año pasado fue beneficiado con medidas alternas a la detención. Para este año, el acusado solicitó modificar la detención domiciliar por una medida que le permitiera trabajar; sin embargo, esto fue negado por el Juzgado Octavo de Instrucción.

ERNESTO MUYSHONDT: EXALCADE DE ARENA ESTUVO DETENIDO EN CASA

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador decretó en septiembre de este año instrucción con arresto domiciliar contra el exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, junto con otro exempleado más de la municipalidad, por la supuesta retención irregular de cuotas laborales de 41 empleados de la comuna capitalina. Sin embargo, 17 días después, la Cámara Tercera de lo Penal ordenó la detención del exfuncionario y dejó sin efecto el arresto domiciliar que lo benefició. «Revócase la resolución emitida por esta cámara […] mediante la cual se sustituyó la detención provisional por la medida cautelar del arresto domiciliario, junto con la imposición de la caución económica para los imputados referidos, la cual deberá dejarse sin efecto, y, en consecuencia, decrétase la detención provisional a los sindicados Ernesto Luis Muyshondt García-Prieto y Fernando Heriberto Portillo Linares [extesorero municipal]», se detalla en la resolución de la cámara. El exalcalde de San Salvador es acusado del delito de incumplimiento de deberes por un monto de $5,109,628.60 en concepto de deuda. Según las investigaciones fiscales, entre mayo de 2019 y abril de 2021 fueron retenidas sin justificar cuotas laborales a más de 50 empleados municipales.

EXSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA

FRANCISCO JOSÉ CÁCERES: El exsecretario privado en la Presidencia de Mauricio Funes, Francisco José Cáceres Zaldaña, es acusado de peculado (apropiación de dinero público) y lavado de dinero por $1,567,659. En septiembre de 2019, Cáceres se entregó a las autoridades, luego de estar 15 meses prófugo. De acuerdo con la Fiscalía, el exsecretario fue un personaje clave en el desvío de los $351 millones que hizo Funes de las arcas del Estado. Cáceres avalaba la emisión de cheques que se pagaban con fondos que destinaba el Ministerio de Hacienda a la cuenta Subsidiaria Institucional del Tesoro Público de la Presidencia. El exempleado fue clave en los movimientos, ya que su oficina era la encargada de los sobresueldos a funcionarios, y en la contratación de bienes y servicios con el dinero de la partida secreta, según el ministerio público. Desde el momento de su captura, el juez Séptimo de Instrucción le otorgó arresto domiciliar. De acuerdo con las investigaciones, además de que Cáceres recibió fondos públicos, su familia también fue beneficiada con viajes. La Fiscalía determinó que el imputado gastó $98,000 en gastos médicos de un tío en el hospital Baptist, en Miami, Florida.