Nacionales
Beneficia a exfuncionarios del FMLN y ARENA con arresto domiciliar
La medida de arresto domiciliar por años ha beneficiado a exfuncionarios, exministros o exalcaldes que son salpicados en El Salvador por diversos delitos de corrupción, comúnmente lavado de dinero, cohecho (sobornos), negociaciones ilícitas, entre otros.
Esta medida es un beneficio «carcelario» que se aplica de manera alterna a la pena de prisión en casos excepcionales, cuando son delitos culposos, entre otros casos; sin embargo, esta aplicación es considerada u otorgada por los jueces que tienen encomendados los procesos.
Al ser una medida que se aplica de acuerdo con el criterio del juez, el común denominador ha sido aplicarla casi exclusivamente a exfuncionarios, pese a ser acusados de lavar millones de dólares de las arcas del Estado. Uno de los procesados recientemente beneficiados ha sido el exfiscal Luis Martínez. El Juzgado Quinto de Vigilancia resolvió que el exfuncionario pase a arresto domiciliar.
Martínez fue condenado por divulgación de material reservado en perjuicio de Antonio Rodríguez Tercero, conocido como el padre Toño. Además, tiene dos procesos pendientes, uno de ellos es el caso Corruptela, en el que es acusado de varios delitos, por ejemplo, omisión en la investigación y revelación de información. El juzgado resolvió que le fuera impuesto un brazalete electrónico.
También deberá cumplir medidas cautelares, como acudir a firmar cada 15 días al juzgado correspondiente, no salir del país y no acercarse a las víctimas y a los testigos. Otro exfuncionario que hasta el 20 de diciembre se benefició con arresto domiciliar es el exministro de Seguridad David Victoriano Munguía Payés, acusado de haber facilitado beneficios en las cárceles a pandilleros para que disminuyeran los homicidios.
Munguía Payés es acusado de los delitos de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios cometidos cuando se desempeñó en el cargo, desde noviembre de 2011 hasta el 15 de junio de 2013, según la Fiscalía. El pasado 21 de diciembre, un juez le revocó ese privilegio de reo, lo envió a juicio y al penal de Mariona.
Entre los beneficios que recibieron las pandillas están traslados de cabecillas, ingreso de abundante comida, uso de celulares, teatros en casa, pasteles, televisión por cable, PlayStation y videojuegos, porno fiestas, entre otros.
El exfuncionario fue enviado a arresto domiciliar el año pasado. El juzgado dijo que otorgó la medida alterna por razones humanitarias, ya que el imputado es una persona de la tercera edad y supuestamente padece de problemas de salud como hipertensión, que lo ponían en riesgo ante la pandemia de la COVID-19.
VANDA PIGNATO: EX PRIMERA DAMA LAVÓ $165,000 Y FUE BENEFICIADA CON ARRESTO DOMICILIAR
La ex primera dama Vanda Pignato tiene arresto domiciliar mientras se investiga su participación por lavado de dinero durante la administración del corrupto Mauricio Funes, entre 2009 y 2014. La Fiscalía la acusa de lavar $165,000 de los $351 millones que, según el ministerio público, el exmandatario prófugo y otras 30 personas habrían lavado de las arcas del Estado. Además, está detenida por un caso de simulación de delito en la compra de un vehículo. Pignato, quien también fungió como la exsecretaria de Inclusión Social, pretendió hacer creer al ministerio público que alguien había utilizado su firma en la compraventa de un vehículo a José Miguel Menéndez, alias Mecafé. El carro se lo había vendido Mecafé por $60,000, pero curiosamente este lo había comprado en febrero de 2010 por $100,000. Sin embargo, la Fiscalía comprobó luego que Pignato firmó ese documento de compraventa del vehículo, pero para desmarcarse, ella simuló que había sido víctima de falsificación de su firma, con lo que buscaba evitar ser investigada.
JORGE HERNÁNDEZ: EXPRESENTADOR DE TV AYUDÓ A LAVAR DINERO
El expresentador de televisión Jorge Hernández fue detenido en noviembre de 2017 por estar involucrado en la malversación y el desvío de fondos públicos, liderado por el expresidente de la república Elías Antonio Saca, quien se declaró culpable del desvío de $300 millones de las arcas del Estado. En marzo de 2019, Jorge Hernández fue enviado a arresto domiciliar por el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador. De acuerdo con las investigaciones fiscales, creó una empresa de publicidad en la que se desviaron millones de dólares de los fondos públicos entre 2006 y 2008. Hernández recibió $5,845,675 mediante la empresa fantasma Marketing and Services de Centroamérica. La Fiscalía determinó que el expresentador se quedaba con una comisión de entre el 15 % y el 20 % por legalizar el dinero. En agosto del año pasado, el ministerio público pidió que se le confiscaran 36 propiedades; entre estas, ranchos de playa, terrenos, residencias y sociedades. El expresentador fue acusado de apropiarse de $120,000 en retenciones laborales a periodistas del Canal 25 y Órbita FM.
DAVID RIVAS: EXSECRETARIO DE COMUNICACIONES
El exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia David Marciano Rivas es parte de la red que lideró el corrupto expresidente Mauricio Funes para saquear $351 millones de las arcas del Estado. Por este caso, el exempleado guarda arresto domiciliar. La Fiscalía lo acusa de haber lavado $1,070,000. En la acusación se detalla que el exempleado cobró 23 cheques de $593,000 de fondos públicos. Rivas recibió un salario de $2,080 por su cargo durante la administración de Funes, del 1.º de junio de 2009 al 31 de diciembre de 2014. Por este proceso, a Rivas se le decomisaron cuatro inmuebles, dos vehículos y cuatro productos financieros, por un valor aproximado de $800,000. En junio de 2018, el acusado se presentó voluntariamente al Juzgado Quinto de Paz, donde fue acusado por el ministerio público. Rivas fue enviado a prisión provisional, pero el año pasado fue beneficiado con medidas alternas a la detención. Para este año, el acusado solicitó modificar la detención domiciliar por una medida que le permitiera trabajar; sin embargo, esto fue negado por el Juzgado Octavo de Instrucción.
ERNESTO MUYSHONDT: EXALCADE DE ARENA ESTUVO DETENIDO EN CASA
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador decretó en septiembre de este año instrucción con arresto domiciliar contra el exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, junto con otro exempleado más de la municipalidad, por la supuesta retención irregular de cuotas laborales de 41 empleados de la comuna capitalina. Sin embargo, 17 días después, la Cámara Tercera de lo Penal ordenó la detención del exfuncionario y dejó sin efecto el arresto domiciliar que lo benefició. «Revócase la resolución emitida por esta cámara […] mediante la cual se sustituyó la detención provisional por la medida cautelar del arresto domiciliario, junto con la imposición de la caución económica para los imputados referidos, la cual deberá dejarse sin efecto, y, en consecuencia, decrétase la detención provisional a los sindicados Ernesto Luis Muyshondt García-Prieto y Fernando Heriberto Portillo Linares [extesorero municipal]», se detalla en la resolución de la cámara. El exalcalde de San Salvador es acusado del delito de incumplimiento de deberes por un monto de $5,109,628.60 en concepto de deuda. Según las investigaciones fiscales, entre mayo de 2019 y abril de 2021 fueron retenidas sin justificar cuotas laborales a más de 50 empleados municipales.
EXSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA
FRANCISCO JOSÉ CÁCERES: El exsecretario privado en la Presidencia de Mauricio Funes, Francisco José Cáceres Zaldaña, es acusado de peculado (apropiación de dinero público) y lavado de dinero por $1,567,659. En septiembre de 2019, Cáceres se entregó a las autoridades, luego de estar 15 meses prófugo. De acuerdo con la Fiscalía, el exsecretario fue un personaje clave en el desvío de los $351 millones que hizo Funes de las arcas del Estado. Cáceres avalaba la emisión de cheques que se pagaban con fondos que destinaba el Ministerio de Hacienda a la cuenta Subsidiaria Institucional del Tesoro Público de la Presidencia. El exempleado fue clave en los movimientos, ya que su oficina era la encargada de los sobresueldos a funcionarios, y en la contratación de bienes y servicios con el dinero de la partida secreta, según el ministerio público. Desde el momento de su captura, el juez Séptimo de Instrucción le otorgó arresto domiciliar. De acuerdo con las investigaciones, además de que Cáceres recibió fondos públicos, su familia también fue beneficiada con viajes. La Fiscalía determinó que el imputado gastó $98,000 en gastos médicos de un tío en el hospital Baptist, en Miami, Florida.
Nacionales
Operativo de investigación en tienda “O” por presunta estafa y empleo irregular de extranjeros
Este día, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), a través de su Departamento de Investigaciones e Inteligencia Migratoria, realizó un operativo en la tienda “O” de El Salvador, dedicada a la venta de artículos para el hogar, ante la presunción de que se estarían cometiendo delitos relacionados con estafa y otras irregularidades migratorias y laborales.
La intervención se llevó a cabo luego de recibir múltiples denuncias de ciudadanos que afirmaron haber pagado por productos que nunca recibieron. Según los testimonios recopilados, tras concretar las compras, los responsables de la tienda brindaban diversas excusas para justificar la falta de entrega, como supuestos atrasos en embarcaciones, sin que los clientes obtuvieran respuesta ni devolución del dinero.
Las autoridades identificaron que en el establecimiento laboran tanto salvadoreños como ciudadanos guatemaltecos. Sin embargo, se determinó que los trabajadores de nacionalidad guatemalteca no poseen autorización ni permisos para ejercer actividades laborales en el país. Además, se constató que están recibiendo pagos en efectivo, lo que sugiere una posible evasión de impuestos por parte del empleador.
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De acuerdo con los registros migratorios, estas personas ingresaron a El Salvador en calidad de turistas durante el año 2024, por lo que su actual actividad laboral representa una infracción a la Ley migratoria vigente.
Asimismo, se ha establecido que el propietario de la tienda es de nacionalidad guatemalteca. Según los movimientos migratorios, debería encontrarse en territorio salvadoreño; sin embargo, a través de información recabada por otras fuentes no reveladas, indica que actualmente se encuentra en Guatemala, lo que sugiere que habría evadido los controles migratorios para salir del país.
Según lo establecido en la legislación nacional, corresponde a la DGME verificar las actividades que realizan las personas extranjeras en El Salvador.
A raíz de los hallazgos obtenidos en el operativo, el caso será remitido a la Fiscalía General de la República (FGR), para que se proceda con las investigaciones necesarias y se determinen las responsabilidades legales correspondientes.
Nacionales
Ministro Gustavo Villatoro: «Marina Nacional es la única que ha puesto orden y autoridad en aguas internacionales»
Tras la reciente incautación de una tonelada de cocaína al suroeste del Estero de Jaltepeque, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, resaltó el papel de la Marina Nacional como una fuerza que ha logrado imponer autoridad en aguas internacionales, donde históricamente predominaba el tráfico de drogas.
La operación fue ejecutada el pasado martes 6 de mayo a 570 millas náuticas (1,055 kilómetros) de la Bocana El Cordoncillo, donde se interceptó una embarcación pesquera artesanal con el cargamento ilícito. En declaraciones posteriores, Villatoro aseguró que El Salvador está demostrando al mundo su capacidad para combatir el narcotráfico, incluso más allá de sus fronteras.
“La Fuerza Naval Tridente está demostrando lo que se puede lograr con decisión firme. Estamos tomando control en millas náuticas tan distantes como la 500, 600, hasta la 1,000”, afirmó el ministro, subrayando que solo la Marina salvadoreña ha logrado imponer orden en esa “autopista de aguas internacionales” por la que transitaba libremente la droga.
Villatoro también respondió a las críticas de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, al señalar que el actual Gobierno no está vinculado al narcotráfico. “Estamos demostrando que no solo no tenemos nexos, sino que lideramos con firmeza el combate a este flagelo. Contamos con equipos de rayos X y políticas claras en nuestros puertos para escanear lo que sale hacia Europa y Estados Unidos”, enfatizó.
El titular de Seguridad comparó este esfuerzo con la guerra contra las pandillas, indicando que, al igual que en ese combate, se enfrentan a sectores que —según él— terminan defendiendo intereses criminales. “Solo en la cabeza de retrógradas pueden pensar que estamos vinculados con estas actividades”, afirmó.
Finalmente, Villatoro reiteró que seguirán trabajando de la mano con la Fiscalía General de la República para mantener y reforzar el combate al narcotráfico. Según cifras oficiales, en el último año El Salvador ha incautado aproximadamente 28.2 toneladas de droga, valoradas en unos $706.8 millones.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
