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BCIE ve mejores oportunidades de desarrollo con el reordenamiento de los municipios
La nueva división político-administrativa del territorio salvadoreño propuesta por el presidente de la república, Nayib Bukele, que conlleva la reducción de los municipios de 262 a 44, ofrece un «mapa de oportunidades interesantes», pues permitirá mejorar las finanzas de las municipalidades, consideró ayer el director de país del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Luis Rodríguez.
Dicha iniciativa continuó ayer bajo estudio de la comisión política de la Asamblea Legislativa, y, a juicio de Rodríguez, el sanear las finanzas de las localidades posibilitará un mayor aporte de estas en iniciativas sociales y económicas.
«Al tener una configuración financieramente más nivelada, y que dará otra dinámica y planificación, permitirá a un municipio captar fondos de una mejor manera, trabajar mucho mejor el tema de su desarrollo a futuro», afirmó el director de país del BCIE.
También señaló que con el reordenamiento territorial, que convierte a los actuales municipios en distritos, «el mapa de oportunidades es mucho mayor, está mucho mejor concentrado todo el reto que se tienen dentro de estas nuevas configuraciones para que en cada una (de las alcaldías) se cree un portafolio de inversión y de desarrollo, tanto económico como social. Es sumamente interesante, bajo nuestra perspectiva».
Uno de los considerandos de la iniciativa del Ejecutivo para crear la Ley especial para la reesctructuración municipal señala que un análisis económico y financiero de los municipios determinó que no «cumplen con la condición de contar con recursos propios y tributarios suficientes para atender el gobierno local y la prestación de servicios públicos esenciales a su comunidad».
Agrega que «la escasez de recursos, que son por ahora una condición natural de muchas circunscripciones municipales, hace indispensable como una condición de modernización de la gestión estatal en términos generales, reformular, reestructurar y ajustar bajo los parámetros correctos, la forma en la que deben estar divididos los 14 departamentos del país a nivel municipal».
Para Mauricio Rodríguez, analista político y sociólogo, un país como El Salvador limitado en términos territoriales e históricamente considerado con baja rentabilidad, aunado a las prácticas corruptas que por décadas desarrollaron los funcionarios locales de los partidos tradicionales, limitaron que los municipios fueran asertivos con su compromiso de generar desarrollo local.
«Obviamente impacta a nivel administrativo, pues las asignaciones o erogaciones desde el Ejecutivo nunca alcanzaron a solventar las necesidades de los municipios, generando daños colaterales, pues un municipio donde no hay inversión social no puede desarrollar las demás áreas», indicó.
Según Rodríguez, lejos de velar por el desarrollo de los territorios que gobernaban, los alcaldes y concejos municipales «se dedicaron en términos políticos electorales a la compra de ejércitos de defensa del voto, lo que conocemos como clientelismo político», y a su juicio «pareciera ser que de una manera premeditada diseñaron en términos de municipalismo un sistema hecho para mantener nuestros municipios y nuestro país en el subdesarrollo».
La fragmentación de los 14 departamentos en 262 gobiernos locales solo ha beneficiado, de acuerdo a Rodríguez, a los partidos políticos y a los políticos tradicionales, «que encuentran en este ámbito una forma de vida; muchos hasta han logrado jubilarse como políticos».
Dicha división, política y administrativamente, generó en algunos casos pleitos entre los jefes municipales, por la falta de delimitación territorial en algunos casos, e impactó negativamente en los habitantes al no tener certeza jurídica sobre sus propiedades y las dificultades para acceder a los servicios básicos.
Esos diferendos limítrofes siempre fueron discutidos entre los alcaldes en la comisión de asuntos municipales de la Asamblea Legislativa.
La actual legislatura ha resuelto diferendos entre los municipios de San Rafael Cedros y El Rosario (ambas jurisdicciones de Cuscatlán), Apopa y Nejapa, de San Salvador.
En el tintero quedaron pendientes de definir, con base a informes del Centro Nacional de Registros, las delimitaciones territoriales de los municipios de El Tránsito con Jucuarán; Santo Domingo y Verapaz (San Vicente); Dolores (Cabañas) con Santa Clara (San Vicente); El Tránsito con Concepción Batres (Usulután); Jutiapa y Potonico (Chalatenango).
La nueva división territorial, con 44 municipios, sería aprobada por la Asamblea Legislativa el próximo martes.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
