Nacionales
BCIE ve mejores oportunidades de desarrollo con el reordenamiento de los municipios
La nueva división político-administrativa del territorio salvadoreño propuesta por el presidente de la república, Nayib Bukele, que conlleva la reducción de los municipios de 262 a 44, ofrece un «mapa de oportunidades interesantes», pues permitirá mejorar las finanzas de las municipalidades, consideró ayer el director de país del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Luis Rodríguez.
Dicha iniciativa continuó ayer bajo estudio de la comisión política de la Asamblea Legislativa, y, a juicio de Rodríguez, el sanear las finanzas de las localidades posibilitará un mayor aporte de estas en iniciativas sociales y económicas.
«Al tener una configuración financieramente más nivelada, y que dará otra dinámica y planificación, permitirá a un municipio captar fondos de una mejor manera, trabajar mucho mejor el tema de su desarrollo a futuro», afirmó el director de país del BCIE.
También señaló que con el reordenamiento territorial, que convierte a los actuales municipios en distritos, «el mapa de oportunidades es mucho mayor, está mucho mejor concentrado todo el reto que se tienen dentro de estas nuevas configuraciones para que en cada una (de las alcaldías) se cree un portafolio de inversión y de desarrollo, tanto económico como social. Es sumamente interesante, bajo nuestra perspectiva».
Uno de los considerandos de la iniciativa del Ejecutivo para crear la Ley especial para la reesctructuración municipal señala que un análisis económico y financiero de los municipios determinó que no «cumplen con la condición de contar con recursos propios y tributarios suficientes para atender el gobierno local y la prestación de servicios públicos esenciales a su comunidad».
Agrega que «la escasez de recursos, que son por ahora una condición natural de muchas circunscripciones municipales, hace indispensable como una condición de modernización de la gestión estatal en términos generales, reformular, reestructurar y ajustar bajo los parámetros correctos, la forma en la que deben estar divididos los 14 departamentos del país a nivel municipal».
Para Mauricio Rodríguez, analista político y sociólogo, un país como El Salvador limitado en términos territoriales e históricamente considerado con baja rentabilidad, aunado a las prácticas corruptas que por décadas desarrollaron los funcionarios locales de los partidos tradicionales, limitaron que los municipios fueran asertivos con su compromiso de generar desarrollo local.
«Obviamente impacta a nivel administrativo, pues las asignaciones o erogaciones desde el Ejecutivo nunca alcanzaron a solventar las necesidades de los municipios, generando daños colaterales, pues un municipio donde no hay inversión social no puede desarrollar las demás áreas», indicó.
Según Rodríguez, lejos de velar por el desarrollo de los territorios que gobernaban, los alcaldes y concejos municipales «se dedicaron en términos políticos electorales a la compra de ejércitos de defensa del voto, lo que conocemos como clientelismo político», y a su juicio «pareciera ser que de una manera premeditada diseñaron en términos de municipalismo un sistema hecho para mantener nuestros municipios y nuestro país en el subdesarrollo».
La fragmentación de los 14 departamentos en 262 gobiernos locales solo ha beneficiado, de acuerdo a Rodríguez, a los partidos políticos y a los políticos tradicionales, «que encuentran en este ámbito una forma de vida; muchos hasta han logrado jubilarse como políticos».
Dicha división, política y administrativamente, generó en algunos casos pleitos entre los jefes municipales, por la falta de delimitación territorial en algunos casos, e impactó negativamente en los habitantes al no tener certeza jurídica sobre sus propiedades y las dificultades para acceder a los servicios básicos.
Esos diferendos limítrofes siempre fueron discutidos entre los alcaldes en la comisión de asuntos municipales de la Asamblea Legislativa.
La actual legislatura ha resuelto diferendos entre los municipios de San Rafael Cedros y El Rosario (ambas jurisdicciones de Cuscatlán), Apopa y Nejapa, de San Salvador.
En el tintero quedaron pendientes de definir, con base a informes del Centro Nacional de Registros, las delimitaciones territoriales de los municipios de El Tránsito con Jucuarán; Santo Domingo y Verapaz (San Vicente); Dolores (Cabañas) con Santa Clara (San Vicente); El Tránsito con Concepción Batres (Usulután); Jutiapa y Potonico (Chalatenango).
La nueva división territorial, con 44 municipios, sería aprobada por la Asamblea Legislativa el próximo martes.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
