Nacionales
BCIE ve mejores oportunidades de desarrollo con el reordenamiento de los municipios
La nueva división político-administrativa del territorio salvadoreño propuesta por el presidente de la república, Nayib Bukele, que conlleva la reducción de los municipios de 262 a 44, ofrece un «mapa de oportunidades interesantes», pues permitirá mejorar las finanzas de las municipalidades, consideró ayer el director de país del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Luis Rodríguez.
Dicha iniciativa continuó ayer bajo estudio de la comisión política de la Asamblea Legislativa, y, a juicio de Rodríguez, el sanear las finanzas de las localidades posibilitará un mayor aporte de estas en iniciativas sociales y económicas.
«Al tener una configuración financieramente más nivelada, y que dará otra dinámica y planificación, permitirá a un municipio captar fondos de una mejor manera, trabajar mucho mejor el tema de su desarrollo a futuro», afirmó el director de país del BCIE.
También señaló que con el reordenamiento territorial, que convierte a los actuales municipios en distritos, «el mapa de oportunidades es mucho mayor, está mucho mejor concentrado todo el reto que se tienen dentro de estas nuevas configuraciones para que en cada una (de las alcaldías) se cree un portafolio de inversión y de desarrollo, tanto económico como social. Es sumamente interesante, bajo nuestra perspectiva».
Uno de los considerandos de la iniciativa del Ejecutivo para crear la Ley especial para la reesctructuración municipal señala que un análisis económico y financiero de los municipios determinó que no «cumplen con la condición de contar con recursos propios y tributarios suficientes para atender el gobierno local y la prestación de servicios públicos esenciales a su comunidad».
Agrega que «la escasez de recursos, que son por ahora una condición natural de muchas circunscripciones municipales, hace indispensable como una condición de modernización de la gestión estatal en términos generales, reformular, reestructurar y ajustar bajo los parámetros correctos, la forma en la que deben estar divididos los 14 departamentos del país a nivel municipal».
Para Mauricio Rodríguez, analista político y sociólogo, un país como El Salvador limitado en términos territoriales e históricamente considerado con baja rentabilidad, aunado a las prácticas corruptas que por décadas desarrollaron los funcionarios locales de los partidos tradicionales, limitaron que los municipios fueran asertivos con su compromiso de generar desarrollo local.
«Obviamente impacta a nivel administrativo, pues las asignaciones o erogaciones desde el Ejecutivo nunca alcanzaron a solventar las necesidades de los municipios, generando daños colaterales, pues un municipio donde no hay inversión social no puede desarrollar las demás áreas», indicó.
Según Rodríguez, lejos de velar por el desarrollo de los territorios que gobernaban, los alcaldes y concejos municipales «se dedicaron en términos políticos electorales a la compra de ejércitos de defensa del voto, lo que conocemos como clientelismo político», y a su juicio «pareciera ser que de una manera premeditada diseñaron en términos de municipalismo un sistema hecho para mantener nuestros municipios y nuestro país en el subdesarrollo».
La fragmentación de los 14 departamentos en 262 gobiernos locales solo ha beneficiado, de acuerdo a Rodríguez, a los partidos políticos y a los políticos tradicionales, «que encuentran en este ámbito una forma de vida; muchos hasta han logrado jubilarse como políticos».
Dicha división, política y administrativamente, generó en algunos casos pleitos entre los jefes municipales, por la falta de delimitación territorial en algunos casos, e impactó negativamente en los habitantes al no tener certeza jurídica sobre sus propiedades y las dificultades para acceder a los servicios básicos.
Esos diferendos limítrofes siempre fueron discutidos entre los alcaldes en la comisión de asuntos municipales de la Asamblea Legislativa.
La actual legislatura ha resuelto diferendos entre los municipios de San Rafael Cedros y El Rosario (ambas jurisdicciones de Cuscatlán), Apopa y Nejapa, de San Salvador.
En el tintero quedaron pendientes de definir, con base a informes del Centro Nacional de Registros, las delimitaciones territoriales de los municipios de El Tránsito con Jucuarán; Santo Domingo y Verapaz (San Vicente); Dolores (Cabañas) con Santa Clara (San Vicente); El Tránsito con Concepción Batres (Usulután); Jutiapa y Potonico (Chalatenango).
La nueva división territorial, con 44 municipios, sería aprobada por la Asamblea Legislativa el próximo martes.
La Dirección de Albergues, en coordinación con la organización Médicos del Mundo, entregó insumos de primera necesidad en la Casa de Retiros Padre Antonio Conte, ubicada en el barrio El Calvario, distrito de Alegría, Usulután Norte.
La entrega tiene como objetivo fortalecer la atención y el cuidado de las personas albergadas, como parte de las acciones preventivas ante la alerta por lluvias.
Además, con el apoyo del Ministerio de Salud y el Instituto Crecer Juntos, se brinda atención médica y acompañamiento psicosocial para garantizar un servicio integral a las familias.
Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de El Salvador de proteger y garantizar el bienestar de la población ante emergencias climáticas.
Un autobús de la ruta 216 estuvo a punto de caer a un barranco en la zona del desvío El Conejo, en Juayúa, departamento de Sonsonate.
De acuerdo con reportes preliminares, la rápida reacción del conductor evitó una tragedia mayor, al lograr maniobrar la unidad y evitar que se precipitara al vacío.
Equipos de emergencia y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para asistir a los pasajeros y asegurar el área. Algunos de los ocupantes sufrieron crisis nerviosas y golpes leves.
Las autoridades informaron que en las próximas horas se brindará un reporte oficial sobre el incidente.
Economia
Defensoría del Consumidor refuerza vigilancia y buenas prácticas comerciales en El Salvador
La Defensoría del Consumidor (DC) continúa fortaleciendo su labor de supervisión y promoción de buenas prácticas comerciales en todo el país. Según Ricardo Salazar, presidente de la institución, cerca de 700 establecimientos a nivel nacional aplican al menos uno de los tres programas de cumplimiento diseñados para proteger los derechos de los consumidores.
Uno de los programas más destacados es “Aquí se respeta el derecho de los consumidores”, que busca prevenir prácticas como la venta de productos vencidos, la publicidad engañosa y la falta de información en promociones y ofertas. Además, fomenta que los precios sean claramente visibles para los clientes, conforme a la normativa vigente.
Otro grupo de empresas participa en el programa del sello de garantías de plataformas electrónicas, que certifica que los comercios en línea cumplen con estándares de transparencia, seguridad y atención al cliente, fortaleciendo la confianza en las transacciones digitales.
En lo que va del año, la Defensoría ha ejecutado más de 3,000 procedimientos de inspección en todo el territorio nacional, detectando que entre un 25 % y un 30 % de los hallazgos corresponden a prácticas abusivas, detalló Salazar.
El funcionario destacó que estas acciones forman parte de los esfuerzos impulsados por el presidente Nayib Bukele desde 2019 para garantizar el acceso a bienes y servicios esenciales en condiciones justas. Además, resaltó los avances normativos logrados bajo la actual administración, con cinco de las seis reformas a la Ley de Protección al Consumidor ya aprobadas.
Con estas medidas, la Defensoría del Consumidor refuerza su compromiso de proteger los derechos de la población y promover una cultura empresarial basada en la transparencia, la responsabilidad y el respeto a la normativa que asegura un mercado más justo y equilibrado.
