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BCIE ve mejores oportunidades de desarrollo con el reordenamiento de los municipios
La nueva división político-administrativa del territorio salvadoreño propuesta por el presidente de la república, Nayib Bukele, que conlleva la reducción de los municipios de 262 a 44, ofrece un «mapa de oportunidades interesantes», pues permitirá mejorar las finanzas de las municipalidades, consideró ayer el director de país del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Luis Rodríguez.
Dicha iniciativa continuó ayer bajo estudio de la comisión política de la Asamblea Legislativa, y, a juicio de Rodríguez, el sanear las finanzas de las localidades posibilitará un mayor aporte de estas en iniciativas sociales y económicas.
«Al tener una configuración financieramente más nivelada, y que dará otra dinámica y planificación, permitirá a un municipio captar fondos de una mejor manera, trabajar mucho mejor el tema de su desarrollo a futuro», afirmó el director de país del BCIE.
También señaló que con el reordenamiento territorial, que convierte a los actuales municipios en distritos, «el mapa de oportunidades es mucho mayor, está mucho mejor concentrado todo el reto que se tienen dentro de estas nuevas configuraciones para que en cada una (de las alcaldías) se cree un portafolio de inversión y de desarrollo, tanto económico como social. Es sumamente interesante, bajo nuestra perspectiva».
Uno de los considerandos de la iniciativa del Ejecutivo para crear la Ley especial para la reesctructuración municipal señala que un análisis económico y financiero de los municipios determinó que no «cumplen con la condición de contar con recursos propios y tributarios suficientes para atender el gobierno local y la prestación de servicios públicos esenciales a su comunidad».
Agrega que «la escasez de recursos, que son por ahora una condición natural de muchas circunscripciones municipales, hace indispensable como una condición de modernización de la gestión estatal en términos generales, reformular, reestructurar y ajustar bajo los parámetros correctos, la forma en la que deben estar divididos los 14 departamentos del país a nivel municipal».
Para Mauricio Rodríguez, analista político y sociólogo, un país como El Salvador limitado en términos territoriales e históricamente considerado con baja rentabilidad, aunado a las prácticas corruptas que por décadas desarrollaron los funcionarios locales de los partidos tradicionales, limitaron que los municipios fueran asertivos con su compromiso de generar desarrollo local.
«Obviamente impacta a nivel administrativo, pues las asignaciones o erogaciones desde el Ejecutivo nunca alcanzaron a solventar las necesidades de los municipios, generando daños colaterales, pues un municipio donde no hay inversión social no puede desarrollar las demás áreas», indicó.
Según Rodríguez, lejos de velar por el desarrollo de los territorios que gobernaban, los alcaldes y concejos municipales «se dedicaron en términos políticos electorales a la compra de ejércitos de defensa del voto, lo que conocemos como clientelismo político», y a su juicio «pareciera ser que de una manera premeditada diseñaron en términos de municipalismo un sistema hecho para mantener nuestros municipios y nuestro país en el subdesarrollo».
La fragmentación de los 14 departamentos en 262 gobiernos locales solo ha beneficiado, de acuerdo a Rodríguez, a los partidos políticos y a los políticos tradicionales, «que encuentran en este ámbito una forma de vida; muchos hasta han logrado jubilarse como políticos».
Dicha división, política y administrativamente, generó en algunos casos pleitos entre los jefes municipales, por la falta de delimitación territorial en algunos casos, e impactó negativamente en los habitantes al no tener certeza jurídica sobre sus propiedades y las dificultades para acceder a los servicios básicos.
Esos diferendos limítrofes siempre fueron discutidos entre los alcaldes en la comisión de asuntos municipales de la Asamblea Legislativa.
La actual legislatura ha resuelto diferendos entre los municipios de San Rafael Cedros y El Rosario (ambas jurisdicciones de Cuscatlán), Apopa y Nejapa, de San Salvador.
En el tintero quedaron pendientes de definir, con base a informes del Centro Nacional de Registros, las delimitaciones territoriales de los municipios de El Tránsito con Jucuarán; Santo Domingo y Verapaz (San Vicente); Dolores (Cabañas) con Santa Clara (San Vicente); El Tránsito con Concepción Batres (Usulután); Jutiapa y Potonico (Chalatenango).
La nueva división territorial, con 44 municipios, sería aprobada por la Asamblea Legislativa el próximo martes.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
El Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) informó que ha recibido la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno, alineado con la norma internacional NTS ISO 37001:2016.
El ministro de salud, Francisco Alabi, junto a la viceministra de operaciones en Salud y directora ejecutiva ad honorem de Fosalud, Karla Díaz, recibieron la certificación por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), a través de su director general para Centroamérica, Arnulfo Pino.
De acuerdo con la institución, este logro forma del esfuerzo institucional en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y al cumplimiento de los criterios internacionales orientados a la transparencia, integridad, la prevención del soborno y la confianza ciudadana, como pilares de una gestión pública moderna y responsable, alineada con las directrices presidenciales.
Fosalud explicó que el proceso de implementación y certificación del Sistema de Gestión Antisoborno duró un aproximado de 14 meses, concluyendo satisfactoriamente en octubre de 2025.
También detalló que esta certificación abarca todas las gerencias y unidades organizativas, los procesos relacionados con la prestación de los servicios de salud en los diferentes establecimientos con cobertura Fosalud y los procesos administrativos, considerados críticos desde la perspectiva de riesgos de soborno.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), invitó a los salvadoreños en el exterior que desean continuar sus estudios, que apliquen al programa de becas con Panamerican University.
Este ofrece una oportunidad para estudiar una licenciatura o maestría. Las becas son en modalidad online, con clases en vivo y en español.
La fecha última para postularse es el próximo 20 de febrero de este año. Algunas de las carreras disponibles son: administración de empresas, ciencias de la computación e inteligencia artificial.
Mientras que, las maestrías son: global executive MBA, gestión estratégica de recursos humanos y analítica de personas, ciencias en gestión financiera corporativa y FinTech.
