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“Yo no actué solo (…) vamos a contar la verdad»: Exministro Sinibaldi ante justicia de Guatemala
Después de cuatro años prófugo de la justicia, el exministro de comunicaciones del gobierno de Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi, se entregó a la justicia guatemalteca y fue extraditado desde Florencia, Italia.
Una coordinación de trabajo con la Interpol permitió su regreso a través de México y a Guatemala por tierra, ya que el Aeropuerto La Aurora continúa cerrado.
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, informó que Sinibaldi tiene cinco procesos pendientes: Cooptación del Estado, Construcción y corrupción, Odebrecht, Transurbano y Arca, por delitos de lavado de dinero, cohecho pasivo y asociación ilícita.
El exfuncionario dijo que se entregó para decir la verdad y que siempre tuvo la intención de presentarse ante la justicia, pero la decisión la tomó hace un año y medio.
“Yo no actué solo, yo no me mando solo, y vamos a contar la verdad de todas las acusaciones que se me han hecho”, declaró Sinibaldi a su llegada a los tribunales de justicia.
Christian Castillo, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC), considera que la posibilidad de que Sinibaldi se convierta en un colaborador eficaz sobre estos casos es un juego de poder en la política guatemalteca.
“Venir y entregarse en medio de la pandemia, hacer todo el periplo desde Italia y venir a entregarse a la justicia en este preciso momento, para mí, responde más a una estrategia de negociación por justicia premial, que puede ser incluso con los norteamericanos”, señaló Castillo.
Según el analista, Guatemala «no ha dejado de ser una de las amenazas globales a la seguridad norteamericana” e indicó que Sinibaldi puede convertirse en una pieza clave en las investigaciones, porque desempeñó un papel como recolector de recursos para el extinto Partido Patriota desde sus inicios.
También considera que el momento político actual es muy particular, porque en Guatemala está en pausa la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, situación que podría haber incidido en la decisión de Sinibaldi.
“Su decisión de entregarse responde más a ese choque de los grandes actores de poder en el país que siguen disputándose una cuota de poder en las cortes nacionales, no es por demanda de una sociedad guatemalteca”, añadió.
Por ahora Alejandro Sinibaldi permanece en prisión provisional y este jueves 27 de agosto será su audiencia de primera declaración, en el juzgado B de mayor riesgo a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez. Los procesos los enfrentará en el orden en que le fueron imputados.
Casos y delitos vinculados al exministro
Caso Cooptación del Estado, por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos. La fiscalía lo acusa por la consecución de recursos que no se ha podido acreditar su origen lícito.
Caso Construcción y Corrupción, por los delitos de lavado de dinero, cohecho pasivo y asociación ilícita. El Ministerio Publico lo acusa de liderar una estructura que se organizó en el Ministerio de Comunicaciones y que tenía como propósito el cobro de comisiones ilícitas a constructoras, para acreditar proyectos de construcción o pagos de deuda de arrastre.
Caso Odebrecht, por el delito de lavado de dinero. Según la acusación cuando era ministro ideó el proceso para el cobro de aproximadamente 18 millones de dólares en sobornos a la constructora brasileña.
Caso Transurbano, por el delito de lavado de dinero u otros activos. Según el MP, lavó recursos del erario público para seguridad al transporte público por al menos 900.00 quétzales (unos 117.000 dólares), que tuvieron como destinatario al propio Sinibaldi.
Caso Arca, también por el delito de lavado de dinero. En este caso la fiscalía asegura que parte de los recursos que debieron ser devueltos al Banco de los Trabajadores por concepto de contratos de publicidad, fueron destinados a la campaña política del Partido Patriota en 2011 por medio de una de las sociedades de Sinibaldi.
Con información de la Voz de América
Estados Unidos afirmó ayer que Irán suspendió 800 ejecuciones de manifestantes ante la presión ejercida por Donald Trump, después de que los países del Golfo parecieran haberlo disuadido de emprender una acción militar contra Teherán por la letal represión de las marchas.
La República Islámica esta sacudida por protestas que empezaron el 28 de diciembre por el aumento del costo de la vida y se convirtieron en un movimiento contra el régimen teocrático en el poder desde la revolución de 1979.
Las organizaciones de derechos humanos acusan a Irán de llevar a cabo una brutal represión que habría dejado miles de muertos, en un país privado desde hace una semana de acceso a internet.
Según el último balance de la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, al menos 3,428 manifestantes han muerto desde el inicio del movimiento. Las autoridades iraníes no han facilitado ningún balance oficial.
El jueves, la vida había vuelto a la normalidad en Teherán, según un periodista de AFP en la capital iraní. Hace varios días que no se han registrado grandes manifestaciones en el país.
Mientras Washington parecía dar marcha atrás en una eventual acción militar, la Casa Blanca afirmó que «todas las opciones siguen sobre la mesa para el presidente».
«El presidente entiende que se suspendieron las 800 ejecuciones que estaban programadas y que se suponía que iban a tener lugar ayer (miércoles)», declaró a la prensa la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.
Según ella, Trump había advertido a Teherán de «graves consecuencias” si mataba a más manifestantes.
Por su parte, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra funcionarios de seguridad iraníes y redes financieras.
Irán ya es objeto de duras sanciones internacionales por su programa nuclear, que contribuyeron a los problemas económicos que desencadenaron las protestas
Trump afirmó el miércoles que había sido informado «por fuentes muy importantes» de que las matanzas han terminado», mientras que sus aliados del Golfo se esforzaron en disuadirlo de una intervención militar.
Según dijo a la AFP un alto cargo saudita, bajo condición de anonimato, Arabia Saudita, Catar y Omán llevaron a cabo «un esfuerzo diplomático de último minuto, largo e intenso, para convencer al presidente Trump de darle una oportunidad a Irán de que muestre buenas intenciones».
Otro funcionario del Golfo confirmó la conversación y añadió que también se había enviado un mensaje a Irán, indicando que atacar las instalaciones estadounidenses en la zona «tendría consecuencias» para las relaciones regionales de Teherán.
El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, advirtió por su parte que su país se defenderá «frente a cualquier amenaza extranjera», en una conversación telefónica con su homólogo saudita, el príncipe Faisal bin Farhan.
Un ciudadano canadiense ha muerto «a manos de las autoridades iraníes», informó Ottawa el jueves, en medio de fuertes protestas contra el gobierno de Teherán.
«Acabo de enterarme de que un ciudadano canadiense ha muerto en Irán a manos de las autoridades iraníes», declaró la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, sin dar más detalles.
Añadió que la respuesta de Teherán a las «protestas pacíficas» ha «llevado al régimen a despreciar flagrantemente la vida humana».
Ayer, Estados Unidos sancionó este jueves a funcionarios de seguridad y de redes bancarias iraníes, acusándolos de orquestar una violenta represión contra protestas pacíficas y de blanquear miles de millones de dólares provenientes de los ingresos petroleros.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció las medidas tras las mayores protestas antigubernamentales en la historia de la república islámica, aunque las manifestaciones parecen haber disminuido en los últimos días ante la represión y un bloqueo de internet que duró casi una semana.
«Estados Unidos apoya firmemente al pueblo iraní en su reclamo de libertad y justicia», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado, añadiendo que las sanciones se tomaron por orden del presidente Donald Trump.
Entre los sancionados se encuentran Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, a quien Washington acusó de coordinar la represión y el uso de la fuerza.
Cuba, que podría sufrir un corte del suministro de petróleo venezolano por las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, apenas generó la mitad de la electricidad consumida por la isla en 2025, según datos oficiales recopilados y analizados por la AFP.
Esta información también muestra que la isla reporta un aumento importante, aunque todavía poco efectivo, de la generación de energía solar, a partir de la instalación de unos 40 parques el año pasado.
La demanda diaria de energía eléctrica del país ronda los 3.300 megavatios (MW), pero entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 el sistema registró un déficit promedio de 1.643 MW, según cálculos de la AFP basados en información publicada por la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE).
El monitoreo muestra que la tendencia se mantiene en la primera quincena de 2026.
La UNE publica diariamente la demanda prevista de energía eléctrica para el día, así como el déficit reportado en el pico nocturno. La diferencia entre ambos valores da una idea de la disponibilidad efectiva de energía diaria, que media los 1.670 MW: la mitad de lo que necesita el país de 9,6 millones de habitantes.
Los datos oficiales también muestran un fuerte incremento en la generación fotovoltaica. Mientras a fines de marzo los parques solares tenían una capacidad de generación de entre 300 y 400 MW, para fines de diciembre superaron los 3.000 MW.
Sin embargo, debido a la poca existencia de baterías de almacenamiento, esta energía solo se puede utilizar mientras haya sol y no por la noche, cuando se presenta la hora pico de consumo.
Bajo embargo de Estados Unidos desde 1962 y en medio de una fuerte crisis económica, Cuba enfrenta desde hace tres años una grave escasez de combustible que afecta la producción de electricidad.
Esa falta de combustible podría empeorar luego de que Trump, que tomó a inicios de este mes el control del sector petrolero de Venezuela, anunciara recientemente el fin del flujo de crudo y dinero venezolano hacia la isla comunista.
Venezuela ha sido desde el año 2000 el principal proveedor de petróleo a Cuba, su aliado ideológico.
Además, la base de la generación eléctrica de la isla descansa en ocho centrales eléctricas, casi todas inauguradas en los años 1980 y 1990, que sufren frecuentes averías o deben ser paralizadas para mantenimiento.
Los cortes diarios de luz, a veces de más de 20 horas seguidas, son moneda corriente.
El gobierno afirma que el embargo estadounidense le impide reparar su red eléctrica, pero economistas señalan una falta crónica de inversión estatal en el sector.
