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“Yo no actué solo (…) vamos a contar la verdad»: Exministro Sinibaldi ante justicia de Guatemala
Después de cuatro años prófugo de la justicia, el exministro de comunicaciones del gobierno de Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi, se entregó a la justicia guatemalteca y fue extraditado desde Florencia, Italia.
Una coordinación de trabajo con la Interpol permitió su regreso a través de México y a Guatemala por tierra, ya que el Aeropuerto La Aurora continúa cerrado.
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, informó que Sinibaldi tiene cinco procesos pendientes: Cooptación del Estado, Construcción y corrupción, Odebrecht, Transurbano y Arca, por delitos de lavado de dinero, cohecho pasivo y asociación ilícita.
El exfuncionario dijo que se entregó para decir la verdad y que siempre tuvo la intención de presentarse ante la justicia, pero la decisión la tomó hace un año y medio.
“Yo no actué solo, yo no me mando solo, y vamos a contar la verdad de todas las acusaciones que se me han hecho”, declaró Sinibaldi a su llegada a los tribunales de justicia.
Christian Castillo, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC), considera que la posibilidad de que Sinibaldi se convierta en un colaborador eficaz sobre estos casos es un juego de poder en la política guatemalteca.
“Venir y entregarse en medio de la pandemia, hacer todo el periplo desde Italia y venir a entregarse a la justicia en este preciso momento, para mí, responde más a una estrategia de negociación por justicia premial, que puede ser incluso con los norteamericanos”, señaló Castillo.
Según el analista, Guatemala «no ha dejado de ser una de las amenazas globales a la seguridad norteamericana” e indicó que Sinibaldi puede convertirse en una pieza clave en las investigaciones, porque desempeñó un papel como recolector de recursos para el extinto Partido Patriota desde sus inicios.
También considera que el momento político actual es muy particular, porque en Guatemala está en pausa la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, situación que podría haber incidido en la decisión de Sinibaldi.
“Su decisión de entregarse responde más a ese choque de los grandes actores de poder en el país que siguen disputándose una cuota de poder en las cortes nacionales, no es por demanda de una sociedad guatemalteca”, añadió.
Por ahora Alejandro Sinibaldi permanece en prisión provisional y este jueves 27 de agosto será su audiencia de primera declaración, en el juzgado B de mayor riesgo a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez. Los procesos los enfrentará en el orden en que le fueron imputados.
Casos y delitos vinculados al exministro
Caso Cooptación del Estado, por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos. La fiscalía lo acusa por la consecución de recursos que no se ha podido acreditar su origen lícito.
Caso Construcción y Corrupción, por los delitos de lavado de dinero, cohecho pasivo y asociación ilícita. El Ministerio Publico lo acusa de liderar una estructura que se organizó en el Ministerio de Comunicaciones y que tenía como propósito el cobro de comisiones ilícitas a constructoras, para acreditar proyectos de construcción o pagos de deuda de arrastre.
Caso Odebrecht, por el delito de lavado de dinero. Según la acusación cuando era ministro ideó el proceso para el cobro de aproximadamente 18 millones de dólares en sobornos a la constructora brasileña.
Caso Transurbano, por el delito de lavado de dinero u otros activos. Según el MP, lavó recursos del erario público para seguridad al transporte público por al menos 900.00 quétzales (unos 117.000 dólares), que tuvieron como destinatario al propio Sinibaldi.
Caso Arca, también por el delito de lavado de dinero. En este caso la fiscalía asegura que parte de los recursos que debieron ser devueltos al Banco de los Trabajadores por concepto de contratos de publicidad, fueron destinados a la campaña política del Partido Patriota en 2011 por medio de una de las sociedades de Sinibaldi.
Con información de la Voz de América
El elefante, un macho solitario, ha sembrado el pánico desde principios de enero en el distrito rural de West Singhbhum.
«Estamos tratando de rastrear y rescatar a este elefante que mató a tanta gente», dijo a AFP el funcionario forestal gubernamental Aditya Narayan, quien confirmó un saldo de 20 muertos.
Entre los fallecidos hay niños y ancianos, además de un cuidador profesional de elefantes.
Tras dejar un rastro de destrucción, el animal no ha sido visto desde el viernes, pese a múltiples patrullajes en la zona.
Las autoridades dijeron que equipos de búsqueda, con ayuda de drones, revisan densas franjas forestales, incluido un parque nacional en el vecino estado de Odisha.
El miedo ha llevado a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus campos o atrincherarse en sus casas por la noche.
«Un equipo policial, o un vehículo de funcionarios forestales, visita por la noche para brindar ayuda esencial a los aldeanos», señaló un dirigente local.
Cada año, cientos de miles de indios se ven afectados por elefantes que arrasan cultivos.
Los elefantes asiáticos están ahora restringidos a apenas el 15% de su hábitat original.
Animales por lo general tímidos, los elefantes entran en contacto cada vez más frecuente con humanos debido a la rápida expansión de los asentamientos y el avance sobre los bosques, incluidas operaciones mineras.
Seis presuntos integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua fueron detenidos en Ciudad de México acusados de extorsión y de tráfico de drogas y de personas, informó este martes la secretaría de Seguridad federal.
Este grupo criminal ha sido designado como «organización terrorista» por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Militares y agentes federales mexicanos «detuvieron a seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas», detalló en la red social X el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
Entre los presuntos criminales capturados destaca una mujer señalada como la encargada «del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas» de trata, añadió el funcionario.
También fue detenido un hombre acusado de ser el operador financiero de la organización y de administrar los inmuebles de la banda.
Las autoridades no detallaron la nacionalidad de los detenidos. Otros integrantes de esta banda han sido capturados en México en los últimos meses.
La presunta relación de funcionarios del gobierno venezolano con el Tren de Aragua fue uno de los argumentos de Trump para lanzar una operación militar el 3 de enero en Venezuela y capturar y trasladar a Estados Unidos al depuesto mandatario Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico.
El Tren de Aragua nació dentro del penal venezolano conocido como Tocorón y según estudios se expandió a varios países de América Latina, donde lucra de diversos delitos como el tráfico de estupefacientes y la extorsión.
Los fiscales reprocharon al ex jefe de Estado conservador haber liderado una «insurrección» motivada por una «sed de poder destinada a instaurar una dictadura».
También acusaron al exdirigente, de 65 años, de no mostrar «ningún remordimiento» por actos que amenazaban «el orden constitucional y la democracia».
«En el momento de dictar sentencia no puede tenerse en cuenta ninguna circunstancia atenuante y se impone una sanción severa», concluyeron los fiscales, que solicitaron la pena capital, aún vigente en Corea del Sur aunque no se llevó a cabo ninguna ejecución desde 1997.
El veredicto se espera para el próximo mes.
En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol había conmocionado al país al anunciar por sorpresa en televisión la imposición de la ley marcial, enviando tropas al Parlamento.
Horas más tarde dio marcha atrás, después de que un número suficiente de diputados lograra abrirse paso hasta el hemiciclo, rodeado por soldados, y votase la suspensión de su decreto.
Fue destituido oficialmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, tras meses de manifestaciones masivas y de caos político.
Yoon Suk Yeol había justificado la imposición de la ley marcial —medida sin precedentes en Corea del Sur desde las dictaduras militares de la década de 1980— alegando que el Parlamento, controlado por la oposición, bloqueaba el presupuesto.
