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“Yo no actué solo (…) vamos a contar la verdad»: Exministro Sinibaldi ante justicia de Guatemala
Después de cuatro años prófugo de la justicia, el exministro de comunicaciones del gobierno de Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi, se entregó a la justicia guatemalteca y fue extraditado desde Florencia, Italia.
Una coordinación de trabajo con la Interpol permitió su regreso a través de México y a Guatemala por tierra, ya que el Aeropuerto La Aurora continúa cerrado.
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, informó que Sinibaldi tiene cinco procesos pendientes: Cooptación del Estado, Construcción y corrupción, Odebrecht, Transurbano y Arca, por delitos de lavado de dinero, cohecho pasivo y asociación ilícita.
El exfuncionario dijo que se entregó para decir la verdad y que siempre tuvo la intención de presentarse ante la justicia, pero la decisión la tomó hace un año y medio.
“Yo no actué solo, yo no me mando solo, y vamos a contar la verdad de todas las acusaciones que se me han hecho”, declaró Sinibaldi a su llegada a los tribunales de justicia.
Christian Castillo, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC), considera que la posibilidad de que Sinibaldi se convierta en un colaborador eficaz sobre estos casos es un juego de poder en la política guatemalteca.
“Venir y entregarse en medio de la pandemia, hacer todo el periplo desde Italia y venir a entregarse a la justicia en este preciso momento, para mí, responde más a una estrategia de negociación por justicia premial, que puede ser incluso con los norteamericanos”, señaló Castillo.
Según el analista, Guatemala «no ha dejado de ser una de las amenazas globales a la seguridad norteamericana” e indicó que Sinibaldi puede convertirse en una pieza clave en las investigaciones, porque desempeñó un papel como recolector de recursos para el extinto Partido Patriota desde sus inicios.
También considera que el momento político actual es muy particular, porque en Guatemala está en pausa la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, situación que podría haber incidido en la decisión de Sinibaldi.
“Su decisión de entregarse responde más a ese choque de los grandes actores de poder en el país que siguen disputándose una cuota de poder en las cortes nacionales, no es por demanda de una sociedad guatemalteca”, añadió.
Por ahora Alejandro Sinibaldi permanece en prisión provisional y este jueves 27 de agosto será su audiencia de primera declaración, en el juzgado B de mayor riesgo a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez. Los procesos los enfrentará en el orden en que le fueron imputados.
Casos y delitos vinculados al exministro
Caso Cooptación del Estado, por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos. La fiscalía lo acusa por la consecución de recursos que no se ha podido acreditar su origen lícito.
Caso Construcción y Corrupción, por los delitos de lavado de dinero, cohecho pasivo y asociación ilícita. El Ministerio Publico lo acusa de liderar una estructura que se organizó en el Ministerio de Comunicaciones y que tenía como propósito el cobro de comisiones ilícitas a constructoras, para acreditar proyectos de construcción o pagos de deuda de arrastre.
Caso Odebrecht, por el delito de lavado de dinero. Según la acusación cuando era ministro ideó el proceso para el cobro de aproximadamente 18 millones de dólares en sobornos a la constructora brasileña.
Caso Transurbano, por el delito de lavado de dinero u otros activos. Según el MP, lavó recursos del erario público para seguridad al transporte público por al menos 900.00 quétzales (unos 117.000 dólares), que tuvieron como destinatario al propio Sinibaldi.
Caso Arca, también por el delito de lavado de dinero. En este caso la fiscalía asegura que parte de los recursos que debieron ser devueltos al Banco de los Trabajadores por concepto de contratos de publicidad, fueron destinados a la campaña política del Partido Patriota en 2011 por medio de una de las sociedades de Sinibaldi.
Con información de la Voz de América
Washington restablecerá las relaciones diplomáticas con Venezuela, informó este jueves el Departamento de Estado, en una señal de deshielo tras el derrocamiento del expresidente Nicolás Maduro en una operación estadounidense en enero.
«Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela», señaló el Departamento de Estado en un comunicado.
«Nuestro compromiso está orientado a ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso por etapas que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente», añadió.
Trump ha felicitado su trabajo.
Rodríguez ha recibido en menos de un mes a dos integrantes del gabinete. El secretario del Interior, Doug Burgum, cerró el jueves una visita de dos días, que siguió a la del secretario de Energía, Chris Wright, el 11 de febrero.
Burgum calificó de «fantásticamente positivo» el balance de su visita, que antecedió al comunicado del Departamento de Estado.
«Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares», indicó el texto. «Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela».
«Nuestro compromiso está orientado a ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso por etapas que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente».
Estados Unidos tampoco reconoció la segunda reelección de Maduro en 2024, blanco de denuncias de fraude por parte de la oposición.
La embajada estadounidense opera en Caracas desde hace un mes, después de años cerrada. Los asuntos sobre Venezuela se manejaban en Bogotá.
«Garantías»
La gira Burgum se enfocó en el tema energético y de minería. El secretario es además responsable del Consejo de Dominio Energético de Estados Unidos.
Venezuela es un país rico en minerales como oro, diamante, bauxita y coltán.
La actividad está concentrada en un territorio de 112.000 km2 bautizado como Arco Minero, con alta presencia de bandas criminales y guerrilleros.
Ecologistas denuncian además la expansión de la minería ilegal, cuyos estragos se ven reflejados en la contaminación de ríos y deforestación de bosques.
Burgum aseguró que recibió «garantías» de seguridad por parte del gobierno para cualquier empresa que opere en la zona.
Rodríguez impulsa también una reforma a la ley de minería en línea con la nueva ley de Hidrocarburos, que reduce el control estatal sobre la industria, cuya nacionalización de 1976 fue profundizada por Hugo Chávez, el presidente fallecido hace 13 años este jueves.
«Ha habido más cambios positivos para el pueblo de Venezuela en los últimos dos meses que quizás en los últimos 20 años, y eso es un mérito del liderazgo que hay aquí», indicó Burgum.
Burgum acompañó más temprano a Rodríguez a la firma de acuerdos entre la estatal venezolana Pdvsa y la británica Shell, los primeros públicamente anunciados bajo el amparo de la nueva ley.
«Los pasos que estamos dando demuestran la buena voluntad de construir esta agenda de cooperación en el área energética y de minería y que permita estrechar las relaciones entre nuestros dos países», dijo la presidenta en el acto transmitido por la TV estatal.
El petróleo y oro de Venezuela están bajo embargo estadounidense desde 2019. Las multinacionales que operan en el país reciben un permiso especial en Washington.
«Cualesquiera que sean las metas que se hayan fijado para 2026 en cuanto a la producción de petróleo y gas, estoy seguro de que Venezuela las va a superar», dijo el secretario a periodistas en el aeropuerto que sirve a Caracas antes de partir.
Venezuela -con las mayores reservas petroleras del mundo- busca incrementar su producción en 2026. Produjo 1,2 millones de barriles diarios (b/d) en 2025, menos de la mitad del que fue su pico de 3 millones b/d a comienzos de siglo.
En el marco de las Dos Sesiones celebradas este 2026, China presentó su hoja de ruta económica y tecnológica para el inicio del XV Plan Quinquenal, con un fuerte énfasis en la innovación científica, la autosuficiencia tecnológica y el desarrollo de industrias estratégicas. Las autoridades destacaron que el país priorizará sectores emergentes y reforzará la integración entre ciencia, industria y mercado como base para un crecimiento sostenible.
Entre las áreas clave se encuentran los circuitos integrados, la aeronáutica, la biomedicina y las tecnologías de baja altitud, así como campos de vanguardia como la inteligencia artificial, la computación cuántica, la energía del futuro y las telecomunicaciones 6G. El Gobierno de Xi Jinping también prevé ampliar el apoyo a pymes innovadoras y empresas emergentes mediante capital de riesgo y fondos estatales.
La estrategia incluye fortalecer la economía digital mediante el impulso del modelo «IA+», con la expansión de dispositivos inteligentes, agentes comerciales basados en inteligencia artificial y comunidades de código abierto. Asimismo, se promoverán proyectos de infraestructura digital como clústeres de computación, internet satelital y la actualización del modelo «5G + internet industrial».
En el ámbito científico, el gigante asiático reforzará la investigación en ciencias básicas y la innovación original, al tiempo que consolidará polos de desarrollo tecnológico en regiones como Beijing-Tianjin-Hebei, el delta del Yangtsé y la Gran Área de la Bahía. Paralelamente, se impulsará la formación de talento especializado en ingeniería y tecnología avanzada.
El plan también contempla profundizar las reformas económicas para eliminar barreras institucionales y avanzar hacia la creación de un gran mercado nacional unificado, con el objetivo de fortalecer la competitividad y la modernización industrial del país.
Informe económico de 2025
El balance presentado durante las sesiones parlamentarias señaló que en 2025 se registraron avances en la estabilización del mercado inmobiliario, el sistema financiero y el desarrollo tecnológico. Entre las medidas adoptadas destacaron el ajuste del suministro de terrenos para vivienda, la reducción de tasas de interés en préstamos del fondo de reserva habitacional y políticas diferenciadas según las condiciones de cada ciudad, con el fin de garantizar la entrega de proyectos residenciales.
n el plano financiero, las autoridades implementaron acciones para reducir riesgos asociados a la deuda de gobiernos locales y fortalecer la estabilidad de instituciones financieras regionales. Estas reformas permitieron sustituir de forma ordenada deudas ocultas y disminuir el número de entidades consideradas de alto riesgo.
El informe también destacó el avance del modelo de crecimiento basado en la innovación. El gasto en investigación y desarrollo alcanzó el 2,8 % del producto interno bruto (PIB), mientras que las transacciones vinculadas a contratos tecnológicos aumentaron 10,8 %. Al mismo tiempo, la economía digital continúa consolidándose como motor del crecimiento, con sectores clave que ya representan más del 10,5 % del (PIB).
Finalmente, el mensaje político subrayó la importancia de avanzar en la modernización del país bajo el liderazgo del Xi Jinping, reafirmando el compromiso de impulsar el desarrollo económico y social en la nueva etapa del plan quinquenal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves la salida de Kristi Noem, como secretaria de Seguridad Nacional, una de las artífices de la política de expulsiones de inmigrantes del gobierno estadounidense.
Noem, a quien se le encomienda una misión de «emisaria especial» para América Latina, será reemplazada a partir del 31 de marzo por el senador republicano Markwayne Mullin, precisó el presidente estadounidense en un mensaje en su red Truth Social.
Según la prensa, Trump habría tomado su decisión tras las audiencias de Noem en el Congreso, durante las cuales se vio en aprietos por la adjudicación de un importante contrato público.
