Internacionales
“Yo no actué solo (…) vamos a contar la verdad»: Exministro Sinibaldi ante justicia de Guatemala
Después de cuatro años prófugo de la justicia, el exministro de comunicaciones del gobierno de Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi, se entregó a la justicia guatemalteca y fue extraditado desde Florencia, Italia.
Una coordinación de trabajo con la Interpol permitió su regreso a través de México y a Guatemala por tierra, ya que el Aeropuerto La Aurora continúa cerrado.
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, informó que Sinibaldi tiene cinco procesos pendientes: Cooptación del Estado, Construcción y corrupción, Odebrecht, Transurbano y Arca, por delitos de lavado de dinero, cohecho pasivo y asociación ilícita.
El exfuncionario dijo que se entregó para decir la verdad y que siempre tuvo la intención de presentarse ante la justicia, pero la decisión la tomó hace un año y medio.
“Yo no actué solo, yo no me mando solo, y vamos a contar la verdad de todas las acusaciones que se me han hecho”, declaró Sinibaldi a su llegada a los tribunales de justicia.
Christian Castillo, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC), considera que la posibilidad de que Sinibaldi se convierta en un colaborador eficaz sobre estos casos es un juego de poder en la política guatemalteca.
“Venir y entregarse en medio de la pandemia, hacer todo el periplo desde Italia y venir a entregarse a la justicia en este preciso momento, para mí, responde más a una estrategia de negociación por justicia premial, que puede ser incluso con los norteamericanos”, señaló Castillo.
Según el analista, Guatemala «no ha dejado de ser una de las amenazas globales a la seguridad norteamericana” e indicó que Sinibaldi puede convertirse en una pieza clave en las investigaciones, porque desempeñó un papel como recolector de recursos para el extinto Partido Patriota desde sus inicios.
También considera que el momento político actual es muy particular, porque en Guatemala está en pausa la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, situación que podría haber incidido en la decisión de Sinibaldi.
“Su decisión de entregarse responde más a ese choque de los grandes actores de poder en el país que siguen disputándose una cuota de poder en las cortes nacionales, no es por demanda de una sociedad guatemalteca”, añadió.
Por ahora Alejandro Sinibaldi permanece en prisión provisional y este jueves 27 de agosto será su audiencia de primera declaración, en el juzgado B de mayor riesgo a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez. Los procesos los enfrentará en el orden en que le fueron imputados.
Casos y delitos vinculados al exministro
Caso Cooptación del Estado, por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos. La fiscalía lo acusa por la consecución de recursos que no se ha podido acreditar su origen lícito.
Caso Construcción y Corrupción, por los delitos de lavado de dinero, cohecho pasivo y asociación ilícita. El Ministerio Publico lo acusa de liderar una estructura que se organizó en el Ministerio de Comunicaciones y que tenía como propósito el cobro de comisiones ilícitas a constructoras, para acreditar proyectos de construcción o pagos de deuda de arrastre.
Caso Odebrecht, por el delito de lavado de dinero. Según la acusación cuando era ministro ideó el proceso para el cobro de aproximadamente 18 millones de dólares en sobornos a la constructora brasileña.
Caso Transurbano, por el delito de lavado de dinero u otros activos. Según el MP, lavó recursos del erario público para seguridad al transporte público por al menos 900.00 quétzales (unos 117.000 dólares), que tuvieron como destinatario al propio Sinibaldi.
Caso Arca, también por el delito de lavado de dinero. En este caso la fiscalía asegura que parte de los recursos que debieron ser devueltos al Banco de los Trabajadores por concepto de contratos de publicidad, fueron destinados a la campaña política del Partido Patriota en 2011 por medio de una de las sociedades de Sinibaldi.
Con información de la Voz de América
El ejército de Israel aseguró este sábado que ya había llevado a cabo unos 3,400 ataques en territorio iraní desde que Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra contra Irán, hace una semana.
El portavoz militar, el general de brigada Effie Defrin, señaló que se habían lanzado aproximadamente 7,500 municiones contra objetivos en Irán durante la operación.
Por separado, el ejército de Israel informó el sábado por la noche que había comenzado una nueva «ola de ataques» en la capital iraní.
Ataque en depósito de petróleo
Estados Unidos e Israel bombardearon ese sábado un depósito de petróleo en Teherán, informó la prensa iraní, en el que sería el primer ataque reportado contra la infraestructura petrolera de la República Islámica.
«Un depósito de petróleo en el sur de Teherán fue atacado por Estados Unidos y el régimen sionista», señaló la agencia oficial de noticias IRNA.
El depósito se encontraba en una zona cercana a una importante refinería de petróleo.
Otra agencia noticiosa iraní, ILNA, informó de que las instalaciones de la refinería «no resultaron dañadas en los ataques».
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este sábado a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, y destacó la relación entre ambos países durante la cumbre regional «Shield of the Americas», celebrada en Miami.
«Nayib Bukele es un hombre con quien nos hemos acercado mucho. Lo vi como un joven en mi primer mandato», afirmó Trump al referirse al mandatario salvadoreño durante el encuentro con líderes del continente.
El presidente estadounidense aseguró que Bukele «dirige bien la operación», en referencia a su gestión al frente del Gobierno salvadoreño, y añadió que ese desempeño es «todo lo que me importa».
Durante su intervención, el mandatario estadounidense agregó: «Eras joven y guapo; ahora eres mayor y guapo», antes de concluir que Bukele «ha sido un gran presidente» y que Estados Unidos «aprecia mucho la relación» con El Salvador.
Entre los asistentes figuran el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el de Argentina, Javier Milei; el de Ecuador, Daniel Noboa; el de Paraguay, Santiago Peña; el de Panamá, José Raúl Mulino; el de Costa Rica, Rodrigo Chaves; el de República Dominicana, Luis Abinader; y el presidente de Honduras, Nasry Asfura, entre otros.
Internacionales
Bernardo Arévalo pierde batalla clave por renovar el sistema de justicia en Guatemala
La reelección de un magistrado acusado de favorecer a delincuentes en la máxima Corte de Guatemala postergó una vez más la aspiración de desbaratar un presunto entramado judicial en el que confluyen intereses políticos, económicos y criminales.
Roberto Molina Barreto fue elegido en el marco de un proceso para renovar a los miembros de las más altas instancias judiciales, incluida la Corte de Constitucionalidad, cuyos fallos son inapelables.
Molina fue seleccionado el viernes por el Congreso -adverso al presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo-, en medio de denuncias de que la embajada de Estados Unidos cabildeó a su favor.
Con él ya fueron elegidos ocho de los diez magistrados. Solo restan los que designará el presidente, quien llegó al poder con la promesa de enfrentar la corrupción.
Arévalo pidió a Washington que aclarara su supuesta intervención, al anunciar que podría afectar las relaciones bilaterales.
El mandatario no fue invitado a la reunión que sostendrán este sábado en Florida la mayoría de sus vecinos con el presidente Donald Trump.
¿Quién es Molina Barreto?
Abogado de extrema derecha de 70 años, Molina Barreto ha integrado tres veces el máximo tribunal.
Es visto como agente de la patronal Cacif, parte de la élite que ha gobernado el país y señalada de conformar el «llamado pacto de corruptos», un supuesto entramado que perpetúa ese dominio y la corrupción.
El 60% de los 18 millones de habitantes de Guatemala vive en la pobreza.
En 2013, Molina anuló una sentencia por genocidio de indígenas mayas al exdictador Efraín Ríos Montt (1981-1982), fallecido cinco años más tarde.
También avaló el traslado de Aldo Ochoa, alias «El Lobo», jefe de la pandilla Barrio 18, a una prisión con menos controles. Ochoa es señalado de auspiciar motines y el asesinato de 11 policías el pasado 18 de enero, lo que forzó a Arévalo a declarar el estado de excepción.
Además, grupos humanitarios vinculan al magistrado con adopciones ilegales de niños cuando fue procurador general entre 2005 y 2006, un delito que también salpica a la fiscal general, Consuelo Porras, enemiga número uno de Arévalo.
Diputados oficialistas acusaron a la embajada estadounidense de pedir a congresistas que votaran por Molina.
El presidente, quien asegura que estas elecciones judiciales son determinantes para la democracia, denunció «presiones externas» sin detallar el origen. Mientras, medios locales mencionaron un cabildeo de políticos y empresarios guatemaltecos en Estados Unidos a favor de Molina.
¿Cómo quedó la balanza?
Los analistas consideran que la reelección de Molina fue el golpe de gracia a los planos de sanear el sistema de justicia, que el fiscal general ha intentado usar contra Arévalo.
Porras, sancionada durante el gobierno de Joe Biden, pretendió impedir la posesión de Arévalo hace dos años por supuestas anomalías y ha buscado su destitución.
También ha empujado al exilio a varios de sus críticos, que la señalan como una de las principales operadoras del «pacto de corruptos».
La nueva Corte es «adversa a los intereses en la recuperación de la institucionalidad» porque va a «continuar esa captura, cooptación y control institucional», dijo a la AFP el politólogo Renzo Rosal.
Según este catedrático, las fuerzas que han dominado normalmente seguirán teniendo el 60 % de los magistrados.
Sin embargo, Luis Miguel Reyes, de la Fundación Libertad y Desarrollo, considera que hay dos magistrados «bisagras» que podrían inclinar la balanza para uno u otro lado.
Con la elección de la Corte, el país «se estaba jugando el futuro político institucional» para los próximos cinco años, declaró Reyes a la prensa.
Arévalo afirmó sin embargo que «la batalla por recuperar las instituciones de justicia continúa».
El mandatario tiene la potestad de elegir en mayo al sucesor de Porras, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla «corrupta» y «antidemocrática».
¿Cómo impactará la nueva Corte?
Según los analistas, la nueva Corte podría complicar la gestión de Arévalo en los dos años que le restan.
Podría «generar condiciones adversas» en las elecciones generales de 2027 si se decide bloquear la participación de ciertos partidos y candidatos, señaló Reyes.
Incluso podría «interferir» en la elección del nuevo fiscal, agregó.
Este año el Congreso también debe elegir a los integrantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), máxima autoridad durante el proceso para relevar a Arévalo, cuya gestión desaprueban el 60 % de los ciudadanos, según encuestas.
