Internacionales
Una caravana migrante de 3,000 personas obtuvo visas de tránsito por México
La nueva caravana migrante, integrada por unas 3,000 personas, en su mayoría de Venezuela, Centroamérica y Haití, que salió el viernes desde el municipio mexicano de Tapachula, fronterizo con Guatemala, obtuvo este sábado cientos de visas de tránsito al acordar la entrega de esos documentos con autoridades.
La caravana caminó poco más de 42 kilómetros hasta una caseta de migración ubicada en el municipio de Huixtla, donde fueron atendidos por agentes del Instituto Nacional de Migración en grupos de 50 personas.
Desde la noche del viernes y durante la mañana del sábado, las autoridades mexicanas entregaron las primera Formas Migratorias Múltiples (FMM), documento que acredita la estancia legal en el país y con el que los extranjeros tienen -regularmente- 186 días para poder salir del país y moverse por el territorio mexicano, aunque para este caso tiene una vigencia de 30 días.
Los venezolanos Jonathan Ávila y a su esposa Janeidi, quienes viajan con un bebé de tres meses y otra menor, ya cuentan con ese documento para trasladarse a la frontera norte.
“La caravana fue de gran ayuda porque nos entregaron el permiso, claro que no nos los entregaron a todos, nosotros veníamos en un grupo de siete y al final nos separaron a todos, no sabemos donde están las otras personas”, dijo la mujer.
Pero a pesar del permiso, esta familia, como muchas otras, se encuentra ya sin recurso para comprar alimentos y tampoco tiene para comprar sus boletos de viaje. “En caso de que no podamos comprar boletos o viajar en otros vehículos, nos tendríamos que ir caminando”, expuso Jonathan.
Ávila explicó que el oficial de migración les comentó que con el papel podían circular por todo México y “cualquier funcionario de migración que los detuviera se les enseñara este permiso porque ya estaban registrados en los organismos de migración y que no lo pueden romper porque estarían violando sus derechos”.
El grueso de la caravana se encuentra en la oficina migratoria de Huixtla, y ya han entregado sus cédulas y algunos sus pasaportes para poder tramitar este permiso temporal.
El INM indicó que ha instalado algunos puntos de revisión permanente para evitar que las personas que han quedado rezagadas se trasladen en transporte público y agregó que la entrega de documentos continuará a las personas registradas.
El viernes, un grupo de extranjeros solicitaron al gobierno de México que se les otorgue un corredor humanitario con autobuses para poder circular por el territorio nacional, y así puedan llegar a la frontera norte y cruzar a Estados Unidos.
Este grupo de migrantes que viaja en caravana no busca visas por razones humanitarias, ni permiso de 30 días para transitar en el país, pues han denunciado que las autoridades migratorias rompen los documentos y los regresan a Tapachula de nuevo.
Esta es la segunda caravana migrante más grande en los últimos seis meses que salió caminando en busca de llegar a Estados Unidos, luego de que a principios de este mes unos 15,000 migrantes emprendieran el camino hacia el norte del país, la cual terminó disolviéndose.
La caravana refleja el flujo migratorio récord hacia Estados Unidos ya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre pasado.
A inicios de junio, el gobierno mexicano reportó un incremento del 89 % interanual en el número de migrantes presentados o canalizados por la autoridad migratoria en el primer trimestre de 2022, al sumar 77,626 de enero a marzo.
México deportó a más de 114,000 extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, cifras no vistas en casi 15 años, mientras que en el año fiscal 2022, que arrancó el 1 de octubre de 2021, la CBP ha contabilizado más de un millón de migrantes interceptados en la frontera sur estadounidense.
Internacionales
Pagaron millones a la PNC de Guatemala para fugarse
El segundo al mando de la mara Barrio 18 de Guatemala, Carlos Agustín Reyes Popol, alias «Bufón» o «Joker», compareció el pasado domingo, ante el Tribunal de Turno por los delitos de evasión, trata de personas en su modalidad de reclutamiento y portación ilegal de arma de fuego. Durante la audiencia inicial lanzó reveladoras declaraciones donde el terrorista afirmó que se pagó una suma millonaria a la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala para que les ayudarán a fugarse, consignaron diversos medios locales.
Entre las facilidades otorgadas para el escape se encontraban la dotación de uniformes policiales para pasar desapercibidos, la movilización desde la cárcel en autos particulares, y que el director de la PNC, David Estuardo Custodio Boteo, coordinó el escape, dijo el marero.
El imputado es parte de un grupo de 20 reos que se fugaron el 2 de octubre de 2025 del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, en las afueras de la Ciudad de Guatemala, y que fue recapturado el 30 de enero pasado en San Pedro Ayampuc, al norte de la ciudad de Guatemala, acompañado de menores de edad y de varias armas de fuego.
Internacionales
México enviará a Cuba suministros en lugar de crudo
México enviará esta semana «ayuda humanitaria» a Cuba con alimentos e «insumos fundamentales», anunció este domingo la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que Estados Unidos amenazara con imponer aranceles a los países que suministran petróleo a la isla.
«Estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba (…) de alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias», declaró Sheinbaum durante un acto público.
México se había convertido en un proveedor clave de petróleo para Cuba, que enfrenta una profunda crisis energética agudizada por la suspensión de suministro de crudo desde Venezuela tras la intervención militar estadounidense en ese país y la captura de Nicolás Maduro.
Sheinbaum había advertido que México continuaría siendo «solidario» con Cuba, aunque ordenó a su canciller establecer contacto con Washington para «conocer con precisión los alcances» del decreto de Trump que sanciona los envíos de hidrocarburos a la isla.
Mientras su gobierno resuelve con la administración, la mandataria izquierdista determinó enviar otros productos.
Internacionales
Laura Fernández es la nueva presidenta de Costa Rica
La derechista Laura Fernández es la nueva presidenta de Costa Rica, tras arrasar en las elecciones del domingo con su promesa de mano dura contra el narcotráfico, en este país que por años fue considerado uno de los más seguros del continente.
Fernández, politóloga de 39 años, obtuvo el 48,7 % de los votos, casi nueve puntos más de los que necesitaba para ganar en primera vuelta, según el conteo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) del 85 % del escrutinio.
Sus propuestas sobre seguridad -que capitalizaron el principal reclamo de los costarricenses- y para reformar los poderes del Estado son vistas por opositores como parte de un plan para consolidar un poder absoluto, al estilo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, primer mandatario en felicitarla.
En una videollamada con su mentor, el presidente Rodrigo Chaves, Fernández le agradeció haber confiado en ella «para ser hoy la presidenta electa de Costa Rica».
Apenas se conocieron los primeros resultados, que ya mostraban una amplia ventaja sobre el socialdemócrata Álvaro Ramos (33,18% de los votos), miles de militantes del Partido Pueblo Soberano se reunieron en sitios emblemáticos del país para festejar.
Caravanas de vehículos con banderas turquesa y fiestas callejeras se organizaron rápidamente en San José y otras ciudades.
Su triunfo afianza a la derecha en Latinoamérica, tras las recientes victorias en Chile, Bolivia y Honduras, y donde este año habrá presidenciales en Brasil y Colombia, actualmente gobernados por la izquierda.
Además, Fernández será la segunda mujer que gobierne Costa Rica, de 5,2 millones de habitantes y uno de los países más estables de la región, tras el mandato de Laura Chinchilla, quien también ganó en primera ronda en 2010.
Costa Rica también eligió este domingo a 57 diputados.
Fernández, quien asumirá el 8 de mayo, propone copiar parte de la guerra contra contra las pandillas de Bukele y reformar los poderes del Estado, a los que ella y Chaves acusan de auspiciar la impunidad.
Por ello, aspira a lograr una amplia mayoría legislativa que le permita modificar la Constitución.
Durante el gobierno de Chaves, una figura polarizante, la tasa de asesinatos alcanzó un récord de 17 por 100,000 habitantes.
Siete de cada diez homicidios están ligados al narcotráfico, que convirtió a este país, considerado por décadas uno de los más seguros del continente, en centro logístico y de exportación de drogas, según las autoridades.
Fernández ofrece terminar la construcción de una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros de Bukele, aumento de penas y estados de excepción en zonas marginales conflictivas.
«Me gusta su proyecto de la cárcel. La violencia explotó porque están tocando a los cabecillas, como sacar a las ratas de las cloacas», justificó Jéssica Salgado, oficinista de 27 años.
«La economía anda bien y Laura va a darle duro a los narcos», señaló por su parte Sileny Fernández, asesora de recursos humanos de 39 años.
Pero los opositores aseguran que las reformas constitucionales en realidad buscan allanar el regreso de Chaves al poder cuando finalice su mandato de cuatro años. Actualmente el presidente debe esperar dos períodos para volver a postular.
A Fernández la tildan de «populista» y «mala copia» de Chaves por adoptar su retórica confrontativa.
«Siempre voy a cuidar la estabilidad democrática», garantizó la candidata este domingo.
«Lo primero que quieren los dictadores es reformar la Constitución para mantenerse en el poder», lanzó este domingo el expresidente Óscar Arias, premio Nobel de Paz 1987.
«Aquí no hay dictaduras», dijo tras sufragar el presidente, quien desató críticas por hacer gestos de burla contra votantes que gritaban «¡Fuera Chaves!».
Aunque la pobreza bajó del 18 % en 2024 al 15,2% en 2025, Costa Rica está entre los seis países latinoamericanos más desiguales en el índice Gini y es el segundo más caro después de Uruguay.


