Internacionales
Una caravana migrante de 3,000 personas obtuvo visas de tránsito por México
La nueva caravana migrante, integrada por unas 3,000 personas, en su mayoría de Venezuela, Centroamérica y Haití, que salió el viernes desde el municipio mexicano de Tapachula, fronterizo con Guatemala, obtuvo este sábado cientos de visas de tránsito al acordar la entrega de esos documentos con autoridades.
La caravana caminó poco más de 42 kilómetros hasta una caseta de migración ubicada en el municipio de Huixtla, donde fueron atendidos por agentes del Instituto Nacional de Migración en grupos de 50 personas.
Desde la noche del viernes y durante la mañana del sábado, las autoridades mexicanas entregaron las primera Formas Migratorias Múltiples (FMM), documento que acredita la estancia legal en el país y con el que los extranjeros tienen -regularmente- 186 días para poder salir del país y moverse por el territorio mexicano, aunque para este caso tiene una vigencia de 30 días.
Los venezolanos Jonathan Ávila y a su esposa Janeidi, quienes viajan con un bebé de tres meses y otra menor, ya cuentan con ese documento para trasladarse a la frontera norte.
“La caravana fue de gran ayuda porque nos entregaron el permiso, claro que no nos los entregaron a todos, nosotros veníamos en un grupo de siete y al final nos separaron a todos, no sabemos donde están las otras personas”, dijo la mujer.
Pero a pesar del permiso, esta familia, como muchas otras, se encuentra ya sin recurso para comprar alimentos y tampoco tiene para comprar sus boletos de viaje. “En caso de que no podamos comprar boletos o viajar en otros vehículos, nos tendríamos que ir caminando”, expuso Jonathan.
Ávila explicó que el oficial de migración les comentó que con el papel podían circular por todo México y “cualquier funcionario de migración que los detuviera se les enseñara este permiso porque ya estaban registrados en los organismos de migración y que no lo pueden romper porque estarían violando sus derechos”.
El grueso de la caravana se encuentra en la oficina migratoria de Huixtla, y ya han entregado sus cédulas y algunos sus pasaportes para poder tramitar este permiso temporal.
El INM indicó que ha instalado algunos puntos de revisión permanente para evitar que las personas que han quedado rezagadas se trasladen en transporte público y agregó que la entrega de documentos continuará a las personas registradas.
El viernes, un grupo de extranjeros solicitaron al gobierno de México que se les otorgue un corredor humanitario con autobuses para poder circular por el territorio nacional, y así puedan llegar a la frontera norte y cruzar a Estados Unidos.
Este grupo de migrantes que viaja en caravana no busca visas por razones humanitarias, ni permiso de 30 días para transitar en el país, pues han denunciado que las autoridades migratorias rompen los documentos y los regresan a Tapachula de nuevo.
Esta es la segunda caravana migrante más grande en los últimos seis meses que salió caminando en busca de llegar a Estados Unidos, luego de que a principios de este mes unos 15,000 migrantes emprendieran el camino hacia el norte del país, la cual terminó disolviéndose.
La caravana refleja el flujo migratorio récord hacia Estados Unidos ya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre pasado.
A inicios de junio, el gobierno mexicano reportó un incremento del 89 % interanual en el número de migrantes presentados o canalizados por la autoridad migratoria en el primer trimestre de 2022, al sumar 77,626 de enero a marzo.
México deportó a más de 114,000 extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, cifras no vistas en casi 15 años, mientras que en el año fiscal 2022, que arrancó el 1 de octubre de 2021, la CBP ha contabilizado más de un millón de migrantes interceptados en la frontera sur estadounidense.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
