Internacionales
Nicaragüenses votan este domingo en unas elecciones inclinas a seguir régimen de Daniel Ortega

Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007 y el jueves cumplirá 76 años, se apresta a iniciar otros cinco años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y junto a su poderosa esposa Rosario Murillo (70), candidata a la vicepresidencia por segunda vez.
Su permanencia en la presidencia no se duda. El exguerrillero sandinista, quien también gobernó en los años 1980 luego de que el FSLN derrocara en 1979 al dictador Anastasio Somoza, enfrenta a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno.
Las 13.459 mesas electorales instaladas en todo el país abrieron a las 07H00 locales (13H00 GMT) para unos 4,4 millones de electores convocados a elegir también a 90 diputados de un Congreso que, al igual que todos los poderes del Estado, está bajo control oficial.
«Voté porque es un derecho y porque siga el progreso del país», dijo a la AFP Carlos Reyes, de 39 años, en un centro electoral del barrio Larreynaga, en el este de Managua.
La oposición en el exilio llamó a la abstención. «No hay por quien votar. Esto es un circo electoral. Si ellos están tan seguros de que el pueblo los quiere ¿por qué echaron presos a los aspirantes presidenciales?», dijo a la AFP una secretaria de 51 años, que prefirió no revelar su nombre.
El foco de la elección en este país centroamericano de 6,5 millones de habitantes no es por quién votar, sino si abstenerse o participar, y la reacción de la comunidad internacional que considera estas elecciones no libres ni democráticas.
En algunos centros de votación se formaban filas, pero muchas calles estaban vacías. El FSLN se movilizó casa por casa para llamar a votar, mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha denunciado que existe temor y un control social sobre la población que intimida a la gente para votar.
Crispación electoral
Estos comicios se celebran tres años y medio después de las protestas que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100,000 exiliados.
Acercándose los comicios, en junio comenzó una ofensiva contra la oposición: fueron ilegalizados tres partidos, detenidos siete aspirantes presidenciales y otros 32 activistas políticos y sociales, empresarios y periodistas, que se sumaron a unos 120 opositores que aún están presos desde las protestas de 2018.
Los más recientes detenidos están acusados, según leyes aprobadas a fines de 2020, de atentar contra la soberanía, promover sanciones internacionales, «traición a la patria» o «lavado de dinero», como es el caso de la aspirante opositora favorita, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y quien se encuentra en arresto domiciliario.
Ortega es señalado por sus críticos de «nepotismo» y de instaurar una «dictadura». Él acusa a los opositores de «golpistas» apadrinados por Washington.
Desde el exilio, en Costa Rica y otros países, la oposición preparó para este domingo marchas contra lo que califican de «farsa electoral».
En vísperas de la votación, Murillo, única portavoz del gobierno, llamó a participar de la «fiesta electoral» que, dijo, será una «ratificación de la paz».
El gobierno planea convocar a un diálogo, pero analistas críticos estiman que es una estrategia para ganar legitimidad y que no será real con los opositores presos o exiliados.
«No hay que dejarse engañar con cantos de sirena», dijo a AFP la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
Presión internacional
La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), descalificó previamente los comicios, lo que Ortega calificó de «injerencia inaceptable».
El presidente estadounidense, Joe Biden, cuyo país al igual que la UE adoptó sanciones contra el círculo íntimo de Ortega, se alista para firmar un arsenal de medidas bajo la Ley RENACER, para aumentar la presión.
La situación en Nicaragua se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde podría plantearse la suspensión de la participación del país en el bloque regional.
Analistas advierten que un aislamiento empeorará la situación socioeconómica y dispará la migración, aunque el gobierno augura un crecimiento del PIB del 6% con la inyección de remesas -1.400 millones de dólares de enero a agosto-, créditos internacionales y la no imposición de restricciones pese al avance de la pandemia.
El gobierno acreditó el sábado a unos 200 «acompañantes electorales» y periodistas extranjeros que el gobierno considera «amigos». Según el observatorio independiente Urnas Abiertas son «militantes sandinistas» que reemplazan la observación internacional de la OEA o la UE y a medios internacionales.
Unos 30,000 policías y militares resguardan las mesas electorales que cerrarán a las 18H00 locales (00H00 GMT). Según el Consejo Supremo Electoral (CSE), habrá resultados hacia la medianoche.
Internacionales
Enfermedades no transmisibles provocan el 65 % de las muertes en América, alerta la OPS

Washington, D.C. — Las enfermedades no transmisibles (ENT), como las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas, se han convertido en la principal causa de muerte en las Américas, con un aumento del 43 % desde el año 2000, informó este miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
De acuerdo con el informe «ENT a simple vista 2025», publicado por la entidad regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas enfermedades causaron la muerte de 6 millones de personas en 2021, lo que equivale al 65 % del total de muertes en la región. Lo más alarmante, según la OPS, es que el 40 % de estos decesos ocurrieron antes de los 70 años, lo que representa una pérdida prematura de vidas que podrían haberse salvado.
“El aumento es una llamada de atención urgente. Demasiadas personas están muriendo por enfermedades que son, en gran parte, prevenibles y tratables”, afirmó el doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS, en un comunicado oficial.
Entre las principales causas se encuentran las enfermedades cardiovasculares, con 2,16 millones de muertes, seguidas del cáncer (1,37 millones), la diabetes (420.000) y las enfermedades respiratorias crónicas (416.000). A estas cifras se suma un dato preocupante sobre salud mental: el suicidio se posiciona como la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, con un saldo de 100.760 muertes.
La OPS subraya que, aunque el envejecimiento y el crecimiento poblacional inciden en estas cifras, el incremento está impulsado principalmente por factores de riesgo modificables, como el consumo de tabaco, el sedentarismo, las dietas poco saludables y el consumo excesivo de alcohol.
En 2022, la obesidad afectó al 33,8 % de los adultos en la región, un incremento del 28 % con respecto a 2010, mientras que el 35,6 % de la población se considera físicamente inactiva. A esto se suma el impacto ambiental: la contaminación del aire ha contribuido al alza de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
El informe también destaca un preocupante aumento del 17,4 % en las tasas de suicidio desde el año 2000, especialmente entre hombres, y llama a una respuesta multisectorial que aborde la prevención desde la salud mental hasta la nutrición y el urbanismo saludable.
La OPS exhorta a los gobiernos de la región a intensificar sus políticas públicas para revertir estas tendencias y garantizar acceso a servicios preventivos, diagnóstico temprano y tratamiento eficaz, evitando así millones de muertes prematuras en las próximas décadas.
Internacionales
Bryan Kohberger se declara culpable del asesinato de cuatro estudiantes en Idaho y evita la pena de muerte

Bryan Kohberger, de 30 años, se declaró culpable este miércoles de asesinar a cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho, un crimen ocurrido en noviembre de 2022 que conmocionó a Estados Unidos y mantuvo a las autoridades sin pistas claras durante semanas. Con esta declaración, Kohberger evita ir a juicio y será condenado a cadena perpetua sin derecho a apelación ni posibilidad de libertad condicional.
El crimen ocurrió en la ciudad de Moscow, Idaho, donde fueron hallados apuñalados los cuerpos de Kaylee Goncalves y Madison Mogen, ambas de 21 años, y de Xana Kernodle y Ethan Chapin, de 20 años, quienes eran pareja. Los cuatro estudiantes fueron asesinados mientras dormían en una casa fuera del campus universitario, sin que los demás compañeros de vivienda se percataran del ataque.
La investigación permaneció estancada por casi dos meses, hasta que Kohberger fue detenido el 30 de diciembre de 2022 en la casa de sus padres en Pensilvania, a más de 4,000 kilómetros de la escena del crimen. Las autoridades lo vincularon al caso tras encontrar su ADN en una funda de cuchillo hallada en el lugar de los hechos, además de imágenes de un vehículo similar al suyo en las cercanías del domicilio de las víctimas durante la madrugada del asesinato.
En el momento de los crímenes, Kohberger cursaba un doctorado en criminología en la Universidad Estatal de Washington, ubicada a solo 15 kilómetros de Moscow. A pesar de las pruebas forenses y testimoniales, las autoridades aún no han establecido un motivo claro para los asesinatos.
Durante la audiencia celebrada este miércoles en Boise, capital del estado, Kohberger respondió con un «sí» al ser preguntado por el juez si se declaraba culpable porque realmente era culpable. La sentencia será dictada el próximo 23 de julio.
El acuerdo de culpabilidad ha generado reacciones encontradas entre los familiares de las víctimas. Aubrie Goncalves, hermana de Kaylee, expresó su rechazo a la decisión, señalando que la cadena perpetua no es suficiente. “Significa que él siempre podrá hablar, tener contacto con el mundo. Mientras tanto, nuestros seres queridos fueron silenciados para siempre”, escribió en redes sociales.
El juez del caso también rechazó presiones para que la fiscalía solicitara la pena de muerte y aclaró que dicha decisión corresponde exclusivamente al Ministerio Público.
Kohberger fue acusado de cuatro cargos de asesinato en primer grado y enfrentará el resto de su vida en prisión. El caso sigue siendo objeto de atención nacional tanto por su brutalidad como por los interrogantes sin resolver que aún lo rodean.
Internacionales
ONU advierte posible colapso total del Estado en Haití ante escalada de violencia de pandillas

La violencia generada por las pandillas continúa intensificándose en Haití, donde el 90% de la capital, Puerto Príncipe, está actualmente bajo el control de grupos armados, según informó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante el Consejo de Seguridad.
Desde el asalto coordinado por bandas criminales en 2024, que llevó a la renuncia del entonces primer ministro Ariel Henry, el país ha sido gobernado por un frágil consejo de transición, encargado de organizar elecciones previstas para febrero de 2026. Haití no celebra comicios desde el año 2016.
Miroslav Jenca, secretario general adjunto de la ONU para Europa, Asia Central y las Américas, alertó que la situación ha derivado en “una profunda erosión de la autoridad del Estado y del imperio de la ley”, afectando todos los ámbitos de la vida pública y privada.
A pesar del despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), encabezada por Kenia, y los esfuerzos de la Policía Nacional de Haití, los avances en la restauración de la autoridad estatal han sido mínimos, añadió Jenca.
Por su parte, Ghada Waly, directora de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), advirtió que las pandillas están extendiendo su control a rutas estratégicas y zonas fronterizas, reemplazando al Estado con estructuras de gobernanza paralelas y prestando servicios rudimentarios a la población.
Más preocupante aún son las denuncias sobre tráfico de personas con fines de extracción de órganos. Según Waly, algunos reportes vinculan estas actividades a un centro médico en Pétion-Ville y un hospital en el norte del país.
“Sin una acción más decidida de la comunidad internacional, el colapso total de la presencia del Estado en la capital podría convertirse en una realidad”, enfatizó Jenca, quien respaldó la propuesta del secretario general de la ONU para establecer una misión de apoyo logístico a las fuerzas internacionales presentes en el país.
Haití, considerado el país más pobre del continente americano, enfrenta una crisis humanitaria y de seguridad que se agudiza con el debilitamiento de sus instituciones y el control territorial que ejercen las pandillas.