Internacionales
Los desafíos de las elecciones intermedias ante las demandas del Partido Republicano
Se acercan las elecciones intermedias en donde se definirá el futuro del Congreso, ya sea si mantendrá la mayoría el Partido Demócrata o será el Partido Republicano el que domine, y para esto el ambiente previo ya a está tenso.
En es escenario, los republicanos presentaron un centenar de demandas, enfocadas al conteo de los votos ante el temor de no lograr su objetivo, pues ya han dicho que no aceptarán una derrota.
El Comité Nacional Republicano (RNC) emitió las demandas que están enfocadas en la supervisión de las reglas sobre la votación por correo, la votación anticipada, el acceso de los votantes, las máquinas de votación, el registro de votantes, el conteo de boletas en ausencia mal marcadas y el acceso de los observadores electorales partidistas.
Se acercan las elecciones intermedias en donde se definirá el futuro del Congreso, ya sea si mantendrá la mayoría el Partido Demócrata o será el Partido Republicano el que domine, y para esto el ambiente ya previo ya está tenso.
En es escenario, los republicanos presentaron un centenar de demandas, enfocadas al conteo de los votos ante el temor de no lograr su objetivo, pues ya han dicho que no aceptarán una derrota.
El Comité Nacional Republicano (RNC) emitió las demandas que están enfocadas en la supervisión de las reglas sobre la votación por correo, la votación anticipada, el acceso de los votantes, las máquinas de votación, el registro de votantes, el conteo de boletas en ausencia mal marcadas y el acceso de los observadores electorales partidistas.
Esto surge luego de las acusaciones infundadas sobre la elección del 2020, cuando el expresidente Donald Trump y sus aliados buscaron la forma de impugnar las elecciones asegurando que existía fraude.
Cabe destacar que ningún tribunal aceptó las dichosas pruebas presentadas por republicanos, incluso la Corte Suprema rechazó meterse en el asunto ante la falta de información sólida de las acusaciones de Trump y sus aliados.
“Ahora estamos en el punto en que los cargos de fraude y represión se integran en los modelos de participación de cada partido. Los republicanos acusan de fraude. Los demócratas acusan la represión. Cada lado amplifica su posición con cantidades masivas y costosas de litigios y mensajes”, dijo Benjamin Ginsberg, copresidente de la Red de Defensa Legal de Oficiales Electorales a la agencia AP.
Algunos candidatos republicanos ya han mencionado durante sus mítines que no aceptarían una derrota durante las elecciones, provocando la incertidumbre sobre el proceso electoral. A pesar de que ya había ocurrido con anterioridad, estas denuncias se daban después de las elecciones, pero ahora ocurren antes del día que se llevarán a cabo.
En 2020 se rechazaron todas las demandas que pedían se anularan las votaciones porque los funcionarios electorales estatales no vieron que existiera fraude. Después el expresidente Trump inició una campaña en conjunto con sus aliados para intentar impugnarlas presentando evidencia, que actualmente esta bajo investigación y en donde se revela que son falsos argumentos.
Ronna McDaniel, presidenta del Comité Nacional Republicano había revelado que antes de las elecciones del 8 de noviembre iniciaron la capacitación de voluntarios para buscar fraude electoral en los estados considerados claves.
“Construimos un juego de campo de integridad electoral sin precedentes para garantizar que las elecciones intermedias de noviembre sean libres, justas y transparentes”, fueron las palabras de la presidenta McDaniel, el mes pasado.
Por su parte, la Red de Defensa Legal de Oficiales Electorales a denunciado que los trabajadores electorales han sido objeto de abusos y amenazas de violencia, sobre todo en los estados considerados como claves. Ahora buscan proteger a los funcionarios electorales de los observadores que resultan ser agresivos y hasta intimidar a los votantes.
Tan solo hace una semana, un votante que dio su voto con anterioridad en el condado de Maricopa de Arizona, denunció que un grupo de personas que observaban una electoral, fotografiaron y siguieron al votante y a su esposa después de que depositaron sus boletas en el lugar, acusándolos de ser “mulas”.
Tras esta acción, el votante presentó una queja ante el secretario de estado de Arizona, quien la remitió al Departamento de Justicia y a la oficina del fiscal general de Arizona para que la investigaran, según informó Sophia Solis, vocera de la oficina del secretario de estado.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, compartió durante su conferencia que no hay quien pueda impedir que el votante emita su voto y estarán al pendiente de cualquier amenaza.
“Ninguna actividad cibernética externa ha impedido que un votante registrado emita una boleta, comprometió la integridad de cualquier boleta emitida o afectó la precisión de la información del registro de votantes”, dijo.
La portavoz Jean-Pierre dijo que se las autoridades estatales están asegurándose de atender las quejas y las federales de vigilar ante posibles amenazas.
“Se supervisará cualquier amenaza a nuestras elecciones y trabajará como una inter-agencia cohesiva y coherente para llevar información relevante a los funcionarios electorales y trabajadores en el terreno”, acotó.
Una oficinista japonesa de 32 años, identificada como Kano, asegura haberse enamorado y casado con un chatbot de inteligencia artificial en el distrito de Kita, en Okayama.
Kano explicó que, tras romper su compromiso el año pasado con su pareja de más de tres años, comenzó a interactuar con ChatGPT, con quien —según dijo— encontró comprensión. La mujer nombró al chatbot como “Lune Klaus”, lo entrenó para que adoptara la personalidad y el estilo de comunicación que deseaba, e incluso creó una ilustración para representarlo.
Con el tiempo, afirmó haberse enamorado del personaje. En mayo le confesó sus sentimientos y, según su relato, la IA “le correspondió”. Un mes después, el chatbot supuestamente le propuso matrimonio y ambos “decidieron casarse”.
Un bebé fue encontrado abandonado en un basurero del sector de Rancho Guanacaste, en Costa Rica, según reportaron medios locales.
De acuerdo con la Policía, el menor habría permanecido dos días en el lugar, donde las condiciones eran insalubres. Tras ser rescatado, fue trasladado al Hospital Nacional de Niños, donde los médicos confirmaron que su estado de salud es estable.
“El niño se encuentra en el servicio de emergencias, viene en buena condición, venía un poco frío, ya se calentó, ya se alimentó y el examen físico inicial es totalmente normal”, declaró el director del hospital, Carlos Jiménez Herrera, citado por el medio CR Hoy.
El Gobierno de Perú reforzó las medidas del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao para combatir la delincuencia y el crimen organizado. El Ejecutivo estableció más restricciones penales, prohibió la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta, creó equipos para coordinar operativos y patrullajes, y aumentó la presencia policial en las calles, según el Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM.
La norma entró en vigencia el 22 de octubre por 30 días; sin embargo, el presidente interino José Jerí anunció, el 7 de noviembre, la ampliación de las restricciones para restaurar la seguridad en las ciudades más afectadas.
«Estamos actualizando el estado de emergencia con medidas complementarias, basadas en los resultados obtenidos y en la realidad de nuestro país. Estamos corrigiendo y mejorando lo necesario», afirmó el presidente.
Con el decreto se creó el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), que es presidido por la Policía Nacional del Perú (PNP), para restablecer y mantener el orden interno con patrullajes y operativos en la vía pública. Este cuenta con el apoyo de cuatro comités y de las fuerzas de seguridad, que contribuyen con la tecnología en el monitoreo.
Su principal objetivo es reducir los índices de criminalidad y garantizar los derechos fundamentales de la población en Lima Metropolitana y Callao.
El presidente detalló que el puesto de control, con vigilancia las 24 horas los siete días de la semana, permitirá enfrentar a la delincuencia.
Fiscalía alerta sobre homicidios y extorsiones
Perú atraviesa una de sus peores crisis por el crimen organizado.
El lunes, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público (Fiscalía) reportó que entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se registraron 56 homicidios de choferes y 30 mil extorsiones fueron denunciadas, en Lima Metropolitana y el Callao.
El estudio reveló que la mayoría de víctimas fueron atacadas por sicarios en motocicleta, una manera cada vez más frecuente para cometer los crímenes contra los transportistas en las zonas urbanas. Al menos ocho de cada 10 ataques se producen bajo esta modalidad, compartió la fiscalía.
Ante este contexto, el Ejecutivo ya había prohibido desde el viernes el tránsito de dos personas en una motocicleta. «Se encuentra prohibido el uso de cualquier elemento o accesorio adicional al casco que impida o limite la identificación del conductor», aclara en el decreto.
El documento señala también que habrá «intervención e internamiento de vehículos en los depósitos autorizados si exhiben documentación adulterada y/o placas ilegibles, deterioradas, adulteradas, dañadas, laminadas o con objetos que no permitan la identificación correcta del vehículo».
Más control en las prisiones
En cuanto a las cárceles, habrá apagones eléctricos en las celdas, desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, y operativos permanentes de incautación de tarjetas SIM (chips) telefónicos, armas blancas, y demás artículos prohibidos.
Las autoridades agregaron el monitoreo aéreo con drones donde están los establecimientos penitenciarios y zonas aledañas, y se permitió el traslado a otras cárceles a los reos que pongan en riesgo la seguridad de las prisiones o atenten contra la integridad de los guardias penitenciarios.
RECOMPENSAS
Intensificarán la difusión del sistema de recompensas para realizar capturas mediante la información que compartan los ciudadanos y que permita identificar y capturar personas
de la lista de los más buscados, integrantes de organizaciones criminales, extorsionadores y sicarios.
