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La presidenta de Perú declara estado de emergencia en el sur del país tras muertes durante protestas y propone elecciones en 2024
En un mensaje de madrugada este lunes, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció una declaratoria de estado de emergencia «en las zonas de alta conflictividad social» y propuso adelantar las elecciones generales a abril de 2024, dos años antes de lo previsto.
Su mensaje responde a las protestas registradas en varias partes del país, que dejaron este fin de semana al menos 2 muertos en enfrentamientos con la policía, y que se desataron tras la destitución de su predecesor, Pedro Castillo, el pasado miércoles 7 de diciembre.
Los manifestantes exigen el cierre del Congreso y adelanto de las elecciones luego de la vacancia de Castillo, y entre algunos sectores también se pide la liberación del exmandatario, informan medios locales.
La destitución de Castillo se produjo luego de que el entonces presidente anunciara la disolución del Legislativo y la instalación de un «gobierno de excepción», lo que fue interpretado por diferentes sectores peruanos como un intento de «golpe de Estado».
En cuestión de pocas horas, Castillo fue destituido por el Congreso por «incapacidad moral», detenido y posteriormente acusado de «rebelión».
En un mensaje televisado, la presidenta Boluarte informó de la declaratoria de estado de emergencia y anunció que había dado «las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía».
🇵🇪 Presidenta @DinaErcilia Boluarte en mensaje a la nación: "La patria está viviendo horas difíciles. Al asumir el mando presidencial señalé que mi gobierno buscaría el diálogo, el entendimiento, la concertación y los consensos entre todos y para todos. Sin exclusiones". pic.twitter.com/h5gyeqzBft
— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) December 12, 2022
El ministro de Interior, César Cervantes, precisó que el estado de emergencia entrará en vigor en las regiones de Apurímac, Arequipa e Ica, en el sur del país, y que se implementará «lo más pronto posible», informan los medios peruanos.
Asimismo, y después de rechazar el adelanto electoral en un principio, la presidenta confirmó que presentará una propuesta concreta al Congreso con tal fin.
«Interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las Elecciones Generales para abril del 2024», anunció.
«En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de Ley de Adelanto de las Elecciones Generales, para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento», añadió.
La presidenta señaló que eso también implicará «reformas constitucionales que deben ser aprobadas de la manera más rápida que contempla la Constitución», si bien no entró en detalles.
Boluarte, que era vicepresidenta en el gobierno de Castillo, se distanció rápidamente de su predecesor tras su polémico anuncio la semana pasada, y tomó posesión del cargo tras su vacancia.
El domingo, manifestantes en diversas ciudades del interior de Perú (entre ellas, Cajamarca, Arequipa, Huancayo, Cusco y Puno) demandaron la liberación de Castillo.
En la ciudad sureña de Andahuaylas, región de Apurímac, se desataron enfrentamientos entre manifestantes y policía que dejaron al menos 2 muertos y 30 heridos, confirmaron las autoridades a la radio peruana RPP.
«Lamento profundamente el fallecimiento de nuestros compatriotas en Andahuaylas, Apurímac, mi tierra. Expreso mis sentidas condolencias a sus familiares», manifestó la presidenta Boluarte al respecto en su mensaje a la nación.
El Ministerio de Transporte de Perú dijo en un comunicado que los manifestantes habían «mantenido rodeados» a unos 50 agentes de policía y trabajadores del aeropuerto de la ciudad, que trataban de «asaltar», según la versión oficial.
La agencia de aviación de Perú, Corpac -bajo jurisdicción de este Ministerio- informó que el aeropuerto de Andahuaylas había resultado seriamente afectado con las protestas, después de que hubiera sido objeto de ataques, vandalismo y que se hubiera iniciado un incendio.
Además de lo ocurrido en Andahuaylas, los medios peruanos también informan de bloqueos en la Panamericana Norte y Sur y movilizaciones en Lima.
El Congreso celebró una sesión de emergencia el domingo para discutir la crisis pero ésta tuvo que ser suspendida tras una agresión entre legisladores.
Lo ocurrido muestra el nivel de crispación en Perú, que lleva años con instabilidad política y social.
En el centro de ello, está el pulso permanente entre el presidente de turno y el Congreso, que, como explicaba el corresponsal de BBC Mundo en el país, Guillermo D. Olmo, «ha convertido la opción de la vacancia en una especie de espada de Damocles que pende permanentemente sobre la cabeza del presidente y que puede caer sobre él en cuanto en el Congreso se reúnan los 87 votos requeridos».
El número de víctimas mortales del terremoto de magnitud 7.8 que sacudió el sur de Filipinas aumentó a 46, luego de que los equipos de rescate recuperaran este miércoles el cuerpo de una persona que permanecía atrapada entre los escombros de un supermercado derrumbado.
El sismo, registrado el lunes frente a la costa de la isla de Mindanao, provocó el colapso de estructuras, deslizamientos de tierra y la activación de alertas de tsunami en distintas zonas afectadas.
La víctima fue identificada como Joey Deluvio, de 39 años, uno de los dos empleados de un supermercado en la ciudad de General Santos donde se concentraron las labores de búsqueda y rescate. Según informó la rescatista Michelle Chua, los equipos detectaron inicialmente un pulso débil durante la operación; sin embargo, al llegar hasta el lugar donde se encontraba la persona ya no presentaba signos vitales.
De acuerdo con Chua, el cuerpo fue localizado atrapado entre dos vigas de la estructura colapsada.
La agencia nacional de desastres elevó este miércoles el balance oficial de fallecidos de 41 a 45 y aumentó el número de desaparecidos de cuatro a 17. No obstante, ese informe aún no incluía a Deluvio, según confirmó la oficina de defensa civil.
El funcionario de defensa civil Rafaelito Alejandro indicó que la mayoría de las nuevas víctimas mortales se registraron en la provincia de Davao Occidental, donde fallecieron a causa de deslizamientos de tierra y derrumbes de edificios.
El cofundador de Bill Gates negó este miércoles haber tenido conocimiento de conductas delictivas cometidas por Jeffrey Epstein y aseguró no haber victimizado a ninguna persona, durante su comparecencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
El nombre del empresario aparece en documentos divulgados por el Departamento de Justicia relacionados con Epstein, los cuales incluyen referencias a amistades, operaciones financieras y fotografías con diversas personalidades públicas.
En un testimonio preparado para una audiencia a puerta cerrada y publicado en su sitio web personal, Gates afirmó que nunca presenció ni tuvo indicios de actividades delictivas en curso por parte de Epstein. También aseguró que nunca visitó la isla, la hacienda o la residencia de Epstein en Florida.
Gates expresó además que espera que su declaración contribuya al trabajo del comité para lograr justicia para las víctimas. La comparecencia se produjo después de que la divulgación de documentos por parte del Departamento de Justicia generara nuevas interrogantes sobre los contactos entre ambos.
Un portavoz del empresario indicó a la AFP que Gates consideraba importante comparecer ante el Congreso y reiteró que nunca participó ni fue testigo de actividades ilegales relacionadas con Epstein.
Entre los archivos difundidos figura un borrador de correo electrónico atribuido a Epstein en 2013, en el que hacía referencias a la vida privada de Gates. En febrero, el cofundador de Microsoft manifestó ante miembros de la junta de su fundación que sus vínculos con Epstein habían sido un “enorme error”, aunque negó cualquier relación con víctimas del financiero.
Epstein fue hallado muerto en una celda de prisión en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual que involucraban a menores de edad. Previamente, en 2008, había sido condenado por solicitar servicios de prostitución a una menor.
La Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) aprobó este miércoles en Viena una resolución que exige a Irán proporcionar información sobre sus reservas de uranio y sus instalaciones de producción nuclear.
La resolución, promovida por Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos, considera «esencial y urgente» que Irán entregue sin demora información completa sobre los inventarios de material nuclear y los detalles de diseño de sus instalaciones. Asimismo, solicita que permita al organismo internacional el acceso necesario para verificar dichos datos.
El texto fue aprobado con 21 votos a favor, tres en contra y diez abstenciones, mientras que uno de los 35 miembros del consejo no participó en la votación.
Según estimaciones del OIEA, Irán posee 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %, aunque los inspectores del organismo no han tenido acceso al material desde el 10 de junio del año pasado. Tras los ataques lanzados por Israel contra instalaciones nucleares iraníes en ese periodo, la república islámica suspendió su cooperación con la agencia de supervisión nuclear.
Los países occidentales sostienen que el acceso a la información y a las instalaciones es clave para determinar si el uranio ha sido desviado de sus fines declarados.
Por su parte, el representante permanente de Irán ante la ONU en Viena, Reza Najafi, calificó la resolución como «contraproducente» y afirmó que podría complicar la situación actual, así como las negociaciones entre Irán y Estados Unidos relacionadas con el conflicto en Oriente Medio.
