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La presidenta de Perú declara estado de emergencia en el sur del país tras muertes durante protestas y propone elecciones en 2024
En un mensaje de madrugada este lunes, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció una declaratoria de estado de emergencia «en las zonas de alta conflictividad social» y propuso adelantar las elecciones generales a abril de 2024, dos años antes de lo previsto.
Su mensaje responde a las protestas registradas en varias partes del país, que dejaron este fin de semana al menos 2 muertos en enfrentamientos con la policía, y que se desataron tras la destitución de su predecesor, Pedro Castillo, el pasado miércoles 7 de diciembre.
Los manifestantes exigen el cierre del Congreso y adelanto de las elecciones luego de la vacancia de Castillo, y entre algunos sectores también se pide la liberación del exmandatario, informan medios locales.
La destitución de Castillo se produjo luego de que el entonces presidente anunciara la disolución del Legislativo y la instalación de un «gobierno de excepción», lo que fue interpretado por diferentes sectores peruanos como un intento de «golpe de Estado».
En cuestión de pocas horas, Castillo fue destituido por el Congreso por «incapacidad moral», detenido y posteriormente acusado de «rebelión».
En un mensaje televisado, la presidenta Boluarte informó de la declaratoria de estado de emergencia y anunció que había dado «las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía».
🇵🇪 Presidenta @DinaErcilia Boluarte en mensaje a la nación: "La patria está viviendo horas difíciles. Al asumir el mando presidencial señalé que mi gobierno buscaría el diálogo, el entendimiento, la concertación y los consensos entre todos y para todos. Sin exclusiones". pic.twitter.com/h5gyeqzBft
— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) December 12, 2022
El ministro de Interior, César Cervantes, precisó que el estado de emergencia entrará en vigor en las regiones de Apurímac, Arequipa e Ica, en el sur del país, y que se implementará «lo más pronto posible», informan los medios peruanos.
Asimismo, y después de rechazar el adelanto electoral en un principio, la presidenta confirmó que presentará una propuesta concreta al Congreso con tal fin.
«Interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las Elecciones Generales para abril del 2024», anunció.
«En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de Ley de Adelanto de las Elecciones Generales, para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento», añadió.
La presidenta señaló que eso también implicará «reformas constitucionales que deben ser aprobadas de la manera más rápida que contempla la Constitución», si bien no entró en detalles.
Boluarte, que era vicepresidenta en el gobierno de Castillo, se distanció rápidamente de su predecesor tras su polémico anuncio la semana pasada, y tomó posesión del cargo tras su vacancia.
El domingo, manifestantes en diversas ciudades del interior de Perú (entre ellas, Cajamarca, Arequipa, Huancayo, Cusco y Puno) demandaron la liberación de Castillo.
En la ciudad sureña de Andahuaylas, región de Apurímac, se desataron enfrentamientos entre manifestantes y policía que dejaron al menos 2 muertos y 30 heridos, confirmaron las autoridades a la radio peruana RPP.
«Lamento profundamente el fallecimiento de nuestros compatriotas en Andahuaylas, Apurímac, mi tierra. Expreso mis sentidas condolencias a sus familiares», manifestó la presidenta Boluarte al respecto en su mensaje a la nación.
El Ministerio de Transporte de Perú dijo en un comunicado que los manifestantes habían «mantenido rodeados» a unos 50 agentes de policía y trabajadores del aeropuerto de la ciudad, que trataban de «asaltar», según la versión oficial.
La agencia de aviación de Perú, Corpac -bajo jurisdicción de este Ministerio- informó que el aeropuerto de Andahuaylas había resultado seriamente afectado con las protestas, después de que hubiera sido objeto de ataques, vandalismo y que se hubiera iniciado un incendio.
Además de lo ocurrido en Andahuaylas, los medios peruanos también informan de bloqueos en la Panamericana Norte y Sur y movilizaciones en Lima.
El Congreso celebró una sesión de emergencia el domingo para discutir la crisis pero ésta tuvo que ser suspendida tras una agresión entre legisladores.
Lo ocurrido muestra el nivel de crispación en Perú, que lleva años con instabilidad política y social.
En el centro de ello, está el pulso permanente entre el presidente de turno y el Congreso, que, como explicaba el corresponsal de BBC Mundo en el país, Guillermo D. Olmo, «ha convertido la opción de la vacancia en una especie de espada de Damocles que pende permanentemente sobre la cabeza del presidente y que puede caer sobre él en cuanto en el Congreso se reúnan los 87 votos requeridos».
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó ayer la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT), correspondiente al periodo enero-marzo de 2026. Los resultados, con cifras ajustadas por estacionalidad, muestran que el Producto Interno Bruto (PIB) de México cayó 0.8 % en términos reales respecto al cuarto trimestre de 2025, la mayor contracción trimestral registrada desde 2024.
A tasa anual, el crecimiento fue de apenas 0.1 %, cifra que contrasta con el 1.8 % registrado en el cuarto trimestre del año previo y con el 0.6 % acumulado durante todo 2025.
Caída generalizada por sectores
El retroceso no se concentró en un solo sector. Las actividades primarias —que incluyen agricultura y ganadería— bajaron 1.4 % respecto al trimestre anterior, mientras que a tasa anual registraron una variación de -0.1 %.
Las actividades secundarias, que comprenden manufactura y construcción, cayeron 1.1 % trimestral y 1.1 % anual. Por su parte, las actividades terciarias —comercio y servicios— descendieron 0.6 % trimestral, aunque mantuvieron un crecimiento anual de 0.9 %.
Esta caída simultánea en los tres grandes sectores encendió alertas entre analistas. «Resulta preocupante observar que los tres tipos de actividades muestran una contracción trimestral», afirmó Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, en declaraciones recogidas por Bloomberg. «Esto abre la puerta a la posibilidad de que México esté atravesando una recesión», agregó.
Siller indicó además que su institución revisó a la baja su proyección de crecimiento anual para 2026, de 1.2 % a 1 %, aunque incorpora en el estimado el consumo adicional esperado por la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá a partir de junio.
El resultado llega en un entorno marcado por las tensiones arancelarias con Estados Unidos. Los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a productos mexicanos han presionado la actividad exportadora del país, cuya economía depende en gran medida del comercio con su vecino del norte. A ello se suma la incertidumbre derivada de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para finales de este año.
La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, advirtió esta semana ante el Senado que el conflicto en Oriente Medio podría agravar aún más las perspectivas de crecimiento para 2026, según reportó Bloomberg. El banco central mantiene por ahora una proyección de crecimiento anual de 1.4 % para el año en curso.
Frente a este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una estrategia de inversión pública y privada conocida como «Plan México». A principios de abril, el Congreso aprobó una ley propuesta por su administración para agilizar la autorización de proyectos de infraestructura en carreteras, energía e infraestructura hídrica.
Desde que Sheinbaum asumió la presidencia a finales de 2024, el crecimiento de la inversión agregada ha pasado de alrededor de 2 % interanual a -6 % a finales del año pasado, según Bloomberg.
La mandataria ha argumentado en el pasado que los indicadores de bajo crecimiento del PIB no reflejan con fidelidad el bienestar de la población ni los avances en materia de reducción de pobreza.
El INEGI precisó que la estimación oportuna no reemplaza al cálculo tradicional del PIB, y que los resultados están sujetos a revisión conforme se incorpore nueva información estadística. La próxima publicación está prevista para el 30 de julio de 2026.
El empresario juzgado por corrupción en Madrid, Víctor de Aldama; junto al exministro español de Transportes, José Luis Ábalos; hombre clave en el ascenso de Pedro Sánchez, señaló este miércoles al presidente del gobierno de estar en el «escalafón 1» de la «banda organizada».
De Aldama, Ábalos, y su exasesor Koldo García se sientan en el banquillo de los acusados por presunta corrupción en la compra de millones de mascarillas durante la pandemia de la Covid-19 por parte de ministerios, gobiernos regionales socialistas o entes públicos como Puertos del Estado.
Este miércoles, estaba previsto que declarasen los tres acusados, pero solo hubo tiempo para uno, el empresario, cuyo interrogatorio se alargó más de seis horas. La vista se reanudará el jueves a las 08H00 GMT y el juicio podría acabar prolongándose hasta el martes 5 de mayo.
El No. 1
El primer acusado en declarar este miércoles fue De Aldama, que afirmó: «Yo obviamente estoy en la banda organizada, el señor presidente del Gobierno estaba en el escalafón 1, el señor Ábalos en el escalafón 2, el señor Koldo García en el 3 y yo en el 4».
Sánchez ya rechazó anteriormente las acusaciones de Aldama.
De Aldama explicó que, gracias a sus contactos internacionales y al respaldo de Ábalos desde su cargo, la trama pudo hacer negocios en países como México y Venezuela. También afirmó que actuó como intermediario, aprovechando su relación con Delcy Rodríguez, para que el Gobierno de Sánchez pasara de apoyar al opositor Juan Guaidó a interactuar con Nicolás Maduro, con el objetivo final de facilitar negocios.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, chocó ayer repetidamente con legisladores demócratas durante su primera comparecencia en el Congreso por la guerra con Irán, cuyo costo estimó hasta ahora en alrededor de $25,000 millones.
Junto al jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense, Dan Caine, Hegseth pasó varias horas frente a la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.
Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Teherán el 28 de febrero, parlamentarios de ambos partidos han lamentado la falta de información proporcionada por el ejecutivo.
Adam Smith, el demócrata de más alto rango de la comisión, apuntó a las repercusiones regionales de la guerra y a su costo tanto para las tropas estadounidenses como para los civiles, señalando que quería respuestas sobre hacia dónde se dirige el conflicto y el plan para alcanzar objetivos.
Trump aún no ha presentado públicamente un plan para poner fin a la guerra que llevó a Irán a cerrar el estrecho de Ormuz, lo que ha disparado los precios del petróleo.
Hegseth fue interpelado sobre el costo del conflicto.
El jefe del Pentágono preguntó al comité: «¿Cuánto vale garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear?».
El representante demócrata John Garamendi acusó a Hegseth y a Trump de «mentir al pueblo estadounidense sobre esta guerra desde el primer día».
Describió lo que está ocurriendo en Oriente Medio como una «calamidad geopolítica, un error estratégico que ha derivado en una crisis económica mundial».
Entretanto, el congresista demócrata Seth Moulton le preguntó a Hegseth si aconsejó al presidente estadounidense atacar a Irán. El secretario no respondió, pero calificó de «buena idea» la decisión de hacerlo.
A la pregunta de si se había tenido en cuenta la posibilidad de que Irán bloqueara el estratégico estrecho de Ormuz, por el que transita normalmente el 20% del petróleo y del gas natural licuado mundiales, respondió que el Pentágono había «analizado todos los aspectos de ese riesgo». Hasta la fecha, Teherán ejerce un cuasi bloqueo de la navegación en el estrecho y Washington ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes.
Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una campaña aérea a gran escala contra el ejército y los dirigentes iraníes.
