Internacionales
La presidenta de Perú declara estado de emergencia en el sur del país tras muertes durante protestas y propone elecciones en 2024
En un mensaje de madrugada este lunes, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció una declaratoria de estado de emergencia «en las zonas de alta conflictividad social» y propuso adelantar las elecciones generales a abril de 2024, dos años antes de lo previsto.
Su mensaje responde a las protestas registradas en varias partes del país, que dejaron este fin de semana al menos 2 muertos en enfrentamientos con la policía, y que se desataron tras la destitución de su predecesor, Pedro Castillo, el pasado miércoles 7 de diciembre.
Los manifestantes exigen el cierre del Congreso y adelanto de las elecciones luego de la vacancia de Castillo, y entre algunos sectores también se pide la liberación del exmandatario, informan medios locales.
La destitución de Castillo se produjo luego de que el entonces presidente anunciara la disolución del Legislativo y la instalación de un «gobierno de excepción», lo que fue interpretado por diferentes sectores peruanos como un intento de «golpe de Estado».
En cuestión de pocas horas, Castillo fue destituido por el Congreso por «incapacidad moral», detenido y posteriormente acusado de «rebelión».
En un mensaje televisado, la presidenta Boluarte informó de la declaratoria de estado de emergencia y anunció que había dado «las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía».
🇵🇪 Presidenta @DinaErcilia Boluarte en mensaje a la nación: "La patria está viviendo horas difíciles. Al asumir el mando presidencial señalé que mi gobierno buscaría el diálogo, el entendimiento, la concertación y los consensos entre todos y para todos. Sin exclusiones". pic.twitter.com/h5gyeqzBft
— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) December 12, 2022
El ministro de Interior, César Cervantes, precisó que el estado de emergencia entrará en vigor en las regiones de Apurímac, Arequipa e Ica, en el sur del país, y que se implementará «lo más pronto posible», informan los medios peruanos.
Asimismo, y después de rechazar el adelanto electoral en un principio, la presidenta confirmó que presentará una propuesta concreta al Congreso con tal fin.
«Interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las Elecciones Generales para abril del 2024», anunció.
«En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de Ley de Adelanto de las Elecciones Generales, para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento», añadió.
La presidenta señaló que eso también implicará «reformas constitucionales que deben ser aprobadas de la manera más rápida que contempla la Constitución», si bien no entró en detalles.
Boluarte, que era vicepresidenta en el gobierno de Castillo, se distanció rápidamente de su predecesor tras su polémico anuncio la semana pasada, y tomó posesión del cargo tras su vacancia.
El domingo, manifestantes en diversas ciudades del interior de Perú (entre ellas, Cajamarca, Arequipa, Huancayo, Cusco y Puno) demandaron la liberación de Castillo.
En la ciudad sureña de Andahuaylas, región de Apurímac, se desataron enfrentamientos entre manifestantes y policía que dejaron al menos 2 muertos y 30 heridos, confirmaron las autoridades a la radio peruana RPP.
«Lamento profundamente el fallecimiento de nuestros compatriotas en Andahuaylas, Apurímac, mi tierra. Expreso mis sentidas condolencias a sus familiares», manifestó la presidenta Boluarte al respecto en su mensaje a la nación.
El Ministerio de Transporte de Perú dijo en un comunicado que los manifestantes habían «mantenido rodeados» a unos 50 agentes de policía y trabajadores del aeropuerto de la ciudad, que trataban de «asaltar», según la versión oficial.
La agencia de aviación de Perú, Corpac -bajo jurisdicción de este Ministerio- informó que el aeropuerto de Andahuaylas había resultado seriamente afectado con las protestas, después de que hubiera sido objeto de ataques, vandalismo y que se hubiera iniciado un incendio.
Además de lo ocurrido en Andahuaylas, los medios peruanos también informan de bloqueos en la Panamericana Norte y Sur y movilizaciones en Lima.
El Congreso celebró una sesión de emergencia el domingo para discutir la crisis pero ésta tuvo que ser suspendida tras una agresión entre legisladores.
Lo ocurrido muestra el nivel de crispación en Perú, que lleva años con instabilidad política y social.
En el centro de ello, está el pulso permanente entre el presidente de turno y el Congreso, que, como explicaba el corresponsal de BBC Mundo en el país, Guillermo D. Olmo, «ha convertido la opción de la vacancia en una especie de espada de Damocles que pende permanentemente sobre la cabeza del presidente y que puede caer sobre él en cuanto en el Congreso se reúnan los 87 votos requeridos».
Un fatídico hecho de sangre se registró este lunes en un restaurante ubicado sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle, de la Zona 6, de la capital guatemalteca. Clientes y empleados de la cevichería «Viña del Mar» fueron atacados a balazos por dos hombres que ingresaron con los rostros cubiertos. En el lugar fallecieron cinco personas, mientras que los lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, posteriormente uno murió en el nosocomio, informó el periódico Prensa Libre.
Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años que fue movilizado a una unidad de emergencias pediátricas.
Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales fueron los primeros en llegar a la escena del crimen, tras recibir llamadas de emergencias de los vecinos, quienes escucharon los disparos.
Actualmente la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) investigan el móvil de la masacre.
Según una publicación en la web del medio guatemalteco La Hora, citando versiones de testigos, los atacantes se movilizaban en motocicletas.
En las redes sociales comenzaron a circular las posibles identidades de las víctimas entre ellas Kimberly Pérez Ramos, su pareja Isaías Boch y el hijo en común que resultó herido; los tres residentes de Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa.
Noemí Sinay Hernández ha sido identificada entre las víctimas mortales. La mujer contaba con récord delictivo por asociaciones ilícitas, portación de arma hechiza y conspiración para asesinato, confirmó el vocero de la PNC, Jorge Aguilar. De todos los fallecidos era la única que contaba con antecedentes policiales, añadió.
Una de las hipótesis de la Policía es que el ataque iba dirigido hacia Hernández por presunta rivalidad entre bandas criminales
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla corrupta y antidemocrática, fracasó este lunes en su aspiración de lograr un tercer mandato, lo que el presidente Bernardo Arévalo rechazaba de forma rotunda.
La salida de Porras del Ministerio Público (MP) es considerada clave por activistas y juristas locales e internacionales para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.
Porras quedó fuera de la lista de seis candidatos aprobada por la comisión de abogados que los seleccionó para que Arévalo designe al fiscal general que asumirá el cargo el 17 de mayo por los próximos cuatro años.
Arévalo descartó elegir a Porras por considerarla «peligrosa» para el país, pero la propia comisión evaluadora la excluyó, aunque encabezaba una tabla de puntajes que solo consideraba la experiencia y títulos académicos, no la integridad ética.
Sus críticos la consideran operadora del llamado «pacto de corruptos», la élite político-empresarial ultraconservadora que domina el país.
Internacionales
Masacres en Colombia aumentan un 32% en 2026 y dejan más de 90 víctimas en tres meses
La situación de seguridad en Colombia muestra una crisis durante el inicio de 2026, con un aumento significativo en las masacres registradas entre enero y marzo. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Colombia, en ese periodo se contabilizaron 30 hechos que dejaron 94 fallecidos a causa de la violencia, lo que representa un incremento del 32% en comparación con el mismo lapso del año anterior.
Según detalla un artículo de «El Colombiano», las cifras reflejan un problema persistente en distintas regiones del país, donde continúan ocurriendo asesinatos colectivos, definidos como la muerte intencional de tres o más personas en un mismo hecho. Este tipo de violencia evidencia la presencia activa de criminales en varios territorios.
Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reportó un panorama aún más crítico, con 35 masacres y 133 víctimas durante el primer trimestre de 2026, lo que convierte este periodo en el más violento de la última década en este tipo de crímenes.
Los casos se han concentrado en al menos 34 municipios de 17 departamentos, lo que evidencia una expansión territorial de la violencia, en muchos casos vinculada a disputas entre grupos armados ilegales. Enero y marzo fueron los meses con mayor incidencia, con 13 casos de violencia cada uno, mientras que en febrero se registraron nueve.
El año inició con un hecho que marcó la tendencia. El 3 de enero, en Santander de Quilichao, tres mujeres fueron asesinadas en un mismo hecho violento. El caso, que incluyó ataques en distintos momentos relacionados entre sí, evidenció la gravedad de la situación y el impacto en las comunidades.
La comparación con años anteriores confirma el aumento de la violencia, ya que en el primer trimestre de 2025 se registraron 16 masacres, en 2024 fueron 18 y en 2023 un total de 27 casos. Según Indepaz, entre 2016 y marzo de 2026 se han documentado 729 masacres y 2,657 víctimas en el país, reflejando la persistencia de este fenómeno a lo largo del tiempo.
