Internacionales
La presidenta de Perú declara estado de emergencia en el sur del país tras muertes durante protestas y propone elecciones en 2024
En un mensaje de madrugada este lunes, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció una declaratoria de estado de emergencia «en las zonas de alta conflictividad social» y propuso adelantar las elecciones generales a abril de 2024, dos años antes de lo previsto.
Su mensaje responde a las protestas registradas en varias partes del país, que dejaron este fin de semana al menos 2 muertos en enfrentamientos con la policía, y que se desataron tras la destitución de su predecesor, Pedro Castillo, el pasado miércoles 7 de diciembre.
Los manifestantes exigen el cierre del Congreso y adelanto de las elecciones luego de la vacancia de Castillo, y entre algunos sectores también se pide la liberación del exmandatario, informan medios locales.
La destitución de Castillo se produjo luego de que el entonces presidente anunciara la disolución del Legislativo y la instalación de un «gobierno de excepción», lo que fue interpretado por diferentes sectores peruanos como un intento de «golpe de Estado».
En cuestión de pocas horas, Castillo fue destituido por el Congreso por «incapacidad moral», detenido y posteriormente acusado de «rebelión».
En un mensaje televisado, la presidenta Boluarte informó de la declaratoria de estado de emergencia y anunció que había dado «las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía».
🇵🇪 Presidenta @DinaErcilia Boluarte en mensaje a la nación: "La patria está viviendo horas difíciles. Al asumir el mando presidencial señalé que mi gobierno buscaría el diálogo, el entendimiento, la concertación y los consensos entre todos y para todos. Sin exclusiones". pic.twitter.com/h5gyeqzBft
— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) December 12, 2022
El ministro de Interior, César Cervantes, precisó que el estado de emergencia entrará en vigor en las regiones de Apurímac, Arequipa e Ica, en el sur del país, y que se implementará «lo más pronto posible», informan los medios peruanos.
Asimismo, y después de rechazar el adelanto electoral en un principio, la presidenta confirmó que presentará una propuesta concreta al Congreso con tal fin.
«Interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las Elecciones Generales para abril del 2024», anunció.
«En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de Ley de Adelanto de las Elecciones Generales, para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento», añadió.
La presidenta señaló que eso también implicará «reformas constitucionales que deben ser aprobadas de la manera más rápida que contempla la Constitución», si bien no entró en detalles.
Boluarte, que era vicepresidenta en el gobierno de Castillo, se distanció rápidamente de su predecesor tras su polémico anuncio la semana pasada, y tomó posesión del cargo tras su vacancia.
El domingo, manifestantes en diversas ciudades del interior de Perú (entre ellas, Cajamarca, Arequipa, Huancayo, Cusco y Puno) demandaron la liberación de Castillo.
En la ciudad sureña de Andahuaylas, región de Apurímac, se desataron enfrentamientos entre manifestantes y policía que dejaron al menos 2 muertos y 30 heridos, confirmaron las autoridades a la radio peruana RPP.
«Lamento profundamente el fallecimiento de nuestros compatriotas en Andahuaylas, Apurímac, mi tierra. Expreso mis sentidas condolencias a sus familiares», manifestó la presidenta Boluarte al respecto en su mensaje a la nación.
El Ministerio de Transporte de Perú dijo en un comunicado que los manifestantes habían «mantenido rodeados» a unos 50 agentes de policía y trabajadores del aeropuerto de la ciudad, que trataban de «asaltar», según la versión oficial.
La agencia de aviación de Perú, Corpac -bajo jurisdicción de este Ministerio- informó que el aeropuerto de Andahuaylas había resultado seriamente afectado con las protestas, después de que hubiera sido objeto de ataques, vandalismo y que se hubiera iniciado un incendio.
Además de lo ocurrido en Andahuaylas, los medios peruanos también informan de bloqueos en la Panamericana Norte y Sur y movilizaciones en Lima.
El Congreso celebró una sesión de emergencia el domingo para discutir la crisis pero ésta tuvo que ser suspendida tras una agresión entre legisladores.
Lo ocurrido muestra el nivel de crispación en Perú, que lleva años con instabilidad política y social.
En el centro de ello, está el pulso permanente entre el presidente de turno y el Congreso, que, como explicaba el corresponsal de BBC Mundo en el país, Guillermo D. Olmo, «ha convertido la opción de la vacancia en una especie de espada de Damocles que pende permanentemente sobre la cabeza del presidente y que puede caer sobre él en cuanto en el Congreso se reúnan los 87 votos requeridos».
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
