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Intervinieron la Penitenciaría de Guayaquil para desarmar a las organizaciones delictivas
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, informó este sábado que casi 800 militares y policías intervinieron la Penitenciaría de Guayaquil.
“Ecuatorianos: sobre la base del Decreto Ejecutivo 878, que extiende el Estado de Excepción en el sistema penitenciario, las @FFAAECUADOR y @PoliciaEcuador, en coordinación con @SNAI_Ec, intervinieron la Penitenciaría de Guayaquil a las 05:30″, indicó el mandatario en sus redes sociales.
Y agregó: “Es un equipo de casi 800 militares y policías que ingresaron al pabellón 4 para hacer un control de armas, municiones y explosivos con el objetivo de desarmar a las organizaciones delictivas”.
“Vamos a seguir, hasta el último día de Gobierno, luchando contra los grupos criminales que generan violencia dentro y fuera de las cárceles”, concluyó.
El operativo de hoy se da luego de que el Ejecutivo ampliara por 30 días más el estado de excepción decretado en julio en el sistema penitenciario del país, conformado por 35 cárceles, para aplacar la crisis de violencia entre bandas criminales que acumula más de 400 reclusos asesinados desde 2020 en una serie de masacres.
El mandatario ecuatoriano prorrogó el estado de excepción a través de un decreto emitido durante su viaje a Estados Unidos, cuando estaba por vencerse el primer periodo de 60 días ordenado el 25 de julio tras la última masacre.
La medida permite el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para realizar intervenciones dentro de los centros penitenciarios.
Durante los primeros dos meses del estado de excepción en las cárceles de Ecuador se han realizado una decena de intervenciones con el ingreso de grandes contingentes de policías y militares a las prisiones para desarmar a las bandas criminales que controlan internamente los recintos penitenciarios.
Fruto de esa serie de requisas, denominadas Camex (control de armas, municiones y explosivos), se decomisaron arsenales compuestos de fusiles, lanzagranadas, pistolas y revólveres, así como granadas, explosivos y decenas de miles de balas de distintos calibres, además de centenares de armas blancas y decenas de kilos de drogas.
La mayoría del armamento se halló en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y poblada de Ecuador, que también ha sido el escenario de las peores masacres registradas en los últimos años en el país.
No solo se hallaron armas en los pabellones regentados por los presos, sino también en dependencias administrado del estatal Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), el organismo encargado de controlar y administrar las prisiones.
Debido a ello quedaron detenidos varios funcionarios, entre ellos el director del Centro de Detención Provisional del complejo carcelario de Guayas, un conjunto de cinco prisiones situadas a las afueras de Guayaquil, donde están recluidas unas 12.300 personas.
Una de esas cinco prisiones es la Cárcel Regional de Guayaquil, en cuya intervención fue trasladado a La Roca, la cárcel de máxima seguridad, el líder de la banda criminal Los Choneros, Adolfo Macías “Fito”, pero un juez revocó la medida para que retornase a su lugar original, controlado por la organización que lidera.
Pocos días después de su retorno a la Regional, La Roca fue atacada con un dron con explosivos, cuya detonación controlada causó severos daños en el tejado del patio de esa prisión.
Asimismo, el Gobierno relaciona los cuatro carros bomba que estallaron en Quito y en la sureña ciudad de Machala a finales de agosto con esta serie de intervenciones, pues se produjeron pocas horas después de que fuese intervenida la cárcel de Latacunga, situada en la provincia de Cotopaxi, a unos 70 kilómetros al sur de la capital ecuatoriana.
El operativo fue acompañado presuntamente del traslado de cabecillas de la banda criminal Los Lobos, lo que desató amotinamientos en al menos otras seis prisiones controladas también por la misma banda, como la de Cuenca, donde los reclusos tomaron como rehenes durante casi dos días a más de medio centenar de policías y guardias carcelarios.
Ayer por la noche (3 de marzo), ocurrió una masacre en la que tres personas murieron y otras dos resultaron heridas tras un ataque armado en el barrio Buenos Aires de la capital Tegucigalpa.
Medios locales informaron que el crimen se cometió en el comedor «Rosita», donde sujetos armados llegaron y dispararon contra las personas. Entre los fallecidos hay dos hombres y una mujer, de quienes se desconoce la identidad.
Este crimen ocurrió pocas horas después de un cuádruple homicidio en colonia La Cañada, también perteneciente a la capital hondureña.
Un empleado del Sistema Nacional de Emergencias y su sobrino, un menor de edad de 17 años, están entre las personas que perdieron la vida en este ataque.
En total, siete personas han muerto en 24 horas a causa de la violencia en Honduras, mientras que en dos meses se han reportado 10 masacres solamente en la capital.
Estos aranceles aduaneros, anunciados el 1 de febrero en el marco de la lucha contra la crisis de opioides, entran en vigor debido a la «incapacidad» de China «para combatir la avalancha de fentanilo» que entra en Estados Unidos, según un mensaje publicado en la red social X por la Casa Blanca.
Cabe mencionar también, que Donald Trump dijo este lunes estar abierto a analizar un acuerdo comercial con Argentina, gobernada por el «gran líder» Javier Milei, en palabras del presidente estadounidense.
«Consideraré cualquier cosa», respondió a un periodista que le preguntó en la Casa Blanca si contempla la posibilidad de firmar un acuerdo de libre comercio con Argentina, como pide Milei.
«Creo que él es genial, por cierto. Creo que es un gran líder. Está haciendo un gran trabajo (…) un trabajo fantástico. Rescató (al país) del olvido», añadió.
«Sí analizaremos» las opciones, declaró el magnate republicano en la Casa Blanca.
Milei afirma estar dispuesto a sacar Argentina del Mercosur, el bloque comercial que reúne a cinco países sudamericanos, si fuera necesario para concluir un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.
Robert Crimo III fue acusado de asesinato, intento de homicidio y docenas de otros cargos por el ataque que realizó en 2022 durante un desfile por el Día de la Independencia en el suburbio de Highland Park, en Chicago.
La selección del jurado se completó la semana pasada y los alegatos iniciales estaban programados para este lunes en el Palacio de Justicia del Condado de Lake, en Waukegan.
Pero Crimo cambió su declaración al calificarse de culpable momentos antes de que comenzaran.
La sentencia del caso se fijó para el 23 de abril. Crimo enfrenta la posibilidad de una condena a cadena perpetua, sin libertad condicional.
Ashbey Beasley, habitante de Highland Park y quien se encontraba aquel día en el desfile, acudió este lunes al tribunal para presenciar la audiencia.
«Mi hijo y yo estábamos en el desfile y corrimos para salvar nuestras vidas», recordó Beasley a la cadena Fox 32 TV, al señalar que la declaración de culpabilidad fue recibida en el tribunal con un «enorme sentimiento colectivo de alivio».
«Nuestra comunidad quería justicia», sostuvo.
Según la fiscalía, Crimo se subió a una azotea con vistas a la ruta del desfile del 4 de julio armado con un rifle semiautomático y vació tres cargadores de 30 balas sobre la multitud antes de huir.
Supuestamente estaba disfrazado con ropa de mujer y había usado maquillaje para ocultar varios tatuajes faciales distintivos, incluida la palabra «Awake» (Despierto) sobre su ceja izquierda y el número «47» en su sien.
Fue capturado unas ocho horas después tras una persecución de patrullas a su coche.
Su padre Robert Crimo Jr se declaró culpable en noviembre de 2023 de conducta imprudente por ayudarlo a conseguir un permiso de armas a pesar de que sabía de su historial de enfermedad mental. Fue condenado a 60 días de cárcel.
