Internacionales
Intervinieron la Penitenciaría de Guayaquil para desarmar a las organizaciones delictivas
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, informó este sábado que casi 800 militares y policías intervinieron la Penitenciaría de Guayaquil.
“Ecuatorianos: sobre la base del Decreto Ejecutivo 878, que extiende el Estado de Excepción en el sistema penitenciario, las @FFAAECUADOR y @PoliciaEcuador, en coordinación con @SNAI_Ec, intervinieron la Penitenciaría de Guayaquil a las 05:30″, indicó el mandatario en sus redes sociales.
Y agregó: “Es un equipo de casi 800 militares y policías que ingresaron al pabellón 4 para hacer un control de armas, municiones y explosivos con el objetivo de desarmar a las organizaciones delictivas”.
“Vamos a seguir, hasta el último día de Gobierno, luchando contra los grupos criminales que generan violencia dentro y fuera de las cárceles”, concluyó.
El operativo de hoy se da luego de que el Ejecutivo ampliara por 30 días más el estado de excepción decretado en julio en el sistema penitenciario del país, conformado por 35 cárceles, para aplacar la crisis de violencia entre bandas criminales que acumula más de 400 reclusos asesinados desde 2020 en una serie de masacres.
El mandatario ecuatoriano prorrogó el estado de excepción a través de un decreto emitido durante su viaje a Estados Unidos, cuando estaba por vencerse el primer periodo de 60 días ordenado el 25 de julio tras la última masacre.
La medida permite el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para realizar intervenciones dentro de los centros penitenciarios.
Durante los primeros dos meses del estado de excepción en las cárceles de Ecuador se han realizado una decena de intervenciones con el ingreso de grandes contingentes de policías y militares a las prisiones para desarmar a las bandas criminales que controlan internamente los recintos penitenciarios.
Fruto de esa serie de requisas, denominadas Camex (control de armas, municiones y explosivos), se decomisaron arsenales compuestos de fusiles, lanzagranadas, pistolas y revólveres, así como granadas, explosivos y decenas de miles de balas de distintos calibres, además de centenares de armas blancas y decenas de kilos de drogas.
La mayoría del armamento se halló en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y poblada de Ecuador, que también ha sido el escenario de las peores masacres registradas en los últimos años en el país.
No solo se hallaron armas en los pabellones regentados por los presos, sino también en dependencias administrado del estatal Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), el organismo encargado de controlar y administrar las prisiones.
Debido a ello quedaron detenidos varios funcionarios, entre ellos el director del Centro de Detención Provisional del complejo carcelario de Guayas, un conjunto de cinco prisiones situadas a las afueras de Guayaquil, donde están recluidas unas 12.300 personas.
Una de esas cinco prisiones es la Cárcel Regional de Guayaquil, en cuya intervención fue trasladado a La Roca, la cárcel de máxima seguridad, el líder de la banda criminal Los Choneros, Adolfo Macías “Fito”, pero un juez revocó la medida para que retornase a su lugar original, controlado por la organización que lidera.
Pocos días después de su retorno a la Regional, La Roca fue atacada con un dron con explosivos, cuya detonación controlada causó severos daños en el tejado del patio de esa prisión.
Asimismo, el Gobierno relaciona los cuatro carros bomba que estallaron en Quito y en la sureña ciudad de Machala a finales de agosto con esta serie de intervenciones, pues se produjeron pocas horas después de que fuese intervenida la cárcel de Latacunga, situada en la provincia de Cotopaxi, a unos 70 kilómetros al sur de la capital ecuatoriana.
El operativo fue acompañado presuntamente del traslado de cabecillas de la banda criminal Los Lobos, lo que desató amotinamientos en al menos otras seis prisiones controladas también por la misma banda, como la de Cuenca, donde los reclusos tomaron como rehenes durante casi dos días a más de medio centenar de policías y guardias carcelarios.
Será Donald Trump quien decidirá qué petroleras tienen su bendición y protección para operar en Vene zuela, después de que las fuerzas armadas de Estados Unidos sacaron de la ecuación hace una semana al depuesto presidente Nicolás Maduro, quien ahora guarda prisión junto con su esposa, Cilia Flores, en Brooklyn, Nueva York.
Trump y su equipo se reunieron ayer en la Casa Blanca, ante la mirada y preguntas de la prensa, con una veintena de empresas multinacionales petroleras y del sector energía. Los poderosos empresarios acudieron al llamado del republicano, pero demostraron gran cautela a la hora de hacer compromisos de comenzar a invertir de inmediato en Venezuela, como es el deseo de Trump, sin seguridad jurídica, un marco comercial establecido y estabilidad política.
«Ustedes están negociando con nosotros directamente, no están negociando con Venezuela en absoluto, no queremos que negocien con Venezuela», advirtió el mandatario, que busca que los inversores pongan $100,000 millones para reactivar la anticuada infraestructura venezolana, ya sea plantas petroleras o eléctricas.
En la rueda de prensa participaron los altos ejecutivos de ExxonMobil, Cono coPhillips, Continental Resources, Valero, Marathon Petroleum, Raisa Energy, Hil corp Energy, Aspect Holdings, Tallgrass Energy, Halliburton y Chevron, la única que sobrevivió a la era de las expropiaciones de Hugo Chávez, todos de Estados Unidos. Del ámbito internacional acudie ron Repsol, Shell, Eni, y Vitol Americas.
El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, fue tajante. Explicó que hoy por hoy no se puede invertir en Venezuela. «Si analizamos las estructuras y marcos legales y comerciales vigentes hoy en Venezuela, no se puede invertir, por lo que es necesario realizar cambios significativos en esos marcos comercia les y en el sistema legal. Debe haber protecciones duraderas para la inversión y debe haber una reforma en la legislación sobre hidrocarburos del país», expresó Woods, que también le recordó a Trump que la gigantesca petrolera perdió todos sus recursos dos veces a manos del chavismo.
Fue en 2007 que la empresa abandonó Venezuela, cuando Chávez nacionalizó a la industria y esta no se doblegó y terminó perdiendo sus activos.
El director ejecutivo de ConocoPhi llips, Ryan Lance, elogió a Trump, como todos en la mesa, pero tampoco hizo compromisos. Conoco, dijo Lance, perdió $12,000 millones ante Chávez. Una buena «amortización», le respondió a Trump.
«Todo va a salir muy bien y habrá mucho dinero de sobra y ese será para Estados Unidos», señaló Trump.
«Son las compañías más grandes del mundo. Saben los riesgos. Los vamos a ayudar y van a estar ahí [en Venezuela] por mucho tiempo. Estaremos ahí, juntos, por mucho tiempo. Estarán haciendo que bajen los precios del petróleo. Estados Unidos será un gran beneficiario por lo que hemos hecho», añadió. El dirigente también dijo que cree que las compañías petroleras utilizarían principalmente trabajadores venezolanos en el terreno, además de estadounidenses.
«Bueno, habrá estadounidenses. Supongo que van a utilizar a muchos estadounidenses, pero me imagino que van a utilizar a mucha gente de Venezuela y otros lugares. Pero creo que sobre todo utilizarán trabajadores venezolanos», acotó. Harold Hamm, fundador de Continental Resources y amigo de Trump, tampoco se mostró positivo, destacando que necesita estabilidad política y regulatoria para invertir.
Para Trump, el Gobierno interino de Delcy Rodríguez está cooperando con él de la forma adecuada. «Venezuela está liberando grandes cantidades de presos políticos como señal de que están “Buscando la Paz” […], por esta cooperación he cancelado la segunda Oleada de Ataques esperada», escribió también ayer el presidente en su plataforma Truth.
Estados Unidos y Venezuela anunciaron el viernes que estaban explorando la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas, mientras una delegación del gobierno de Trump visitaba la nación sudamericana.
La visita marca un paso importante hacia el deshielo de las relaciones entre los gobiernos, históricamente adversarios.
El acercamiento ocurre menos de una semana después de que fuerzas militares estadounidenses capturaron al expresidente Nicolás Maduro en Caracas y lo llevaron a Nueva York, para que enfrente cargos federales por tráfico de drogas.
El pequeño equipo de diplomáticos estadounidenses y un grupo de seguridad viajó a Venezuela para realizar una evaluación preliminar sobre la posible reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas, según informó el Departamento de Estado en un comunicado.
El Gobierno de Venezuela anunció el viernes que tiene previsto enviar una delegación a Estados Unidos, pero no especificó cuándo.
Es probable que cualquier delegación que viaje a Estados Unidos requiera que el Departamento del Tesoro levante las sanciones.
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En un comunicado, el gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó el acercamiento, explicando que «ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de los Estados Unidos de América, con el objetivo de restablecer las misiones diplomáticas en ambos países».
El presidente Donald Trump ha presionado a Rodríguez y a otros antiguos leales a Maduro que ahora están en el poder para que impulsen su visión del futuro de la nación, uno de cuyos aspectos principales sería revitalizar el papel de las empresas petroleras estadounidenses en un país que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo.
La diputada Gladys Aurora López, miembro de la bancada del Partido Nacional de Honduras, fue atacada con un explosivo mientras daba declaraciones en el edificio del parlamento.
La diputada se encontraba cerca de un elevador contestando preguntas de los periodistas en el parlamento de Honduras, cuando fue víctima del ataque.
Tras la explosión la diputada hondureña sufrió lesiones en la parte posterior de la cabeza y la espada, informaron medios de comunicación locales.
“No quiero pensar que sea realmente por temas políticos, pero realmente son cosas que no pueden suceder”, dijo el presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, reaccionando al ataque.
Hasta el cierre de esta nota la policía hondureña no ha informado sobre la detención de sospechosos de cometer el atentado.
