Internacionales
HISTORIA: El robo de la espada de Simón Bolívar y su insólito itinerario que involucra a Fidel Castro y Pablo Escobar
Durante 17 años, el arma del Libertador estuvo en manos del grupo guerrillero que inició sus acciones armadas con ese hurto. Quiénes y dónde ayudaron a esconderla.
«Bolívar, tu espada vuelve a la lucha», decía un letrero ubicado sobre un cojín rojo dentro de una urna de vidrio, donde debía estar el arma con la que el Libertador consiguió la emancipación de la Gran Colombia frente al imperio español, resguardada desde entonces en el Museo Quinta de Bolívar, en pleno centro de Bogotá. Lo insólito había sucedido: se robaron la espada de Simón Bolívar. Y con ello, se dio inició al movimiento insurgente del M-19.
Esa madrugada del 17 de enero de 1974, cinco hombres ejecutaron una acción planeada durante meses. Los guardias del museo fueron reducidos. Irrumpieron en la habitación contigua a los aposentos que una vez fueron de la independentista Manuela Sáenz, rompieron el vidrio de la urna y sacaron la espada, no sin antes dejar el panfleto. El hecho supuso un golpe mediático sin precedentes en Colombia.
Aviso publicitario publicado en el periódico El Tiempo semanas antes del robo.
Además, aquel actio despejó las dudas que semanas antes generó en el país entero una serie de avisos publicitarios que salían en El Tiempo, el periódico con mayor circulación nacional. «Decaimiento…falta de memoria?», «Falta de energía… inactividad?», «Espere M-19″eran algunos de los mensajes que aparecían con un fondo negro de dos triángulos. Se especuló todo tipo de cosas: un nuevo producto de aseo, una nueva novela, un producto de estimulación sexual.
Nadie imaginó lo que realmente fue. Pero después del robo salió un nuevo mensaje que despejó la incertidumbre: «Su espada rompe las telarañas del museo y se lanza a los combates del presente. Pasa a nuestras manos, a las manos del pueblo en armas. Y apunta ahora contra los explotadores del pueblo. (…) Los que nos llamarán subversivos, apátridas, aventureros, bandoleros. (…) Pero Bolívar no está con ellos – los opresores – sino con los oprimidos».
El acto derivó en toda una fila de ciudadanos que buscaban inscribirse al movimiento y alzarse en armas. Así, el grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril, que inició en 1970 con 30 militantes, como respuesta al presunto fraude electoral que llevó a la presidencia a Misael Pastrana Borrero, pasó a tener en pocas semanas unos 200 miembros.
Comenzó entonces una época de actos como el robo de unos 1.000 fusiles de un cantón militar, la toma de la Embajada de República Dominicana en Bogotá (en 1980), el secuestro del dirigente conservador Álvaro Gómez (1988), y la toma del Palacio de Justicia (1985),declarada holocausto por la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH), que dejó 98 muertos, entre ellos once magistrados, y muchos desaparecidos.
Y la pregunta desde entonces, que no ha sido respondida a cabalidad, es dónde estuvo oculta la espada de Simón Bolívar durante 17 años, tiempo en el que el Ejército estuvo en su búsqueda, sin éxito. Su primer paradero, de acuerdo a los pocos registros que existen, fue la casa del poeta León de Greiff. Ahí estuvo varios años hasta que enfermó, y debieron sacarla a las viviendas de otros intelectuales que mantenían contacto con el M-19. Aunque nunca se supieron sus nombres.
La escondían en bloques de cemento, en tubos de PVC. Una vez tuvo que ser movida porque capturaron a un militante que conocía su ubicación. Incluso se especuló que fue vendida a Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín. Su hijo Juan Pablo, hoy conocido como Sebastián Marroquín, contó en un libro que un día su padre llegó con una espada y le dijo que había sido de Simón Bolívar.
Años más tarde se la pidió porque debía devolverla a quienes se la dieron.
Siempre creyó esa historia hasta que habló con Otty Patiño, uno de los fundadores del M-19, quien le contó que por esa época de persecución decidieron sacarla del país. La entregaron al entonces embajador de Cuba en Colombia, Fernando Ravelo, y luego la sacaron en una valija diplomática hacia la isla comandada por Fidel Castro, que nunca confirmó ese hecho.
Dijo Patiño a Marroquín -citados por Semana– que cuando el gobierno de Julio César Turbay se enteró de que miembros del M-19 habían sido entrenados en La Habana para expandirse hacia Chocó y Nariño, decidió romper relaciones diplomáticas con Cuba. La orden fue sacar la espada, y fue enviada a Panamá, a la embajada de ese país. Y allá se quedó hasta el día de su devolución.
Tras un proceso de negociación de paz con el presidente Virgilio Barco, el M-19 se desmovilizó en 1990. El 9 de marzo de ese año se realizó la ceremonia de dejación de armas, luego de la firma del acuerdo por parte del principal líder del grupo insurgente, Carlos Pizarro Leongómez, a quien asesinaron solo un mes después del acto, cuando era el candidato presidencial con más apoyo para llegar a la Casa de Nariño.
Un año después, quien quedó dirigiendo el movimiento, Antonio Navarro Wolff -uno de los co-presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de Colombia de 1991-, confirmó que la espada de Simón Bolívar aún estaba en su poder. Pidieron solo una condición al presidente César Gaviria: entregaban la espada si era guardada en un lugar seguro, porque la guerrilla de las FARC -que tras la desmovilización los consideraban traidores- tenían la intención de robarla.
Fue así como el 31 de enero de 1991, en una ceremonia en la Quinta de Bolívar de Bogotá, el M-19 devolvió la espada de Simón Bolívar, que fue guardada en el depósito del Banco de la República, donde permanece a la fecha.
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
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La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
