Internacionales
HISTORIA: El robo de la espada de Simón Bolívar y su insólito itinerario que involucra a Fidel Castro y Pablo Escobar
Durante 17 años, el arma del Libertador estuvo en manos del grupo guerrillero que inició sus acciones armadas con ese hurto. Quiénes y dónde ayudaron a esconderla.
«Bolívar, tu espada vuelve a la lucha», decía un letrero ubicado sobre un cojín rojo dentro de una urna de vidrio, donde debía estar el arma con la que el Libertador consiguió la emancipación de la Gran Colombia frente al imperio español, resguardada desde entonces en el Museo Quinta de Bolívar, en pleno centro de Bogotá. Lo insólito había sucedido: se robaron la espada de Simón Bolívar. Y con ello, se dio inició al movimiento insurgente del M-19.
Esa madrugada del 17 de enero de 1974, cinco hombres ejecutaron una acción planeada durante meses. Los guardias del museo fueron reducidos. Irrumpieron en la habitación contigua a los aposentos que una vez fueron de la independentista Manuela Sáenz, rompieron el vidrio de la urna y sacaron la espada, no sin antes dejar el panfleto. El hecho supuso un golpe mediático sin precedentes en Colombia.
Aviso publicitario publicado en el periódico El Tiempo semanas antes del robo.
Además, aquel actio despejó las dudas que semanas antes generó en el país entero una serie de avisos publicitarios que salían en El Tiempo, el periódico con mayor circulación nacional. «Decaimiento…falta de memoria?», «Falta de energía… inactividad?», «Espere M-19″eran algunos de los mensajes que aparecían con un fondo negro de dos triángulos. Se especuló todo tipo de cosas: un nuevo producto de aseo, una nueva novela, un producto de estimulación sexual.
Nadie imaginó lo que realmente fue. Pero después del robo salió un nuevo mensaje que despejó la incertidumbre: «Su espada rompe las telarañas del museo y se lanza a los combates del presente. Pasa a nuestras manos, a las manos del pueblo en armas. Y apunta ahora contra los explotadores del pueblo. (…) Los que nos llamarán subversivos, apátridas, aventureros, bandoleros. (…) Pero Bolívar no está con ellos – los opresores – sino con los oprimidos».
El acto derivó en toda una fila de ciudadanos que buscaban inscribirse al movimiento y alzarse en armas. Así, el grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril, que inició en 1970 con 30 militantes, como respuesta al presunto fraude electoral que llevó a la presidencia a Misael Pastrana Borrero, pasó a tener en pocas semanas unos 200 miembros.
Comenzó entonces una época de actos como el robo de unos 1.000 fusiles de un cantón militar, la toma de la Embajada de República Dominicana en Bogotá (en 1980), el secuestro del dirigente conservador Álvaro Gómez (1988), y la toma del Palacio de Justicia (1985),declarada holocausto por la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH), que dejó 98 muertos, entre ellos once magistrados, y muchos desaparecidos.
Y la pregunta desde entonces, que no ha sido respondida a cabalidad, es dónde estuvo oculta la espada de Simón Bolívar durante 17 años, tiempo en el que el Ejército estuvo en su búsqueda, sin éxito. Su primer paradero, de acuerdo a los pocos registros que existen, fue la casa del poeta León de Greiff. Ahí estuvo varios años hasta que enfermó, y debieron sacarla a las viviendas de otros intelectuales que mantenían contacto con el M-19. Aunque nunca se supieron sus nombres.
La escondían en bloques de cemento, en tubos de PVC. Una vez tuvo que ser movida porque capturaron a un militante que conocía su ubicación. Incluso se especuló que fue vendida a Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín. Su hijo Juan Pablo, hoy conocido como Sebastián Marroquín, contó en un libro que un día su padre llegó con una espada y le dijo que había sido de Simón Bolívar.
Años más tarde se la pidió porque debía devolverla a quienes se la dieron.
Siempre creyó esa historia hasta que habló con Otty Patiño, uno de los fundadores del M-19, quien le contó que por esa época de persecución decidieron sacarla del país. La entregaron al entonces embajador de Cuba en Colombia, Fernando Ravelo, y luego la sacaron en una valija diplomática hacia la isla comandada por Fidel Castro, que nunca confirmó ese hecho.
Dijo Patiño a Marroquín -citados por Semana– que cuando el gobierno de Julio César Turbay se enteró de que miembros del M-19 habían sido entrenados en La Habana para expandirse hacia Chocó y Nariño, decidió romper relaciones diplomáticas con Cuba. La orden fue sacar la espada, y fue enviada a Panamá, a la embajada de ese país. Y allá se quedó hasta el día de su devolución.
Tras un proceso de negociación de paz con el presidente Virgilio Barco, el M-19 se desmovilizó en 1990. El 9 de marzo de ese año se realizó la ceremonia de dejación de armas, luego de la firma del acuerdo por parte del principal líder del grupo insurgente, Carlos Pizarro Leongómez, a quien asesinaron solo un mes después del acto, cuando era el candidato presidencial con más apoyo para llegar a la Casa de Nariño.
Un año después, quien quedó dirigiendo el movimiento, Antonio Navarro Wolff -uno de los co-presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de Colombia de 1991-, confirmó que la espada de Simón Bolívar aún estaba en su poder. Pidieron solo una condición al presidente César Gaviria: entregaban la espada si era guardada en un lugar seguro, porque la guerrilla de las FARC -que tras la desmovilización los consideraban traidores- tenían la intención de robarla.
Fue así como el 31 de enero de 1991, en una ceremonia en la Quinta de Bolívar de Bogotá, el M-19 devolvió la espada de Simón Bolívar, que fue guardada en el depósito del Banco de la República, donde permanece a la fecha.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
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Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
