Internacionales
HISTORIA: El robo de la espada de Simón Bolívar y su insólito itinerario que involucra a Fidel Castro y Pablo Escobar
Durante 17 años, el arma del Libertador estuvo en manos del grupo guerrillero que inició sus acciones armadas con ese hurto. Quiénes y dónde ayudaron a esconderla.
«Bolívar, tu espada vuelve a la lucha», decía un letrero ubicado sobre un cojín rojo dentro de una urna de vidrio, donde debía estar el arma con la que el Libertador consiguió la emancipación de la Gran Colombia frente al imperio español, resguardada desde entonces en el Museo Quinta de Bolívar, en pleno centro de Bogotá. Lo insólito había sucedido: se robaron la espada de Simón Bolívar. Y con ello, se dio inició al movimiento insurgente del M-19.
Esa madrugada del 17 de enero de 1974, cinco hombres ejecutaron una acción planeada durante meses. Los guardias del museo fueron reducidos. Irrumpieron en la habitación contigua a los aposentos que una vez fueron de la independentista Manuela Sáenz, rompieron el vidrio de la urna y sacaron la espada, no sin antes dejar el panfleto. El hecho supuso un golpe mediático sin precedentes en Colombia.

Aviso publicitario publicado en el periódico El Tiempo semanas antes del robo.
Además, aquel actio despejó las dudas que semanas antes generó en el país entero una serie de avisos publicitarios que salían en El Tiempo, el periódico con mayor circulación nacional. «Decaimiento…falta de memoria?», «Falta de energía… inactividad?», «Espere M-19″eran algunos de los mensajes que aparecían con un fondo negro de dos triángulos. Se especuló todo tipo de cosas: un nuevo producto de aseo, una nueva novela, un producto de estimulación sexual.
Nadie imaginó lo que realmente fue. Pero después del robo salió un nuevo mensaje que despejó la incertidumbre: «Su espada rompe las telarañas del museo y se lanza a los combates del presente. Pasa a nuestras manos, a las manos del pueblo en armas. Y apunta ahora contra los explotadores del pueblo. (…) Los que nos llamarán subversivos, apátridas, aventureros, bandoleros. (…) Pero Bolívar no está con ellos – los opresores – sino con los oprimidos».

El acto derivó en toda una fila de ciudadanos que buscaban inscribirse al movimiento y alzarse en armas. Así, el grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril, que inició en 1970 con 30 militantes, como respuesta al presunto fraude electoral que llevó a la presidencia a Misael Pastrana Borrero, pasó a tener en pocas semanas unos 200 miembros.
Comenzó entonces una época de actos como el robo de unos 1.000 fusiles de un cantón militar, la toma de la Embajada de República Dominicana en Bogotá (en 1980), el secuestro del dirigente conservador Álvaro Gómez (1988), y la toma del Palacio de Justicia (1985),declarada holocausto por la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH), que dejó 98 muertos, entre ellos once magistrados, y muchos desaparecidos.

Y la pregunta desde entonces, que no ha sido respondida a cabalidad, es dónde estuvo oculta la espada de Simón Bolívar durante 17 años, tiempo en el que el Ejército estuvo en su búsqueda, sin éxito. Su primer paradero, de acuerdo a los pocos registros que existen, fue la casa del poeta León de Greiff. Ahí estuvo varios años hasta que enfermó, y debieron sacarla a las viviendas de otros intelectuales que mantenían contacto con el M-19. Aunque nunca se supieron sus nombres.
La escondían en bloques de cemento, en tubos de PVC. Una vez tuvo que ser movida porque capturaron a un militante que conocía su ubicación. Incluso se especuló que fue vendida a Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín. Su hijo Juan Pablo, hoy conocido como Sebastián Marroquín, contó en un libro que un día su padre llegó con una espada y le dijo que había sido de Simón Bolívar.
Años más tarde se la pidió porque debía devolverla a quienes se la dieron.

Siempre creyó esa historia hasta que habló con Otty Patiño, uno de los fundadores del M-19, quien le contó que por esa época de persecución decidieron sacarla del país. La entregaron al entonces embajador de Cuba en Colombia, Fernando Ravelo, y luego la sacaron en una valija diplomática hacia la isla comandada por Fidel Castro, que nunca confirmó ese hecho.
Dijo Patiño a Marroquín -citados por Semana– que cuando el gobierno de Julio César Turbay se enteró de que miembros del M-19 habían sido entrenados en La Habana para expandirse hacia Chocó y Nariño, decidió romper relaciones diplomáticas con Cuba. La orden fue sacar la espada, y fue enviada a Panamá, a la embajada de ese país. Y allá se quedó hasta el día de su devolución.

Tras un proceso de negociación de paz con el presidente Virgilio Barco, el M-19 se desmovilizó en 1990. El 9 de marzo de ese año se realizó la ceremonia de dejación de armas, luego de la firma del acuerdo por parte del principal líder del grupo insurgente, Carlos Pizarro Leongómez, a quien asesinaron solo un mes después del acto, cuando era el candidato presidencial con más apoyo para llegar a la Casa de Nariño.
Un año después, quien quedó dirigiendo el movimiento, Antonio Navarro Wolff -uno de los co-presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de Colombia de 1991-, confirmó que la espada de Simón Bolívar aún estaba en su poder. Pidieron solo una condición al presidente César Gaviria: entregaban la espada si era guardada en un lugar seguro, porque la guerrilla de las FARC -que tras la desmovilización los consideraban traidores- tenían la intención de robarla.

Fue así como el 31 de enero de 1991, en una ceremonia en la Quinta de Bolívar de Bogotá, el M-19 devolvió la espada de Simón Bolívar, que fue guardada en el depósito del Banco de la República, donde permanece a la fecha.
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La UE ayudará a Google a abrir Android a los servicios de IA rivales
El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).
En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.
El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».
Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.
Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.
Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.
«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.
Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.
«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.
«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».
Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.
El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.
El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.
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Tormenta invernal paraliza gran parte de Estados Unidos y deja decenas de víctimas
Al menos más de 20 personas han muerto en Estados Unidos a causa de una intensa tormenta invernal que ha provocado nevadas históricas, temperaturas extremas y graves afectaciones en amplias zonas del país, informaron autoridades y medios locales.
De acuerdo con registros nacionales, la tormenta dejó acumulaciones superiores a los 30 centímetros de nieve a lo largo de una franja de aproximadamente 2,100 kilómetros, que se extiende desde el estado de Arkansas hasta Nueva Inglaterra. En algunas áreas del noreste, los espesores de nieve superaron incluso los 50 centímetros.
Las muertes reportadas están relacionadas principalmente con accidentes de tránsito en carreteras cubiertas de hielo, casos de hipotermia, incidentes durante la limpieza de nieve y fallas en el suministro eléctrico. Cientos de miles de personas quedaron sin energía eléctrica, especialmente en estados del sur y centro del país, donde este tipo de fenómenos no es habitual.
El impacto de la tormenta también se reflejó en la cancelación de miles de vuelos, el cierre de escuelas y la interrupción de servicios públicos. Las autoridades emitieron alertas por frío extremo, con sensaciones térmicas que en algunas zonas descendieron por debajo de los -30 grados Celsius.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas podrían mantenerse durante varios días más y no descartó la posibilidad de nuevas tormentas invernales, por lo que instó a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
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Colombia bloquea señal de celulares en cárceles tras denuncia de El Salvador por red de estafas
El Gobierno de Colombia anunció este lunes el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en al menos tres cárceles del país, tras denuncias de El Salvador sobre redes de extorsión telefónica que operan desde prisiones colombianas y que afectan a ciudadanos en Centroamérica.
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, informó que la medida se aplicará en los centros penitenciarios de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Valledupar, en el norte del país, y La Dorada, en el centro-occidente, como parte de una ofensiva contra la extorsión desde prisión.
«No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal y punto», afirmó el funcionario durante un acto oficial en una cárcel de Bogotá, según declaraciones recogidas por medios locales y agencias internacionales.
Las medidas fueron anunciadas luego de que autoridades de El Salvador, incluido su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, denunciaron el sábado que una red criminal realiza llamadas extorsivas desde la cárcel de Cómbita, utilizando tecnología que simula secuestros, y que afecta a víctimas en varios países de la región.
El Gobierno salvadoreño señaló que la identificación del origen de las llamadas se realizó con apoyo de tecnología del Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió ubicar los dispositivos en ese centro penitenciario de máxima seguridad, situado a unos 158 kilómetros de Bogotá.
Idárraga advirtió que la extorsión desde cárceles se ha «naturalizado» en Colombia y calificó de inaceptable que este delito traspase fronteras. «No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica», sostuvo, al tiempo que anunció investigaciones y contactos con autoridades salvadoreñas para verificar la información y establecer responsabilidades.
En Colombia, el uso y tenencia de teléfonos celulares e internet por parte de los reclusos está prohibido por ley, pero las autoridades reconocen que el ingreso ilegal de dispositivos es recurrente, en un sistema penitenciario afectado por problemas estructurales como hacinamiento y corrupción.
Según el Ministerio de Justicia de Colombia, el control tecnológico en los centros de reclusión es una de las principales herramientas para combatir las redes de extorsión , aunque la aplicación del bloqueo de señales ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por este delito continúa originándose en las cárceles de ese país, según las autoridades colombianas.


