Internacionales
El crimen organizado le roba la calma a Costa Rica
Un hombre es baleado en la puerta de un hospital, otro en una cancha de fútbol donde jugaban varios niños y en una escuela se realizan simulacros de tiroteo: Costa Rica sufre una escalada de violencia por el crimen organizado ligado al narcotráfico.
El 2023 ya es el año más violento en este país centroamericano desde que hay registros, con 777 homicidios hasta noviembre, 238 más que en el mismo periodo de 2022, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ, policial).
Es un «cáncer» que «no fue detectado a tiempo», dijo a la AFP el ministro de Seguridad Pública (Interior), Mario Zamora. «Tenemos que evitar que haga metástasis», agregó.
Según el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, la inseguridad es hoy la principal preocupación de los costarricenses. «Es un hecho novedoso», afirmó el historiador Hugo Vargas.
Dos personas llegando en moto, un sicario que dispara y alguien muere. La historia se repite prácticamente cada día en las noticias.
«A cada rato hay muertes. Es lo que comemos en las noticias cada mañana desde que nos levantamos», declaró a la AFP Mario Rodríguez, un jubilado de 74 años.
El septuagenario extraña la tranquilidad en un país que por mucho tiempo fue considerado un oasis en una Centroamérica que pasó de décadas de conflictos bélicos y civiles a la violencia del narcotráfico y las pandillas.
«Da un poco de temor, más que todo por los hijos. Tal vez tengan que ir al colegio o a hacer un trabajo con sus compañeros… ya ni pueden jugar a la bola en un parque porque puede pasar una balacera», comentó de su lado la comerciante Alexa Mujica, de 37 años.
Lucha entre bandas
Costa Rica es, como el resto de Centroamérica, puente de la droga que va de Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa.
En el camino, dinero, droga y armas refuerzan pequeños carteles cada vez más organizados.
Dos tercios de los homicidios son ajustes de cuentas en la disputa entre bandas por territorios para el mercado de drogas. El 81% de las muertes fueron cometidas con arma de fuego, a veces fusiles militares AK-47 o AR-15.
«No es una crisis generalizada de inseguridad», sostuvo Zamora.
El gobierno comenzó en mayo una operación anticrimen que desarticuló unas 10 estructuras criminales.
En la caribeña Puerto Limón (provincia de Limón, este), históricamente deprimida y donde la tasa de homicidios es de 35,3 por cada 100.000 habitantes, se instalaron escáneres en el puerto para detectar droga en los contenedores de carga destinados a Estados Unidos y Europa.
Según las proyecciones, Costa Rica cerrará 2023 con unas 900 muertes violentas y una tasa de 17 homicidios por cada 100.000 personas, en un país con 5,1 millones de habitantes.
El año pasado, ya se alcanzó un récord con una tasa de 12,6 homicidios. El promedio mundial es de 8 por cada 100.000 personas, según la ONU.
Ante el agravamiento de la situación, siete proyectos de ley para reforzar la seguridad pública esperan análisis en el Congreso.
«Tormenta perfecta»
Zamora expresó que al asumir en el Ministerio de Seguridad, en mayo pasado, había la misma cantidad de agentes y recursos que en su etapa anterior en el cargo (2011-2014).
En 2013 hubo 407 homicidios, por lo que la cifra creció más del doble en una década. Es necesario «construir las bases de una policía profesional, capacitada» para obtener resultados a medio y largo plazo, consideró.
Con 17.000 efectivos, la Fuerza Pública (policía nacional) se enfrenta a un fenómeno criminal «profesionalizado» y «altamente violento», según Zamora.
«La Policía sabe y conoce normalmente las 340 bandas que operan en el país», precisó.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, coincidió en que para equilibrar esa «lucha desigual» faltan recursos, capacitación y agentes. Se precisan en esta policía judicial 1.080 efectivos adicionales a los 3.500 actuales.
«No podemos tapar el Sol con un dedo», subrayó Zúñiga a la AFP, calificando la situación de «tormenta perfecta».
Álvaro Ramos, exministro de Seguridad, destacó por su parte la necesidad de invertir en educación, salud, prevención, presencia policial para ejercer un «ataque directo a la yugular» del crimen organizado.
«Si abandonamos a la población (…), los criminales organizados van a sustituir al Estado», advirtió.
Para Rafael Rojas, un pintor de 62 años, la solución es clara: «Que inviertan en los pobres y los saquen de la pobreza. Es la principal arma. No es comprar armas, ni patrullas, ni cárceles. Es hacer escuelas, comedores escolares y parques infantiles», aseguró.
La influencer mexicana Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada la tarde del martes dentro de su salón de belleza, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco, según confirmaron autoridades estatales.
La joven, conocida por compartir contenidos sobre belleza y estilo de vida en redes sociales, algunos con hasta 800,000 reproducciones, fue atacada a tiros alrededor de las 18:30 horas locales (00:30 GMT del miércoles) por un sujeto que ingresó al local y disparó directamente en su contra, informó la fiscalía estatal en un comunicado.
“La víctima es una persona con presencia activa e influencia en redes sociales”, destacó la institución, que añadió que el caso está siendo investigado bajo el protocolo de feminicidio.
Elementos de la policía municipal llegaron al establecimiento tras una llamada de emergencia y confirmaron el fallecimiento de Márquez en el lugar. Agentes del Ministerio Público permanecieron en la escena recabando pruebas y testimonios para esclarecer el crimen.
La violencia de género continúa siendo una grave preocupación en México. De acuerdo con ONU Mujeres, 7 de cada 10 mexicanas mayores de 15 años han sufrido algún tipo de agresión, y diariamente se registran en promedio 10 asesinatos de mujeres, sumando homicidios dolosos y feminicidios.
Las autoridades no han reportado hasta el momento detenidos por este hecho.
El asesinato de Luis Armando Córdova Díaz, exdiputado y exsecretario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, se suma a una serie de ataques contra figuras políticas ocurridos recientemente en México, en medio del proceso electoral que culminará el 2 de junio.
Córdova, quien fue legislador entre 2012 y 2015, fue atacado en Zapopan, Jalisco, parte del área metropolitana de Guadalajara. Según informó la Fiscalía del Estado, ya se abrió una investigación para esclarecer el crimen. “Se revisan cámaras de videovigilancia, entrevistas y otros indicios para identificar a los agresores, quienes habrían huido a bordo de una motocicleta”, señaló la institución en un comunicado.
El PRI condenó el homicidio a través de la red social X, donde exigió justicia y alertó sobre la creciente inseguridad. “¡El pueblo no merece vivir con miedo!”, expresó el partido.
Jalisco, considerado bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos del país, es escenario frecuente de violencia, desapariciones y enfrentamientos armados. Zapopan, donde ocurrió el ataque, es además una de las sedes seleccionadas para el Mundial de Fútbol 2026 que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.
El homicidio de Córdova ocurre en un contexto de creciente violencia política en el país. El pasado lunes fue asesinado Esteban Alfonseca, exalcalde de Actopan, Veracruz. Un día antes, Yesenia Lara, candidata a la alcaldía de Texistepec por el partido oficialista Morena, resultó herida tras ser atacada a balazos mientras marchaba en caravana junto a simpatizantes.
Veracruz, donde se celebrarán elecciones locales el próximo 1 de junio para renovar 212 alcaldías, ha sido identificado como un territorio estratégico para el crimen organizado por su ubicación en la costa del Golfo de México.
De acuerdo con analistas, los asesinatos de candidatos y exfuncionarios suelen intensificarse en periodos electorales como una forma en que los grupos delictivos buscan controlar gobiernos locales y ejercer influencia sobre los procesos democráticos.
Un sargento del ejército colombiano perdió la vida tras quedar atrapado en el baño de un autobús que fue incendiado por presuntos guerrilleros disidentes de las FARC en una carretera del departamento de Caquetá, al sur del país. El hecho se registró la noche del martes, informó el Ejército Nacional mediante un comunicado.
Según el reporte oficial, hombres armados interceptaron el autobús que había partido del municipio de San Vicente del Caguán, obligaron a los pasajeros a descender y luego prendieron fuego al vehículo. La víctima, un militar vestido de civil, no logró salir a tiempo y murió calcinado dentro del automotor.
“El ataque constituye una flagrante violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”, denunció el Ejército, que atribuye la acción a un grupo disidente de la extinta guerrilla de las FARC, sin especificar cuál.
En el departamento de Caquetá operan dos facciones del denominado Estado Mayor Central (EMC), la principal agrupación de disidencias de las FARC. Una de ellas, bajo el mando de alias Calarcá, participa en diálogos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro; mientras que la otra, liderada por alias Iván Mordisco, se apartó del proceso en 2023 y ha intensificado su accionar violento contra las fuerzas estatales.
Ambas estructuras se disputan el control de actividades ilegales como el narcotráfico, la extorsión y la deforestación en esa región selvática.
Colombia vive actualmente el pico más alto de violencia en la última década. El presidente Petro ha denunciado la implementación de un “plan pistola” por parte de grupos armados, que consiste en asesinatos sistemáticos de policías y militares. Según cifras oficiales, entre el 15 de abril y el 5 de mayo, esta ofensiva ha dejado más de 30 uniformados muertos.
El «plan pistola» recuerda la estrategia empleada por el narcotraficante Pablo Escobar en los años noventa, cuando ofrecía recompensas por cada miembro de la fuerza pública asesinado.
Como medida preventiva, el Ministerio de Defensa recomendó a principios de mayo que los integrantes de las fuerzas armadas se desplacen vestidos de civil para reducir el riesgo de ser atacados.
Colombia continúa sumida en un conflicto armado interno que, a lo largo de seis décadas, ha dejado más de 9,5 millones de víctimas entre muertos, desplazados y desaparecidos, de acuerdo con registros oficiales.
