Judicial
Juez sobresee a Enrique Rais y pone fin al proceso penal
El Juzgado 14 de Paz de San Salvador, decretó sobreseimiento definitivo a favor de Enrique Rais, quien fuese acusado por los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, por los delitos de administración fraudulenta y estafa; que al no ser probados por los acusantes en el tiempo establecido, el caso queda cancelado imposibilitando a los extranjeros a continuar con las acusaciones y extingue las acciones civiles y penales.
En el Código Penal el «sobreseimiento definitivo» procede cuando hay inexistencia de hecho, inexistencia de delito o falta de participación del imputado en el delito; falta de indicios en que fundar la acusación y de previsibilidad de incorporar nuevos elementos en que basar la acusación.
La acusación fue presentada por los canadienses en diciembre del 2013 y marzo 2014, donde estos denunciaron a Rais, un familiar y empleados acusando de malversar fondos de la empresa, además lo demandaron por estafa, donde lo señalaban por transferencia de acciones de la empresa de Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) indicando que también tenía pagos pendientes por la compraventa de las acciones.
Enrique Rais expuso a los canadienses, previo a estas acusaciones, por extorsión, apropiación o retención indebida, al obligarlo a firmar un acuerdo simulado para pagarles un total de $25 millones, ejerciendo amenazas de dañarlo a él, a su familia y bienes. Por lo que los extranjeros ya tienen orden penal internacional por esta causa.
«Esta resolución es un gran paso para la justicia que como defensa hemos batallado judicialmente para alcanzar y que además demuestra que la persecución penal promovida por la Fiscalía (General de la República) durante la administración de Douglas Meléndez fue arbitraria, fabricada sobre prueba falsa, prueba ilícita y testigos sin rostro (testigos protegidos)», explica Carlos Rubio, apoderado legal de Enrique Rais.
Douglas Meléndez ha sido señalado por la fabricación de casos, lo cual ha sido expuesto por el actual fiscal Raúl Melara, quien indicó que hacían difusión mediática de casos, dejando un lado la y investigación y garantías de pruebas.
La fiscalía tuvo un año para darle seguimiento a este caso, desde el 29 de abril del 2016 al 28 de abril de 2017, sin embargo por ser un caso de importancia mediática, fue hasta el 26 de abril de 218, que la FGR lo abre arbitrariamente, según indica en la resolución el Juez 14 de Paz.
«Tal y como ha quedado reflejado, para citar ejemplos me permito mencionar, ninguna de las diligencias mencionadas y encomendadas por la Cámara Tercera, fue instalada ante este Juzgado(…), a última hora, fiscalía en una especie de lotería, o intento descontrolado bajo una forma de irrespeto a la objetividad, al juez natural, al derecho de audiencia, defensa, principios de inmediación, concentración y contradicción viene y presenta certificaciones de otros juzgados y con base a ello pretendió reaperturar el caso», señala el Juez.
La Organización de las Naciones Unidad (ONU) habría hecho un llamado a detener, el proceso de detención contra Rais, y tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por violaciones a los Derechos Humanos dentro de este caso.
«Queda demostrada la falacia contenida en el caso corruptela, que fabricado en actas de confesiones extrajudiciales (de 4 fiscales auxiliares y 2 empleados de la FGR) que después fueron invalidados ante el reconocimiento de sus propios autores que las habían otorgado sin la voluntad plena por coacciones sufridas de los agentes fiscales e investigadores a cargo del caso, donde se sostiene que el Sr. Enrique Rais, compró voluntades para obtener beneficios y ser sobreseído en perjuicio de los canadienses», señala el abogado.
Rubio indicó que el fiscal dilató el proceso y no solicitó la reapertura del caso al no poder demostrarse la calidad de accionistas o de acreedores por parte los denunciantes.
«Cuando ahora la realidad demuestra que fue la Fiscalía bajo administración de Douglas Meléndez que no realizó diligencias para pedir la reapertura al no poder demostrarse la calidad de accionistas o de acreedores por parte de Matteo Pasquale y Franco Pacetti».
Con la resolución del juez, el caso quedaría cerrado, y exonera de acción civil y penal a Enrique Rais y a las demás personas que fueron falsamente acusadas.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
