Judicial
Juez sobresee a Enrique Rais y pone fin al proceso penal
El Juzgado 14 de Paz de San Salvador, decretó sobreseimiento definitivo a favor de Enrique Rais, quien fuese acusado por los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, por los delitos de administración fraudulenta y estafa; que al no ser probados por los acusantes en el tiempo establecido, el caso queda cancelado imposibilitando a los extranjeros a continuar con las acusaciones y extingue las acciones civiles y penales.
En el Código Penal el «sobreseimiento definitivo» procede cuando hay inexistencia de hecho, inexistencia de delito o falta de participación del imputado en el delito; falta de indicios en que fundar la acusación y de previsibilidad de incorporar nuevos elementos en que basar la acusación.
La acusación fue presentada por los canadienses en diciembre del 2013 y marzo 2014, donde estos denunciaron a Rais, un familiar y empleados acusando de malversar fondos de la empresa, además lo demandaron por estafa, donde lo señalaban por transferencia de acciones de la empresa de Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) indicando que también tenía pagos pendientes por la compraventa de las acciones.
Enrique Rais expuso a los canadienses, previo a estas acusaciones, por extorsión, apropiación o retención indebida, al obligarlo a firmar un acuerdo simulado para pagarles un total de $25 millones, ejerciendo amenazas de dañarlo a él, a su familia y bienes. Por lo que los extranjeros ya tienen orden penal internacional por esta causa.
«Esta resolución es un gran paso para la justicia que como defensa hemos batallado judicialmente para alcanzar y que además demuestra que la persecución penal promovida por la Fiscalía (General de la República) durante la administración de Douglas Meléndez fue arbitraria, fabricada sobre prueba falsa, prueba ilícita y testigos sin rostro (testigos protegidos)», explica Carlos Rubio, apoderado legal de Enrique Rais.
Douglas Meléndez ha sido señalado por la fabricación de casos, lo cual ha sido expuesto por el actual fiscal Raúl Melara, quien indicó que hacían difusión mediática de casos, dejando un lado la y investigación y garantías de pruebas.
La fiscalía tuvo un año para darle seguimiento a este caso, desde el 29 de abril del 2016 al 28 de abril de 2017, sin embargo por ser un caso de importancia mediática, fue hasta el 26 de abril de 218, que la FGR lo abre arbitrariamente, según indica en la resolución el Juez 14 de Paz.
«Tal y como ha quedado reflejado, para citar ejemplos me permito mencionar, ninguna de las diligencias mencionadas y encomendadas por la Cámara Tercera, fue instalada ante este Juzgado(…), a última hora, fiscalía en una especie de lotería, o intento descontrolado bajo una forma de irrespeto a la objetividad, al juez natural, al derecho de audiencia, defensa, principios de inmediación, concentración y contradicción viene y presenta certificaciones de otros juzgados y con base a ello pretendió reaperturar el caso», señala el Juez.
La Organización de las Naciones Unidad (ONU) habría hecho un llamado a detener, el proceso de detención contra Rais, y tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por violaciones a los Derechos Humanos dentro de este caso.
«Queda demostrada la falacia contenida en el caso corruptela, que fabricado en actas de confesiones extrajudiciales (de 4 fiscales auxiliares y 2 empleados de la FGR) que después fueron invalidados ante el reconocimiento de sus propios autores que las habían otorgado sin la voluntad plena por coacciones sufridas de los agentes fiscales e investigadores a cargo del caso, donde se sostiene que el Sr. Enrique Rais, compró voluntades para obtener beneficios y ser sobreseído en perjuicio de los canadienses», señala el abogado.
Rubio indicó que el fiscal dilató el proceso y no solicitó la reapertura del caso al no poder demostrarse la calidad de accionistas o de acreedores por parte los denunciantes.
«Cuando ahora la realidad demuestra que fue la Fiscalía bajo administración de Douglas Meléndez que no realizó diligencias para pedir la reapertura al no poder demostrarse la calidad de accionistas o de acreedores por parte de Matteo Pasquale y Franco Pacetti».
Con la resolución del juez, el caso quedaría cerrado, y exonera de acción civil y penal a Enrique Rais y a las demás personas que fueron falsamente acusadas.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
