Judicial
Presentan acusación contra Neto Muyshondt por apropiación indebida de tributaciones
La Fiscalía General de la República (FGR), presentó ante Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador el dictamen de acusación contra del exalcalde capitalino Ernesto Muyshondt, quien está recluido en el penal de Mariona por los delitos de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias e incumplimiento de deberes.
Muyshondt, quien se mantiene en prisión tras un proceso penal que la FGR le inició en el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador desde el 15 de junio del año 2021, junto a él, también son acusados el extesorero de la alcaldía de capitalina, Fernando Portillo Linares y Francisco José Rivera Chacón, exrepresentante legal de la comuna.
De acuerdo con la institución los tres imputados son señalados por el ministerio público de haberse apropiado indebidamente de $275,145, entre junio y diciembre del año 2020, lo que al sumarle la multa correspondiente y los intereses ascienden a un total de $571,258.
Según la institución las investigaciones del caso dieron inicio luego de indagar el caso sobre un aviso que fue presentado por la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, en donde se habría informado que durante una auditoría realizada en la Dirección Municipal para la Gestión de Desechos Sólidos de la alcaldía de San Salvador, se detectó que se había retenido el monto anteriormente mencionado en concepto de renta por $275,145, y que no fue pagado en el Ministerio de Hacienda.
Durante la presentación del dictamen de acusación una de las fiscales del caso aseguró que “el ministerio público fiscal cuenta con suficientes elementos tanto de carácter documental, testimonial como pericial para robustecer el dictamen de acusación que ahora se presenta», dijo una de las fiscales al momento de presentar la investigación final del proceso”.
Entretanto el exalcalde capitalino también mantiene un proceso penal vigente en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, donde se le acusa por su vinculación con agrupaciones ilícitas y fraude electoral, ya que mientras fungió habría llevado a cabo negociaciones con grupos delincuenciales.
Óscar José Amaya Guevara fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia fue impuesta en un proceso sumario por el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad.
Según la acusación fiscal, Amaya Guevara fue detenido el pasado 8 de mayo de 2025 mientras ingería bebidas alcohólicas en un restaurante del Puerto de La Libertad. La Policía Nacional Civil (PNC) recibió una alerta sobre su comportamiento, ya que manipulaba un arma de fuego en evidente estado de ebriedad.
Al realizarle una prueba antidoping, el resultado arrojó 162 grados de alcohol. Además, no presentó documentos que acreditaran la portación legal del arma ni la matrícula correspondiente.
Durante la audiencia, el tribunal consideró suficientes las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la FGR para dictar la condena.
Amaya Guevara ya tenía antecedentes. En noviembre de 2023 fue detenido por amenazar con arma de fuego a trabajadores en un lugar público y por atentar contra conductores y un motociclista en la carretera al Puerto de La Libertad. En ese caso, fue procesado por homicidio tentado y disparo de arma de fuego, y se le decomisaron un arma, municiones y un vehículo.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra Julio Alonso Revelo Martínez y José Guillermo Arce Marín, señalados de traficar 114 kilogramos de cocaína. El proceso fue judicializado en el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad, donde la FGR solicitó la detención provisional mientras avanza el proceso penal.
Según la acusación fiscal, ambos imputados, residentes en San Luis La Herradura (La Paz), transportaban la droga oculta en una hielera acondicionada con un compartimiento secreto. La embarcación fue interceptada el pasado 18 de junio a tres millas y media náuticas de la playa Toluca, en aguas territoriales del departamento de La Libertad.
El operativo fue ejecutado por el Grupo Especial Antinarcóticos, en coordinación con la División Antinarcóticos y la División de la Policía Costera de la PNC.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó a través de redes sociales que los detenidos forman parte de una estructura de narcotráfico regional. «Salieron de Nicaragua y pretendían llevar la droga a Guatemala, pero su operación fue truncada gracias al trabajo coordinado entre nuestra Policía Costera y la División Antinarcóticos», publicó.
Durante la inspección de la embarcación se localizaron paquetes que, tras pruebas de campo, dieron positivo a cocaína. El cargamento fue valorado en aproximadamente $2.8 millones.
El fiscal del caso confirmó que se ha solicitado la instrucción formal con imposición de medidas cautelares de detención provisional.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
