Internacionales
Perú promulga ley que limita condenas por lesa humanidad y favorece al expresidente Fujimori
Perú promulgó el viernes una ley que elimina las sanciones por el delito de lesa humanidad durante el conflicto armado interno (1980-2000) que dejó miles de muertos y favorece al expresidente Alberto Fujimori así como a cientos de militares investigados o enjuiciados por masacres y asesinatos.
La ley que prescribe los crímenes de lesa humanidad antes de 2002 no tuvo ninguna observación por la presidenta Dina Boluarte y fue promulgada, desobedeciendo así una orden de julio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que indicó a Boluarte, al Congreso y al Poder Judicial que debían dejar sin efecto la que entonces aún era una propuesta de ley, porque contraviene el derecho internacional.
Tras promulgarse, la nueva ley, hubo reacciones cuestionándola nuevamente, una de ellas fue la del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, quien dijo que su promulgación es “un hecho preocupante, en un contexto más amplio de retrocesos en materia de derechos humanos y el estado de derecho en Perú».
“Los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra figuran entre las violaciones más graves del derecho internacional y no deben ser objeto de amnistías ni prescripción”, dijo Türk en un comunicado.
Perú vivió un conflicto armado interno con miles de muertos —en su mayoría campesinos indígenas de los Andes y la Amazonía— entre 1980 y 2000.
En esta guerra interna se enfrentaron las fuerzas de seguridad estatales contra el grupo terrorista Sendero Luminoso. El conflicto derivó en decenas de investigaciones y procesos en contra de decenas de militares y miembros de Sendero Luminoso.
Según un cálculo de la fiscalía peruana difundido en junio, la promulgación de la ley tendrá consecuencias sobre 550 víctimas y 600 casos —entre investigaciones y procesos judiciales—, que tendrían que ser archivados o concluidos por prescripción, es decir, porque se extinguiría la responsabilidad penal debido al paso del tiempo.
De acuerdo con expertos, la ley beneficiará en especial al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Un caso emblemático durante su gobierno fue el conocido como Barrios Altos y La Cantuta por el cual el exmandatario fue sentenciado y cumplió prisión entre 2007 y 2023 por el asesinato de 25 peruanos en 1992. Fujimori salió de la cárcel en diciembre cuando el gobierno lo liberó para cumplir un polémico indulto presidencial de 2017 avalado por el Tribunal Constitucional.
Asimismo, la fiscalía indicó que la ley también favorecería a Fujimori en otro juicio activo en el que enfrenta una pena por 25 años por el asesinato de seis campesinos ocurrido en 1992.
La iniciativa que hoy, convertida en ley, beneficia al expresidente fue impulsada con los votos del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, hija del exmandatario y fue posible también con el voto de legisladores que fueron militares activos durante el conflicto armado.
Boluarte tiene un 5 % de aprobación y un 90 % de impopularidad, según una encuesta efectuada en julio por el Instituto de Estudios Peruanos. El Congreso es más impopular, con apenas 4 % de aprobación y 94 % de impopularidad, según la misma encuestadora.
Gracias a la protección de una coalición de grupos políticos en el Parlamento, incluido Fuerza Popular, la mandataria ha sobrevivido a siete intentos de destitución en sus 20 meses de gestión.
Las autoridades guatemaltecas recapturaron a Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias “Black Demon”, integrante de la clica Latin Family del Barrio 18, quien se había fugado el pasado 13 de octubre del centro penitenciario Fraijanes II.
Medios locales informaron que el juez ordenó su traslado al centro carcelario de Matamoros, una prisión militar de máxima seguridad destinada a reos de alto perfil, debido a los suficientes elementos para mantenerlo en prisión mientras continúa el proceso judicial.
El traslado de “Black Demon”, quien solo tiene una pierna, al área de aislamiento de Matamoros responde a su alta peligrosidad y busca evitar nuevas fugas o contactos con estructuras criminales.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este jueves que las personas que critican su gestión lo hacen por “envidia”. Según dijo, su liderazgo se mantiene porque “quiere a su pueblo” y cuenta con el apoyo de “millones de hombres y mujeres” en el país.
Las declaraciones se viralizaron en redes sociales, donde numerosos usuarios lo cuestionaron y lo acusaron de aferrarse al poder en Venezuela.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo un llamado a la coordinación entre las autoridades para combatir al crimen organizado, luego de la masiva operación policial realizada el martes en las favelas de Penha y Alemão, en la zona norte de Río de Janeiro, que dejó 130 muertos.
“No podemos aceptar que el crimen organizado continúe destruyendo familias, oprimiendo a los vecinos y esparciendo droga y violencia por las ciudades”, escribió Lula en la red social X.
El mandatario enfatizó la importancia de trabajar de manera coordinada para atacar la “espina dorsal” del crimen sin poner en riesgo a policías y civiles. Asimismo, recordó la reforma de la ley de seguridad presentada por su Gobierno, que busca la actuación conjunta de todas las fuerzas policiales.
La operación tenía como objetivo capturar a los principales cabecillas del Comando Vermelho, considerada una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de Río de Janeiro.
