Internacionales
Paro nacional en Panamá en rechazo a contrato minero con firma canadiense
Organizaciones sindicales y gremiales en Panamá llamaron a la población a un cierre total por 24 horas a nivel nacional para este 16 y 20 de noviembre.
Los dirigentes de las agrupaciones exigen al gobierno la derogación de la ley 406 del contrato que otorga a Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, una concesión por 20 años prorrogables para operar una gigantesca mina de cobre, que representa, según la empresa, cerca del 5 % del Producto Interno Bruto del país.
Fernando Abrego, dirigente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), dijo que denuncian la represión a la que son sometidas las organizaciones que protestan, a la vez que reiteró que no descansarán hasta sacar del país a la canadiense First Quantum.
“Nuestro objetivo es la derogación de la ley 406. Sabemos que la Corte Suprema de Justicia, si declara inconstitucionalidad será de carácter parcial de uno o dos artículos, y la empresa seguirá operando, porque ya hay un compromiso económico de quienes impulsan este modelo de desarrollo destructivo”, explicó Asoprof.
Sin embargo, expertos en derecho internacional y constitucionalistas han expresado que la mejor salida para Panamá es el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, ya que el país tendría mayores ventajas para enfrentar una demanda de la minera.
Mientras tanto, las agrupaciones “Panamá Vale Más Sin Minería”, “Sal de las Redes”, “Ya es Ya” y miembros de la sociedad civil, se mantienen en una vigilia permanente a el exterior de la Corte a la espera del fallo sobre las 8 demandas que han sido presentadas contra el contrato ley.
Gremiales empresariales no apoyan el paro
Por otra parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) Adolfo Fábrega, anunció que están solicitando a los ciudadanos que acudan a trabajar, y al gobierno que garantice el libre tránsito y haga cumplir la Constitución.
“Los panameños hemos demostrado que sabemos manifestarnos de forma pacífica y alcanzar lo reclamado. Ahí está la moratoria minera; ahí están quienes se encuentran vigilantes en la Corte Suprema de Justicia por el fallo sobre la Ley 406″, dijo Fábrega.
También, la Cámara de Comercio de Chiriquí rechazó el llamado a cierre y paralización de actividades, y exhortó a los empresarios a mantenerse firmes y continuar con sus actividades comerciales en la medida de sus posibilidades.
Otra organización que se manifestó fue el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) que insistió en la apertura de las vías, tras las afectaciones que han sufrido el sector primario y la industria agroalimentaria en todos los polos productivos del país.
Hasta el momento, Conep estima pérdidas por el orden de 1.700 millones de dólares en la economía nacional y 15.000 empleos temporales.
“Tenemos que buscar un terreno común que permita que todos los panameños nos pongamos de acuerdo, porque es imposible que podamos insertarnos en el futuro si se sigue degradando la educación, el tejido empresarial y los trabajos”, señaló Rubén Castillo, presidente de Conep.
A raíz de esta coyuntura, los empresarios lanzaron la iniciativa “Liberemos a Panamá”, mediante la cual implementarán medidas para defender la vida productiva del país y los puestos de trabajo.
La aerolínea Air Canada suspendió el lunes sus vuelos a Cuba debido a una escasez de combustible en la isla, que enfrenta un estrangulamiento energético impuesto por Estados Unidos.
«En los próximos días, la aerolínea realizará vuelos sin pasajeros para recoger a unos 3.000 clientes que ya se encuentran en destino y llevarlos de regreso a sus hogares», precisó Air Canada en un comunicado.
Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que a partir de este lunes a la medianoche el suministro de combustible quedará suspendido durante un mes debido a la crisis energética.
Las autoridades de Chile detuvo a 34 presuntos miembros de la organización criminal peruana Los Pulpos y logró prácticamente erradicarla en el país, tras una serie de operativos policiales en enero de 2026, informó el lunes la policía chilena.
La banda criminal, surgida en la ciudad de Trujillo, en el norte de Perú, está vinculada a delitos de extorsión con pedidos de pago de hasta 14,000 dólares, según denuncias registradas en ese país.
Tras una serie de operativos, se logró «la detención en enero de 34 personas integrantes de esta organización criminal, pudiendo detener a sus líderes, a sus brazos operativos y a sus testaferros», anunció el subprefecto Cristián Sepúlveda en una conferencia realizada en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).
Esta célula que operaba en la zona centro-norte de Santiago «termina prácticamente desbaratada», celebró Luis Cordero, ministro de Seguridad de Chile.
De los detenidos, 32 son ciudadanos peruanos, uno es chileno y otro de una nacionalidad no especificada.
La policía chilena detectó la presencia de la banda criminal en la capital en 2021. Desde entonces detuvo en total a 50 personas asociadas a la organización, indicó a la AFP el equipo de prensa de la PDI.
El golpe a Los Pulpos forman parte de otros grandes operativos de Chile contra el crimen organizado.
Aunque Chile es uno de los países más seguros del continente, los delitos violentos han aumentado en la última década y la inseguridad se transformó en la principal preocupación del país, según encuestas.
La fiscalía chilena reportó 868 secuestros en 2024, un 76 % más respecto a 2021. Los homicidios se han estabilizado en los últimos años, pero aumentaron un 140% en una década: de una tasa de 2,5 casos por cada 100.000 habitantes pasó a 6 en 2024, según el gobierno.
Guatemala presentó nuevas instalaciones carcelarias construidas con contenedores adaptados como celdas de máxima seguridad, destinadas a recluir a líderes de estructuras delincuenciales, como parte del endurecimiento de su régimen penitenciario, informaron autoridades del país.
El nuevo modelo penitenciario busca reforzar el control interno y reducir los privilegios dentro de los centros de detención, mediante espacios individuales diseñados para limitar la comunicación no autorizada y fortalecer la supervisión permanente. Las autoridades señalaron que estas instalaciones cumplen estándares de seguridad reforzada y están orientadas a un control más estricto de personas consideradas de alta peligrosidad.
De acuerdo con el anuncio oficial, la medida forma parte de una estrategia integral de seguridad que incluye la reestructuración del sistema penitenciario, el fortalecimiento de la disciplina interna y la reducción de prácticas que históricamente han facilitado el control informal dentro de las cárceles.
El uso de contenedores adaptados permite una implementación más rápida de infraestructura especializada, con diseños que priorizan la vigilancia, el aislamiento y la eficiencia operativa. Las autoridades indicaron que este esquema busca prevenir la coordinación de actividades ilícitas desde el interior de los centros penales.
Las nuevas disposiciones marcan un giro en la política de seguridad de Guatemala, en un contexto de mayor presión gubernamental para recuperar el control del sistema penitenciario y reforzar las acciones contra estructuras criminales, bajo un enfoque de orden institucional y cumplimiento de la ley.
«Querían cama king size, aire acondicionado, comida de restaurante e internet. Pero se toparon con un gobierno que no cede. Bienvenidos a sus nuevas celdas. Se acabaron los privilegios.» señalo en sus redes sociales el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo
