Internacionales
Paro nacional en Panamá en rechazo a contrato minero con firma canadiense
Organizaciones sindicales y gremiales en Panamá llamaron a la población a un cierre total por 24 horas a nivel nacional para este 16 y 20 de noviembre.
Los dirigentes de las agrupaciones exigen al gobierno la derogación de la ley 406 del contrato que otorga a Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, una concesión por 20 años prorrogables para operar una gigantesca mina de cobre, que representa, según la empresa, cerca del 5 % del Producto Interno Bruto del país.
Fernando Abrego, dirigente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), dijo que denuncian la represión a la que son sometidas las organizaciones que protestan, a la vez que reiteró que no descansarán hasta sacar del país a la canadiense First Quantum.
“Nuestro objetivo es la derogación de la ley 406. Sabemos que la Corte Suprema de Justicia, si declara inconstitucionalidad será de carácter parcial de uno o dos artículos, y la empresa seguirá operando, porque ya hay un compromiso económico de quienes impulsan este modelo de desarrollo destructivo”, explicó Asoprof.
Sin embargo, expertos en derecho internacional y constitucionalistas han expresado que la mejor salida para Panamá es el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, ya que el país tendría mayores ventajas para enfrentar una demanda de la minera.
Mientras tanto, las agrupaciones “Panamá Vale Más Sin Minería”, “Sal de las Redes”, “Ya es Ya” y miembros de la sociedad civil, se mantienen en una vigilia permanente a el exterior de la Corte a la espera del fallo sobre las 8 demandas que han sido presentadas contra el contrato ley.
Gremiales empresariales no apoyan el paro
Por otra parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) Adolfo Fábrega, anunció que están solicitando a los ciudadanos que acudan a trabajar, y al gobierno que garantice el libre tránsito y haga cumplir la Constitución.
“Los panameños hemos demostrado que sabemos manifestarnos de forma pacífica y alcanzar lo reclamado. Ahí está la moratoria minera; ahí están quienes se encuentran vigilantes en la Corte Suprema de Justicia por el fallo sobre la Ley 406″, dijo Fábrega.
También, la Cámara de Comercio de Chiriquí rechazó el llamado a cierre y paralización de actividades, y exhortó a los empresarios a mantenerse firmes y continuar con sus actividades comerciales en la medida de sus posibilidades.
Otra organización que se manifestó fue el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) que insistió en la apertura de las vías, tras las afectaciones que han sufrido el sector primario y la industria agroalimentaria en todos los polos productivos del país.
Hasta el momento, Conep estima pérdidas por el orden de 1.700 millones de dólares en la economía nacional y 15.000 empleos temporales.
“Tenemos que buscar un terreno común que permita que todos los panameños nos pongamos de acuerdo, porque es imposible que podamos insertarnos en el futuro si se sigue degradando la educación, el tejido empresarial y los trabajos”, señaló Rubén Castillo, presidente de Conep.
A raíz de esta coyuntura, los empresarios lanzaron la iniciativa “Liberemos a Panamá”, mediante la cual implementarán medidas para defender la vida productiva del país y los puestos de trabajo.
El impactante colapso de una carretera en el distrito indonesio de Bener Meriah quedó registrado en un video sembrando el pánico entre los residentes.
El derrumbe ocurrió cuando un socavón, formado por la intensa erosión del agua, cedió por completo bajo la fuerza del paso hidráulico.
En las imágenes se aprecia cómo el asfalto se quiebra y se desploma en cuestión de segundos, mientras los vecinos observan sin poder creer lo que estaba sucediendo.
El episodio tuvo lugar en un contexto de graves inundaciones que continúan devastando amplias zonas de la isla de Sumatra.
El balance oficial es estremecedor: al menos 770 personas fallecieron y hay centenares de desaparecidos.
Fuentes de inteligencia penitenciaria y un explosivo dossier internacional confirman que Jorge Alberto Gaitán Castro, el polémico empresario guatemalteco acusado de liderar una red transnacional de fraude millonario y blanqueo de capitales, estaría ejecutando un sofisticado plan de fuga desde el Preventivo de la Zona 18 (Mariscal Zavala), donde disfruta de privilegios que ningún reo común siquiera sueña.
Gaitán Castro, detenido desde marzo de 2025 y con orden de extradición activa a El Salvador además de alerta roja de Interpol por vínculos con fugitivos estadounidenses, lleva meses pagando 5.000 dólares mensuales a estructuras de la Mara Salvatrucha (MS-13), considerada organización terrorista.
Ese dinero, según documentos filtrados, garantiza “protección interna” y, lo más alarmante, la preparación de una evasión espectacular. Cualquier pago a pandillas terroristas es catalogado automáticamente como acto de terrorismo. Entonces, ¿Por qué este sujeto sigue en una celda VIP en lugar de pudrirse en el infierno de Pavoncito?Privilegios que gritan corrupción a los cuatro vientosEn mayo de 2025 una requisa encontró un celular de alta gama escondido en su celda.
En agosto y septiembre del mismo año tres órdenes judiciales de traslado a Pavoncito fueron ignoradas con el pretexto de “seguridad”. Mientras tanto, Gaitán recibe reuniones familiares dentro del penal, visitas de lujo y acceso irrestricto a abogados que arrastran escándalos por todo Centroamérica.
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El cerebro jurídico detrás de este blindaje incluye nombres que congelan la sangre: Julio Taracena, abogado de cabecera de la magistrada Elia Raquel Perdomo; Gustavo Juárez, histórico defensor de la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti, condenada por corrupción; y las hermanas Piedad Isabel Soberanis Alonzo y Marla Janet Ruiz Alonzo, señaladas en múltiples expedientes por representar estructuras terroristas y facilitar fugas de alto perfil.
Este empresario está acusado de pertenecer a un cartel financiero que, junto a socios de TPG Peppertree y otros fondos buitre, hundía empresas centroamericanas para saquear sus activos. El esquema dejó miles de desempleados en Guatemala y El Salvador, y hoy Gaitán es uno de los últimos eslabones visibles antes de que la extradición lo siente frente a jueces que no se venden tan fácil.
Autoridades consultadas en reserva advierten: “Si Gaitán logra fugarse, será el golpe más duro al sistema penitenciario desde la época de ‘El Rey del Pavón’”.
La extradición puede ejecutarse en cualquier momento y cada día que pasa con él en Mariscal Zavala es un día que le regalan a un hombre que ya demostró que puede comprar guardias, pandillas y hasta órdenes judiciales.La pregunta que retumba en todo Guatemala es una sola: ¿Quién responde si mañana amanecemos con la noticia de que Jorge Alberto Gaitán Castro voló de la cárcel como tantos otros antes que él?
La ciudadanía exige traslado INMEDIATO a Pavoncito, investigación exhaustiva a directivos penitenciarios y corte total de privilegios y comunicaciones.
Porque mientras un narcoempresario sigue manejando su escape desde una celda con WiFi, la justicia guatemalteca vuelve a sangrar por la herida que nunca cierra.
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Ronald José Salvador Montenegro, de 55 años, realizaba un ejercicio de ‘press’ de banca cuando la barra cayó sobre su pecho y le provocó la muerte.
El hecho ocurrió el pasado lunes y fue registrado por las cámaras de seguridad en un centro de entrenamiento en Olinda, Brasil.
El caso se está tratando como una muerte accidental y la policía está investigando el equipo y las circunstancias del entrenamiento.
Ronald era presidente del Centro Cultural Palacio de los Huesos Gigantes en Olinda y era reconocido por su labor con las tradiciones culturales de la ciudad.
