Internacionales
Paro nacional en Panamá en rechazo a contrato minero con firma canadiense
Organizaciones sindicales y gremiales en Panamá llamaron a la población a un cierre total por 24 horas a nivel nacional para este 16 y 20 de noviembre.
Los dirigentes de las agrupaciones exigen al gobierno la derogación de la ley 406 del contrato que otorga a Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, una concesión por 20 años prorrogables para operar una gigantesca mina de cobre, que representa, según la empresa, cerca del 5 % del Producto Interno Bruto del país.
Fernando Abrego, dirigente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), dijo que denuncian la represión a la que son sometidas las organizaciones que protestan, a la vez que reiteró que no descansarán hasta sacar del país a la canadiense First Quantum.
“Nuestro objetivo es la derogación de la ley 406. Sabemos que la Corte Suprema de Justicia, si declara inconstitucionalidad será de carácter parcial de uno o dos artículos, y la empresa seguirá operando, porque ya hay un compromiso económico de quienes impulsan este modelo de desarrollo destructivo”, explicó Asoprof.
Sin embargo, expertos en derecho internacional y constitucionalistas han expresado que la mejor salida para Panamá es el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, ya que el país tendría mayores ventajas para enfrentar una demanda de la minera.
Mientras tanto, las agrupaciones “Panamá Vale Más Sin Minería”, “Sal de las Redes”, “Ya es Ya” y miembros de la sociedad civil, se mantienen en una vigilia permanente a el exterior de la Corte a la espera del fallo sobre las 8 demandas que han sido presentadas contra el contrato ley.
Gremiales empresariales no apoyan el paro
Por otra parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) Adolfo Fábrega, anunció que están solicitando a los ciudadanos que acudan a trabajar, y al gobierno que garantice el libre tránsito y haga cumplir la Constitución.
“Los panameños hemos demostrado que sabemos manifestarnos de forma pacífica y alcanzar lo reclamado. Ahí está la moratoria minera; ahí están quienes se encuentran vigilantes en la Corte Suprema de Justicia por el fallo sobre la Ley 406″, dijo Fábrega.
También, la Cámara de Comercio de Chiriquí rechazó el llamado a cierre y paralización de actividades, y exhortó a los empresarios a mantenerse firmes y continuar con sus actividades comerciales en la medida de sus posibilidades.
Otra organización que se manifestó fue el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) que insistió en la apertura de las vías, tras las afectaciones que han sufrido el sector primario y la industria agroalimentaria en todos los polos productivos del país.
Hasta el momento, Conep estima pérdidas por el orden de 1.700 millones de dólares en la economía nacional y 15.000 empleos temporales.
“Tenemos que buscar un terreno común que permita que todos los panameños nos pongamos de acuerdo, porque es imposible que podamos insertarnos en el futuro si se sigue degradando la educación, el tejido empresarial y los trabajos”, señaló Rubén Castillo, presidente de Conep.
A raíz de esta coyuntura, los empresarios lanzaron la iniciativa “Liberemos a Panamá”, mediante la cual implementarán medidas para defender la vida productiva del país y los puestos de trabajo.
La policía de Londres arrestó al exembajador británico en Reino Unido Peter Mandelson por acusaciones de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, tras la publicación de documentos relacionados con Jeffrey Epstein que muestran sus vínculos con el fallecido delincuente.
«Los agentes han detenido a un hombre de 72 años por sospecha de incumplimientos en el ejercicio de la función pública», informó la policía metropolitana de Londres en un comunicado, tras los registros previos en el domicilio de Mandelson y después de que dos cadenas británica mostraran al exfuncionario saliendo de su residencia escoltado.
«Fue llevado a comisaría para ser interrogado», agregó.
La BBC y SkyNews difundieron imágenes de Peter Mandelson dejando su domicilio, en Londres, junto a dos policías vestidos de civil que lo escoltaron hasta un vehículo camuflado.
La detención del que fuera un barón del partido Laborista se produjo cuatro días después del arresto del expríncipe Andrés, otro sospechoso a raíz del caso Epstein.
El hermano del rey Carlos III es sospechoso de haber transmitido información confidencial al delincuente sexual estadounidense cuando era representante especial del Reino Unido para el comercio, de 2001 a 2011.
La policía londinense había anunciado el 3 de febrero la apertura de una investigación contra Mandelson, por unos documentos de los archivos de Epstein, divulgados a finales de enero por las autoridades de Washington.
Según esos archivos, el exembajador habría transmitido informaciones susceptibles de influir en los mercados al financiero estadounidense, especialmente durante su etapa de ministro en el gobierno de Gordon Brown (2008-2010).
Tres días después, la policía afirmó que había allanado dos residencias suyas, en el distrito londinense de Candem y en Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra.
Unos sucesos que debilitaron al gobierno laborista de Keir Starmer, acusado de haber nombrado a finales de 2024 a Peter Mandelson embajador en Washington, pese a que sabía que éste no se había distanciado de Epstein tras su condena por delitos sexuales.
Tanto el jefe de gabinete de Starmer como su director de comunicación dimitieron a raíz de este escándalo.
Al menos nueve personas fueron asesinadas hoy lunes en dos ataques armados casi simultáneos registrados en la provincia de Manabí, ubicada en la costa del Pacífico de Ecuador, una de las zonas más golpeadas por la violencia en el país, informó la Policía Nacional.
El primer ataque dejó siete víctimas mortales y se registró en Camarones, una zona rural del cantón (municipio) de Jama, mientras que el segundo ocurrió en el sector conocido como La Y, en el balneario de Canoa, perteneciente al cantón de San Vicente, donde dos personas perdieron la vida.
De acuerdo con informes preliminares, ambos hechos violentos se registraron la madrugada de este lunes cuando hombres armados interceptaron a las víctimas, mientras que las causas de los ataques aún están bajo investigación policial.
El ataque en Camarones se produjo alrededor de las 01:15 hora local, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en una hacienda del sector y las autoridades aún no han identificado a las víctimas mortales.
En tanto, el ataque en la localidad de Canoa se registró unos 15 minutos después, según informaron medios locales, luego de que dos hombres que se movilizaban en moto-taxi fueron interceptados por sujetos armados en motocicletas y atacados a balazos.
Una de las víctimas corresponde a un joven de 28 años que viajaba como pasajero, mientras que su acompañante aún no ha sido identificado.
Estos ataques armados se producen días después de otro homicidio múltiple, ocurrido el pasado 12 de febrero en una hacienda de San Juan de las Cucarachas, una zona rural del cantón Santa Ana, en Manabí, que dejó seis personas asesinadas.
Los hechos se registran en un contexto de creciente inseguridad en Manabí, provincia afectada por disputas del crimen organizado, incluido el narcotráfico y conflictos por el control territorial, razón por la que el Gobierno decretó desde agosto pasado un «estado de excepción» para enfrentar la escalada de violencia atribuida a estas bandas.
Internacionales
Nuevo ataque de Estados Unidos contra presunta narcolancha en el Caribe deja tres muertos
Estados Unidos comenzó a atacar embarcaciones supuestamente cargadas de drogas a principios de septiembre, y el último ataque eleva la cifra de muertos de la campaña a por lo menos 150.
«La embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico», señaló el Comando Sur, responsable de las fuerzas estadounidenses en la región, en una publicación en X que incluye un video de una lancha inmóvil siendo destruida por una explosión.
El gobierno de Donald Trump insiste en que está en guerra con lo que denomina «narcoterroristas» que operan en América Latina, pero no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que ataca estén involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha desatado un intenso debate sobre la legalidad de las operaciones.
Expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos afirman que los ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.
Washington invoca la misma legislación estadounidense que permitió durante más de dos décadas los ataques contra grupos yihadistas, como Al Qaeda, en África o Asia, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.
El Pentágono ha desplegado una gran fuerza naval en el Caribe, donde en los últimos meses sus fuerzas han atacado presuntas embarcaciones de contrabando de drogas, incautado petroleros y llevado a cabo la captura del líder izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro.
