Internacionales
Paro nacional en Panamá en rechazo a contrato minero con firma canadiense
Organizaciones sindicales y gremiales en Panamá llamaron a la población a un cierre total por 24 horas a nivel nacional para este 16 y 20 de noviembre.
Los dirigentes de las agrupaciones exigen al gobierno la derogación de la ley 406 del contrato que otorga a Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, una concesión por 20 años prorrogables para operar una gigantesca mina de cobre, que representa, según la empresa, cerca del 5 % del Producto Interno Bruto del país.
Fernando Abrego, dirigente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), dijo que denuncian la represión a la que son sometidas las organizaciones que protestan, a la vez que reiteró que no descansarán hasta sacar del país a la canadiense First Quantum.
“Nuestro objetivo es la derogación de la ley 406. Sabemos que la Corte Suprema de Justicia, si declara inconstitucionalidad será de carácter parcial de uno o dos artículos, y la empresa seguirá operando, porque ya hay un compromiso económico de quienes impulsan este modelo de desarrollo destructivo”, explicó Asoprof.
Sin embargo, expertos en derecho internacional y constitucionalistas han expresado que la mejor salida para Panamá es el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, ya que el país tendría mayores ventajas para enfrentar una demanda de la minera.
Mientras tanto, las agrupaciones “Panamá Vale Más Sin Minería”, “Sal de las Redes”, “Ya es Ya” y miembros de la sociedad civil, se mantienen en una vigilia permanente a el exterior de la Corte a la espera del fallo sobre las 8 demandas que han sido presentadas contra el contrato ley.
Gremiales empresariales no apoyan el paro
Por otra parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) Adolfo Fábrega, anunció que están solicitando a los ciudadanos que acudan a trabajar, y al gobierno que garantice el libre tránsito y haga cumplir la Constitución.
“Los panameños hemos demostrado que sabemos manifestarnos de forma pacífica y alcanzar lo reclamado. Ahí está la moratoria minera; ahí están quienes se encuentran vigilantes en la Corte Suprema de Justicia por el fallo sobre la Ley 406″, dijo Fábrega.
También, la Cámara de Comercio de Chiriquí rechazó el llamado a cierre y paralización de actividades, y exhortó a los empresarios a mantenerse firmes y continuar con sus actividades comerciales en la medida de sus posibilidades.
Otra organización que se manifestó fue el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) que insistió en la apertura de las vías, tras las afectaciones que han sufrido el sector primario y la industria agroalimentaria en todos los polos productivos del país.
Hasta el momento, Conep estima pérdidas por el orden de 1.700 millones de dólares en la economía nacional y 15.000 empleos temporales.
“Tenemos que buscar un terreno común que permita que todos los panameños nos pongamos de acuerdo, porque es imposible que podamos insertarnos en el futuro si se sigue degradando la educación, el tejido empresarial y los trabajos”, señaló Rubén Castillo, presidente de Conep.
A raíz de esta coyuntura, los empresarios lanzaron la iniciativa “Liberemos a Panamá”, mediante la cual implementarán medidas para defender la vida productiva del país y los puestos de trabajo.
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
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La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
