Internacionales
Paro nacional en Panamá en rechazo a contrato minero con firma canadiense
Organizaciones sindicales y gremiales en Panamá llamaron a la población a un cierre total por 24 horas a nivel nacional para este 16 y 20 de noviembre.
Los dirigentes de las agrupaciones exigen al gobierno la derogación de la ley 406 del contrato que otorga a Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, una concesión por 20 años prorrogables para operar una gigantesca mina de cobre, que representa, según la empresa, cerca del 5 % del Producto Interno Bruto del país.
Fernando Abrego, dirigente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), dijo que denuncian la represión a la que son sometidas las organizaciones que protestan, a la vez que reiteró que no descansarán hasta sacar del país a la canadiense First Quantum.
“Nuestro objetivo es la derogación de la ley 406. Sabemos que la Corte Suprema de Justicia, si declara inconstitucionalidad será de carácter parcial de uno o dos artículos, y la empresa seguirá operando, porque ya hay un compromiso económico de quienes impulsan este modelo de desarrollo destructivo”, explicó Asoprof.
Sin embargo, expertos en derecho internacional y constitucionalistas han expresado que la mejor salida para Panamá es el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, ya que el país tendría mayores ventajas para enfrentar una demanda de la minera.
Mientras tanto, las agrupaciones “Panamá Vale Más Sin Minería”, “Sal de las Redes”, “Ya es Ya” y miembros de la sociedad civil, se mantienen en una vigilia permanente a el exterior de la Corte a la espera del fallo sobre las 8 demandas que han sido presentadas contra el contrato ley.
Gremiales empresariales no apoyan el paro
Por otra parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) Adolfo Fábrega, anunció que están solicitando a los ciudadanos que acudan a trabajar, y al gobierno que garantice el libre tránsito y haga cumplir la Constitución.
“Los panameños hemos demostrado que sabemos manifestarnos de forma pacífica y alcanzar lo reclamado. Ahí está la moratoria minera; ahí están quienes se encuentran vigilantes en la Corte Suprema de Justicia por el fallo sobre la Ley 406″, dijo Fábrega.
También, la Cámara de Comercio de Chiriquí rechazó el llamado a cierre y paralización de actividades, y exhortó a los empresarios a mantenerse firmes y continuar con sus actividades comerciales en la medida de sus posibilidades.
Otra organización que se manifestó fue el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) que insistió en la apertura de las vías, tras las afectaciones que han sufrido el sector primario y la industria agroalimentaria en todos los polos productivos del país.
Hasta el momento, Conep estima pérdidas por el orden de 1.700 millones de dólares en la economía nacional y 15.000 empleos temporales.
“Tenemos que buscar un terreno común que permita que todos los panameños nos pongamos de acuerdo, porque es imposible que podamos insertarnos en el futuro si se sigue degradando la educación, el tejido empresarial y los trabajos”, señaló Rubén Castillo, presidente de Conep.
A raíz de esta coyuntura, los empresarios lanzaron la iniciativa “Liberemos a Panamá”, mediante la cual implementarán medidas para defender la vida productiva del país y los puestos de trabajo.
El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).
En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.
El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».
Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.
Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.
Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.
«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.
Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.
«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.
«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».
Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.
El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.
El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.
Al menos más de 20 personas han muerto en Estados Unidos a causa de una intensa tormenta invernal que ha provocado nevadas históricas, temperaturas extremas y graves afectaciones en amplias zonas del país, informaron autoridades y medios locales.
De acuerdo con registros nacionales, la tormenta dejó acumulaciones superiores a los 30 centímetros de nieve a lo largo de una franja de aproximadamente 2,100 kilómetros, que se extiende desde el estado de Arkansas hasta Nueva Inglaterra. En algunas áreas del noreste, los espesores de nieve superaron incluso los 50 centímetros.
Las muertes reportadas están relacionadas principalmente con accidentes de tránsito en carreteras cubiertas de hielo, casos de hipotermia, incidentes durante la limpieza de nieve y fallas en el suministro eléctrico. Cientos de miles de personas quedaron sin energía eléctrica, especialmente en estados del sur y centro del país, donde este tipo de fenómenos no es habitual.
El impacto de la tormenta también se reflejó en la cancelación de miles de vuelos, el cierre de escuelas y la interrupción de servicios públicos. Las autoridades emitieron alertas por frío extremo, con sensaciones térmicas que en algunas zonas descendieron por debajo de los -30 grados Celsius.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas podrían mantenerse durante varios días más y no descartó la posibilidad de nuevas tormentas invernales, por lo que instó a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Internacionales
Colombia bloquea señal de celulares en cárceles tras denuncia de El Salvador por red de estafas
El Gobierno de Colombia anunció este lunes el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en al menos tres cárceles del país, tras denuncias de El Salvador sobre redes de extorsión telefónica que operan desde prisiones colombianas y que afectan a ciudadanos en Centroamérica.
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, informó que la medida se aplicará en los centros penitenciarios de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Valledupar, en el norte del país, y La Dorada, en el centro-occidente, como parte de una ofensiva contra la extorsión desde prisión.
«No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal y punto», afirmó el funcionario durante un acto oficial en una cárcel de Bogotá, según declaraciones recogidas por medios locales y agencias internacionales.
Las medidas fueron anunciadas luego de que autoridades de El Salvador, incluido su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, denunciaron el sábado que una red criminal realiza llamadas extorsivas desde la cárcel de Cómbita, utilizando tecnología que simula secuestros, y que afecta a víctimas en varios países de la región.
El Gobierno salvadoreño señaló que la identificación del origen de las llamadas se realizó con apoyo de tecnología del Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió ubicar los dispositivos en ese centro penitenciario de máxima seguridad, situado a unos 158 kilómetros de Bogotá.
Idárraga advirtió que la extorsión desde cárceles se ha «naturalizado» en Colombia y calificó de inaceptable que este delito traspase fronteras. «No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica», sostuvo, al tiempo que anunció investigaciones y contactos con autoridades salvadoreñas para verificar la información y establecer responsabilidades.
En Colombia, el uso y tenencia de teléfonos celulares e internet por parte de los reclusos está prohibido por ley, pero las autoridades reconocen que el ingreso ilegal de dispositivos es recurrente, en un sistema penitenciario afectado por problemas estructurales como hacinamiento y corrupción.
Según el Ministerio de Justicia de Colombia, el control tecnológico en los centros de reclusión es una de las principales herramientas para combatir las redes de extorsión , aunque la aplicación del bloqueo de señales ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por este delito continúa originándose en las cárceles de ese país, según las autoridades colombianas.
