Internacionales
Miles de personas saquean en Gaza los centros de ayuda de la ONU
La agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, la UNRWA, ha informado este domingo de que miles de personas han irrumpido en sus almacenes y centros de distribución en el centro y el sur de la Franja de Gaza para hacerse con harina y elementos básicos de supervivencia en lo que la organización considera ya como el principio del resquebrajamiento del “orden cívico” en el enclave tras días de asedio total de Israel.
“Miles de personas entraron en varios almacenes y centros de distribución de la UNRWA en el centro y en el sur de la Franja de Gaza”, indicó la agencia de la ONU en un comunicado.
“Estamos ante una señal preocupante de que el orde cívico está empezando a romperse”, ha avisado el director de Asuntos de la UNRWA en Gaza, Thomas White.
“La gente está aterrorizada, frustrada y desesperada. La tensión y el miedo empeoran por los cortes en las líneas de teléfono e Internet. Creen que han sido abandonados a su suerte”, ha avisado el coordinador. Uno de los lugares saqueados es uno de los depósitos de la agencia en la localidad de Deir al Balah, en el centro de la Franja, dónde se almacenan los suministros humanitarios que han ido llegando al enclave palestino desde que los primeros convoyes llegaron a Gaza a través del punto fronterizo de Rafah, con Egipto, el 21 de octubre.
White denuncia que el desplazamiento masivo de civiles desde el centro y el norte de Gaza por orden de Israel ha provocado que familias del sur hayan tenido que alojar en sus viviendas hasta a medio centenar de parientes y allegados, lo que ha provocado una presión social insostenible, mientras la ayuda básica entra a cuentagotas.
En este sentido, la agencia de la ONU asegura que ayer no llegó ningún cargamento de ayuda humanitaria a la Franja y que la recibida hasta el momento, unos 84 camiones, no cubre en lo más mínimo sus necesidades básicas. “Es un sistema de entrega condenado al fracaso. Pocos camiones, demasiadas inspecciones, suministros que no se corresponden con lo que pedimos, y la ausencia de entregas de combustible conforman la receta de un sistema fallido”, lamenta.
La guerra entre Israel y Hamás fue desencadenada por el sangriento ataque que el movimiento islamista palestino llevó a cabo en territorio israelí el 7 de octubre, y que dejó 1.400 muertos, civiles en su mayoría.
Israel respondió a ese ataque con una campaña de bombardeos en la Franja de Gaza, gobernada por Hamás, que hasta ahora ha dejado más de 8.000 muertos, también mayoritariamente civiles, según el Ministerio de Salud del movimiento palestino.
Israel también impuso un bloqueo total al suministro de alimentos, agua, medicinas y carburante a Gaza. El primer convoy con ayuda humanitaria no entró en el territorio palestino hasta dos semanas después.
Antes del conflicto, una media de 500 camiones diarios entraban en Gaza, según datos de la ONU.
”Los suministros […] se están agotando y la ayuda que llega a la Franja de Gaza en camiones desde Egipto es insuficiente”, insistió White, recalcando que la población gazatí tiene unas “necesidades inmensas”.
Dos convoyes de ayuda humanitaria compuestos por 20 camiones cada uno, cargados con alimentos, agua y suministros médicos entraron entre la pasada noche y esta mañana por el paso egipcio de Rafah para ser inspeccionados por autoridades israelíes antes de ingresar en la Franja de Gaza.
Testigos en el cruce informaron que un primer convoy de 20 camiones entró en la noche del sábado a la zona de inspección israelí, pero que bien entrada la mañana del domingo aún no ha pasado la frontera del enclave palestino, mientras que esta misma mañana otro grupo de 20 camiones inició el mismo camino.
Respecto al primer contingente, los testigos aseguraron que no incluía combustible, recurso al que Israel no permite la entrada y que es extremadamente necesario para que sigan funcionando los hospitales, las panaderías, las plantas potabilizadoras de agua o para que la ayuda humanitaria misma pueda ser entregada a la población gazatí.
Estos serían el séptimo y octavo convoy que ingresan desde el pasado sábado, cuando Israel permitió la entrada de la ayuda humanitaria a través de Egipto para los habitantes de la Franja de Gaza.
La región de Cachemira vuelve a ser escenario de un preocupante repunte de tensiones entre India y Pakistán, tras un atentado que dejó 26 muertos.
Desde que un ataque armado acabó con la vida de 26 hombres en la parte india de Cachemira, la comunidad internacional temía una nueva escalada entre las dos potencias nucleares. Esa preocupación se materializó este miércoles con bombardeos cruzados a lo largo de la Línea de Control, la frontera de facto que divide la región en disputa.
La India anunció haber lanzado la Operación Sindoor, una ofensiva dirigida contra lo que describió como «infraestructuras terroristas en Pakistán», desde donde —según Nueva Delhi— se planearon ataques contra su territorio. En respuesta, el ejército pakistaní denunció bombardeos en al menos tres zonas de su país, incluyendo la ciudad de Muzaffarabad, en la Cachemira administrada por Pakistán, y Bahawalpur, en la región fronteriza de Punyab.
De acuerdo con el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, los ataques causaron al menos tres muertes civiles, entre ellas la de un niño. Corresponsales de la AFP en Cachemira y Punyab reportaron fuertes explosiones en las áreas afectadas, mientras que periodistas del lado indio también escucharon múltiples detonaciones cada vez más cercanas.
El portavoz del ejército pakistaní, teniente general Ahmed Chaudhry, advirtió que su país “responderá en el momento que elija”, mientras que Nueva Delhi acusó a Islamabad de violar el alto al fuego con disparos de artillería en sectores como Bhimber Gali y Poonch-Rajauri.
En medio del incremento de tensiones, las fuerzas armadas indias aseguraron haber respondido de manera “apropiada y calibrada”, destacando que su ofensiva evitó objetivos militares paquistaníes y se centró en grupos vinculados a Lashkar-e-Taiba (LeT), una organización yihadista con base en Pakistán y relacionada con el atentado de Bombay de 2008.
Uno de los blancos del ataque indio fue la mezquita Subhan en Bahawalpur, señalada por inteligencia india como punto de actividad de LeT. “Nuestra acción es específica y busca evitar una escalada. Hemos ejercido considerable moderación”, declaró el gobierno indio, insistiendo en que su objetivo es hacer rendir cuentas a los responsables del atentado del pasado 22 de abril.
La escalada armada coincide con un nuevo frente de confrontación: el recurso hídrico. India amenazó con cortar el suministro de agua de varios ríos que nacen en su territorio y fluyen hacia Pakistán. Incluso anunció la suspensión de su participación en el tratado bilateral de 1960 que regula el uso del agua en la cuenca del río Indo. El primer ministro Narendra Modi afirmó que el flujo de agua “se detendrá” si beneficia a enemigos externos.
Pakistán, por su parte, ha detectado una disminución inusual en el caudal del río Chenab. “Estamos observando cambios que no son naturales”, dijo el ministro de Riego de Punyab, Kazim Pirzada.
La creciente tensión ha generado alarma entre analistas internacionales, que temen una confrontación abierta entre dos naciones con armamento nuclear. En los últimos días, se han registrado intercambios de fuego con armas ligeras entre soldados en la frontera, aunque sin víctimas confirmadas hasta el momento.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su esperanza de que las hostilidades “terminen muy pronto”, mientras Pakistán convocó a su Comité de Seguridad Nacional para analizar la situación.
Internacionales
Opositores venezolanos refugiados en embajada argentina llegan a EE. UU. tras operación de rescate
Caracas — Un grupo de activistas venezolanos, colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, fue evacuado a Estados Unidos desde la embajada argentina en Caracas, donde permanecían refugiados desde el 20 de marzo de 2024. Su entrada al recinto diplomático se produjo en medio de una ola de arrestos ocurrida antes de las elecciones del 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador para un tercer mandato, entre denuncias de fraude electoral.
Inicialmente, seis personas se resguardaron en la sede diplomática. Sin embargo, en diciembre de 2024, uno de ellos, Fernando Martínez Mottola, se entregó a las autoridades y posteriormente recibió libertad condicional. Martínez Mottola falleció el 26 de febrero de 2025 debido a complicaciones de salud.
Los cinco activistas restantes aguardaban un salvoconducto para abandonar el país, medida que no fue otorgada por el régimen venezolano.
La evacuación fue confirmada por el senador estadounidense Marco Rubio a través de la red social X. “Estados Unidos saluda la exitosa operación de rescate de todos los rehenes del régimen de Maduro en la embajada argentina de Caracas”, expresó. Añadió que, tras una operación precisa, “todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense”, sin ofrecer mayores detalles.
El jefe de la diplomacia estadounidense calificó al gobierno de Maduro como un régimen ilegítimo, acusándolo de socavar las instituciones democráticas, violar los derechos humanos y poner en riesgo la seguridad regional. Rubio agradeció a los actores involucrados en la operación y a los socios internacionales que colaboraron en la liberación de los activistas.
Internacionales
Colombia captura a más de 200 miembros del Clan del Golfo tras intensos operativos de seguridad
El lunes, las autoridades colombianas informaron sobre la captura de más de 200 integrantes del Clan del Golfo, el cartel narcotraficante más grande del país, responsable de implementar un violento «plan pistola» que ha dejado al menos 20 miembros de la fuerza pública muertos.
Desde el 15 de abril, un total de 217 miembros de este grupo armado han sido detenidos en una serie de operativos coordinados, como parte de la respuesta del gobierno ante los ataques perpetrados por el Clan del Golfo, cuyo impacto ha desbordado la seguridad en varias regiones del país. Además, otros 15 narcotraficantes fueron abatidos, y se incautaron 6,8 toneladas de estupefacientes, 123 armas de fuego y más de 15,000 municiones, según el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.
La violencia del Clan del Golfo, un grupo paramilitar que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, ha escalado en los últimos meses. Desde finales de abril, el presidente Gustavo Petro denunció que el cartel implementó una estrategia de «asesinato sistemático» de miembros de la fuerza pública, una táctica que recuerda a las guerras del narcotraficante Pablo Escobar en los años noventa. En el marco de estos ataques, se ha establecido una recompensa de hasta $3,500 por cada policía muerto.
El Clan del Golfo, que tiene más de 7,500 miembros, se dedica principalmente al tráfico de cocaína y es considerado uno de los carteles más poderosos del país. En 2022, este grupo ya había recurrido a un «plan pistola» como respuesta a la extradición a Estados Unidos de su antiguo líder, alias Otoniel.
El Ministerio de Defensa también informó que, desde el 15 de abril, los ataques de grupos ilegales y rebeldes han cobrado la vida de al menos 18 policías y 17 militares, en lo que se considera el peor pico de violencia que ha vivido Colombia desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016. A pesar de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y la disidencia de las FARC, las conversaciones no han avanzado, dejando al país en medio de una grave crisis de seguridad.
