Internacionales
ICE planea usar prisiones federales como centros de detención para los migrantes arrestados
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Prisiones Federales (BOP) han firmado un acuerdo que permitirá que cinco prisiones federales en el país sean utilizadas como centros de detención para hombres bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), revelaron documentos filtrados a distintos medios de comunicación. De acuerdo con datos obtenidos por Fox News y ABC News el memorando suscrito el pasado 6 de febrero detalla que las unidades designadas para los detenidos se encuentran en centros como el FDC de Atlanta y el FCI de Leavenworth en Kansas, entre otros.
Sin embargo, este plan no está exento de críticas. Según comentó Fox News, múltiples trabajadores de la BOP y activistas en pro de los derechos humanos han planteado que no es adecuado ubicar a migrantes en instalaciones pensadas para personas condenadas por crímenes graves. Un empleado de la BOP precisó al medio norteamericano que las condiciones de estas cárceles son incompatibles con las necesidades de los detenidos de ICE al afirmar que “no es justo poner a inmigrantes en prisiones federales porque no han sido acusados ni condenados de delitos”.
En un aparente movimiento para aumentar la capacidad de detención, el gobierno del presidente Donald Trump estaría incrementando el uso de instalaciones federales. Durante su mandato, Trump ha prometido deportar a los cerca de 11,7 millones de personas que se encuentran en Estados Unidos de forma irregular, aunque actualmente ICE solo cuenta con los recursos necesarios para albergar a un promedio de 41.000 migrantes. Según Los Angeles Times, esta estrategia implica también la posibilidad de utilizar la antigua prisión de FCI Dublin en California, un lugar clausurado en 2024 tras un severo escándalo de abuso sexual.
Preocupación por el uso de la prisión Dublín
Una fuente interna citada por Los Angeles Times expresó su preocupación por el posible uso de Dublin, conocida en el pasado como el “club de violaciones”. Además, la misma fuente recordó que en operaciones previas de ICE en prisiones federales, como en 2018, hubo denuncias de asaltos por parte de personal carcelario e incluso suicidios entre los detenidos. Frente a estos antecedentes, la exreclusa de Dublin, Kendra Drysdale, afirmó a Fox News: “Meter a personas que ni siquiera son criminales en un entorno carcelario es absolutamente atroz y una inmensa violación de los derechos humanos”.
De acuerdo con la información publicada por ABC News, el acuerdo establece que ICE podrá designar qué detenidos serán trasladados a estas prisiones, pero será la BOP quien tendrá la autoridad final sobre el ingreso de cada individuo. Además, los detenidos que causen disturbios serán expulsados de estas instalaciones. En contraste, las mujeres no serán alojadas en estos centros, decisión que podría estar vinculada con la falta de recursos adecuados.
Asimismo, ABC News señaló las deficiencias de personal en la BOP, cuya falta de recursos humanos y materiales podría complicar la atención de los detenidos. Un portavoz de la BOP habló con el medio y comentó que la capacidad de la agencia para salvaguardar los derechos y necesidades de los migrantes es limitada debido al diseño actual de su mandato. Uno de los principales retos incluye lidiar con diferencias lingüísticas y culturales, ya que muchos detenidos no hablan inglés.
Temores de los trabajadores y su efecto en el sistema penitenciario
Por otra parte, algunos empleados de prisiones han señalado que esta medida es una carga adicional para un sistema ya en crisis. “Nuestro temor es que la BOP se convierta en una extensión de ICE, lo que iría en contra de nuestra misión principal”, dijo John Kostelnik, vicepresidente occidental del sindicato de trabajadores de prisiones, a Los Angeles Times. Detalló que los empleados están siendo reasignados, e incluso se han pedido voluntarios para trabajar temporalmente en las instalaciones que recibirán los detenidos.
Kostelnik explicó también que parte del impacto negativo de esta política radica en la desmoralización del personal penitenciario, quienes consideran que las prisiones federales, diseñadas para albergar a personas condenadas, no deberían convertirse en centros de detención migratoria. “Ver instalaciones donde hemos trabajado durante tanto tiempo ser entregadas a otra agencia es extremadamente desmoralizante”, lamentó.
A pesar de los esfuerzos por acomodar a más detenidos, las autoridades tienen dificultades para habilitar todas las ubicaciones mencionadas. Según Fox News, algunas unidades, como las del FCI de Berlín en New Hampshire, no están actualmente disponibles debido a la falta de personal, alimentos, ropa y entrenamiento en el lugar. Este tipo de limitaciones logísticas añade incertidumbre sobre si ICE podrá cumplir sus objetivos establecidos por la administración de Trump.
En un panorama similar, Los Angeles Times destacó que ya se han realizado evaluaciones en instalaciones vacías como Morgantown, en Virginia Occidental. Guarniciones militares como Guantánamo también se han utilizado para albergar a migrantes en semanas recientes. Una de las decisiones más controversiales fue la propuesta hecha por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ofreció que migrantes fueran enviados a las cárceles de su país, conocidas por sus estrictas condiciones
El presidente Donald Trump invitará a Washington a Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia de Venezuela de forma interina tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense.
Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y asumió el poder de lleno con cambios en el gabinete ministerial y en 12 de 28 comandos regionales de la Fuerza Armada.
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Washington informó el miércoles que está prevista la visita de Rodríguez, aunque la visita aún no tiene fecha: «Nada ha sido agendado», indicó.
La presidenta interina será la primera gobernante de Venezuela en viajar a Estados Unidos desde hace más de un cuarto de siglo, si se excluyen las visitas para reuniones de Naciones Unidas en Nueva York.
La invitación muestra la cercanía de Trump con el gobierno interino, tras el bombardeo a Caracas del 3 de enero que llevó a la captura del mandatario socialista.
«Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno, a encarar las diferencias, las dificultades», dijo este miércoles Rodríguez sin hacer referencia a la invitación.
Ella todavía es sujeto de sanciones de Washington, incluido el congelamiento de bienes.
Trump dijo en el Foro de Davos que «los líderes del país han sido muy listos», en referencia a Rodríguez. «Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados».
El republicano ya había calificado antes a Rodríguez como «formidable» y había asegurado que con ella «todo anda muy bien».
La nueva presidenta suscribió acuerdos petroleros y accedió a liberar presos políticos, en medio de discusiones para reanudar las relaciones diplomáticas rotas desde 2019.
Trump mantiene en paralelo un frente abierto con la oposición venezolana. Dijo el martes que quería «involucrar» a la jefa de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la gestión del país.
“La gran cooperación”
El último presidente venezolano que viajó a Estados Unidos para una reunión oficial con un presidente estadounidense se remonta a 1990, cuando Carlos Andrés Pérez se reunió con George H. W. Bush.
El giro socialista con Hugo Chávez (1999-2013) enfrió después las relaciones, que rápidamente se volvieron conflictivas.
Investida el 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, Rodríguez hizo numerosas concesiones bajo presión de Estados Unidos. Trump no dudó en amenazarla con un nuevo ataque si no respondía positivamente a sus demandas.
La mandataria apartó a Alex Saab, señalado de testaferro de Maduro, del organismo encargado de captar inversiones internacionales en medio de los planes de Trump para que grandes petroleras estadounidenses vuelvan a operar en el país. Hoy solo lo hace Chevron.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) puso no obstante en duda este miércoles la posibilidad de que la producción petrolera en el país pueda volver a sus niveles históricos, recordando que el crudo venezolano es extrapesado y, por lo tanto, complejo y costoso de extraer.
Rodríguez anunció el martes el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos.
Las divisas son vitales para la economía venezolana desde 2018, cuando el dólar se convirtió en la moneda de facto en un contexto de grave crisis económica. Pero a Venezuela le cuesta obtener divisas debido al embargo petrolero impuesto en 2019 por Washington sobre su principal producto de exportación.
Cambios militares
Rodríguez impulsó el miércoles una reorganización de la Fuerza Armada al nombrar a los generales responsables de 12 de las 28 zonas operativas de defensa (ZODI), ubicadas en distintos estados del país.
La mandataria interina ya designó antes a un exjefe del servicio de inteligencia, Sebin, como nuevo comandante de su guardia presidencial y como director de la agencia de contrainteligencia DGCIM.
Entre tanto, el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, negó haberse reunido con funcionarios de Estados Unidos antes del derrocamiento de Maduro, mientras el partido de gobierno que dirige protesta a diario por el «secuestro» del gobernante depuesto y su esposa, Cilia Flores.
Cabello denunció una «campaña de descrédito» impulsada por la oposición en contra de Rodríguez.
Entre tanto, la liberación de presos políticos avanza a cuentagotas con apenas unas 150 excarcelaciones de un universo que supera los 800.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció por su parte que Venezuela mantiene «centros de detención clandestinos».
La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, entregó este miércoles la credencial oficial que acredita a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras.
De acuerdo con el CNE, este acto da por concluido el proceso electoral iniciado con las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, en las cuales Asfura obtuvo el 40.27 por ciento de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, con el 39.53 por ciento, y Rixi Moncada, de Libre, con el 19.19 por ciento.
El mandatario electo, un exalcalde de la capital de Honduras, asumirá el poder el próximo 27 de enero y sucederá a Xiomara Castro.
La credencial, con un diseño enmarcado por un borde dorado y con el Escudo Nacional de Honduras como elemento central, lleva las firmas de las consejeras Hall y Cossette López, así como del consejero suplente Carlos Enrique Cardona Hernández.
De acuerdo con el CNE, este acto da por concluido el proceso electoral iniciado con las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, en las cuales Asfura obtuvo el 40,.27 por ciento de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, con el 39.53 por ciento, y Rixi Moncada, de Libre, con el 19.19 por ciento.
El mandatario electo, un exalcalde de la capital de Honduras, asumirá el poder el próximo 27 de enero y sucederá a Xiomara Castro.
La credencial, con un diseño enmarcado por un borde dorado y con el Escudo Nacional de Honduras como elemento central, lleva las firmas de las consejeras Hall y Cossette López, así como del consejero suplente Carlos Enrique Cardona Hernández.
En la misma jornada, el Parlamento hondureño eligió su junta directiva provisional y se constituirá de manera oficial el 25 de enero, fecha en la que también comenzarán a funcionar las nuevas corporaciones municipales.
Además, el CNE entregó la víspera las credenciales a los alcaldes electos de las 18 cabeceras departamentales y a los 128 diputados que integrarán el Parlamento hondureño.
El pasado 24 de diciembre, el ente electoral declaró presidente electo a Nasry Asfura, para el período 2026-2030.
Esta declaratoria se produjo 24 días después de los comicios, en medio de fallas del sistema de cómputo y denuncias de irregularidades por parte de varios actores políticos.
Internacionales
Venezuela inyecta petrodólares en su economía con el difícil plan de bajar los precios
La primera intervención en meses fue de 300 millones de dólares. Provienen de petróleo vendido a precio de mercado por Estados Unidos, que asumió un rol protagónico en la comercialización de crudo tras deponer a Nicolás Maduro el 3 de enero.
Solo la expectativa de la inyección redujo la brecha cambiaria que llegó al 100 % hace apenas unos días.
Los precios en Venezuela se fijan en dólares, pero muchos pagan en bolívares, la débil moneda local, para aprovechar la diferencia con la tasa del mercado negro.
Y los comerciantes ajustaron los precios y explican que una caída será progresiva, aunque siempre atada al comportamiento del dólar en el largo plazo.
«Nada ha cambiado, todo está igual. Tú vas a comprar a donde vayas a comprar y todo sigue igual», lamentó Dixory Seijas, vendedora informal de 40 años. «Compro lo más esencial, solo lo que más se necesita, porque como la plata no alcanza», comentó a la AFP.
«Los precios entraron en un proceso de expansión terrible. Eso se nota sobre todo en los cárnicos», dijo por su parte Rafael Labrador, abogado de 73 años.
Estabilizar el dólar
Venezuela despenalizó el uso del dólar y levantó controles para combatir la hiperinflación y escasez que padeció entre 2017 y 2022.
Desde entonces el gobierno, bajo la conducción económica de la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, empezó a inyectar petrodólares recurrentemente para controlar el mercado.
Ahora como presidenta, Rodríguez vuelve a recurrir al dólar para intentar estabilizar la economía.
Al anunciar el martes el ingreso de los primeros 300 millones, la presidenta dijo que están destinados a «proteger (a la población) del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario».
Analistas creen que la inyección es un buen paso para estabilizar la economía, pero requerirá más divisas consistentemente.
El director de la consultora Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, cree que de no haber anuncios de un flujo constante de divisas y una oferta a verdaderos precios de mercado el país va «a tener de nuevo una depreciación importante en la moneda».
Considera además que no puede utilizarse el control del tipo de cambio como una política antiinflacionaria. «Debería ser a través de la política fiscal que se logre reducir los precios», dijo a la AFP.
Sin poder adquisitivo
El dólar paralelo llegó a superar los 900 bolívares poco después del ataque de Estados Unidos del 3 de enero. En las semanas previas, fuerzas estadounidenses impidieron la salida de buques con petróleo venezolano, sometido a sanciones desde 2019.
Pero luego de la primera venta en coordinación con Estados Unidos, el tipo de cambio paralelo bajó a unos 460 bolívares por dólar.
Desde el poder, el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, exigió a los comercios ajustar los precios.
«Tienen que hacerlo, es su obligación, porque a veces pasa que suben el precio y, cuando el dólar baja, se hacen los pendejos (tontos)», dijo el miércoles al hablar de la reforma a la ley de Hidrocarburos, que se espera facilite los negocios con Estados Unidos e incremente el flujo de dólares.
La inflación y la desvalorización de la moneda hicieron trizas hace años el precario ingreso promedio de los venezolanos. El sueldo mínimo es de menos de un dólar, lo mismo que recibe un pensionado.
El gobierno entrega bonos a discreción para complementar.
Organizaciones sindicales exigieron el lunes que los recursos petroleros se utilicen para mejorar el ingreso de los venezolanos y reforzar las pensiones. «Todos los meses el pensionado tiene que decidir de qué morirse, si de hambre o de enfermedad», reclamó ante la AFP Josefina Guerra, dirigente sindical.
