Internacionales
ICE planea usar prisiones federales como centros de detención para los migrantes arrestados
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Prisiones Federales (BOP) han firmado un acuerdo que permitirá que cinco prisiones federales en el país sean utilizadas como centros de detención para hombres bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), revelaron documentos filtrados a distintos medios de comunicación. De acuerdo con datos obtenidos por Fox News y ABC News el memorando suscrito el pasado 6 de febrero detalla que las unidades designadas para los detenidos se encuentran en centros como el FDC de Atlanta y el FCI de Leavenworth en Kansas, entre otros.
Sin embargo, este plan no está exento de críticas. Según comentó Fox News, múltiples trabajadores de la BOP y activistas en pro de los derechos humanos han planteado que no es adecuado ubicar a migrantes en instalaciones pensadas para personas condenadas por crímenes graves. Un empleado de la BOP precisó al medio norteamericano que las condiciones de estas cárceles son incompatibles con las necesidades de los detenidos de ICE al afirmar que “no es justo poner a inmigrantes en prisiones federales porque no han sido acusados ni condenados de delitos”.
En un aparente movimiento para aumentar la capacidad de detención, el gobierno del presidente Donald Trump estaría incrementando el uso de instalaciones federales. Durante su mandato, Trump ha prometido deportar a los cerca de 11,7 millones de personas que se encuentran en Estados Unidos de forma irregular, aunque actualmente ICE solo cuenta con los recursos necesarios para albergar a un promedio de 41.000 migrantes. Según Los Angeles Times, esta estrategia implica también la posibilidad de utilizar la antigua prisión de FCI Dublin en California, un lugar clausurado en 2024 tras un severo escándalo de abuso sexual.
Preocupación por el uso de la prisión Dublín
Una fuente interna citada por Los Angeles Times expresó su preocupación por el posible uso de Dublin, conocida en el pasado como el “club de violaciones”. Además, la misma fuente recordó que en operaciones previas de ICE en prisiones federales, como en 2018, hubo denuncias de asaltos por parte de personal carcelario e incluso suicidios entre los detenidos. Frente a estos antecedentes, la exreclusa de Dublin, Kendra Drysdale, afirmó a Fox News: “Meter a personas que ni siquiera son criminales en un entorno carcelario es absolutamente atroz y una inmensa violación de los derechos humanos”.
De acuerdo con la información publicada por ABC News, el acuerdo establece que ICE podrá designar qué detenidos serán trasladados a estas prisiones, pero será la BOP quien tendrá la autoridad final sobre el ingreso de cada individuo. Además, los detenidos que causen disturbios serán expulsados de estas instalaciones. En contraste, las mujeres no serán alojadas en estos centros, decisión que podría estar vinculada con la falta de recursos adecuados.
Asimismo, ABC News señaló las deficiencias de personal en la BOP, cuya falta de recursos humanos y materiales podría complicar la atención de los detenidos. Un portavoz de la BOP habló con el medio y comentó que la capacidad de la agencia para salvaguardar los derechos y necesidades de los migrantes es limitada debido al diseño actual de su mandato. Uno de los principales retos incluye lidiar con diferencias lingüísticas y culturales, ya que muchos detenidos no hablan inglés.
Temores de los trabajadores y su efecto en el sistema penitenciario
Por otra parte, algunos empleados de prisiones han señalado que esta medida es una carga adicional para un sistema ya en crisis. “Nuestro temor es que la BOP se convierta en una extensión de ICE, lo que iría en contra de nuestra misión principal”, dijo John Kostelnik, vicepresidente occidental del sindicato de trabajadores de prisiones, a Los Angeles Times. Detalló que los empleados están siendo reasignados, e incluso se han pedido voluntarios para trabajar temporalmente en las instalaciones que recibirán los detenidos.
Kostelnik explicó también que parte del impacto negativo de esta política radica en la desmoralización del personal penitenciario, quienes consideran que las prisiones federales, diseñadas para albergar a personas condenadas, no deberían convertirse en centros de detención migratoria. “Ver instalaciones donde hemos trabajado durante tanto tiempo ser entregadas a otra agencia es extremadamente desmoralizante”, lamentó.
A pesar de los esfuerzos por acomodar a más detenidos, las autoridades tienen dificultades para habilitar todas las ubicaciones mencionadas. Según Fox News, algunas unidades, como las del FCI de Berlín en New Hampshire, no están actualmente disponibles debido a la falta de personal, alimentos, ropa y entrenamiento en el lugar. Este tipo de limitaciones logísticas añade incertidumbre sobre si ICE podrá cumplir sus objetivos establecidos por la administración de Trump.
En un panorama similar, Los Angeles Times destacó que ya se han realizado evaluaciones en instalaciones vacías como Morgantown, en Virginia Occidental. Guarniciones militares como Guantánamo también se han utilizado para albergar a migrantes en semanas recientes. Una de las decisiones más controversiales fue la propuesta hecha por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ofreció que migrantes fueran enviados a las cárceles de su país, conocidas por sus estrictas condiciones
La aerolínea Air Canada suspendió el lunes sus vuelos a Cuba debido a una escasez de combustible en la isla, que enfrenta un estrangulamiento energético impuesto por Estados Unidos.
«En los próximos días, la aerolínea realizará vuelos sin pasajeros para recoger a unos 3.000 clientes que ya se encuentran en destino y llevarlos de regreso a sus hogares», precisó Air Canada en un comunicado.
Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que a partir de este lunes a la medianoche el suministro de combustible quedará suspendido durante un mes debido a la crisis energética.
Las autoridades de Chile detuvo a 34 presuntos miembros de la organización criminal peruana Los Pulpos y logró prácticamente erradicarla en el país, tras una serie de operativos policiales en enero de 2026, informó el lunes la policía chilena.
La banda criminal, surgida en la ciudad de Trujillo, en el norte de Perú, está vinculada a delitos de extorsión con pedidos de pago de hasta 14,000 dólares, según denuncias registradas en ese país.
Tras una serie de operativos, se logró «la detención en enero de 34 personas integrantes de esta organización criminal, pudiendo detener a sus líderes, a sus brazos operativos y a sus testaferros», anunció el subprefecto Cristián Sepúlveda en una conferencia realizada en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).
Esta célula que operaba en la zona centro-norte de Santiago «termina prácticamente desbaratada», celebró Luis Cordero, ministro de Seguridad de Chile.
De los detenidos, 32 son ciudadanos peruanos, uno es chileno y otro de una nacionalidad no especificada.
La policía chilena detectó la presencia de la banda criminal en la capital en 2021. Desde entonces detuvo en total a 50 personas asociadas a la organización, indicó a la AFP el equipo de prensa de la PDI.
El golpe a Los Pulpos forman parte de otros grandes operativos de Chile contra el crimen organizado.
Aunque Chile es uno de los países más seguros del continente, los delitos violentos han aumentado en la última década y la inseguridad se transformó en la principal preocupación del país, según encuestas.
La fiscalía chilena reportó 868 secuestros en 2024, un 76 % más respecto a 2021. Los homicidios se han estabilizado en los últimos años, pero aumentaron un 140% en una década: de una tasa de 2,5 casos por cada 100.000 habitantes pasó a 6 en 2024, según el gobierno.
Guatemala presentó nuevas instalaciones carcelarias construidas con contenedores adaptados como celdas de máxima seguridad, destinadas a recluir a líderes de estructuras delincuenciales, como parte del endurecimiento de su régimen penitenciario, informaron autoridades del país.
El nuevo modelo penitenciario busca reforzar el control interno y reducir los privilegios dentro de los centros de detención, mediante espacios individuales diseñados para limitar la comunicación no autorizada y fortalecer la supervisión permanente. Las autoridades señalaron que estas instalaciones cumplen estándares de seguridad reforzada y están orientadas a un control más estricto de personas consideradas de alta peligrosidad.
De acuerdo con el anuncio oficial, la medida forma parte de una estrategia integral de seguridad que incluye la reestructuración del sistema penitenciario, el fortalecimiento de la disciplina interna y la reducción de prácticas que históricamente han facilitado el control informal dentro de las cárceles.
El uso de contenedores adaptados permite una implementación más rápida de infraestructura especializada, con diseños que priorizan la vigilancia, el aislamiento y la eficiencia operativa. Las autoridades indicaron que este esquema busca prevenir la coordinación de actividades ilícitas desde el interior de los centros penales.
Las nuevas disposiciones marcan un giro en la política de seguridad de Guatemala, en un contexto de mayor presión gubernamental para recuperar el control del sistema penitenciario y reforzar las acciones contra estructuras criminales, bajo un enfoque de orden institucional y cumplimiento de la ley.
«Querían cama king size, aire acondicionado, comida de restaurante e internet. Pero se toparon con un gobierno que no cede. Bienvenidos a sus nuevas celdas. Se acabaron los privilegios.» señalo en sus redes sociales el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo
