Internacionales
ICE planea usar prisiones federales como centros de detención para los migrantes arrestados
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Prisiones Federales (BOP) han firmado un acuerdo que permitirá que cinco prisiones federales en el país sean utilizadas como centros de detención para hombres bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), revelaron documentos filtrados a distintos medios de comunicación. De acuerdo con datos obtenidos por Fox News y ABC News el memorando suscrito el pasado 6 de febrero detalla que las unidades designadas para los detenidos se encuentran en centros como el FDC de Atlanta y el FCI de Leavenworth en Kansas, entre otros.
Sin embargo, este plan no está exento de críticas. Según comentó Fox News, múltiples trabajadores de la BOP y activistas en pro de los derechos humanos han planteado que no es adecuado ubicar a migrantes en instalaciones pensadas para personas condenadas por crímenes graves. Un empleado de la BOP precisó al medio norteamericano que las condiciones de estas cárceles son incompatibles con las necesidades de los detenidos de ICE al afirmar que “no es justo poner a inmigrantes en prisiones federales porque no han sido acusados ni condenados de delitos”.
En un aparente movimiento para aumentar la capacidad de detención, el gobierno del presidente Donald Trump estaría incrementando el uso de instalaciones federales. Durante su mandato, Trump ha prometido deportar a los cerca de 11,7 millones de personas que se encuentran en Estados Unidos de forma irregular, aunque actualmente ICE solo cuenta con los recursos necesarios para albergar a un promedio de 41.000 migrantes. Según Los Angeles Times, esta estrategia implica también la posibilidad de utilizar la antigua prisión de FCI Dublin en California, un lugar clausurado en 2024 tras un severo escándalo de abuso sexual.
Preocupación por el uso de la prisión Dublín
Una fuente interna citada por Los Angeles Times expresó su preocupación por el posible uso de Dublin, conocida en el pasado como el “club de violaciones”. Además, la misma fuente recordó que en operaciones previas de ICE en prisiones federales, como en 2018, hubo denuncias de asaltos por parte de personal carcelario e incluso suicidios entre los detenidos. Frente a estos antecedentes, la exreclusa de Dublin, Kendra Drysdale, afirmó a Fox News: “Meter a personas que ni siquiera son criminales en un entorno carcelario es absolutamente atroz y una inmensa violación de los derechos humanos”.
De acuerdo con la información publicada por ABC News, el acuerdo establece que ICE podrá designar qué detenidos serán trasladados a estas prisiones, pero será la BOP quien tendrá la autoridad final sobre el ingreso de cada individuo. Además, los detenidos que causen disturbios serán expulsados de estas instalaciones. En contraste, las mujeres no serán alojadas en estos centros, decisión que podría estar vinculada con la falta de recursos adecuados.
Asimismo, ABC News señaló las deficiencias de personal en la BOP, cuya falta de recursos humanos y materiales podría complicar la atención de los detenidos. Un portavoz de la BOP habló con el medio y comentó que la capacidad de la agencia para salvaguardar los derechos y necesidades de los migrantes es limitada debido al diseño actual de su mandato. Uno de los principales retos incluye lidiar con diferencias lingüísticas y culturales, ya que muchos detenidos no hablan inglés.
Temores de los trabajadores y su efecto en el sistema penitenciario
Por otra parte, algunos empleados de prisiones han señalado que esta medida es una carga adicional para un sistema ya en crisis. “Nuestro temor es que la BOP se convierta en una extensión de ICE, lo que iría en contra de nuestra misión principal”, dijo John Kostelnik, vicepresidente occidental del sindicato de trabajadores de prisiones, a Los Angeles Times. Detalló que los empleados están siendo reasignados, e incluso se han pedido voluntarios para trabajar temporalmente en las instalaciones que recibirán los detenidos.
Kostelnik explicó también que parte del impacto negativo de esta política radica en la desmoralización del personal penitenciario, quienes consideran que las prisiones federales, diseñadas para albergar a personas condenadas, no deberían convertirse en centros de detención migratoria. “Ver instalaciones donde hemos trabajado durante tanto tiempo ser entregadas a otra agencia es extremadamente desmoralizante”, lamentó.
A pesar de los esfuerzos por acomodar a más detenidos, las autoridades tienen dificultades para habilitar todas las ubicaciones mencionadas. Según Fox News, algunas unidades, como las del FCI de Berlín en New Hampshire, no están actualmente disponibles debido a la falta de personal, alimentos, ropa y entrenamiento en el lugar. Este tipo de limitaciones logísticas añade incertidumbre sobre si ICE podrá cumplir sus objetivos establecidos por la administración de Trump.
En un panorama similar, Los Angeles Times destacó que ya se han realizado evaluaciones en instalaciones vacías como Morgantown, en Virginia Occidental. Guarniciones militares como Guantánamo también se han utilizado para albergar a migrantes en semanas recientes. Una de las decisiones más controversiales fue la propuesta hecha por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ofreció que migrantes fueran enviados a las cárceles de su país, conocidas por sus estrictas condiciones
El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.
«El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble», explicó.
El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.
El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.
En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta para hacerse con el dinero alrededor de las 21H30 locales (12H30 GMT) del jueves cerca de la estación de Ueno, una zona muy popular entre los turistas, dijo a la AFP una portavoz de la policía capitalina bajo anonimato.
La vocera se negó a dar más detalles, pero la prensa japonesa asegura que las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir a un vehículo las maletas, con unos 420 millones de yenes (2,7 millones de dólares) en su interior.
Aún no está claro por qué el grupo llevaba consigo tal cantidad de dinero.
La cadena Fuji Television informó que las víctimas dijeron a los investigadores que el efectivo iba destinado a casas de cambio.
En otros hechos, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (1,2 millones de dólares) también fue atacado con un espray de gas pimienta por tres hombres en la madrugada del viernes en un estacionamiento del aeropuerto Haneda de Tokio, según los medios.
La policía está investigando la relación entre los dos ataques, reportó la cadena TBS
Un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos parece inminente, después de que un proyecto presupuestario fracasara en el Senado en medio de la indignación demócrata por las muertes de manifestantes contrarios a las redadas antinmigrantes ordenadas por Donald Trump.
La oposición expresó así su indignación por el asesinato en Mineápolis de dos personas que se manifestaban contra la política migratoria del presidente.
El fracaso en la aprobación de un paquete de gasto compuesto por seis proyectos de ley destinados a financiar más de tres cuartas partes del gobierno federal hace casi imposible evitar un cierre parcial a partir del sábado.
De todos modos, los demócratas y la Casa Blanca seguían buscando frenéticamente un acuerdo de última hora.
Sería el segundo cierre o «shutdown» -cuando la financiación de todo o de diferentes áreas del gobierno estadounidense se congela temporalmente- desde que Trump asumió nuevamente la presidencia hace un año.
Los demócratas habían prometido bloquear la medida a menos que se separara y renegociara la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incluir salvaguardas sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia de seguridad pública mejor financiada de Estados Unidos.
El ICE, encargado de las redadas antinmigrantes con fines de deportación, está en la picota por las muertes de manifestantes en Mineápolis.
Falta de acuerdo
La situación dejó a los 53 republicanos de la cámara cortos en votos: necesitaban 60 voluntades para que la legislación avanzara hacia su aprobación final.
Ahora Washington se prepara para otro cierre disruptivo de servicios a la medianoche del viernes.
«Lo que está haciendo ICE (…) es brutalidad avalada por el Estado y debe detenerse. Y el Congreso tiene la autoridad -y la obligación moral- de actuar», dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.
Una modesta rebelión republicana se unió a los demócratas.
Debido a las normas vigentes en el Senado, se necesitan 60 votos de 100 para aprobar un texto presupuestario, y los republicanos, aunque tengan la mayoría, necesitarían el apoyo de varios miembros de la oposición para poder aspirar a sacar adelante su propuesta de presupuesto. Los números no les alcanzan.
Los demócratas han explicado que están dispuestos a aprobar cinco de los seis apartados del texto, pero quieren separar el último -que concierne al DHS- para debatir las reformas que desean que se implementen.
Dado que la Cámara de Representantes había aprobado los seis apartados en un solo bloque, separar el DHS del texto implicaría de facto una paralización a medianoche del viernes al sábado, ya que la cámara baja tendría que votar de nuevo la versión aprobada por el Senado.
El «shutdown» podría ser de corta duración. En un consejo de ministros el jueves, Trump dijo a la prensa que esperaba que se encontrara un compromiso con la oposición para evitar una parálisis.
Si la financiación caduca, cientos de miles de empleados públicos podrían ser enviados a casa u obligados a trabajar sin paga.
En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el jueves «moderación» a las autoridades hacia los manifestantes en Estados Unidos, tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra redadas en Mineápolis.
