Internacionales
ICE planea usar prisiones federales como centros de detención para los migrantes arrestados
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Prisiones Federales (BOP) han firmado un acuerdo que permitirá que cinco prisiones federales en el país sean utilizadas como centros de detención para hombres bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), revelaron documentos filtrados a distintos medios de comunicación. De acuerdo con datos obtenidos por Fox News y ABC News el memorando suscrito el pasado 6 de febrero detalla que las unidades designadas para los detenidos se encuentran en centros como el FDC de Atlanta y el FCI de Leavenworth en Kansas, entre otros.
Sin embargo, este plan no está exento de críticas. Según comentó Fox News, múltiples trabajadores de la BOP y activistas en pro de los derechos humanos han planteado que no es adecuado ubicar a migrantes en instalaciones pensadas para personas condenadas por crímenes graves. Un empleado de la BOP precisó al medio norteamericano que las condiciones de estas cárceles son incompatibles con las necesidades de los detenidos de ICE al afirmar que “no es justo poner a inmigrantes en prisiones federales porque no han sido acusados ni condenados de delitos”.
En un aparente movimiento para aumentar la capacidad de detención, el gobierno del presidente Donald Trump estaría incrementando el uso de instalaciones federales. Durante su mandato, Trump ha prometido deportar a los cerca de 11,7 millones de personas que se encuentran en Estados Unidos de forma irregular, aunque actualmente ICE solo cuenta con los recursos necesarios para albergar a un promedio de 41.000 migrantes. Según Los Angeles Times, esta estrategia implica también la posibilidad de utilizar la antigua prisión de FCI Dublin en California, un lugar clausurado en 2024 tras un severo escándalo de abuso sexual.
Preocupación por el uso de la prisión Dublín
Una fuente interna citada por Los Angeles Times expresó su preocupación por el posible uso de Dublin, conocida en el pasado como el “club de violaciones”. Además, la misma fuente recordó que en operaciones previas de ICE en prisiones federales, como en 2018, hubo denuncias de asaltos por parte de personal carcelario e incluso suicidios entre los detenidos. Frente a estos antecedentes, la exreclusa de Dublin, Kendra Drysdale, afirmó a Fox News: “Meter a personas que ni siquiera son criminales en un entorno carcelario es absolutamente atroz y una inmensa violación de los derechos humanos”.
De acuerdo con la información publicada por ABC News, el acuerdo establece que ICE podrá designar qué detenidos serán trasladados a estas prisiones, pero será la BOP quien tendrá la autoridad final sobre el ingreso de cada individuo. Además, los detenidos que causen disturbios serán expulsados de estas instalaciones. En contraste, las mujeres no serán alojadas en estos centros, decisión que podría estar vinculada con la falta de recursos adecuados.
Asimismo, ABC News señaló las deficiencias de personal en la BOP, cuya falta de recursos humanos y materiales podría complicar la atención de los detenidos. Un portavoz de la BOP habló con el medio y comentó que la capacidad de la agencia para salvaguardar los derechos y necesidades de los migrantes es limitada debido al diseño actual de su mandato. Uno de los principales retos incluye lidiar con diferencias lingüísticas y culturales, ya que muchos detenidos no hablan inglés.
Temores de los trabajadores y su efecto en el sistema penitenciario
Por otra parte, algunos empleados de prisiones han señalado que esta medida es una carga adicional para un sistema ya en crisis. “Nuestro temor es que la BOP se convierta en una extensión de ICE, lo que iría en contra de nuestra misión principal”, dijo John Kostelnik, vicepresidente occidental del sindicato de trabajadores de prisiones, a Los Angeles Times. Detalló que los empleados están siendo reasignados, e incluso se han pedido voluntarios para trabajar temporalmente en las instalaciones que recibirán los detenidos.
Kostelnik explicó también que parte del impacto negativo de esta política radica en la desmoralización del personal penitenciario, quienes consideran que las prisiones federales, diseñadas para albergar a personas condenadas, no deberían convertirse en centros de detención migratoria. “Ver instalaciones donde hemos trabajado durante tanto tiempo ser entregadas a otra agencia es extremadamente desmoralizante”, lamentó.
A pesar de los esfuerzos por acomodar a más detenidos, las autoridades tienen dificultades para habilitar todas las ubicaciones mencionadas. Según Fox News, algunas unidades, como las del FCI de Berlín en New Hampshire, no están actualmente disponibles debido a la falta de personal, alimentos, ropa y entrenamiento en el lugar. Este tipo de limitaciones logísticas añade incertidumbre sobre si ICE podrá cumplir sus objetivos establecidos por la administración de Trump.
En un panorama similar, Los Angeles Times destacó que ya se han realizado evaluaciones en instalaciones vacías como Morgantown, en Virginia Occidental. Guarniciones militares como Guantánamo también se han utilizado para albergar a migrantes en semanas recientes. Una de las decisiones más controversiales fue la propuesta hecha por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ofreció que migrantes fueran enviados a las cárceles de su país, conocidas por sus estrictas condiciones
Cuatro astronautas despegarán para volver a dotar de personal la Estación Espacial Internacional (EEI) la próxima semana, informó la NASA el viernes, tras la evacuación médica de emergencia de la tripulación anterior.
La NASA anunció que la nueva misión, llamada Crew-12, despegará en el cohete Falcon 9 de SpaceX a primera hora del miércoles, con el lanzamiento «previsto para no antes de las 6H01 a.m.» hora local (11H01 GMT).
La confirmación aporta una pizca de certeza a la Crew-12, que había afrontado problemas de último minuto con el cohete y cambios de personal.
A principios de esta semana, SpaceX había dejado en tierra sus cohetes Falcon 9 mientras investigaba lo que la Administración Federal de Aviación (FAA) describió como una «falla de encendido del motor de la segunda etapa».
«El vehículo Falcon 9 está autorizado para volver a volar», dijo el viernes a la AFP un portavoz de la FAA.
La pausa temporal por parte de SpaceX generó preocupaciones de que el vuelo de la Crew-12 pudiera haberse retrasado.
La misión reemplazará a la Crew-11, que regresó a la Tierra en enero, un mes antes de lo previsto, durante la primera evacuación médica en la historia de la estación espacial.
Militares y agentes federales capturaron en el estado mexicano de Querétaro (centro) a 30 integrantes de una célula criminal ligada al poderoso cártel de Sinaloa, informó este viernes la secretaría de Seguridad Federal.
Los detenidos son 21 hombres y nueve mujeres señaladas de ser presuntos vendedores de drogas y extorsionadores de la banda criminal conocida como Los Salazar. Entre los capturados está uno de sus jefes, Diego «N», alias ‘El Flaco’ (por ley se reservan los apellidos).
Este grupo criminal es «afín al cártel de Sinaloa» y las capturas fueron resultado de cuatro meses de investigación, escribió en la red social X el secretario de seguridad mexicano Omar García Harfuch.
Un comunicado de la dependencia detalló que las capturas se realizaron en doce operativos en la ciudad de Querétaro, capital del estado del mismo nombre.
«Se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información», añadió el comunicado.
Estas detenciones se conocen luego de que el pasado jueves la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Querétaro para participar con autoridades locales en un evento público.
El gobierno mexicano ha multiplicado sus operativos contra el narcotráfico en medio de reclamos y amenazas de imponer aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.
Tras dos semanas de protestas indígenas, el gobierno de Brasil anunció este viernes la suspensión del dragado del río Tapajós, en la Amazonía, donde pueblos nativos rechazan la explotación fluvial para la exportación de granos.
Cientos de indígenas acamparon durante días frente a la terminal portuaria del gigante agroindustrial estadounidense Cargill, en el norte brasileño, para llamar la atención del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
«Frente a la movilización de pueblos indígenas y (…) como gesto de negociación», el gobierno suspendió el proceso de contratación de una empresa para las obras de dragado anual del Tapajós, en el estado de Pará, según una nota oficial.
Pueblos amazónicos alertan sobre la expansión portuaria en ríos que consideran vitales para su modo de vida, una queja que ya expresaron en la conferencia climática COP30 de la ONU en noviembre.
Piden la derogación de un decreto firmado por el izquierdista Lula en agosto pasado, que designa los principales ríos de la Amazonía como prioritarios para la navegación de carga y la expansión de puertos privados.
También reclamaban la cancelación de la licitación para dragar el Tapajós, un importante afluente del Amazonas.
Además de suspender ese proceso, el gobierno prometió este viernes una «consulta libre, previa e informada» a las comunidades locales antes de avanzar en obras.
«El gobierno está abriendo nuestros territorios a muchos proyectos (…) para impulsar el agronegocio», dijo esta semana a la AFP la líder indígena Auricelia Arapiuns, por video desde la protesta en la ciudad portuaria amazónica de Santarém.
Los manifestantes llegaron a impedir que los camiones «entren y salgan de la terminal», dijo Cargill en un comunicado enviado a la AFP.
La multinacional estadounidense cuenta con operaciones de logística agrícola en todo Brasil.
Los manifestantes bloquearon la carretera que conduce al aeropuerto internacional de Santarém, punto frecuentado por turistas.
«La infraestructura (para los ríos) que llega no es un espacio para nosotros, y nunca lo será», afirmó esta semana la líder indígena Alessandra Korap, del pueblo mundurukú.
Brasil es el mayor exportador mundial de soja y maíz y, en los últimos años, ha optado por puertos fluviales del norte para abaratar la exportación de granos.
La fiscalía general había señalado el martes «serios riesgos ambientales» para el río Tapajós.
