Internacionales
ICE planea usar prisiones federales como centros de detención para los migrantes arrestados
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Prisiones Federales (BOP) han firmado un acuerdo que permitirá que cinco prisiones federales en el país sean utilizadas como centros de detención para hombres bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), revelaron documentos filtrados a distintos medios de comunicación. De acuerdo con datos obtenidos por Fox News y ABC News el memorando suscrito el pasado 6 de febrero detalla que las unidades designadas para los detenidos se encuentran en centros como el FDC de Atlanta y el FCI de Leavenworth en Kansas, entre otros.
Sin embargo, este plan no está exento de críticas. Según comentó Fox News, múltiples trabajadores de la BOP y activistas en pro de los derechos humanos han planteado que no es adecuado ubicar a migrantes en instalaciones pensadas para personas condenadas por crímenes graves. Un empleado de la BOP precisó al medio norteamericano que las condiciones de estas cárceles son incompatibles con las necesidades de los detenidos de ICE al afirmar que “no es justo poner a inmigrantes en prisiones federales porque no han sido acusados ni condenados de delitos”.
En un aparente movimiento para aumentar la capacidad de detención, el gobierno del presidente Donald Trump estaría incrementando el uso de instalaciones federales. Durante su mandato, Trump ha prometido deportar a los cerca de 11,7 millones de personas que se encuentran en Estados Unidos de forma irregular, aunque actualmente ICE solo cuenta con los recursos necesarios para albergar a un promedio de 41.000 migrantes. Según Los Angeles Times, esta estrategia implica también la posibilidad de utilizar la antigua prisión de FCI Dublin en California, un lugar clausurado en 2024 tras un severo escándalo de abuso sexual.
Preocupación por el uso de la prisión Dublín
Una fuente interna citada por Los Angeles Times expresó su preocupación por el posible uso de Dublin, conocida en el pasado como el “club de violaciones”. Además, la misma fuente recordó que en operaciones previas de ICE en prisiones federales, como en 2018, hubo denuncias de asaltos por parte de personal carcelario e incluso suicidios entre los detenidos. Frente a estos antecedentes, la exreclusa de Dublin, Kendra Drysdale, afirmó a Fox News: “Meter a personas que ni siquiera son criminales en un entorno carcelario es absolutamente atroz y una inmensa violación de los derechos humanos”.
De acuerdo con la información publicada por ABC News, el acuerdo establece que ICE podrá designar qué detenidos serán trasladados a estas prisiones, pero será la BOP quien tendrá la autoridad final sobre el ingreso de cada individuo. Además, los detenidos que causen disturbios serán expulsados de estas instalaciones. En contraste, las mujeres no serán alojadas en estos centros, decisión que podría estar vinculada con la falta de recursos adecuados.
Asimismo, ABC News señaló las deficiencias de personal en la BOP, cuya falta de recursos humanos y materiales podría complicar la atención de los detenidos. Un portavoz de la BOP habló con el medio y comentó que la capacidad de la agencia para salvaguardar los derechos y necesidades de los migrantes es limitada debido al diseño actual de su mandato. Uno de los principales retos incluye lidiar con diferencias lingüísticas y culturales, ya que muchos detenidos no hablan inglés.
Temores de los trabajadores y su efecto en el sistema penitenciario
Por otra parte, algunos empleados de prisiones han señalado que esta medida es una carga adicional para un sistema ya en crisis. “Nuestro temor es que la BOP se convierta en una extensión de ICE, lo que iría en contra de nuestra misión principal”, dijo John Kostelnik, vicepresidente occidental del sindicato de trabajadores de prisiones, a Los Angeles Times. Detalló que los empleados están siendo reasignados, e incluso se han pedido voluntarios para trabajar temporalmente en las instalaciones que recibirán los detenidos.
Kostelnik explicó también que parte del impacto negativo de esta política radica en la desmoralización del personal penitenciario, quienes consideran que las prisiones federales, diseñadas para albergar a personas condenadas, no deberían convertirse en centros de detención migratoria. “Ver instalaciones donde hemos trabajado durante tanto tiempo ser entregadas a otra agencia es extremadamente desmoralizante”, lamentó.
A pesar de los esfuerzos por acomodar a más detenidos, las autoridades tienen dificultades para habilitar todas las ubicaciones mencionadas. Según Fox News, algunas unidades, como las del FCI de Berlín en New Hampshire, no están actualmente disponibles debido a la falta de personal, alimentos, ropa y entrenamiento en el lugar. Este tipo de limitaciones logísticas añade incertidumbre sobre si ICE podrá cumplir sus objetivos establecidos por la administración de Trump.
En un panorama similar, Los Angeles Times destacó que ya se han realizado evaluaciones en instalaciones vacías como Morgantown, en Virginia Occidental. Guarniciones militares como Guantánamo también se han utilizado para albergar a migrantes en semanas recientes. Una de las decisiones más controversiales fue la propuesta hecha por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ofreció que migrantes fueran enviados a las cárceles de su país, conocidas por sus estrictas condiciones
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
