Internacionales
Desbaratan a la estructura más grande de «coyotes» que estaba enquistada en Guatemala
Las autoridades de Guatemala desarticularon este martes una de “las grandes” estructuras de tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos, tras la captura de 19 personas, cuatro de ellas pedidas en extradición por ese país, informó la Fiscalía.
“El grupo desarticulado se dedicaba en forma sistemática a la captación, traslado y alojamiento dentro del territorio nacional de migrantes guatemaltecos para luego traficarlos ilegalmente hacia los Estados Unidos”, dijo en rueda de prensa el jefe de la fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes, Stuardo Campo.
“Se considera uno de los más grandes y poderosos (grupos) que operaba en el territorio” guatemalteco, agregó el funcionario.
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La investigación y el operativo se desarrolló con el apoyo de la Policía local y la agencia Homeland Security Investigations de Estados Unidos. Campo indicó que el propósito era capturar a 27 personas, pero solo se hicieron efectivas 19 detenciones, entre ellas las de cuatro personas pedidas en extradición por una corte de San Antonio, Texas.
La investigación contra ese grupo inició en abril de 2021, tras la muerte de una migrante guatemalteca en San Antonio. Campo aseguró que los integrantes de la banda cobraban entre 70.000 y 150.000 quetzales (entre 9.000 y 19.400 dólares aproximadamente) a cada persona para llevarlos de forma irregular a suelo estadounidense.
Los integrantes de la banda habrían logrado acumular casi dos millones de dólares en cuentas bancarias. Las autoridades además solicitaron una orden y secuestro judicial de 17 automotores de reciente modelo. El fiscal afirmó que las capturas marcarán “un precedente importante en materia de extradición de traficantes de seres humanos” porque “prácticamente son las primeras que se gestionan”. Entre los pedidos de extradición por la justicia estadounidense figuran el líder del grupo, identificado como Felipe Alonso, así como la sublíder Lesly Martínez.
En tanto, la fiscal general Consuelo Porras comentó que las 26 diligencias “de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias” se desarrollan en los departamentos de Huehuetenango (fronterizo con México), El Quiché, Totonicapán, Alta y Baja Verapaz.
Cada año, miles de guatemaltecos y centroamericanos intentan llegar a Estados Unidos de forma irregular en busca de un empleo, huyendo de la pobreza y violencia de sus países, y una crisis económica agudizada por la pandemia de covid-19. El 27 de junio se encontraron 53 migrantes muertos en un remolque en San Antonio, entre ellos 21 guatemaltecos, así como mexicanos y hondureños, tras ser abandonados bajo altas temperaturas en Estados Unidos.
Además, esta semana las autoridades mexicanas realizaron otra detención de migrantes. Se trataba de un grupo de 45 extranjeros que viajaba en el compartimento oculto de un camión fue interceptado por autoridades mexicanas en el estado de Veracruz (este), informó este lunes el Instituto Nacional de Migración (INM).
Agentes de la Guardia Nacional hicieron el hallazgo en la madrugada del lunes y fue reportado al INM, que se ocupó de auxiliar a los migrantes, que viajaban hacinados en el camión aparentemente utilizado para transportar desperdicio industrial.
“Al abrir la puerta trasera del transporte de carga solamente se apreciaban láminas, tubos, tapas y botes de metal aplastados; sin embargo, detrás de ello se escuchaban voces de personas”, detalló el despacho de Migración en un comunicado.
De los 45 extranjeros, 20 son de Venezuela, nueve de República Dominicana, cinco de Ecuador, cinco de Cuba, tres de Bangladesh, uno de Guatemala, uno de El Salvador y uno de Nicaragua. Del total, 11 son mujeres y 34 hombres, todos mayores de edad, precisó el INM
El mercado petrolero mostró señales optimistas ante la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque no anticipó una pronta reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.
El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en junio, subió un 0.25 %, hasta los $105.33 por barril.
Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), también para entrega en junio, cayó por su lado 1.51 %, hasta los $94.40 por barril.
«El mercado está bajo presión y a la espera de las negociaciones previstas para este fin de semana entre Estados Unidos e Irán», declaró a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.
Teherán y Washington anunciaron el viernes el envío de negociadores a Islamabad, la capital pakistaní.
Cada vez que se anuncian negociaciones, el mercado espera que conduzcan a una resolución del conflicto, incluyendo la reapertura del estrecho de Ormuz y, en consecuencia, la liberación de millones de barriles de petróleo del Golfo, añadió el analista.
Pero al mismo tiempo «el mercado ha aprendido a ser muy cauteloso», dijo a la AFP Ole R. Hvalbye, de SEB.
Las negociaciones anteriores fracasaron, y esta vez el vicepresidente de Estados Unidos, quien lideró las conversaciones iniciales, permaneció en su país, según la Casa Blanca.
A pesar de la prórroga indefinida de la tregua por parte de Donald Trump, la ecuación para el mercado petrolero es complicada.
Irán y Estados Unidos podrían retomar en breve las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Medio y ambos países anunciaron ayer el envío de negociadores a Pakistán, que actúa como mediador.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que los emisarios del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, parten hoy hacia Pakistán «con el fin de mantener conversaciones […] con representantes de la delegación iraní».
Leavitt, en declaraciones a Fox News, expresó su esperanza en que sea «una conversación fructífera».
Previamente, la agencia IRNA oficializó el viaje del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, este mismo viernes a Islamabad, la capital pakistaní.
Las conversaciones entre los beligerantes empezaron hace dos semanas, pero quedaron interrumpidas al cabo de unas horas. Pese a ello, Estados Unidos prorrogó unilateralmente el alto el fuego de forma indefinida.
Araqchi continuará con una gira regional que lo llevará después a Mascate, la capital de Omán, y a Moscú para «consultas bilaterales» sobre la situación regional, según la agencia oficial iraní.
La guerra fue provocada por el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero.
Desde entonces, el conflicto ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, donde se enfrentan Israel y el movimiento proiraní Hezbolá.
El conflicto también entorpeció la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la contienda circulaba el 20 % del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consumen a nivel mundial. Ahora, esa vía marítima crucial está sometida a un doble bloqueo: iraní y estadounidense.
La reapertura inmediata de Ormuz es «vital para el mundo entero», destacó el viernes el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.
El Departamento de Justicia estadounidense anunció ayer una ampliación de los métodos de aplicación de la pena de muerte en casos federales, que incluye los pelotones de fusilamiento, la electrocución y el gas letal.
La pena de muerte se aplica normalmente a nivel estatal en Estados Unidos, pero el gobierno federal también puede solicitar la ejecución para ciertos delitos.
«La administración anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a solicitar e implementar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías», declaró el fiscal general interino Todd Blanche.
Bajo el presidente Donald Trump, «el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a ponerse del lado de las víctimas», dijo Blanche en un comunicado.
El presidente republicano puso fin en 2020, durante su primer mandato, a una pausa de 17 años en las ejecuciones federales.
Antes de dejar la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente demócrata Joe Biden, opositor a la pena de muerte, conmutó las sentencias de muerte de 37 de los 40 reclusos condenados a la pena capital a nivel federal.
Trump, en su primer día en la Casa Blanca de su segundo mandato, pidió ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles».
Actualmente, cinco estados de Estados Unidos autorizan el pelotón de fusilamiento para las ejecuciones, pero solo uno —Carolina del Sur— ha utilizado este método en los últimos años.
Nueve estados permiten la electrocución, pero este método no se ha usado desde 2020.
Dos estados han ejecutado recientemente a reclusos mediante hipoxia de nitrógeno, que consiste en bombear gas nitrógeno a una mascarilla, provocando la asfixia del preso.
El uso del gas nitrógeno como método de pena capital ha sido denunciado por expertos de las Naciones Unidas como cruel e inhumano.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias.
Los tres hombres cuyas sentencias de muerte no fueron conmutadas por Biden fueron uno de los autores del atentado del maratón de Boston de 2013, un hombre armado que asesinó a 11 fieles judíos en 2018 y un supremacista blanco que mató a nueve feligreses negros en una iglesia en 2015.
El Departamento también busca agilizar el proceso para solicitar la pena de muerte y reducir el número de años entre la condena y la ejecución, según indica el comunicado.
«Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a apoyar a las víctimas», dijo Blanche.
El Gobierno de Trump le apuesta a castigar con dureza y a toda costa a los criminales que han puesto en peligro a la sociedad estadounidense, una política que dista de la visión de Biden.
