Internacionales
Desbaratan a la estructura más grande de «coyotes» que estaba enquistada en Guatemala
Las autoridades de Guatemala desarticularon este martes una de “las grandes” estructuras de tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos, tras la captura de 19 personas, cuatro de ellas pedidas en extradición por ese país, informó la Fiscalía.
“El grupo desarticulado se dedicaba en forma sistemática a la captación, traslado y alojamiento dentro del territorio nacional de migrantes guatemaltecos para luego traficarlos ilegalmente hacia los Estados Unidos”, dijo en rueda de prensa el jefe de la fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes, Stuardo Campo.
“Se considera uno de los más grandes y poderosos (grupos) que operaba en el territorio” guatemalteco, agregó el funcionario.
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La investigación y el operativo se desarrolló con el apoyo de la Policía local y la agencia Homeland Security Investigations de Estados Unidos. Campo indicó que el propósito era capturar a 27 personas, pero solo se hicieron efectivas 19 detenciones, entre ellas las de cuatro personas pedidas en extradición por una corte de San Antonio, Texas.
La investigación contra ese grupo inició en abril de 2021, tras la muerte de una migrante guatemalteca en San Antonio. Campo aseguró que los integrantes de la banda cobraban entre 70.000 y 150.000 quetzales (entre 9.000 y 19.400 dólares aproximadamente) a cada persona para llevarlos de forma irregular a suelo estadounidense.
Los integrantes de la banda habrían logrado acumular casi dos millones de dólares en cuentas bancarias. Las autoridades además solicitaron una orden y secuestro judicial de 17 automotores de reciente modelo. El fiscal afirmó que las capturas marcarán “un precedente importante en materia de extradición de traficantes de seres humanos” porque “prácticamente son las primeras que se gestionan”. Entre los pedidos de extradición por la justicia estadounidense figuran el líder del grupo, identificado como Felipe Alonso, así como la sublíder Lesly Martínez.
En tanto, la fiscal general Consuelo Porras comentó que las 26 diligencias “de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias” se desarrollan en los departamentos de Huehuetenango (fronterizo con México), El Quiché, Totonicapán, Alta y Baja Verapaz.
Cada año, miles de guatemaltecos y centroamericanos intentan llegar a Estados Unidos de forma irregular en busca de un empleo, huyendo de la pobreza y violencia de sus países, y una crisis económica agudizada por la pandemia de covid-19. El 27 de junio se encontraron 53 migrantes muertos en un remolque en San Antonio, entre ellos 21 guatemaltecos, así como mexicanos y hondureños, tras ser abandonados bajo altas temperaturas en Estados Unidos.
Además, esta semana las autoridades mexicanas realizaron otra detención de migrantes. Se trataba de un grupo de 45 extranjeros que viajaba en el compartimento oculto de un camión fue interceptado por autoridades mexicanas en el estado de Veracruz (este), informó este lunes el Instituto Nacional de Migración (INM).
Agentes de la Guardia Nacional hicieron el hallazgo en la madrugada del lunes y fue reportado al INM, que se ocupó de auxiliar a los migrantes, que viajaban hacinados en el camión aparentemente utilizado para transportar desperdicio industrial.
“Al abrir la puerta trasera del transporte de carga solamente se apreciaban láminas, tubos, tapas y botes de metal aplastados; sin embargo, detrás de ello se escuchaban voces de personas”, detalló el despacho de Migración en un comunicado.
De los 45 extranjeros, 20 son de Venezuela, nueve de República Dominicana, cinco de Ecuador, cinco de Cuba, tres de Bangladesh, uno de Guatemala, uno de El Salvador y uno de Nicaragua. Del total, 11 son mujeres y 34 hombres, todos mayores de edad, precisó el INM
Internacionales
Bank of America acepta pagar $72,5 millones para cerrar un proceso civil vinculado a Epstein
Bank of America aceptó pagar 72,5 millones de dólares para cerrar una causa civil colectiva en la que se le acusaba de haber facilitado el «tráfico sexual» del financista Jeffrey Epstein, según documentos judiciales consultados por AFP.
«Esta resolución nos permite dejar el asunto atrás y le ofrece un cierre a los demandantes», indicó un portavoz de Bank of America, que de todos modos niega haber ayudado a Epstein en la comisión de delitos.
El acuerdo entre las partes debe aún ser ratificado por un juez de Nueva York.
Las demandantes, presentadas como víctimas sin identificar del fallecido financista, acusaban al banco estadounidense de haber «participado consciente e intencionalmente en la red de trata sexual de Jeffrey Epstein» al prestarle servicios bancarios a pesar de las «señales de alerta».
En el texto del acuerdo, Bank of America reiteró que impugna todas las acusaciones en su contra.
El banco específicamente negó «haber participado de cualquier manera» en la red criminal de Epstein.
Es el más reciente de los acuerdos de bancos con víctimas de Epstein, después de un acuerdo por 75 millones de dólares con JP Morgan y un pago reportado por 75 millones de dólares por parte de Deutsche Bank, ambos en 2023.
Epstein fue arrestado y acusado en julio de 2019 por explotación sexual de menores y conspiración. Fue hallado muerto en su celda el 10 de agosto de ese año, mientras esperaba ser juzgado. La autopsia concluyó que se trató de un suicidio.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó en línea más de tres millones de archivos relacionados con la investigación en su contra. Los documentos muestran el alcance de sus vínculos con importantes personalidades en todo el mundo.
Cerca de 70 millones de niños y adolescentes en Indonesia quedaron oficialmente excluidos de las redes sociales tras la entrada en vigor este sábado de una norma que prohíbe su uso a los menores de 16 años.
Ese archipiélago asiático, de 284 millones de habitantes, se suma así a la lista de países que han optado por legislar para proteger a los más jóvenes de los efectos perjudiciales de la exposición prolongada a contenidos adictivos en las plataformas digitales.
Las cuentas pertenecientes a menores de 16 años deberán empezar a desactivarse desde este sábado en redes consideradas «de alto riesgo», entre ellas YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live -especializada en video en directo- y el videojuego Roblox.
X y Bigo ya aplicaron la nueva disposición y elevaron la edad mínima de uso a 16 y 18 años, respectivamente, indicó el viernes por la noche la ministra de Comunicaciones, Meutya Hafid, justo antes de que se aplicara la prohibición.
Las demás plataformas digitales deben «adaptar de inmediato sus productos, funcionalidades y servicios a la normativa vigente», añadió la funcionaria en una conferencia de prensa.
Advirtió que no habrá «margen para concesionesv» para las redes sociales que operan en Indonesia.
TikTok aseguró el viernes en un comunicado su compromiso de cumplir con la medida, incluyendo «tomar las medidas adecuadas con respecto a las cuentas de menores de 16 años».
Sin embargo, el gobierno indonesio no ha indicado cómo piensa controlar su veto.
La responsabilidad de restringir el acceso de los menores recae en las propias plataformas, que se exponen a multas e incluso a suspensiones si no aplican las nuevas medidas.
México denunció la muerte de otro de sus ciudadanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos y exigió investigar las «graves omisiones» del centro de detención donde se hallaba el migrante.
Con este caso, según la cancillería de México, suman 14 los mexicanos muertos bajo custodia del ICE o en redadas durante el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, quien lanzó una política antimigratoria desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.
El hecho más reciente ocurrió en el estado de California la noche del miércoles. El mexicano estaba detenido en el centro de Adelanto y fue trasladado a un hospital en Victorville, donde falleció, dijo la cancillería en un comunicado difundido la noche del viernes.
La institución exhortó a Estados Unidos a que «estos lamentables casos no continúen» y demandó «una revisión inmediata del centro de Adelanto, por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia».
Sin identificar al mexicano fallecido, la cancillería aseguró que el consulado en San Bernardino está en contacto con su familia y también con autoridades de Estados Unidos «para conocer la causa de muerte, expediente médico completo y circunstancias previas» al deceso.
El miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó las muertes de mexicanos bajo custodia del ICE. «Pedimos que se respeten los derechos humanos. (…) No estamos de acuerdo con estas formas de detención», declaró en rueda de prensa.
En un reporte difundido ese día, la cancillería detalló que seis de los casos conocidos hasta entonces están relacionados con «complicaciones médicas» y cuatro más fueron catalogados como «suicidio».
Además, otros dos mexicanos han fallecido en redadas migratorias y uno fue abatido durante un tiroteo contra instalaciones migratorias.
El año pasado, en medio de la política antimigratoria de Trump, murieron al menos 30 personas mientras se encontraban en centros de detención de migrantes en Estados Unidos. Es el mayor número desde 2004, el año posterior a la creación de ICE.
