Internacionales
Desbaratan a la estructura más grande de «coyotes» que estaba enquistada en Guatemala
Las autoridades de Guatemala desarticularon este martes una de “las grandes” estructuras de tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos, tras la captura de 19 personas, cuatro de ellas pedidas en extradición por ese país, informó la Fiscalía.
“El grupo desarticulado se dedicaba en forma sistemática a la captación, traslado y alojamiento dentro del territorio nacional de migrantes guatemaltecos para luego traficarlos ilegalmente hacia los Estados Unidos”, dijo en rueda de prensa el jefe de la fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes, Stuardo Campo.
“Se considera uno de los más grandes y poderosos (grupos) que operaba en el territorio” guatemalteco, agregó el funcionario.
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La investigación y el operativo se desarrolló con el apoyo de la Policía local y la agencia Homeland Security Investigations de Estados Unidos. Campo indicó que el propósito era capturar a 27 personas, pero solo se hicieron efectivas 19 detenciones, entre ellas las de cuatro personas pedidas en extradición por una corte de San Antonio, Texas.
La investigación contra ese grupo inició en abril de 2021, tras la muerte de una migrante guatemalteca en San Antonio. Campo aseguró que los integrantes de la banda cobraban entre 70.000 y 150.000 quetzales (entre 9.000 y 19.400 dólares aproximadamente) a cada persona para llevarlos de forma irregular a suelo estadounidense.
Los integrantes de la banda habrían logrado acumular casi dos millones de dólares en cuentas bancarias. Las autoridades además solicitaron una orden y secuestro judicial de 17 automotores de reciente modelo. El fiscal afirmó que las capturas marcarán “un precedente importante en materia de extradición de traficantes de seres humanos” porque “prácticamente son las primeras que se gestionan”. Entre los pedidos de extradición por la justicia estadounidense figuran el líder del grupo, identificado como Felipe Alonso, así como la sublíder Lesly Martínez.
En tanto, la fiscal general Consuelo Porras comentó que las 26 diligencias “de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias” se desarrollan en los departamentos de Huehuetenango (fronterizo con México), El Quiché, Totonicapán, Alta y Baja Verapaz.
Cada año, miles de guatemaltecos y centroamericanos intentan llegar a Estados Unidos de forma irregular en busca de un empleo, huyendo de la pobreza y violencia de sus países, y una crisis económica agudizada por la pandemia de covid-19. El 27 de junio se encontraron 53 migrantes muertos en un remolque en San Antonio, entre ellos 21 guatemaltecos, así como mexicanos y hondureños, tras ser abandonados bajo altas temperaturas en Estados Unidos.
Además, esta semana las autoridades mexicanas realizaron otra detención de migrantes. Se trataba de un grupo de 45 extranjeros que viajaba en el compartimento oculto de un camión fue interceptado por autoridades mexicanas en el estado de Veracruz (este), informó este lunes el Instituto Nacional de Migración (INM).
Agentes de la Guardia Nacional hicieron el hallazgo en la madrugada del lunes y fue reportado al INM, que se ocupó de auxiliar a los migrantes, que viajaban hacinados en el camión aparentemente utilizado para transportar desperdicio industrial.
“Al abrir la puerta trasera del transporte de carga solamente se apreciaban láminas, tubos, tapas y botes de metal aplastados; sin embargo, detrás de ello se escuchaban voces de personas”, detalló el despacho de Migración en un comunicado.
De los 45 extranjeros, 20 son de Venezuela, nueve de República Dominicana, cinco de Ecuador, cinco de Cuba, tres de Bangladesh, uno de Guatemala, uno de El Salvador y uno de Nicaragua. Del total, 11 son mujeres y 34 hombres, todos mayores de edad, precisó el INM
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
Internacionales
FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
