Internacionales
Desbaratan a la estructura más grande de «coyotes» que estaba enquistada en Guatemala
Las autoridades de Guatemala desarticularon este martes una de “las grandes” estructuras de tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos, tras la captura de 19 personas, cuatro de ellas pedidas en extradición por ese país, informó la Fiscalía.
“El grupo desarticulado se dedicaba en forma sistemática a la captación, traslado y alojamiento dentro del territorio nacional de migrantes guatemaltecos para luego traficarlos ilegalmente hacia los Estados Unidos”, dijo en rueda de prensa el jefe de la fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes, Stuardo Campo.
“Se considera uno de los más grandes y poderosos (grupos) que operaba en el territorio” guatemalteco, agregó el funcionario.
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La investigación y el operativo se desarrolló con el apoyo de la Policía local y la agencia Homeland Security Investigations de Estados Unidos. Campo indicó que el propósito era capturar a 27 personas, pero solo se hicieron efectivas 19 detenciones, entre ellas las de cuatro personas pedidas en extradición por una corte de San Antonio, Texas.
La investigación contra ese grupo inició en abril de 2021, tras la muerte de una migrante guatemalteca en San Antonio. Campo aseguró que los integrantes de la banda cobraban entre 70.000 y 150.000 quetzales (entre 9.000 y 19.400 dólares aproximadamente) a cada persona para llevarlos de forma irregular a suelo estadounidense.
Los integrantes de la banda habrían logrado acumular casi dos millones de dólares en cuentas bancarias. Las autoridades además solicitaron una orden y secuestro judicial de 17 automotores de reciente modelo. El fiscal afirmó que las capturas marcarán “un precedente importante en materia de extradición de traficantes de seres humanos” porque “prácticamente son las primeras que se gestionan”. Entre los pedidos de extradición por la justicia estadounidense figuran el líder del grupo, identificado como Felipe Alonso, así como la sublíder Lesly Martínez.
En tanto, la fiscal general Consuelo Porras comentó que las 26 diligencias “de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias” se desarrollan en los departamentos de Huehuetenango (fronterizo con México), El Quiché, Totonicapán, Alta y Baja Verapaz.
Cada año, miles de guatemaltecos y centroamericanos intentan llegar a Estados Unidos de forma irregular en busca de un empleo, huyendo de la pobreza y violencia de sus países, y una crisis económica agudizada por la pandemia de covid-19. El 27 de junio se encontraron 53 migrantes muertos en un remolque en San Antonio, entre ellos 21 guatemaltecos, así como mexicanos y hondureños, tras ser abandonados bajo altas temperaturas en Estados Unidos.
Además, esta semana las autoridades mexicanas realizaron otra detención de migrantes. Se trataba de un grupo de 45 extranjeros que viajaba en el compartimento oculto de un camión fue interceptado por autoridades mexicanas en el estado de Veracruz (este), informó este lunes el Instituto Nacional de Migración (INM).
Agentes de la Guardia Nacional hicieron el hallazgo en la madrugada del lunes y fue reportado al INM, que se ocupó de auxiliar a los migrantes, que viajaban hacinados en el camión aparentemente utilizado para transportar desperdicio industrial.
“Al abrir la puerta trasera del transporte de carga solamente se apreciaban láminas, tubos, tapas y botes de metal aplastados; sin embargo, detrás de ello se escuchaban voces de personas”, detalló el despacho de Migración en un comunicado.
De los 45 extranjeros, 20 son de Venezuela, nueve de República Dominicana, cinco de Ecuador, cinco de Cuba, tres de Bangladesh, uno de Guatemala, uno de El Salvador y uno de Nicaragua. Del total, 11 son mujeres y 34 hombres, todos mayores de edad, precisó el INM
Internacionales
Video muestra cómo un hombre fue salvado de morir electrocutado por la rápida acción de su amigo
Un video que circula en redes sociales se ha viralizado al mostrar el momento en que un hombre interviene para auxiliar a un amigo que estaba recibiendo una fuerte descarga eléctrica.
En las imágenes se observa cómo la víctima permanece atrapada por la corriente eléctrica, mientras su compañero reacciona de inmediato e intenta apartarlo de la fuente de peligro.
El hecho quedó registrado en video y ha generado numerosas reacciones en plataformas digitales, donde usuarios han destacado la rápida acción del rescatista durante la emergencia.
Internacionales
Senado de Estados Unidos aprueba 70,000 millones de dólares para la ofensiva migratoria de Trump
El Senado de Estados Unidos aprobó una asignación de 70.000 millones de dólares destinada a financiar la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, tras una extensa jornada de votaciones sobre diversas enmiendas que pusieron de manifiesto diferencias dentro del Partido Republicano.
La iniciativa contempla recursos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato presidencial. Con esta aprobación, el proyecto avanza a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos prevén discutirlo en los próximos días antes de enviarlo al mandatario para su eventual sanción.
La votación se produjo después del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registrado a principios de año, cuando los demócratas rechazaron respaldar nuevos fondos para la aplicación de las leyes migratorias sin restricciones específicas. Entre los puntos cuestionados se encontraban las redadas y el uso de máscaras por parte de agentes migratorios.
Ante la falta de consenso con la oposición, los republicanos recurrieron al mecanismo de reconciliación presupuestaria, que permite aprobar determinadas medidas con mayoría simple siempre que mantengan el respaldo de sus propios legisladores.
Durante el debate también surgieron discrepancias internas sobre otras iniciativas vinculadas a las prioridades de Trump, entre ellas un fondo destinado a compensar a personas que afirman haber sido perseguidas políticamente por administraciones anteriores. Algunos senadores expresaron preocupación por el impacto político de estas propuestas y buscaron limitar o eliminar ciertos componentes del paquete.
Los demócratas, por su parte, intentaron redirigir parte de los recursos hacia programas de vivienda y otras áreas sociales, argumentando que la prioridad debería centrarse en asuntos relacionados con el costo de vida y la inflación.
El gobierno de Francia analiza cómo responder a las críticas surgidas tras la desaparición de una niña de 11 años, en un caso que ha generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema judicial y el tratamiento de denuncias previas por agresiones sexuales contra el principal sospechoso.
La menor, identificada como Lyhanna, desapareció el 29 de mayo en la localidad de Fleurance, en el suroeste del país. Según las investigaciones, la última vez que fue vista con vida fue cuando subía al vehículo de un hombre señalado posteriormente como principal sospechoso, quien es padre de una amiga de la niña.
Las autoridades informaron que, tras varios días de búsqueda, fue hallado un cadáver con características similares a las de la menor en un silo agrícola abandonado. Las diligencias continúan para confirmar formalmente la identidad del cuerpo y determinar las causas de la muerte.
El principal sospechoso, identificado como Jérôme B., había sido acusado previamente de secuestro y se encontraba encarcelado. De acuerdo con la fiscal local, el hombre acumulaba varias denuncias por presuntos delitos sexuales contra menores presentadas entre 2017 y 2025. Algunos de estos casos fueron archivados por falta de pruebas o por declaraciones de las denunciantes.
Ante la conmoción generada por el caso, el presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció la existencia de posibles fallos y deficiencias que deberán ser esclarecidos. Asimismo, expresó su solidaridad con la familia de la menor.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, sostuvo una reunión con los ministros de Justicia e Interior para revisar los posibles errores judiciales y ordenó una investigación administrativa. Paralelamente, la gendarmería y las autoridades judiciales anunciaron revisiones de procedimientos relacionados con casos sensibles que involucran a menores.
El caso ha reavivado el debate en Francia sobre la atención que reciben las denuncias de violencia sexual contra menores. Según datos de la comisión independiente Civiise, una parte significativa de estas denuncias son archivadas sin llegar a una condena judicial.
