Internacionales
Desbaratan a la estructura más grande de «coyotes» que estaba enquistada en Guatemala
Las autoridades de Guatemala desarticularon este martes una de “las grandes” estructuras de tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos, tras la captura de 19 personas, cuatro de ellas pedidas en extradición por ese país, informó la Fiscalía.
“El grupo desarticulado se dedicaba en forma sistemática a la captación, traslado y alojamiento dentro del territorio nacional de migrantes guatemaltecos para luego traficarlos ilegalmente hacia los Estados Unidos”, dijo en rueda de prensa el jefe de la fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes, Stuardo Campo.
“Se considera uno de los más grandes y poderosos (grupos) que operaba en el territorio” guatemalteco, agregó el funcionario.
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La investigación y el operativo se desarrolló con el apoyo de la Policía local y la agencia Homeland Security Investigations de Estados Unidos. Campo indicó que el propósito era capturar a 27 personas, pero solo se hicieron efectivas 19 detenciones, entre ellas las de cuatro personas pedidas en extradición por una corte de San Antonio, Texas.
La investigación contra ese grupo inició en abril de 2021, tras la muerte de una migrante guatemalteca en San Antonio. Campo aseguró que los integrantes de la banda cobraban entre 70.000 y 150.000 quetzales (entre 9.000 y 19.400 dólares aproximadamente) a cada persona para llevarlos de forma irregular a suelo estadounidense.
Los integrantes de la banda habrían logrado acumular casi dos millones de dólares en cuentas bancarias. Las autoridades además solicitaron una orden y secuestro judicial de 17 automotores de reciente modelo. El fiscal afirmó que las capturas marcarán “un precedente importante en materia de extradición de traficantes de seres humanos” porque “prácticamente son las primeras que se gestionan”. Entre los pedidos de extradición por la justicia estadounidense figuran el líder del grupo, identificado como Felipe Alonso, así como la sublíder Lesly Martínez.
En tanto, la fiscal general Consuelo Porras comentó que las 26 diligencias “de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias” se desarrollan en los departamentos de Huehuetenango (fronterizo con México), El Quiché, Totonicapán, Alta y Baja Verapaz.
Cada año, miles de guatemaltecos y centroamericanos intentan llegar a Estados Unidos de forma irregular en busca de un empleo, huyendo de la pobreza y violencia de sus países, y una crisis económica agudizada por la pandemia de covid-19. El 27 de junio se encontraron 53 migrantes muertos en un remolque en San Antonio, entre ellos 21 guatemaltecos, así como mexicanos y hondureños, tras ser abandonados bajo altas temperaturas en Estados Unidos.
Además, esta semana las autoridades mexicanas realizaron otra detención de migrantes. Se trataba de un grupo de 45 extranjeros que viajaba en el compartimento oculto de un camión fue interceptado por autoridades mexicanas en el estado de Veracruz (este), informó este lunes el Instituto Nacional de Migración (INM).
Agentes de la Guardia Nacional hicieron el hallazgo en la madrugada del lunes y fue reportado al INM, que se ocupó de auxiliar a los migrantes, que viajaban hacinados en el camión aparentemente utilizado para transportar desperdicio industrial.
“Al abrir la puerta trasera del transporte de carga solamente se apreciaban láminas, tubos, tapas y botes de metal aplastados; sin embargo, detrás de ello se escuchaban voces de personas”, detalló el despacho de Migración en un comunicado.
De los 45 extranjeros, 20 son de Venezuela, nueve de República Dominicana, cinco de Ecuador, cinco de Cuba, tres de Bangladesh, uno de Guatemala, uno de El Salvador y uno de Nicaragua. Del total, 11 son mujeres y 34 hombres, todos mayores de edad, precisó el INM
Internacionales
Intento de suprimir feriado del 1º de mayo enfurece a sindicatos e izquierda en Francia
Los sindicatos y los partidos de izquierda franceses cargaron este viernes contra la propuesta de autorizar a los empleados, especialmente del comercio de proximidad, a trabajar el 1º de mayo, día feriado y símbolo en Francia de la lucha sindical.
La legislación laboral establece que «el 1º de mayo es día festivo y no laborable», aunque prevé que un panadero o un florista puedan abrir ese día pero sin sus empleados, so pena de multas de hasta 1,500 euros ($1,750).
Los legisladores de centro y derecha, con el apoyo del gobierno, buscan cambiar la ley para permitir trabajar ese día a los empleados de los comercios de proximidad y de salas culturales, si lo deciden de forma «voluntaria». Recibirían el doble de salario.
«No queremos tocar la conquista del 1º de mayo», sino «dar seguridad al marco existente», aseguró esta semana el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, que anunció el objetivo de aplicar el cambio, si se aprueba, desde este año.
Según los sindicatos, esta ley permitiría que al menos 1,4 millones de empleados más trabajen el 1º de mayo. Sus opositores consideran además que no se respetará la cuestión del voluntariado, ya que los empleados se sentirán obligados a trabajar.
«El voluntariado no existe», criticó Natalie Huyghe, empleada de jardinería de 57 años y afiliada al sindicato CGT. «Si esto funciona, se va a extender a todos los sectores», abundó Hadjia Djebbar, de 62 años, durante una protesta cerca del Parlamento.
La proposición de ley ya fue adoptada una primera vez en el Senado y, este viernes, superó un nuevo trámite en la Asamblea Nacional (Cámara Baja), no sin polémica.
Ante la posibilidad de que no llegara a votarse por las 140 enmiendas presentadas, los partidarios del cambio decidieron de forma táctica rechazar su ley sin debate para así acelerar el trámite parlamentario de cara a su adopción antes de finales de mes.
«Es una puñalada en la espalda de millones de trabajadores y trabajadoras», denunció la líder del sindicato CGT, Sophie Binet.
Su par de la CFDT, Marylise Léon, criticó en la televisión TF1 la «cantinela de que los franceses trabajarían menos que los demás». «Eso no es verdad. En Francia hay 11 días festivos. En otros países de Europa, hay 14, 15», agregó.
Esta tradicional fiesta nació el 1º de mayo de 1886 con el llamado a la huelga de sindicatos estadounidenses para exigir una jornada laboral máxima de ocho horas diarias. Durante este movimiento murieron varios huelguistas y policías.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió el miércoles un «incremento responsable» de salarios, carcomidos por años de inflación y una dramática retracción de la economía en la última década.
El salario mínimo en Venezuela equivale actualmente a 27 centavos de dólar frente a una inflación anual que supera el 600 %. Y aunque el ingreso puede llegar a 150 dólares con bonos estatales, sigue siendo insuficiente frente a los 645 dólares que, según estimaciones privadas, cuesta la canasta básica alimentaria familiar.
«Anuncio que el 1.° de mayo haremos un incremento y este incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable», dijo Rodríguez durante una alocución transmitida por la televisión estatal.
En tanto «Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino», prometió.
«Nuestro objetivo inmediato, mediano y a largo plazo es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento productivo tanto en el área de los hidrocarburos como de la minería, que generan ingresos inmediatos», indicó acompañada por miembros de su gabinete.
Este jueves más de 2,000 trabajadores y jubilados marcharon hacia el Palacio de Miraflores (sede presidencial) como rechazo a la promesa de aumento salarial hecha por Rodríguez.
Agentes policiales antimotines dispuestos en varios puntos de la ruta frenaban con escudos y reprimían con gases lacrimógenos a la multitud que avanzaba al grito de consignas.
«Basta ya del engaño, del aumento de los salarios. Quieren poner como salario un aumento de los bonos que da el gobierno. Eso es totalmente inaudito», dijo a la AFP Mauricio Ramos, un profesor universitario jubilado de 71 años.
Este miércoles, Honduras se mantuvo en vilo por el secuestro de un niño de 10 años a tempranas horas de la mañana cuando se dirigía a su escuela en Taulabé, Comayagua. El hecho quedó grabado por un sistema de vigilancia de circuito cerrado (CCTV).
En horas de la noche del mismo día la Policía Nacional liberó al menor de edad (identificado como Patrick Sammir Girón Chávez) y capturó a tres hombres acusados de secuestrarlo, quienes, según la autoridad, exigieron 5 millones de lempiras a los familiares del niño como rescate. El operativo se ejecutó en Siguatepeque, en el referido departamento hondureño.
El niño fue entregado posteriormente a sus familiares.
Trascendió que uno de los detenidos había trabajado para los parientes cercanos del menor de edad.
