Judicial
CONFIRMADO: INTERPOL elimina difusión roja publicada contra Enrique Rais por casos ilegalmente fabricados
Los suscritos abogados del Sr. José Aquiles Enrique Rais López (“Enrique Rais”) hacemos del conocimiento público que el nueve de agosto del presente año su equipo de litigio internacional fue notificado por la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) con sede en Lyon, Francia, de la decisión adoptada consistente en “Eliminar las dos alertas (difusiones rojas) que existían en contra de Enrique Rais” y que en su momento fueron solicitadas por el (Ex) Fiscal General Douglas Meléndez, por los (Ex) magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador Carlos Ernesto Sánchez Escobar y Guillermo Arévalo Domínguez; el (Ex) Juez Octavo de Instrucción Mario Osmín Mira Montes y Wil Walter Ruiz.
En su decisión, INTERPOL cancela ambas difusiones rojas existentes en contra del Sr. Rais principalmente por los siguientes motivos:
Por ser el resultado de violaciones al debido proceso y otros derechos humanos, cometidos contra la persona de Enrique Rais y que se encuentan reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, otros instrumentos internacionales y el Estatuto de INTERPOL.
Por no corresponder a situaciones de una persecución penal, sino que se trata de hechos fabricados con prueba ilegal y prueba espúrea con el objetivo de generar una persecución por motivos políticos y no criminales.
Al momento de examinar el caso, INTERPOL tuvo conocimiento y revisó la siguiente documentación que fue aportada por el equipo legal de Enrique Rais y constituyó plena prueba que el Sr. Rais ha sido víctima de abuso de poder por parte del sistema de justicia de El Salvador:
Resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas que declaró que Enrique Rais es víctima de una privación arbitraria de libertad y que requirió a El Salvador poner fin inmediato a las restricciones ilegales y al proceso en su contra.
Resoluciones de Sobreseimiento definitivo y archivo de las investigaciones dictados por la Fiscalía de Suiza al comprobar que no existe delito que perseguir y que constituyen los mismos hechos por los que Enrique Rais continúa siendo perseguido en El Salvador. (Infracción a no ser perseguido dos veces por los mismos hechos -ne bis in ídem-)
Comunicación del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados donde se reitera la situación de violaciones al debido proceso y falta de garantía de Enrique Rais a ser juzgado por jueces y tribunales independientes e imparciales con respecto a las acusaciones presentadas entre el 22 de agosto de 2016 y el 3 de mayo de 2019, periodos en que los señores Douglas Meléndez (2016-2019) y Raúl Ernesto Melara Morán (2019-2021) se encontraban ejerciendo el cargo como titulares de la Fiscalía General de la República.
Con la resolución adoptada por INTERPOL se obtiene una nueva reinvindicación a favor del honor y la dignidad de Enrique Rais, se garantiza el goce de su libertad a nivel internacional y se crea más evidencia de las actuaciones ilegales cometidas contra el Sr. Rais por los (Ex) Fiscal Generales Douglas Meléndez y Raúl Melara, así como algunos de sus cercanos colaboradores y ciertos jueces y magistrados que torcían la ley para administrar justicia selectiva acomodada a oscuros intereses.
A efecto directo de la acción de INTERPOL, el once de octubre de presente año, hemos sido notificados de resolución de las catorce horas con quince minutos del diez de octubre de dos mil veintidós emitida por el Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador que confirma lo antes expresado así: “(…) Agréguese a sus antecedentes, el oficio número(…) de fecha 05 de los corrientes y presentado en la Secretaría de este Juzgado a las catorce horas con treinta y cinco minutos de ese mismo día, procedente de la Oficina Central Nacional INTERPOL, El Salvador, por medio de la cual comunican que la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol (CCF) admitió a trámite la solicitud de revisión presentada por el señor José Aquiles Enrique Rais López… concluyendo que no se cumplían con las normas de Interpol aplicables al tratamiento de datos y decidió que dichos datos fueran suprimidos de los archivos de la interpol… finalmente hacen de conocimeinto que las notificaciones rojas de José Aquiles Enrique Rais López.. han sido eliminadas de las bases de datos de INTERPOL.”
Como consecuencia, tomando en cuenta que la Sala de lo Constitucional ha expresado en su resolución de fecha 9 de julio de 2021 el acatamiento de la opinión del GTDA en el caso de Enrique Rais y siendo que todas las resoluciones y sentencias del Tribunal Constitucional son inapelables y de estricto cumplimiento, solicitamos que se solucionen de forma definitiva por las autoridades competentes los procedimientos y procesos que han provocado que Enrique Rais haya debido batallar desde el exilio por obtener justicia, como lo ha reconocido el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Informe del año 2021).
También solicitamos a la Fiscalía General de la República, a los jueces y tribunales de El Salvador que con base a la evidencia existente realicen las acciones legales correspondientes contra los perpetradores de las violaciones de derechos humanos de Enrique Rais, que incluye deducir responsabilidades de las autoridades públicas y medios de prensa que divulgaron indebidamente en el año 2018 información sobre las difusiones rojas relacionadas con el Sr. Rais, que conforme al Reglamento de Tratamiento de Datos no contaban con autorización para ser divulgada y que provocaron graves daños personales, familiares y empresariales a nuestro cliente. Finalmente, queda claro que se ha demostrado a nivel internacional lo ilegal de los casos fabricados contra Enrique Rais, por lo que hemos sido informados por nuesto cliente que no descansará hasta ver a los responsables de tantas ilegalidades responder por sus actos, para que no vuelvan a dañar a otras personas inocentes y así obtener total justicia reparativa.
Los suscritos apoderados legales del Sr. José Aquiles Enrique Rais López. Lic. Carlos M. Miranda Rubio Lic. Douglas E. Melgar Argueta Lic. Aldo F. Álvarez Zepeda.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
