Judicial
CONFIRMADO: INTERPOL elimina difusión roja publicada contra Enrique Rais por casos ilegalmente fabricados
Los suscritos abogados del Sr. José Aquiles Enrique Rais López (“Enrique Rais”) hacemos del conocimiento público que el nueve de agosto del presente año su equipo de litigio internacional fue notificado por la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) con sede en Lyon, Francia, de la decisión adoptada consistente en “Eliminar las dos alertas (difusiones rojas) que existían en contra de Enrique Rais” y que en su momento fueron solicitadas por el (Ex) Fiscal General Douglas Meléndez, por los (Ex) magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador Carlos Ernesto Sánchez Escobar y Guillermo Arévalo Domínguez; el (Ex) Juez Octavo de Instrucción Mario Osmín Mira Montes y Wil Walter Ruiz.
En su decisión, INTERPOL cancela ambas difusiones rojas existentes en contra del Sr. Rais principalmente por los siguientes motivos:
Por ser el resultado de violaciones al debido proceso y otros derechos humanos, cometidos contra la persona de Enrique Rais y que se encuentan reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, otros instrumentos internacionales y el Estatuto de INTERPOL.
Por no corresponder a situaciones de una persecución penal, sino que se trata de hechos fabricados con prueba ilegal y prueba espúrea con el objetivo de generar una persecución por motivos políticos y no criminales.
Al momento de examinar el caso, INTERPOL tuvo conocimiento y revisó la siguiente documentación que fue aportada por el equipo legal de Enrique Rais y constituyó plena prueba que el Sr. Rais ha sido víctima de abuso de poder por parte del sistema de justicia de El Salvador:
Resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas que declaró que Enrique Rais es víctima de una privación arbitraria de libertad y que requirió a El Salvador poner fin inmediato a las restricciones ilegales y al proceso en su contra.
Resoluciones de Sobreseimiento definitivo y archivo de las investigaciones dictados por la Fiscalía de Suiza al comprobar que no existe delito que perseguir y que constituyen los mismos hechos por los que Enrique Rais continúa siendo perseguido en El Salvador. (Infracción a no ser perseguido dos veces por los mismos hechos -ne bis in ídem-)
Comunicación del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados donde se reitera la situación de violaciones al debido proceso y falta de garantía de Enrique Rais a ser juzgado por jueces y tribunales independientes e imparciales con respecto a las acusaciones presentadas entre el 22 de agosto de 2016 y el 3 de mayo de 2019, periodos en que los señores Douglas Meléndez (2016-2019) y Raúl Ernesto Melara Morán (2019-2021) se encontraban ejerciendo el cargo como titulares de la Fiscalía General de la República.
Con la resolución adoptada por INTERPOL se obtiene una nueva reinvindicación a favor del honor y la dignidad de Enrique Rais, se garantiza el goce de su libertad a nivel internacional y se crea más evidencia de las actuaciones ilegales cometidas contra el Sr. Rais por los (Ex) Fiscal Generales Douglas Meléndez y Raúl Melara, así como algunos de sus cercanos colaboradores y ciertos jueces y magistrados que torcían la ley para administrar justicia selectiva acomodada a oscuros intereses.
A efecto directo de la acción de INTERPOL, el once de octubre de presente año, hemos sido notificados de resolución de las catorce horas con quince minutos del diez de octubre de dos mil veintidós emitida por el Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador que confirma lo antes expresado así: “(…) Agréguese a sus antecedentes, el oficio número(…) de fecha 05 de los corrientes y presentado en la Secretaría de este Juzgado a las catorce horas con treinta y cinco minutos de ese mismo día, procedente de la Oficina Central Nacional INTERPOL, El Salvador, por medio de la cual comunican que la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol (CCF) admitió a trámite la solicitud de revisión presentada por el señor José Aquiles Enrique Rais López… concluyendo que no se cumplían con las normas de Interpol aplicables al tratamiento de datos y decidió que dichos datos fueran suprimidos de los archivos de la interpol… finalmente hacen de conocimeinto que las notificaciones rojas de José Aquiles Enrique Rais López.. han sido eliminadas de las bases de datos de INTERPOL.”
Como consecuencia, tomando en cuenta que la Sala de lo Constitucional ha expresado en su resolución de fecha 9 de julio de 2021 el acatamiento de la opinión del GTDA en el caso de Enrique Rais y siendo que todas las resoluciones y sentencias del Tribunal Constitucional son inapelables y de estricto cumplimiento, solicitamos que se solucionen de forma definitiva por las autoridades competentes los procedimientos y procesos que han provocado que Enrique Rais haya debido batallar desde el exilio por obtener justicia, como lo ha reconocido el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Informe del año 2021).
También solicitamos a la Fiscalía General de la República, a los jueces y tribunales de El Salvador que con base a la evidencia existente realicen las acciones legales correspondientes contra los perpetradores de las violaciones de derechos humanos de Enrique Rais, que incluye deducir responsabilidades de las autoridades públicas y medios de prensa que divulgaron indebidamente en el año 2018 información sobre las difusiones rojas relacionadas con el Sr. Rais, que conforme al Reglamento de Tratamiento de Datos no contaban con autorización para ser divulgada y que provocaron graves daños personales, familiares y empresariales a nuestro cliente. Finalmente, queda claro que se ha demostrado a nivel internacional lo ilegal de los casos fabricados contra Enrique Rais, por lo que hemos sido informados por nuesto cliente que no descansará hasta ver a los responsables de tantas ilegalidades responder por sus actos, para que no vuelvan a dañar a otras personas inocentes y así obtener total justicia reparativa.
Los suscritos apoderados legales del Sr. José Aquiles Enrique Rais López. Lic. Carlos M. Miranda Rubio Lic. Douglas E. Melgar Argueta Lic. Aldo F. Álvarez Zepeda.
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
