Judicial
CONFIRMADO: INTERPOL elimina difusión roja publicada contra Enrique Rais por casos ilegalmente fabricados
Los suscritos abogados del Sr. José Aquiles Enrique Rais López (“Enrique Rais”) hacemos del conocimiento público que el nueve de agosto del presente año su equipo de litigio internacional fue notificado por la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) con sede en Lyon, Francia, de la decisión adoptada consistente en “Eliminar las dos alertas (difusiones rojas) que existían en contra de Enrique Rais” y que en su momento fueron solicitadas por el (Ex) Fiscal General Douglas Meléndez, por los (Ex) magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador Carlos Ernesto Sánchez Escobar y Guillermo Arévalo Domínguez; el (Ex) Juez Octavo de Instrucción Mario Osmín Mira Montes y Wil Walter Ruiz.
En su decisión, INTERPOL cancela ambas difusiones rojas existentes en contra del Sr. Rais principalmente por los siguientes motivos:
Por ser el resultado de violaciones al debido proceso y otros derechos humanos, cometidos contra la persona de Enrique Rais y que se encuentan reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, otros instrumentos internacionales y el Estatuto de INTERPOL.
Por no corresponder a situaciones de una persecución penal, sino que se trata de hechos fabricados con prueba ilegal y prueba espúrea con el objetivo de generar una persecución por motivos políticos y no criminales.
Al momento de examinar el caso, INTERPOL tuvo conocimiento y revisó la siguiente documentación que fue aportada por el equipo legal de Enrique Rais y constituyó plena prueba que el Sr. Rais ha sido víctima de abuso de poder por parte del sistema de justicia de El Salvador:
Resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas que declaró que Enrique Rais es víctima de una privación arbitraria de libertad y que requirió a El Salvador poner fin inmediato a las restricciones ilegales y al proceso en su contra.
Resoluciones de Sobreseimiento definitivo y archivo de las investigaciones dictados por la Fiscalía de Suiza al comprobar que no existe delito que perseguir y que constituyen los mismos hechos por los que Enrique Rais continúa siendo perseguido en El Salvador. (Infracción a no ser perseguido dos veces por los mismos hechos -ne bis in ídem-)
Comunicación del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados donde se reitera la situación de violaciones al debido proceso y falta de garantía de Enrique Rais a ser juzgado por jueces y tribunales independientes e imparciales con respecto a las acusaciones presentadas entre el 22 de agosto de 2016 y el 3 de mayo de 2019, periodos en que los señores Douglas Meléndez (2016-2019) y Raúl Ernesto Melara Morán (2019-2021) se encontraban ejerciendo el cargo como titulares de la Fiscalía General de la República.
Con la resolución adoptada por INTERPOL se obtiene una nueva reinvindicación a favor del honor y la dignidad de Enrique Rais, se garantiza el goce de su libertad a nivel internacional y se crea más evidencia de las actuaciones ilegales cometidas contra el Sr. Rais por los (Ex) Fiscal Generales Douglas Meléndez y Raúl Melara, así como algunos de sus cercanos colaboradores y ciertos jueces y magistrados que torcían la ley para administrar justicia selectiva acomodada a oscuros intereses.
A efecto directo de la acción de INTERPOL, el once de octubre de presente año, hemos sido notificados de resolución de las catorce horas con quince minutos del diez de octubre de dos mil veintidós emitida por el Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador que confirma lo antes expresado así: “(…) Agréguese a sus antecedentes, el oficio número(…) de fecha 05 de los corrientes y presentado en la Secretaría de este Juzgado a las catorce horas con treinta y cinco minutos de ese mismo día, procedente de la Oficina Central Nacional INTERPOL, El Salvador, por medio de la cual comunican que la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol (CCF) admitió a trámite la solicitud de revisión presentada por el señor José Aquiles Enrique Rais López… concluyendo que no se cumplían con las normas de Interpol aplicables al tratamiento de datos y decidió que dichos datos fueran suprimidos de los archivos de la interpol… finalmente hacen de conocimeinto que las notificaciones rojas de José Aquiles Enrique Rais López.. han sido eliminadas de las bases de datos de INTERPOL.”
Como consecuencia, tomando en cuenta que la Sala de lo Constitucional ha expresado en su resolución de fecha 9 de julio de 2021 el acatamiento de la opinión del GTDA en el caso de Enrique Rais y siendo que todas las resoluciones y sentencias del Tribunal Constitucional son inapelables y de estricto cumplimiento, solicitamos que se solucionen de forma definitiva por las autoridades competentes los procedimientos y procesos que han provocado que Enrique Rais haya debido batallar desde el exilio por obtener justicia, como lo ha reconocido el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Informe del año 2021).
También solicitamos a la Fiscalía General de la República, a los jueces y tribunales de El Salvador que con base a la evidencia existente realicen las acciones legales correspondientes contra los perpetradores de las violaciones de derechos humanos de Enrique Rais, que incluye deducir responsabilidades de las autoridades públicas y medios de prensa que divulgaron indebidamente en el año 2018 información sobre las difusiones rojas relacionadas con el Sr. Rais, que conforme al Reglamento de Tratamiento de Datos no contaban con autorización para ser divulgada y que provocaron graves daños personales, familiares y empresariales a nuestro cliente. Finalmente, queda claro que se ha demostrado a nivel internacional lo ilegal de los casos fabricados contra Enrique Rais, por lo que hemos sido informados por nuesto cliente que no descansará hasta ver a los responsables de tantas ilegalidades responder por sus actos, para que no vuelvan a dañar a otras personas inocentes y así obtener total justicia reparativa.
Los suscritos apoderados legales del Sr. José Aquiles Enrique Rais López. Lic. Carlos M. Miranda Rubio Lic. Douglas E. Melgar Argueta Lic. Aldo F. Álvarez Zepeda.
El combate frontal contra las pandillas continúa dejando resultados contundentes. En las últimas horas, diferentes tribunales del país emitieron sentencias condenatorias contra varios integrantes de estructuras criminales, responsables de diversos delitos que van desde homicidios agravados hasta extorsión y agrupaciones ilícitas.
Comenzamos…
Condenan a 30 años de prisión a cuatro pandilleros de la MS por homicidio agravado en Santa Ana
Cuatro miembros de la estructura criminal MS fueron condenados a 30 años de cárcel cada uno, tras ser hallados culpables del delito de homicidio agravado. El crimen fue cometido en el departamento de Santa Ana, donde los pandilleros llegaron armados a la vivienda de su víctima y, tras una discusión, le dispararon hasta causarle la vida.
Los sentenciados han sido identificados como Erick Fernando Ruperto García, Nelson Amílcar Polanco Hernández, Carlos Isaías Sánchez García y Jonathan José López Barahona. Según informó la Fiscalía General de la República, los condenados enfrentan además otros procesos judiciales, por lo que sus penas podrían incrementarse en los próximos meses.
Pandillero del barrio 18 condenado a 20 años por extorsión en Santa Ana
A 20 años de prisión fue condenado el pandillero del barrio 18, William Alexander Valencia Salazar, tras demostrarse con abundantes evidencias que extorsionó a una víctima en diciembre de 2021 y enero de 2022. De acuerdo con las investigaciones, Valencia amenazó a su víctima para exigirle grandes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra su vida e integridad física.
Estos hechos ocurrieron en Santa Ana. La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de dicho departamento, mientras que Valencia continuará enfrentando otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Ariel Ignacio Ortega González, de 27 años, acusado del delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública.Local events calendar
Según la relación circunstanciada de los hechos, el imputado fue detenido el 2 de mayo de 2025, cuando agentes de Policía Nacional Civil (PNC) realizaban patrullajes preventivos en la calle Buenos Aires y la avenida Cuscatancingo, en la colonia El Bosque de San Salvador.
En ese momento, observaron que un vehículo particular se estacionó de forma brusca, lo que generó sospechas de que el conductor podría estar bajo los efectos del alcohol.
Al interceptarlo y realizarle una requisa, los agentes encontraron en el vehículo una porción mediana y siete porciones pequeñas de polvo blanco, además de una balanza digital.
La prueba de campo confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso de 14.979 gramos y 1.944 gramos, respectivamente.
Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos indiciarios sobre la existencia del delito y la posible participación del imputado, requisito mínimo para que el caso avance a la etapa de instrucción.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
