Política
Concluyen que Fiscalía debe continuar investigación en caso sobresueldos
La Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos provenientes de fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores, determinó que la Fiscalía General de la República debe continuar la investigación de quienes recibieron retribuciones desde 1989 a 2019.
Los sobresueldos eran una práctica nefasta que se acostumbraba en los gobiernos de ARENA y del FMLN, con la que desviaron recursos del pueblo para repartirlo entre sus cúpulas.
La mesa de trabajo sesionó y rindió su informe final. El diputado de Nuevas Ideas, William Soriano destacó entre los hallazgos que pueden ser constitutivos a delitos la evasión de impuestos, lavado de dinero y activos y enriquecimiento ilícito.
“La Comisión Especial emitió dos avisos a la FGR: el primero el 30 de agosto y el segundo el 3 de septiembre de 2021, para que dicha entidad proceda a iniciar un proceso en contra de los responsables de los hechos”, mencionó Soriano.
Además, Soriano detalló que, gracias a los dos avisos interpuestos en la mesa de trabajo en 2021, el ente fiscal inició con las investigaciones para proceder, en 2024, con la extinción de dominio en contra del expresidente Alfredo Cristiani, uno de los exfuncionarios involucrados en dicho mecanismo de corrupción.
Luego de conocer el informe, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, demandó que se investigarán los casos de corrupción de las administraciones anteriores: “Se ha comprobado que la vieja clase política ocupó los fondos de la partida secreta para recetarse un pago adicional al que les correspondía”, lo que implica cometimiento de posibles delitos.
“La comisión entrevistó a funcionarios que llegaron a justificar estas acciones: Alfredo Cristiani, Ana Vilma de Escobar, Elías Antonio Saca, Eugenio Chicas y muchos más. Durante su comparecencia, no pudieron explicar esta práctica ilegal y corrupta. Unos prefirieron escapar antes que dar la cara”, destacó Castro.
El diputado Jorge Castro dijo que la comisión también estableció tres modos de operar en los gobiernos anteriores, y que comenzaban en Casa Presidencial con las nivelaciones salariales o sobresueldos, un modus operandi que pagaba a otros funcionarios, diputados y partidos políticos y un tercero para controlar a los perseguidores de la justicia como la Corte de Cuentas y la Fiscalía.
“Los sobresueldos se utilizaban para comprar gobernabilidad que solamente favorecía a los grupos de poder de ese entonces. Esto se hacía en complicidad con instituciones del Estado que, se suponía, debían velar por el buen uso de los recursos públicos. Ahora, esto ya cambió y el pueblo es el que brinda gobernabilidad”, aseguró el diputado.
Asimismo, el diputado Walter Coto, señaló que la investigación realizada dentro de la Comisión ha permitido establecer que existen pruebas que señalan el cometimiento de hechos delictivos.
Enfatizó en que la corrupción de las administraciones pasadas se enquistó por años, traspasando de gobierno en gobierno prácticas como la de los sobresueldos.
“Esta comisión tuvo sus frutos y la población puede verlos, dieron inicio a perseguir aquellos corruptos que hicieron malversación de fondos en aquellos momentos. Esto es gracias al trabajo articulado que hemos tejido para buscar darle respuesta al llamado de la población en el tema de la corrupción”, mencionó Coto.
Además, su colega Marcela Pineda, detalló que hasta que asumió la presidencia Nayib Bukele y se estableció la nueva Asamblea Legislativa fue que se derrumbó el mecanismo de corrupción llamado “sobresueldo”, motivo por el cual la comisión se dedicó a investigar lo que sucedía con los grupos de poder.
“La tarea no fue fácil, pero la asumimos con valentía. Sin escrúpulos y sin temor los señalados iban a casa presidencial a recoger sobres etiquetados con más de $5 mil y los guardaban, pensado que nunca nadie se iba a atrever a cortar ese mecanismo de corrupción”, destacó la parlamentaria.
Los diputados concluyeron que Fiscalía debe continuar la investigación del caso de sobresueldos para determinar las responsabilidades civiles y penales de los implicados en el mecanismo de corrupción, llamado sobresueldos.
¿Qué son los sobresueldos?
La palabra “sobresueldo” significa una retribución o consignación que se añade al sueldo fijo.
Entre 1989 y 2019, los gobiernos de ARENA y el FMLN idearon un mecanismo de desfalco y corrupción con el que se repartían privilegios y mantenían en pie la farsa de democracia y Estado de Derecho, con la escondían sus verdaderas acciones.
Este sistema ilegal permitió que varios exfuncionarios de las administraciones pasadas recibieran diferentes sumas de dinero adicional al salario que tenían.
La entrega de los fondos se hacía a espaldas del Ministerio de Hacienda y se financiaba con los recursos que se destinaban a Casa Presidencial para “gastos reservados”, de los cuales no se dejaban registros.
Creación de la comisión especial
El 5 de julio de 2021, el Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, propuso a la Comisión Política crear la Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos en gobiernos anteriores.
La iniciativa se basó en los artículos 131 y 132 de la Constitución de la República, que establecen que este tipo de mesas de trabajo son para investigar temas de interés nacional.
En la sesión plenaria ordinaria número 11, la propuesta fue aprobada por el pleno legislativo; se creó la Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos y se juramentó a sus integrantes.
Es así como la mesa de trabajo inició las investigaciones sobre la entrega de sobresueldos provenientes de los fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores.
“Es menester de esta Asamblea Legislativa indagar las actividades de gobiernos anteriores, relativas a otorgar sobresueldos a funcionarios ocultando la remuneración real que recibía aparte del sueldo nominal”, expresó en su momento el presidente Castro.
De acuerdo al parlamentario, la bonificación que recibían los exfuncionarios era un complemento en efectivo que se les cancelaba fuera de la planilla ordinaria, por lo que no se llevaba un registro oficial y público de cuánto se gastaba en dicho concepto.
Este tipo de prácticas fueron calificadas por la nueva Asamblea Legislativa como “símbolo de la corrupción” que hubo por décadas en El Salvador.
Dos exgobernantes comparecieron ante comisión
Como parte de su trabajo, la comisión especial interpeló a más de 20 exfuncionarios de los gobiernos de ARENA y el FMLN.
Entre los citados estuvieron los expresidentes de la República Alfredo Cristiani y Antonio Saca, ambos gobernaron bajo la bandera del partido de derecha.
Además, fueron llamaron a declarar el secretario privado de Cristiani, Arturo Claudio Enea Tona, y Élmer Charlaix, excolaborador de Saca. Los últimos dos, actualmente, cumplen una pena de cárcel en el centro penitenciario “La Esperanza”, en San Salvador, por delitos de corrupción.
El 21 de julio de 2021, Cristiani compareció ante la comisión especial a las 9:00 de la mañana; su exsecretario privado, a las 11:00 de la mañana.
Mientras que Saca y Charlaix se presentaron ese mismo día, pero por horas de la tarde: 2:00 p.m. y 4:00 p.m., respectivamente.
Los exmandatarios fueron citados por la comisión debido a que, durante la investigación, hubo circunstancias “extrañas” que llamaron la atención de los legisladores. Entre ellas la pérdida de documentos que acreditaba la entrega de dinero adicional al salario laboral.
El desfalco a las arcas del Estado fue enorme. El presidente de la comisión especial, Jorge Castro, informó en su momento que más de 600 funcionarios de los gobiernos de ARENA y el FMLN recibieron sobresueldos y se llegaron a pagar hasta $40 mil mensuales bajo este concepto.
Los 58 exfuncionarios relacionados a la corrupción
De los 600 exfuncionarios que recibieron las bonificaciones de manera ilegal, estos 58 personajes políticos fueron mencionados dentro de la comisión. También se reveló el cargo que desempeñaron y el monto de dinero que cada uno recibió:
• René Mario Figueroa, ministro de Gobernación, $20 mil
• Luis Mario Rodríguez, secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos. Recibió inicialmente $8 mil, luego ascendió a $11 mil. Pidió autorización para participar en un doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona y apoyo económico para la matrícula que ascendía a $3, 400 dólares. Tenía un sueldo nominal de $2,500
• Julio Rank, secretario de Comunicaciones, $10 mil
• Ana Ligia Mixco, secretaria Nacional de la Familia, $10 mil
• Eduardo Zablah, secretario técnico de la Presidencia, $8 mil
• César David Funes, secretario de la Juventud, $10 mil
• Carlos Antonio Rosales, secretario particular, $10 mil
• Guillermo López, secretario para asuntos comerciales y financieros internacionales, $10 mil
• Flavio Villacorta, director ejecutivo del Organismo de Inteligencia del Estado, $10 mil
• Manuel Castillo, director ejecutivo del Organismo de Inteligencia del Estado, $10 mil
• Ana Evelin Jacir de Lovo, comisionada para la Defensoría del Consumidor, $10 mil
• Carmen Elena Bazán de Sol, comisionada presidencial para la Agricultura, $10 mil
• Gloria Salguero Gross, comisionada presidencial para la gobernabilidad, $10 mil
• Conrado López Andreu, comisionado presidencial para la integración centroamericana, $10 mil
• Cecilia Gallardo de Cano, coordinadora nacional del área social, $12 mil
• Francisco Laínez, ministro de Relaciones Exteriores, $11 mil
• Eduardo Cálix, viceministro de Relaciones Exteriores, integración y promoción económica, $5 mil
• Margarita Escobar, ministra de Relaciones Exteriores para salvadoreños en el Exterior, $7 mil
• Marisol Argueta, ministra de Relaciones Exteriores para salvadoreños en el Exterior, $10 mil
• Luis Ernesto Martínez Brito, viceministro de Relaciones Exteriores para salvadoreños en el exterior, $3 mil
• Silvia Aguilar, ministra de Gobernación, $5 mil
• Juan Miguel Bolaños, ministro de Gobernación, $3 mil
• Rodrigo Ávila, viceministro de Seguridad Ciudadana, $5 mil
• Ástor Escalante, viceministro de Seguridad Ciudadana, $3 mil
• José Belarmino López Suárez, ministro de Hacienda, $10 mil
• William Jacobo Hándal, ministro de Hacienda, $10 mil
• Yolanda Mayora de Gaviria, ministra de Economía, $7 mil
• Blanca Imelda Jaco de Magaña, viceministra de Comercio e Industria, $8 mil
• Ricardo Esmahan d’ Abuisson, ministro de Economía, $7 mil
• Darlyn Xiomara Meza, ministra de Educación, $9 mil
• José Luis Guzmán, viceministro de Educación, $5,700
• Carlos Benjamín Orozco, viceministro de Educación, $4 mil
• José Roberto Espinal Escobar, ministro de Trabajo, $7 mil
• Gerardo Suvillaga, viceministro de Trabajo, $5 mil
• Carmen Elisa Sosa de Callejas, viceministra de Trabajo, $2,500
• Mario Ernesto Salaverría, ministro de Agricultura y Ganadería, $7 mil
• José Emilio Saudi Hasbún, viceministro de Agricultura y Ganadería, $4 mil
• David Gutiérrez, ministro de Obras Públicas, $10 mil
• Jorge Nieto, ministro de Obras Públicas, $10 mil
• Sigifredo Ochoa Gómez, viceministro de Obras Públicas, $5 mil
• René Mauricio Chavarría Portillo, viceministro de Transporte, $3 mil
• Luis Felipe Moreno Carmona, viceministro de Transporte, $4 mil
• José René Ernesto Escolán, viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, $7mil
• Hugo César Barrera, ministro de Medio Ambiente, $7 mil
• Luis Cardenal, ministro de Turismo, $10 mil
• Rubén Alonso Rochi, ministro de Turismo, $7mil
• Miguel Salaverría Alcaine, presidente CEPA, $10mil
• Juan José Llort Choussy, presidente CEPA, $10 mil
• Hugo Barrera, presidente CEPA, $7 mil
• Albino Román, presidente CEPA, $10 mil
• Andrés Rovira, presidente del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador, $10 mil
• Miriam Eleana Reyna, Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), $3 mil
• Luis Enrique Oñate Muyshondt, presiente Fondo Social para la Vivienda (FSV), $3 mil
• Federico Hernández Aguilar, presidente Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, $1,500
• Jorge Hernández, presidente del Instituto Nacional de los Deportes, $5 mil
• Miguel Ángel Salume, presidente de CEL, $10 mil
• Gino Rolando Bettaglio, presidente de la Corporación Salvadoreña de Inversiones, $4 mil
• César Daniel Funes Durán, ANDA, $10 mil
La comisión también citó a Margarita de Escobar, exministra de Relaciones Exteriores y diputada por ARENA, y a Rolando Alvarenga – exsecretario de asuntos jurídicos de la presidencia con Francisco Flores, pero ninguno compareció.
Política
Mientras Claudia Ortiz se defiende, el Gobierno sigue combatiendo a las pandillas con resultados
El 8 de abril de 2024, la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, ofreció una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa para abordar las acusaciones que vinculan a su partido con pandillas, en respuesta a un reportaje publicado por el medio digital El Faro.
Ortiz inició su intervención rechazando categóricamente las afirmaciones del Diario El Salvador, medio estatal que, en una columna titulada «Ganó el pueblo» publicada el 19 de febrero, acusó a VAMOS de ser aliado político de las pandillas. La diputada calificó estas aseveraciones como «una rotunda mentira» y anunció que su partido interpuso una demanda de derecho de respuesta ante el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, la cual fue admitida por el órgano judicial .
Durante la conferencia, Ortiz enfatizó que VAMOS solicitó al Diario El Salvador la publicación de una aclaración elaborada por el partido, pero que el medio no ha accedido a dicha petición. Por ello, decidieron elevar el tema a una instancia judicial para que, con base en la ley, se ordene la publicación de la aclaración.
La diputada también abordó el reportaje de El Faro, que incluye una entrevista con un pandillero conocido como «Charlie», quien supuestamente mencionó a VAMOS en sus declaraciones. Ortiz cuestionó la veracidad de la información y expresó su preocupación por el uso de testimonios de criminales para vincular a partidos políticos con actividades ilícitas.
Ortiz reiteró que su partido ha sido firme en condenar cualquier tipo de pacto o negociación con pandillas y ha exigido investigaciones transparentes sobre posibles vínculos entre funcionarios del gobierno y estructuras criminales .
En relación con la seguridad pública, la diputada manifestó que VAMOS aboga por un enfoque que garantice justicia y respeto a los derechos humanos. Señaló que su propuesta es que los criminales sean sancionados conforme a la ley y que los inocentes sean liberados, enfatizando la importancia de no pasar del temor a las pandillas al temor al Estado .
Ortiz también destacó que su partido está comprometido con la construcción de una democracia que beneficie a la población y no solo sea una etiqueta. Hizo un llamado a diversos sectores y liderazgos a unirse a VAMOS para crear un bienestar para el país, señalando que los partidos políticos que ya tuvieron una oportunidad no necesariamente son los más legitimados para abanderar el avance hacia un futuro y una alternativa .
La diputada concluyó su intervención reafirmando el compromiso de VAMOS con la transparencia, la justicia y la defensa de los derechos humanos. Aseguró que continuarán trabajando para ofrecer una alternativa política que represente los intereses de la ciudadanía y promueva un país más justo y seguro para todos.
La conferencia de prensa de Claudia Ortiz refleja la postura de VAMOS frente a las acusaciones de vínculos con pandillas y su compromiso con la legalidad y la transparencia en el ejercicio político.
Nacionales
Analistas critican a El Faro por favorecer a pandillas y desacreditar avances en seguridad
Los analistas Francisco Góchez y René Martínez cuestionaron duramente una reciente publicación del periódico digital El Faro, la cual expone presuntos vínculos entre el Gobierno y estructuras pandilleriles. Ambos expertos coincidieron en que el reportaje busca desacreditar los avances en materia de seguridad pública y perpetuar una narrativa centrada en los victimarios, dejando de lado a las víctimas de la violencia.
“El reportaje de El Faro, además de ser perverso y pervertidor, forma parte de su permanente narrativa de los victimarios, una narrativa que minimiza sus asesinatos e invisibiliza a las víctimas”, afirmó Martínez, quien también es sociólogo y docente. En su opinión, la publicación intenta restar valor a los resultados del Plan Control Territorial (PCT) y del Régimen de Excepción implementado desde marzo de 2022.
Martínez también atribuyó intenciones políticas y económicas al medio digital: “Buscan generar ingobernabilidad en el país y dañar la imagen del presidente. En el fondo, quieren hacer creer que los tiempos de criminalidad eran mejores y que la paz social lograda no vale nada”.
Analista René Martínez
El Faro ha publicado una serie de reportajes en los que, según sus fuentes, funcionarios del actual gobierno habrían sostenido pactos similares a los que en su momento se atribuyeron a los partidos ARENA y FMLN, lo que ha generado diversas reacciones tanto a nivel político como en la opinión pública.
Por su parte, Góchez sostuvo que los periodistas del medio buscan restar legitimidad a los logros del Gobierno en seguridad, pese a que El Salvador es actualmente considerado uno de los países más seguros del hemisferio occidental. “No solo minimiza el esfuerzo de la Policía Nacional Civil y de todas las instituciones involucradas, sino que, más grave aún, parece anteponer los intereses de estructuras criminales al sufrimiento histórico del pueblo”, expresó.
Según datos oficiales, el régimen de excepción ha permitido la captura de más de 85,900 presuntos pandilleros y ha sido prorrogado en 38 ocasiones. Las autoridades sostienen que esta medida ha sido clave en la reducción sostenida de los homicidios y otros delitos.
Analista Francisco Góchez
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que en los próximos días dará a conocer el calendario oficial de cara a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, en las que los salvadoreños elegirán a 60 diputados de la Asamblea Legislativa y 44 concejos municipales.
A través de una publicación en su página oficial de Facebook, el organismo electoral señaló: “¿Estás listo para la fiesta electoral de 2027? Ya están definidas las fechas más importantes de cara a las elecciones del 28 de febrero de 2027. ¡Atención! Pronto anunciaremos las fechas previas a la fiesta electoral”.
El calendario, que fue aprobado por unanimidad de los magistrados del TSE el pasado 25 de febrero, incluirá las fechas clave como el cierre del registro electoral, el período para actualizar el domicilio en el Documento Único de Identidad (DUI), y el día en que se realizará la convocatoria oficial a elecciones.
De acuerdo con el artículo 20 del Código Electoral, el registro electoral deberá cerrarse definitivamente 120 días antes de los comicios, lo que sitúa esa fecha límite en octubre de 2026.
Una vez publicado el calendario, se detallarán también los plazos para la inscripción de candidaturas, los períodos de propaganda electoral, así como el inicio y cierre oficial de la campaña. La normativa electoral establece estos procedimientos en los artículos 160, 165 y 172 del Código Electoral, según el tipo de elección.
