Política
Concluyen que Fiscalía debe continuar investigación en caso sobresueldos
La Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos provenientes de fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores, determinó que la Fiscalía General de la República debe continuar la investigación de quienes recibieron retribuciones desde 1989 a 2019.
Los sobresueldos eran una práctica nefasta que se acostumbraba en los gobiernos de ARENA y del FMLN, con la que desviaron recursos del pueblo para repartirlo entre sus cúpulas.
La mesa de trabajo sesionó y rindió su informe final. El diputado de Nuevas Ideas, William Soriano destacó entre los hallazgos que pueden ser constitutivos a delitos la evasión de impuestos, lavado de dinero y activos y enriquecimiento ilícito.
“La Comisión Especial emitió dos avisos a la FGR: el primero el 30 de agosto y el segundo el 3 de septiembre de 2021, para que dicha entidad proceda a iniciar un proceso en contra de los responsables de los hechos”, mencionó Soriano.
Además, Soriano detalló que, gracias a los dos avisos interpuestos en la mesa de trabajo en 2021, el ente fiscal inició con las investigaciones para proceder, en 2024, con la extinción de dominio en contra del expresidente Alfredo Cristiani, uno de los exfuncionarios involucrados en dicho mecanismo de corrupción.
Luego de conocer el informe, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, demandó que se investigarán los casos de corrupción de las administraciones anteriores: “Se ha comprobado que la vieja clase política ocupó los fondos de la partida secreta para recetarse un pago adicional al que les correspondía”, lo que implica cometimiento de posibles delitos.
“La comisión entrevistó a funcionarios que llegaron a justificar estas acciones: Alfredo Cristiani, Ana Vilma de Escobar, Elías Antonio Saca, Eugenio Chicas y muchos más. Durante su comparecencia, no pudieron explicar esta práctica ilegal y corrupta. Unos prefirieron escapar antes que dar la cara”, destacó Castro.
El diputado Jorge Castro dijo que la comisión también estableció tres modos de operar en los gobiernos anteriores, y que comenzaban en Casa Presidencial con las nivelaciones salariales o sobresueldos, un modus operandi que pagaba a otros funcionarios, diputados y partidos políticos y un tercero para controlar a los perseguidores de la justicia como la Corte de Cuentas y la Fiscalía.
“Los sobresueldos se utilizaban para comprar gobernabilidad que solamente favorecía a los grupos de poder de ese entonces. Esto se hacía en complicidad con instituciones del Estado que, se suponía, debían velar por el buen uso de los recursos públicos. Ahora, esto ya cambió y el pueblo es el que brinda gobernabilidad”, aseguró el diputado.
Asimismo, el diputado Walter Coto, señaló que la investigación realizada dentro de la Comisión ha permitido establecer que existen pruebas que señalan el cometimiento de hechos delictivos.
Enfatizó en que la corrupción de las administraciones pasadas se enquistó por años, traspasando de gobierno en gobierno prácticas como la de los sobresueldos.
“Esta comisión tuvo sus frutos y la población puede verlos, dieron inicio a perseguir aquellos corruptos que hicieron malversación de fondos en aquellos momentos. Esto es gracias al trabajo articulado que hemos tejido para buscar darle respuesta al llamado de la población en el tema de la corrupción”, mencionó Coto.
Además, su colega Marcela Pineda, detalló que hasta que asumió la presidencia Nayib Bukele y se estableció la nueva Asamblea Legislativa fue que se derrumbó el mecanismo de corrupción llamado “sobresueldo”, motivo por el cual la comisión se dedicó a investigar lo que sucedía con los grupos de poder.
“La tarea no fue fácil, pero la asumimos con valentía. Sin escrúpulos y sin temor los señalados iban a casa presidencial a recoger sobres etiquetados con más de $5 mil y los guardaban, pensado que nunca nadie se iba a atrever a cortar ese mecanismo de corrupción”, destacó la parlamentaria.
Los diputados concluyeron que Fiscalía debe continuar la investigación del caso de sobresueldos para determinar las responsabilidades civiles y penales de los implicados en el mecanismo de corrupción, llamado sobresueldos.
¿Qué son los sobresueldos?
La palabra “sobresueldo” significa una retribución o consignación que se añade al sueldo fijo.
Entre 1989 y 2019, los gobiernos de ARENA y el FMLN idearon un mecanismo de desfalco y corrupción con el que se repartían privilegios y mantenían en pie la farsa de democracia y Estado de Derecho, con la escondían sus verdaderas acciones.
Este sistema ilegal permitió que varios exfuncionarios de las administraciones pasadas recibieran diferentes sumas de dinero adicional al salario que tenían.
La entrega de los fondos se hacía a espaldas del Ministerio de Hacienda y se financiaba con los recursos que se destinaban a Casa Presidencial para “gastos reservados”, de los cuales no se dejaban registros.
Creación de la comisión especial
El 5 de julio de 2021, el Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, propuso a la Comisión Política crear la Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos en gobiernos anteriores.
La iniciativa se basó en los artículos 131 y 132 de la Constitución de la República, que establecen que este tipo de mesas de trabajo son para investigar temas de interés nacional.
En la sesión plenaria ordinaria número 11, la propuesta fue aprobada por el pleno legislativo; se creó la Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos y se juramentó a sus integrantes.
Es así como la mesa de trabajo inició las investigaciones sobre la entrega de sobresueldos provenientes de los fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores.
“Es menester de esta Asamblea Legislativa indagar las actividades de gobiernos anteriores, relativas a otorgar sobresueldos a funcionarios ocultando la remuneración real que recibía aparte del sueldo nominal”, expresó en su momento el presidente Castro.
De acuerdo al parlamentario, la bonificación que recibían los exfuncionarios era un complemento en efectivo que se les cancelaba fuera de la planilla ordinaria, por lo que no se llevaba un registro oficial y público de cuánto se gastaba en dicho concepto.
Este tipo de prácticas fueron calificadas por la nueva Asamblea Legislativa como “símbolo de la corrupción” que hubo por décadas en El Salvador.
Dos exgobernantes comparecieron ante comisión
Como parte de su trabajo, la comisión especial interpeló a más de 20 exfuncionarios de los gobiernos de ARENA y el FMLN.
Entre los citados estuvieron los expresidentes de la República Alfredo Cristiani y Antonio Saca, ambos gobernaron bajo la bandera del partido de derecha.
Además, fueron llamaron a declarar el secretario privado de Cristiani, Arturo Claudio Enea Tona, y Élmer Charlaix, excolaborador de Saca. Los últimos dos, actualmente, cumplen una pena de cárcel en el centro penitenciario “La Esperanza”, en San Salvador, por delitos de corrupción.
El 21 de julio de 2021, Cristiani compareció ante la comisión especial a las 9:00 de la mañana; su exsecretario privado, a las 11:00 de la mañana.
Mientras que Saca y Charlaix se presentaron ese mismo día, pero por horas de la tarde: 2:00 p.m. y 4:00 p.m., respectivamente.
Los exmandatarios fueron citados por la comisión debido a que, durante la investigación, hubo circunstancias “extrañas” que llamaron la atención de los legisladores. Entre ellas la pérdida de documentos que acreditaba la entrega de dinero adicional al salario laboral.
El desfalco a las arcas del Estado fue enorme. El presidente de la comisión especial, Jorge Castro, informó en su momento que más de 600 funcionarios de los gobiernos de ARENA y el FMLN recibieron sobresueldos y se llegaron a pagar hasta $40 mil mensuales bajo este concepto.
Los 58 exfuncionarios relacionados a la corrupción
De los 600 exfuncionarios que recibieron las bonificaciones de manera ilegal, estos 58 personajes políticos fueron mencionados dentro de la comisión. También se reveló el cargo que desempeñaron y el monto de dinero que cada uno recibió:
• René Mario Figueroa, ministro de Gobernación, $20 mil
• Luis Mario Rodríguez, secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos. Recibió inicialmente $8 mil, luego ascendió a $11 mil. Pidió autorización para participar en un doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona y apoyo económico para la matrícula que ascendía a $3, 400 dólares. Tenía un sueldo nominal de $2,500
• Julio Rank, secretario de Comunicaciones, $10 mil
• Ana Ligia Mixco, secretaria Nacional de la Familia, $10 mil
• Eduardo Zablah, secretario técnico de la Presidencia, $8 mil
• César David Funes, secretario de la Juventud, $10 mil
• Carlos Antonio Rosales, secretario particular, $10 mil
• Guillermo López, secretario para asuntos comerciales y financieros internacionales, $10 mil
• Flavio Villacorta, director ejecutivo del Organismo de Inteligencia del Estado, $10 mil
• Manuel Castillo, director ejecutivo del Organismo de Inteligencia del Estado, $10 mil
• Ana Evelin Jacir de Lovo, comisionada para la Defensoría del Consumidor, $10 mil
• Carmen Elena Bazán de Sol, comisionada presidencial para la Agricultura, $10 mil
• Gloria Salguero Gross, comisionada presidencial para la gobernabilidad, $10 mil
• Conrado López Andreu, comisionado presidencial para la integración centroamericana, $10 mil
• Cecilia Gallardo de Cano, coordinadora nacional del área social, $12 mil
• Francisco Laínez, ministro de Relaciones Exteriores, $11 mil
• Eduardo Cálix, viceministro de Relaciones Exteriores, integración y promoción económica, $5 mil
• Margarita Escobar, ministra de Relaciones Exteriores para salvadoreños en el Exterior, $7 mil
• Marisol Argueta, ministra de Relaciones Exteriores para salvadoreños en el Exterior, $10 mil
• Luis Ernesto Martínez Brito, viceministro de Relaciones Exteriores para salvadoreños en el exterior, $3 mil
• Silvia Aguilar, ministra de Gobernación, $5 mil
• Juan Miguel Bolaños, ministro de Gobernación, $3 mil
• Rodrigo Ávila, viceministro de Seguridad Ciudadana, $5 mil
• Ástor Escalante, viceministro de Seguridad Ciudadana, $3 mil
• José Belarmino López Suárez, ministro de Hacienda, $10 mil
• William Jacobo Hándal, ministro de Hacienda, $10 mil
• Yolanda Mayora de Gaviria, ministra de Economía, $7 mil
• Blanca Imelda Jaco de Magaña, viceministra de Comercio e Industria, $8 mil
• Ricardo Esmahan d’ Abuisson, ministro de Economía, $7 mil
• Darlyn Xiomara Meza, ministra de Educación, $9 mil
• José Luis Guzmán, viceministro de Educación, $5,700
• Carlos Benjamín Orozco, viceministro de Educación, $4 mil
• José Roberto Espinal Escobar, ministro de Trabajo, $7 mil
• Gerardo Suvillaga, viceministro de Trabajo, $5 mil
• Carmen Elisa Sosa de Callejas, viceministra de Trabajo, $2,500
• Mario Ernesto Salaverría, ministro de Agricultura y Ganadería, $7 mil
• José Emilio Saudi Hasbún, viceministro de Agricultura y Ganadería, $4 mil
• David Gutiérrez, ministro de Obras Públicas, $10 mil
• Jorge Nieto, ministro de Obras Públicas, $10 mil
• Sigifredo Ochoa Gómez, viceministro de Obras Públicas, $5 mil
• René Mauricio Chavarría Portillo, viceministro de Transporte, $3 mil
• Luis Felipe Moreno Carmona, viceministro de Transporte, $4 mil
• José René Ernesto Escolán, viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, $7mil
• Hugo César Barrera, ministro de Medio Ambiente, $7 mil
• Luis Cardenal, ministro de Turismo, $10 mil
• Rubén Alonso Rochi, ministro de Turismo, $7mil
• Miguel Salaverría Alcaine, presidente CEPA, $10mil
• Juan José Llort Choussy, presidente CEPA, $10 mil
• Hugo Barrera, presidente CEPA, $7 mil
• Albino Román, presidente CEPA, $10 mil
• Andrés Rovira, presidente del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador, $10 mil
• Miriam Eleana Reyna, Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), $3 mil
• Luis Enrique Oñate Muyshondt, presiente Fondo Social para la Vivienda (FSV), $3 mil
• Federico Hernández Aguilar, presidente Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, $1,500
• Jorge Hernández, presidente del Instituto Nacional de los Deportes, $5 mil
• Miguel Ángel Salume, presidente de CEL, $10 mil
• Gino Rolando Bettaglio, presidente de la Corporación Salvadoreña de Inversiones, $4 mil
• César Daniel Funes Durán, ANDA, $10 mil
La comisión también citó a Margarita de Escobar, exministra de Relaciones Exteriores y diputada por ARENA, y a Rolando Alvarenga – exsecretario de asuntos jurídicos de la presidencia con Francisco Flores, pero ninguno compareció.
El último estudio realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), cuyos resultados fueron presentados en las últimas horas, reveló que el 77.3 % de la población entrevistada dijo que tiene esperanza de cara al futuro de El Salvador, y 19.4 % afirmó que tiene temor.
A la pregunta específica de ¿cómo cree que va a estar la situación económica del país en 2025? el 46.2 % de los consultados dijo que estará mejor. El 26.1 % declaró que la situación estará igual y el 20.7 % señaló que peor. Respecto a la situación económica familiar, casi 51 % cree que será mejor, el 35.2 % igual y 10.3 % peor.
El presidente de la república, Nayib Bukele, ha afirmado que el trabajo en su segundo mandato estará centrado en la economía, una vez resuelto el tema de la inseguridad que golpeó por décadas a los salvadoreños, logrando ahora ser el país más seguro del hemisferio occidental.
Asimismo, para el 35.1 % de los encuestados por el Iudop/UCA la situación política del país estará mejor este año respecto a 2024. El 42 % opinó que estará igual, mientras que el 15.6 % valoró que estará peor.
«Encuesta UCA revela que existe optimismo sobre la situación que habrá en el país durante el año 2025. Alrededor de 46 de cada 100 salvadoreños consideran que la situación económica del país mejorará y 77 de cada 100 siente esperanza al pensar en el futuro del país», resume el estudio realizado en diciembre pasado con 1,266 personas.
En reiteradas ocasiones, los diputados de la Asamblea Legislativa han aprobado la extensión de una herramienta de seguridad exitosa, tras implementarse desde el 27 de marzo de 2022: El régimen de excepción.
Con ella, la población ha logrado vivir con mucha tranquilidad en el territorio salvadoreño, se ha logrado recuperar espacios públicos que antes estaban invadidos por miembros de estructuras criminales y se han salvado muchas vidas.
Es por eso que nuevamente los parlamentarios aprobaron, con 57 votos, la extensión de la misma por el plazo de 30 días, por lo que será aplicada del 6 de enero al 4 de febrero de este 2025.
“Esta herramienta nos ha dado los resultados de esa paz que nunca habíamos vivido en este país. Esta es una gran diferencia de hacer política, el pueblo salvadoreño es y será nuestra prioridad”, expresó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.
Por ende, esta prórroga será la número 34, según lo comunicaron los diputados en el pleno legislativo, durante el desarrollo de la sesión plenaria número 37, la primera de este nuevo año. Así se le continuará brindando apoyo al Plan Control Territorial, implementada desde que el Presidente de la República, Nayib Bukele, asumió su cargo.
La diputada Alexia Rivas justificó que esta medida de seguridad debe de continuar porque aún hay remanentes de pandilleros. Recordó las últimas capturas que las autoridades han realizado de personas vinculadas a las estructuras delictivas.
“En estos últimos días hemos visto cómo las fuerzas de seguridad han realizado la captura de criminales que han estado escondiéndose en lugares subterráneos. Vimos como en Altavista, en temporada de fin de año, seis delincuentes fueron capturados por agrupaciones ilícitas y por delinquir en esa zona”, mencionó Rivas.
Los datos obtenidos con el régimen de excepción
Durante los gobiernos del Presidente Bukele se ha logrado tener un total de 800 días sin homicidios. Los datos dan cuenta hasta el 4 de enero de 2025.
Gracias a las estrategias de seguridad, El Salvador pasó a ser un país ejemplo a nivel regional, pues ha habido una caída drástica de los homicidios, que en el pasado causaron tanto dolor a muchas familias.
El presidente Castro recordó cuando se aprobó por primera vez esta iniciativa enviada por el mandatario Bukele y que contenía la herramienta constitucional del régimen de excepción.
“En esos momentos no sabíamos qué iba a suceder. Teníamos la esperanza de que iba a ayudar en algo porque estábamos pasando momentos difíciles y no era solo por ese fin de semana, esa fue la gota que derramó el vaso, fueron años de zozobra que vivimos en este país”, sostuvo Castro.
Hoy, la tasa de asesinatos por 100 mil habitantes es de 1.9. Es así que desde la implementación del régimen de excepción se suman 687 días sin muertes violentas intencionales, es decir que se contabiliza un 98% en la reducción de ataques mortales, respecto al último gobierno del FMLN.
Además, de acuerdo a las autoridades de seguridad, el 2024 cerró con 279 días sin homicidios, bajo un promedio de 0.3 asesinatos diarios.
En 2015, la tasa de asesinatos fue de 106 por cada 100 mil habitantes. Este fue uno de los años más sangrientos, debido a que las autoridades registraron 6 mil muertes violentas.
Luego, en 2016 la tasa de homicidios fue de 84; en 2017, los índices de homicidios bajaron a 83. Además, en 2018 llegó a 53.
En 2019, cuando el Presidente Bukele inició el desarrollo de su plan para rescatar el país, la tasa de homicidios fue de 38 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Además, en 2020 la tasa fue de 21.2; en 2021, bajó a 18.1; en 2022, cuando se aprobó el régimen de excepción, la tasa de homicidios bajó a 7.8.
Finalmente, en 2023 fue de 2.4 y este nuevo año ya alcanzó el punto más bajo de la historia. Enero ya suma tres días sin homicidios.
“Esto es trabajo en equipo. Las políticas de seguridad han sido claves y éxito para la mejora de la situación de seguridad que tenemos en este país. Hemos logrado desarticular la red de terroristas y ahora las instituciones garantizan justicia para los salvadoreños”, sostuvo el legislador Raúl Chamagua.
Por su parte, la diputada Elisa Rosales enfatizó en que con el voto para el régimen de excepción, los legisladores reiteran su compromiso con la seguridad del pueblo salvadoreño.
“Estoy segura que ningún salvadoreño quiere regresar a ese pasado de violencia, ni de tristeza. No debemos olvidar de dónde venimos para que sigamos construyendo el país que las futuras generaciones merecen”, dijo Rosales.
El 1.° de junio inició el segundo mandato presidencial de Nayib Bukele, tras resultar electo el 4 de febrero en comicios libres y democráticos, obteniendo 2,701,725 votos válidos de salvadoreños que residen en el territorio nacional y en el extranjero.
Con ese histórico caudal de votos, reflejo del respaldo popular en las urnas, Bukele derrotó a las fórmulas presidenciales de ARENA (Joel Sánchez e Hilcia Bonilla), FMLN (Manuel Flores y Werner Marroquín), Nuestro Tiempo (Luis Parada y Celia Medrano), Fuerza Solidaria (José Renderos y Rafael Montalvo) y Fraternidad Patriota Salvadoreña (Marina Murillo y Fausto Carranza).
Sánchez fue el primero en reconocer el triunfo del presidente Nayib Bukele. Además, criticó la mala gestión del presidente de ARENA, Carlos Saade, a quien responsabilizó de la derrota electoral para el partido tricolor.
A causa de sus críticas, el instituto arenero abrió un proceso de expulsión contra Sánchez; sin embargo, él renunció días antes de conocerse el resultado de dicho proceso interno, no sin antes revelar que dirigentes tricolor le exigieron dinero durante la campaña presidencial para financiar la de alcaldes y diputados, y para no removerlo como candidato.
Tras ser ratificado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como el ganador de los comicios, la ceremonia de investidura presidencial de Nayib Bukele se realizó el 1.° de junio en el Palacio Nacional, en el renovado Centro Histórico de San Salvador, donde miles de personas se congregaron en la Plaza Cívica, además de la presencia del Rey Felipe VI, varios presidentes e invitados especiales.
Durante su discurso, Bukele destacó la transformación de El Salvador en materia de seguridad pública, pues pasó de ser uno de los países más inseguros del mundo a uno de los más seguros y con menos homicidios, como resultado de la guerra contra las pandillas a través del Plan Control Territorial (PCT) y el estado de excepción.
Además, ese día anunció que en su quinquenio de gestión 2024-2029 -y ante el problema de inseguridad ya resuelto-, apostaría por el crecimiento de la economía.
Un mes después de su discurso del 1.° de junio, el mandatario presentó Plan Económico, y anunció el inicio de la primera de las seis fases que lo integran: Alimentación, que consiste, entre otras medidas, en la eliminación de aranceles a más de 70 productos de la canasta básica y a otros productos alimenticios.
Como parte de esta fase, el mandatario anunció posteriormente la implementación de los agromercados a escala nacional (ya han sido instalados 55) y la construcción de la primera Central de Abastos -ya en funcionamiento- en el distrito de Soyapango, San Salvador Este, para favorecer el bolsillo de los salvadoreños con productos más baratos.
La segunda fase del Plan Económico, Tecnología, consiste en una apuesta del Ejecutivo por este sector como dinamizador de la economía; y la tercera fase, Logística, conlleva una fuerte inversión económica para la reactivación de los puertos de La Unión Centroamericana y de Acajutla.
En esta tercera fase participa la empresa de capital turco YILPORT Holding, que invierte $1,615 millones, y con la cual el Estado salvadoreño estableció una sociedad de economía mixta con el objetivo de reativar y modernizar las dos principales terminales marítimas del país.
La gestión del presidente Bukele en su segundo mandato es respaldada desde la Asamblea Legislativa por los diputados de Nuevas Ideas que fueron electos en los comicios del 4 de febrero, y que tomaron posesión de sus cargos el 1.° de mayo.
De los 60 diputados en el congreso 54 pertenecen a la banca cian; dos son del PCN y uno del PDC. Estos dos últimos partidos también acompañan con sus votos el trabajo del presidente Bukele. Los tres diputados restantes integran la oposición política, distribuidos así: dos legisladores son de ARENA y una diputada es de VAMOS. El FMLN no obtuvo ningún diputado por primera vez en su historia de participación electoral.
Los diputados de Nuevas Ideas, así como los del PCN y PDC, han respaldado desde el inicio de su periodo legislativo (2024-2027) las iniciativas del Ejecutivo, como es el caso de la aprobación del presupuesto general del Estado para el ejercicio fiscal 2025, que contempla una fuerte apuesta para atender a los sectores sociales más vulnerables, manteniendo el énfasis en la inversión para las áreas de educación, salud y seguridad.
También han dado sus votos para mantener vigente el estado de excepción, que inició el 27 de marzo de 2022, a propuesta del Ejecutivo. Desde la legislatura anterior y hasta la fecha la oposición política no acompaña con sus votos la continuidad de la medida constitucional.
En las elecciones del 3 de marzo Nuevas Ideas ganó 28 de las 44 nuevas alcaldías. GANA tiene seis comunas con su bandera, el PCN cuatro, PDC cuatro (una en coalición con PCN), Fuerza Solidaria una y ARENA ganó una.
