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Capacitan a jueces en situación legal de familias radicadas en Exbolsones
Un total de 25 jueces de paz de todo el país participaron, este lunes, en el taller «Situación jurídica y social de los sectores delimitados por la sentencia de Corte Internacional de Justicia de 1992», dicho dictamen pasó parte del territorio salvadoreño conocido como los Bolsones a territorio hondureño.
El taller tenía por objetivo instruir a los jueces de paz en la situación legal y jurídica de las 18,000 personas afectadas radicados en la zona fronteriza con Honduras, los ex Bolsones.
«Este taller es sobre la sentencia de Corte Internacional de Justicia de 1992 sobre los Bolsones, tras la sentencia, quedaron varios cantones fuera de nuestro país, que ahora forman parte de Honduras, nosotros tratamos de ver, como velamos por los derechos de todas estas personas que al parecer no son de aquí, ni de allá, que tienen su documentación salvadoreña, pero sus tierras quedaron en Honduras», indicó Elsy Dueñas Lovos, magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y coordinadora de la Unidad de Facilitadores judiciales de dicha institución.
La magistrada explicó que, tras el taller, los jueces se encargan de darles capacitaciones a los 700 facilitadores judiciales distribuidos en todo el país. Los facilitadores judiciales son líderes de cada comunidad, que median en los conflictos de la población antes de llegar ante un juez, quienes, además, presentarán informes a los jueces sobre la situación legal y jurídica de cada una de las personas afectadas.
El taller también contó con la participación de la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, como parte del trabajo coordinado entre ambas instituciones por velar y hacer valer los derechos de los salvadoreños afectados.
«Para nosotros es fundamental este tipo de apoyos coordinados, este es el mejor ejemplo de trabajo interinstitucional como Estado, no solo como Gobierno, sino también como Estado, de poder apoyar a los salvadoreños que fueron afectados por la sentencia de la Haya de 1992 y que ahora están en nuestros sectores delimitados, son 18,000, ese es el dato que nos ha arrojado el censo», señaló Mira.
Para la viceministra es muy importante que después de 31 años, el trabajo del Gobierno llegue a estas zonas para darles a conocer y hacerles valer los derechos decretado en la sentencia.
«Para realizar este trabajo, los facilitadores son fundamentales ya que ellos están en el terreno y el territorio explicando a cada uno de los salvadoreños afectados cuáles son sus derechos», destacó Mira.
Mesa de honor taller: «Situación jurídica y social de los sectores delimitados por la sentencia de Corte Internacional de Justicia de 1992». Foto: Edison González/Diario El Salvador.
La funcionaria explicó que entre los proyectos que se tienen con los afectados en los bolsones está el otorgamiento de un carné que los identifica como salvadoreños afectados por la sentencia, dicho proyecto iniciará en diciembre y espera ser ejecutado en tres meses, para que puedan desplazarse de un país a otro.
Además, el Gobierno a través del ministerio de Relaciones Exteriores y el ministerio de Agricultura y Ganadería les entregan paquetes agrícolas, dan insumos educativos con el ministerio de Educación, buscan acercar DUI centros para que las personas puedan obtener su documento, consulados móviles para poder sacar pasaporte, también en coordinación con el ministerio de Obras Públicas para construir puentes transfronterizos para que las personas ya no crucen a través de quebradas y ríos.
Los sectores afectados, conocidos como ex Bolsones, son seis: Tecpangüisir, Las Pilas-Cayaguanca, Arcatao-Sazalapa, en Chalatenango; Sabanetas-Nahuaterique, en Morazán; Monteca o Dolores, en La Unión y Los Amates o Goascorán, también en La Unión.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
Inspectores del Viceministerio de Transporte (VMT) se mantienen desplegados en diferentes puntos del país para verificar que el servicio de transporte colectivo se brinde de manera regular y gratuita, como fue dispuesto por el Gobierno salvadoreño entre el 5 y el 11 de mayo.
De acuerdo con la institución, los equipos están presentes en paradas de autobuses y en diversas rutas a nivel nacional, con el objetivo de garantizar que los motoristas permitan el abordaje de los usuarios y mantengan la frecuencia establecida de los viajes.
“Nos mantenemos vigilantes de que el servicio de transporte colectivo se brinde con regularidad en diferentes puntos del país”, informó el VMT a través de sus canales oficiales.
El Viceministerio también reportó que el servicio opera con normalidad en la zona occidental del país, en rutas que conectan con otras regiones del territorio salvadoreño.
Además de la supervisión, el personal del VMT brinda asistencia a los usuarios, orientándolos para abordar de forma ordenada las unidades de transporte público.
El servicio gratuito de transporte forma parte de una medida de alivio económico y vial implementada por el Ejecutivo, mientras continúan los trabajos de rehabilitación en la carretera Los Chorros.
El canal hondureño HCH Noticias destacó recientemente la transformación en materia de seguridad pública que ha experimentado El Salvador durante la administración del presidente Nayib Bukele, subrayando que el país ha alcanzado 900 días sin homicidios desde 2019.
“Durante años El Salvador encabezó las listas de los países más violentos del mundo. En 2015 su tasa de homicidios superaba los 100 por cada 100,000 habitantes, un escenario marcado por el dominio territorial de las pandillas y la debilidad institucional del Estado”, señaló el medio a través de su cuenta oficial en la red social X.
El reporte de HCH recuerda que dicho periodo estuvo marcado por los gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), encabezados por los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ambos señalados por casos de corrupción y actualmente asilados en Nicaragua para evadir la justicia salvadoreña.
El FMLN fue derrotado en las elecciones presidenciales de 2019, dando paso a la llegada de Bukele al poder, quien —según destaca el medio— enfocó su gestión en la mejora de la seguridad ciudadana. A solo un mes de haber asumido la presidencia, el mandatario lanzó el Plan Control Territorial, estrategia que fue complementada en marzo de 2022 con la instauración del régimen de excepción, aún vigente.
“Hoy, el país centroamericano vive una transformación profunda en materia de seguridad de la mano del gobierno de Nayib Bukele, con cifras que contrastan radicalmente con ese pasado”, indicó HCH Noticias.
El Salvador ha sido reconocido a nivel internacional por la drástica reducción en los niveles de homicidios y otros delitos de alto impacto, lo que ha generado tanto apoyo ciudadano como observaciones críticas de sectores que demandan mayor transparencia en el proceso.
