Principal
Capacitan a jueces en situación legal de familias radicadas en Exbolsones
Un total de 25 jueces de paz de todo el país participaron, este lunes, en el taller «Situación jurídica y social de los sectores delimitados por la sentencia de Corte Internacional de Justicia de 1992», dicho dictamen pasó parte del territorio salvadoreño conocido como los Bolsones a territorio hondureño.
El taller tenía por objetivo instruir a los jueces de paz en la situación legal y jurídica de las 18,000 personas afectadas radicados en la zona fronteriza con Honduras, los ex Bolsones.
«Este taller es sobre la sentencia de Corte Internacional de Justicia de 1992 sobre los Bolsones, tras la sentencia, quedaron varios cantones fuera de nuestro país, que ahora forman parte de Honduras, nosotros tratamos de ver, como velamos por los derechos de todas estas personas que al parecer no son de aquí, ni de allá, que tienen su documentación salvadoreña, pero sus tierras quedaron en Honduras», indicó Elsy Dueñas Lovos, magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y coordinadora de la Unidad de Facilitadores judiciales de dicha institución.
La magistrada explicó que, tras el taller, los jueces se encargan de darles capacitaciones a los 700 facilitadores judiciales distribuidos en todo el país. Los facilitadores judiciales son líderes de cada comunidad, que median en los conflictos de la población antes de llegar ante un juez, quienes, además, presentarán informes a los jueces sobre la situación legal y jurídica de cada una de las personas afectadas.
El taller también contó con la participación de la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, como parte del trabajo coordinado entre ambas instituciones por velar y hacer valer los derechos de los salvadoreños afectados.
«Para nosotros es fundamental este tipo de apoyos coordinados, este es el mejor ejemplo de trabajo interinstitucional como Estado, no solo como Gobierno, sino también como Estado, de poder apoyar a los salvadoreños que fueron afectados por la sentencia de la Haya de 1992 y que ahora están en nuestros sectores delimitados, son 18,000, ese es el dato que nos ha arrojado el censo», señaló Mira.
Para la viceministra es muy importante que después de 31 años, el trabajo del Gobierno llegue a estas zonas para darles a conocer y hacerles valer los derechos decretado en la sentencia.
«Para realizar este trabajo, los facilitadores son fundamentales ya que ellos están en el terreno y el territorio explicando a cada uno de los salvadoreños afectados cuáles son sus derechos», destacó Mira.
Mesa de honor taller: «Situación jurídica y social de los sectores delimitados por la sentencia de Corte Internacional de Justicia de 1992». Foto: Edison González/Diario El Salvador.
La funcionaria explicó que entre los proyectos que se tienen con los afectados en los bolsones está el otorgamiento de un carné que los identifica como salvadoreños afectados por la sentencia, dicho proyecto iniciará en diciembre y espera ser ejecutado en tres meses, para que puedan desplazarse de un país a otro.
Además, el Gobierno a través del ministerio de Relaciones Exteriores y el ministerio de Agricultura y Ganadería les entregan paquetes agrícolas, dan insumos educativos con el ministerio de Educación, buscan acercar DUI centros para que las personas puedan obtener su documento, consulados móviles para poder sacar pasaporte, también en coordinación con el ministerio de Obras Públicas para construir puentes transfronterizos para que las personas ya no crucen a través de quebradas y ríos.
Los sectores afectados, conocidos como ex Bolsones, son seis: Tecpangüisir, Las Pilas-Cayaguanca, Arcatao-Sazalapa, en Chalatenango; Sabanetas-Nahuaterique, en Morazán; Monteca o Dolores, en La Unión y Los Amates o Goascorán, también en La Unión.
Dos jóvenes estudiantes lesionados tras un accidente de motocicleta en el sector conocido como Palo Combo, en el departamento de Sonsonate.
Los jóvenes se encontraban circulando por la zona cuando ocurrió el siniestro. Tras el accidente, las víctimas fueron trasladadas al Hospital Nacional Jorge Mazzini en un vehículo tipo pick up.
Hasta el momento, se desconoce la causa del accidente y el estado de salud de los heridos. La situación continúa siendo investigada por las autoridades.
La justicia colombiana dejó en libertad este lunes al colombo-alemán Carlos Lehder, exsocio del narco Pablo Escobar, luego de una corta detención en Bogotá, adonde llegó el viernes desde Alemania.
Salió de prisión en 2020 tras pagar una pena de más de tres décadas y luego se radicó en Alemania.
La policía detuvo a Lehder el viernes en el aeropuerto el Dorado de Bogotá en virtud de una condena de 1995 por tenencia ilegal de drogas, armas y municiones.
Pero la justicia determinó este lunes que la pena de 24 años por esos delitos ya prescribió y decidió «emitir boleta de libertad», según un boletín.
Apodado el Loco por sus excentricidades, Lehder fue pionero en abrir rutas para que los carteles llevaran droga hacia Estados Unidos, uno de los periodos más sangrientos de Colombia.
La AFP visitó las ruinas de su famosa Posada Alemana, una extravagante finca en el eje cafetero colombiano, donde albergó a un cóndor de los Andes y construyó una estatua del beatle John Lennon.
Hoy los opulentos salones están abandonados.
Lehder empezó en el tráfico de drogas hacia los 20 años y «la gente reconoce en Colombia a La posada alemana como ese ícono del narcotráfico», explicó Miguel Rojas, historiador local.
Solo Lehder y otro de sus socios del cartel de Medellín, Fabio Ochoa Vásquez, fueron extraditados a Estados Unidos.
Ochoa Vásquez fue deportado en diciembre a Colombia tras cumplir una condena de más de dos décadas en una prisión estadounidense.
Sin cuentas pendientes con la justicia colombiana, está en libertad.
Figura icónica del mal en el mundo, Escobar libró una guerra para evitar su extradición a Estados Unidos marcada por la detonación indiscriminada de carros bomba y el secuestro o asesinato de líderes políticos, periodistas y jueces.
El barón de la cocaína murió a manos de la policía colombiana el 2 de diciembre de 1993 en la ciudad de Medellín.
La reanudación de los bombardeos y las operaciones terrestres en la Franja de Gaza han dejado al menos 322 niños muertos y 609 heridos en los últimos diez días, denunció este lunes Unicef, la agencia de la ONU para la infancia.
Estas cifras incluyen a los niños que, según los informes, murieron o resultaron heridos en el departamento de cirugía del hospital Al Nasser, en el sur de Gaza, que fue alcanzado en un ataque el 23 de marzo.
La mayoría de estos niños estaban desplazados, refugiados en tiendas improvisadas o en viviendas dañadas, señaló la organización.
«Los niños se han visto de nuevo sumidos en un ciclo de violencia y privaciones mortales», denunció la directora ejecutiva de la organización, Catherine Russell, en un comunicado.
Russell pidió a «todas las partes que cumplan sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario para proteger a los niños».
Tras casi 18 meses de guerra, más de 15.000 niños han muerto, más de 34.000 han resultado heridos y casi un millón han sido desplazados repetidamente y privados de su derecho a servicios básicos, recordó Unicef.
«El recrudecimiento de los bombardeos incesantes e indiscriminados, combinado con el bloqueo total de la entrada de suministros en la Franja de Gaza durante más de tres semanas, ha puesto a prueba la respuesta humanitaria y a la población civil de Gaza especialmente a su millón de niños», advirtió la organización.
Israel reanudó su ofensiva sobre el territorio palestino el 18 de marzo poniendo fin a una frágil tregua, que había dado un respiro a la población durante dos meses.
Además del cese de las hostilidades, Unicef pidió que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria al enclave -suspendida desde el 2 de marzo- y la evacuación de los niños enfermos y heridos para recibir atención médica.
Sin dicha ayuda, están escaseando los alimentos, el agua potable y la atención médica, lo que agrava la desnutrición y las enfermedades, alertó la organización.
«Es preciso proteger a la población civil, incluidos los niños y los trabajadores humanitarios, y las infraestructuras esenciales que aún quedan, y liberar a los rehenes» en manos de Hamás.
«El mundo no debe permanecer impasible y permitir que continúe la matanza y el sufrimiento de los niños», añadió.
