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Capacitan a jueces en situación legal de familias radicadas en Exbolsones
Un total de 25 jueces de paz de todo el país participaron, este lunes, en el taller «Situación jurídica y social de los sectores delimitados por la sentencia de Corte Internacional de Justicia de 1992», dicho dictamen pasó parte del territorio salvadoreño conocido como los Bolsones a territorio hondureño.
El taller tenía por objetivo instruir a los jueces de paz en la situación legal y jurídica de las 18,000 personas afectadas radicados en la zona fronteriza con Honduras, los ex Bolsones.
«Este taller es sobre la sentencia de Corte Internacional de Justicia de 1992 sobre los Bolsones, tras la sentencia, quedaron varios cantones fuera de nuestro país, que ahora forman parte de Honduras, nosotros tratamos de ver, como velamos por los derechos de todas estas personas que al parecer no son de aquí, ni de allá, que tienen su documentación salvadoreña, pero sus tierras quedaron en Honduras», indicó Elsy Dueñas Lovos, magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y coordinadora de la Unidad de Facilitadores judiciales de dicha institución.
La magistrada explicó que, tras el taller, los jueces se encargan de darles capacitaciones a los 700 facilitadores judiciales distribuidos en todo el país. Los facilitadores judiciales son líderes de cada comunidad, que median en los conflictos de la población antes de llegar ante un juez, quienes, además, presentarán informes a los jueces sobre la situación legal y jurídica de cada una de las personas afectadas.
El taller también contó con la participación de la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, como parte del trabajo coordinado entre ambas instituciones por velar y hacer valer los derechos de los salvadoreños afectados.
«Para nosotros es fundamental este tipo de apoyos coordinados, este es el mejor ejemplo de trabajo interinstitucional como Estado, no solo como Gobierno, sino también como Estado, de poder apoyar a los salvadoreños que fueron afectados por la sentencia de la Haya de 1992 y que ahora están en nuestros sectores delimitados, son 18,000, ese es el dato que nos ha arrojado el censo», señaló Mira.
Para la viceministra es muy importante que después de 31 años, el trabajo del Gobierno llegue a estas zonas para darles a conocer y hacerles valer los derechos decretado en la sentencia.
«Para realizar este trabajo, los facilitadores son fundamentales ya que ellos están en el terreno y el territorio explicando a cada uno de los salvadoreños afectados cuáles son sus derechos», destacó Mira.
Mesa de honor taller: «Situación jurídica y social de los sectores delimitados por la sentencia de Corte Internacional de Justicia de 1992». Foto: Edison González/Diario El Salvador.
La funcionaria explicó que entre los proyectos que se tienen con los afectados en los bolsones está el otorgamiento de un carné que los identifica como salvadoreños afectados por la sentencia, dicho proyecto iniciará en diciembre y espera ser ejecutado en tres meses, para que puedan desplazarse de un país a otro.
Además, el Gobierno a través del ministerio de Relaciones Exteriores y el ministerio de Agricultura y Ganadería les entregan paquetes agrícolas, dan insumos educativos con el ministerio de Educación, buscan acercar DUI centros para que las personas puedan obtener su documento, consulados móviles para poder sacar pasaporte, también en coordinación con el ministerio de Obras Públicas para construir puentes transfronterizos para que las personas ya no crucen a través de quebradas y ríos.
Los sectores afectados, conocidos como ex Bolsones, son seis: Tecpangüisir, Las Pilas-Cayaguanca, Arcatao-Sazalapa, en Chalatenango; Sabanetas-Nahuaterique, en Morazán; Monteca o Dolores, en La Unión y Los Amates o Goascorán, también en La Unión.
Jetset
Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por acusarle de «abusos sexuales» y «esclavitud» contra sus trabajadoras
El cantante Julio Iglesias (82 años) ha demandado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (54), por acusarle de someter a sus trabajadoras a «abusos sexuales» y de tenerlas en una «situación de esclavitud». En caso de no retirar esas afirmaciones, se querellará contra ella.
Así se desprende del escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que su letrado José Antonio Choclán insta a Díaz a «rectificar públicamente» el mensaje que publicó en su cuenta en la red social Bluesky.
También pide a la vicepresidenta que indemnice a Iglesias «en la cantidad que se establezca en función del grave daño social producido» por su «comportamiento injurioso y calumnioso».
Díaz, en concreto, compartió el pasado 13 de enero una noticia con el titular ‘Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales’. «Escalofriantes testimonios (…) Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente», añadió.
La representación del cantante indica que la vicepresidenta fue entrevistada al día siguiente en un programa de televisión en el que se debatía sobre la denuncia que varias extrabajadoras de Iglesias presentaron en su contra, y que no fue admitida al considerar la Fiscalía que no era competente para investigarla.
Fue el pasado mes de enero, en concreto, cuando el Ministerio Fiscal publicó su decreto de archivo, en el que destacaba la «falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados».
La Fiscalía no acepta que Julio Iglesias pueda intervenir en las diligencias abiertas sobre la denuncia de dos exempleadas
Díaz, según recoge el escrito ahora presentado, afirmó que las trabajadoras «estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias». «La investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres», aseveró.
El escrito incide en que «la demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública primero a través de una red social y, después, a través de un medio de televisión claros prejuicios de culpabilidad contra Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales».
Lo que Iglesias quiere es que Díaz «se avenga a reconocer el carácter gravemente injurioso y calumnioso de las manifestaciones, que se ha producido un indebido juicio paralelo procedente de una autoridad pública extrajudicial, profiriendo afirmaciones injuriosas y calumniosas, que han lesionado el honor y la imagen y la reputación social» del cantante.
Pocos minutos antes de las 17 horas, la ministra ha respondido al cantante, a través de la red social Bluesky: «Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos».
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Vicepresidente Ulloa participa en Grupo de Conservadores y Reformistas del Parlamento Europeo
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, participó como orador en la reunión del Grupo de Conservadores y Reformistas del Parlamento Europeo (ECR) donde se abordó: “El caso de El Salvador: de la lucha contra el crimen al crecimiento económico.”
En dicho contexto, los Eurodiputados, Sr. Nicola Procaccini y Sr. Carlo Fidanza, dieron la bienvenida al Vicemandatario y resaltaron cómo El Salvador logró enfrentar con determinación el crimen organizado, subrayando que la seguridad es pilar fundamental del desarrollo y el bienestar de los pueblos.
Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa expuso el proceso de transformación nacional, recordando que en el pasado, ex Presidentes de la República fueron condenados por actos de corrupción y otros ex funcionarios huyeron al extranjero para evadir la justicia. Enfatizó que hoy, en primer lugar, no existe espacio para la impunidad frente a ningún delito y que el Estado actúa con firmeza dentro del marco legal.
Asimismo, recordó que anteriormente el país fue catalogado como la “Capital de los Homicidios”, contexto que llevó al Presidente de la República, a declarar la guerra contra las pandillas, fundamentada en el principio de jus ad bellum, que en el derecho internacional faculta al Estado a ejercer su legítima defensa para proteger a su población cuando esta es atacada.
Indicó que el “milagro de la seguridad” ha permitido avanzar hacia un “milagro económico”, sustentado en un plan integral de seis etapas. Gracias a este entorno de estabilidad, El Salvador lidera el crecimiento turístico en América y ocupa el tercer lugar a nivel mundial, con un aumento del 92 % en la llegada de visitantes y del 211 % en ingresos, según ONU Turismo.
Destacó que El Salvador avanza en la quinta revolución industrial mediante la modernización del Estado, la incorporación de inteligencia artificial en sectores estratégicos como salud y educación, y el fortalecimiento de las competencias tecnológicas de la comunidad educativa del sector público.
Finalmente, subrayó el sólido marco jurídico que impulsa la economía digital y el desarrollo del bitcoin como parte de la estrategia nacional de innovación y atracción de inversión. Este espacio permitió posicionar la transformación de El Salvador y consolidar el entendimiento político sobre bases de respeto y objetivos compartidos
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, entregó escrituras de propiedad a familias de 21 lotificaciones, de diferentes puntos de El Salvador, quienes fueron estafadas por la corporación Argoz.
De acuerdo con las autoridades son 137 escrituras de propiedad entregadas estregadas este día, lo que garantiza la seguridad jurídica de los afectados por la Corporación Argoz S.A. de C.V.
«Hoy se están legalizando 137 lotes, en beneficio de familias que, incluso han esperado hasta 43 años por este documento», detalló la funcionaria.
Con la entrega de estas escrituras, el Ministerio de Vivienda recupera aproximadamente $1.4 millones en favor de las familias.
«Las familias beneficiadas provienen de 21 lotificaciones, ubicadas en 7 departamentos del país, y con esta entrega se está devolviendo un monto aproximado de $1.4 millones», destacó la ministra durante la entrega de escrituras.
Las familias beneficiadas residen en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Usulután y La Unión.
«Le doy gracias a Dios y al presidente Nayi Bukele. Antes todo era difícil, pero ahora vemos un cambio y eso nos llena de alegría. Me voy con una gran felicidad en el corazón por lo que estamos viviendo», dijo Lila Elvira Cuadra, residente de Santa María Portezuelo, Santa Ana.
