Internacionales
Argentina se puede quedar si suministro de gas y petróleo por conflicto entre Milei e Ignacio Torres
Los gobernadores de las provincias argentinas de la región patagónica analizaron este sábado suspender la producción de gas y petróleo a partir del próximo miércoles, en medio de la escalada de tensiones con el gobierno de Javier Milei por la asignación de fondos de la coparticipación.
En una reunión virtual, los dirigentes del sur del país respaldaron al mandatario de Chubut, Ignacio Torres, en su enfrentamiento abierto con Milei y «definieron una estrategia conjunta para blindar la coparticipación por medio de una ley», según fuentes provinciales citadas por el periódico La Nación.
En el encuentro estuvieron presentes Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Marcelo Orrego (Neuquén), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Vidal (Santa Cruz) y el propio Torres.
Torres, junto a un grupo de mandatarios provinciales, denunció este viernes una «extorsión» por parte de la administración de Milei, advirtiendo que interrumpirá la salida de hidrocarburos si no se regulariza la transferencia de los fondos de la coparticipación. «Las provincias son preexistentes a la nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio», subrayó en un comunicado.
En el duro pronunciamiento, los gobernadores patagónicos sostuvieron que en febrero el Ministerio de Economía «le retuvo ilegalmente 16.500 millones [de pesos argentinos, unos 17 millones de dólares], más de un tercio de su coparticipación mensual», a Chubut. «Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas», amenazó Torres.
En defensa de los recursos
En ese sentido, en la reunión telemática, los dirigentes plantearon un paro total en los yacimientos con el objetivo de afectar la producción. Se prevé un acto simbólico en la monoboya ubicada en Caleta Córdova, en Comodoro Rivadavia (Chubut), desde donde sale la producción petrolera de la cuenca del golfo San Jorge. «Más que cerrar una llave, algo que no puede hacerse de un día para el otro, es parar la producción general como medida de protesta», aseguraron las fuentes al medio.
«El Gobierno nacional quiere disciplinar a las provincias matando a Chubut, una provincia chica que está lejos de Buenos Aires. Pero vamos a defender nuestros recursos hasta las últimas consecuencias», afirmó Torres al periódico.
Por otra parte, en el encuentro también hubo un acuerdo para fortalecer la estrategia de la «judicialización» contra los recortes de fondos que dispone el ministro de Economía, Luis Caputo. Incluso, las denuncias apuntarán directamente contra el funcionario y contra el presidente.
«Degenerados fiscales»
Previamente, Milei se dirigió a los jefes de las provincias tachándolos de «degenerados fiscales» y compartió un comunicado en el que amenazó con llevar a la Justicia a Torres por implementar un «plan de extorsión».
El comunicado también señala que los fondos retenidos corresponden a «una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial» y que el cobro de dicho monto «se realiza por descuento directo de la coparticipación».
«Nunca pensé en mi vida que tendría tantas alegrías juntas con el ‘principio de revelación’ (la teoría de Milei para explicar el fracaso de la ‘ley ómnibus’)», comentó el mandatario en su cuenta de X. «Además, ver cómo toda la casta que le ha arruinado la vida a los argentinos de bien se juntan todos para defender sus obscenos privilegios con una pobreza por las nubes me da asco», agregó.
Rebelión de los gobernadores
La disputa iniciada por Torres obtuvo también el apoyo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de mandatarios de Juntos por el Cambio, partido que apoyó a Milei en la segunda vuelta electoral.
Incluso gobernadores dialoguistas mostraron su descontento con la Casa Rosada. «Es el reclamo y la forma en que nos vienen destratando en todo este tiempo», señaló un gobernador norteño bajo condición de anonimato a La Nación.
«Estoy entre los que quieren colaborar, pero no se dejan. Todo es confrontación, no aceptan nada y salen a decir que no damos alternativas. Construyen un ‘relato’ pero a nosotros también nos votaron y tenemos que defender a nuestros ciudadanos», explicó.
En ese sentido, los gobernadores patagónicos también manifestaron sentirse agredidos por la administración de Milei cuando los tacha de «casta» o «los oscuros negociadores». «Queremos apoyar al Gobierno nacional, pero nos discriminan, nos tratan mal», enfatizaron a TN.
El saliente mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves, formará parte del gabinete de su sucesora Laura Fernández en un puesto con amplios poderes que además le garantizará inmunidad frente a eventuales procesos legales.
Chaves, quien entregará el mando a Fernández el próximo viernes, fue designado este martes ministro de la presidencia, encargado de las relaciones con los demás poderes del Estado, con los cuales el actual gobernante mantiene un duro enfrentamiento.
También tendrá a su cargo la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), señalada en el pasado por opositores de supuesto espionaje político, lo que ha sido rechazado por el gobierno.
Fernández ya había adelantado que le ofrecería el puesto a su mentor, de quien también fue ministra, lo que críticos del gobierno ven como una maniobra del presidente para mantener su influencia.
Estados Unidos y la república islámica mantienen un pulso por el control de este paso estratégico, por donde solía transitar una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.
«Sabemos perfectamente que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía», advirtió Mohamad Baqer Qalibaf, el principal negociador iraní en un mensaje en X.
«La seguridad del transporte marítimo y del tránsito energético se ha visto amenazada por Estados Unidos», cuya «presencia maligna disminuirá», agregó Qalibaf, que también es presidente del Parlamento iraní.
Desde el inicio de la guerra emprendida el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, Teherán controla esta vía estratégica.
La situación ha disparado el precio del petróleo a niveles inéditos desde 2022.
Washington intenta por todos los medios presionar a Teherán y le reclama que abandone su programa nuclear.
El 8 de abril, coincidiendo con el inicio de la tregua con Irán, impuso un bloqueo a los puertos iraníes.
Y el lunes lanzó la llamada operación «Proyecto Libertad» para permitir que los barcos bloqueados desde hace semanas puedan cruzar el estrecho.
Según varias empresas especializadas, más de 900 buques estaban en el Golfo a finales de abril, con cerca de 20,000 marinos.
En las últimas horas Irán replicó a la operación de Washington con lanzamientos de misiles y drones contra barcos militares estadounidenses en la zona, que fueron interceptados, según el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom).
Corea del Sur informó de una «explosión» seguida de un incendio en un buque surcoreano en el estrecho.
Pese a los desmentidos iraníes, el Centcom asegura que dos buques mercantes con pabellón estadounidense, escoltados por el ejército, cruzaron «con éxito» el estrecho de Ormuz el lunes. «Marcha muy bien», se felicitó el presidente Donald Trump.
El gigante danés del transporte Maersk anunció que uno de sus barcos, que transportaba vehículos y estaba bloqueado en la zona desde febrero, pudo atravesar el estrecho el lunes «acompañado de medios militares estadounidenses».
Las fuerzas estadounidenses también afirmaron haber destruido seis embarcaciones iraníes «que amenazaban la navegación comercial».
Irán negó cualquier daño en sus buques y acusó a Estados Unidos de haber matado a cinco civiles al atacar dos barcos que partieron de Omán rumbo a la costa iraní.
Internacionales
Ex niños soldado aprenden oficios para rehacer sus vidas en República Centroafricana
En un aula en Bria, en la República Centroafricana, ex niños soldado aprenden a coser. Una forma de ayudar a adolescentes de entre 14 y 17 años a superar la violencia que sufrieron a manos de los numerosos grupos armados del país.
«No es fácil enseñarles. Algunos todavía llevan esa violencia dentro. Otros siguen muy estresados», relata Christophe Yonaba, profesor de la organización benéfica Esperance en esta zona del este de la República Centroafricana.
«A veces se quedan sentados en silencio», cuenta sobre sus aprendices de sastre.
«De repente se inquietan, como si se bloquearan por dentro», añade.
El este de la República Centroafricana, cuyo subsuelo es rico en diamantes, se ha visto desgarrado por años de conflicto armado.
«Todos estos adolescentes fueron, en algún momento, capturados por grupos armados», afirma Yonaba, de 53 años.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), alrededor de 2,000 jóvenes centroafricanos siguen en manos de estas fuerzas combatientes.
En el punto álgido de la guerra civil que se prolongó de 2013 a 2018, unos 20 grupos operaban en el este. La cifra descendió ahora a 14 gracias a los acuerdos de paz y los programas de desarme.
Pero los grupos armados continúan controlando ciertas zonas del este, especialmente en la frontera con Sudán y Sudán del Sur.
Desde finales del año pasado los combates entre el ejército y los rebeldes se intensificaron en la región.
El conflicto desplazó a decenas de miles de civiles, en su mayoría mujeres y niños, dentro del país y hacia la vecina República Democrática del Congo.
Trauma del pasado
Awa —la AFP cambió los nombres de todos los menores en esta historia— tenía 14 años cuando fue secuestrada por la Unidad por la Paz en la República Centroafricana (UPC), uno de los mayores grupos rebeldes.
Estuvo retenida durante unos tres meses.
Sentada en la parte delantera de la clase de Yonaba, donde las máquinas de coser sustituyen a los pupitres tradicionales, evita hablar del pasado y prefiere centrarse en el presente.
«Hoy me siento bien. Me gusta lo que hago aquí. Hay otros niños que tuvieron experiencias similares a la mía. Nos ayudamos mutuamente con el trabajo», describe la joven.
También afirma estar contenta de vivir ahora «una especie de vida normal».
Amadou, de 16 años fue formado como panadero por la ONG y ahora hace pan y rosquillas cada mañana en un horno tradicional en su aldea. Pasó un año y medio en las filas de la UPC.
«No nos pedían que usáramos armas, pero estábamos allí, como sirvientes. Hacíamos todas las tareas ingratas y no descansábamos. Nos hablaban de manera grosera y dura», comenta, luchando con los dolorosos recuerdos que reaparecen.
Rachelle, que está aprendiendo sobre ganadería con Esperance, cuenta que fue utilizada como esclava sexual cuando tenía 14 años. La experiencia duró un año.
«Me obligaron a hacer cosas y tuve que hacerlo, de lo contrario habría habido consecuencias», confiesa con valentía pero negándose a decir más.
Pero los recuerdos la atormentan. Se pregunta por su madre, secuestrada al mismo tiempo que ella y de la que no volvió a saber nada desde entonces.
Esperance, financiada en parte por UNICEF, ayudó a 52 jóvenes a encontrar una vocación y un empleo el año pasado. Ofrece apoyo psicológico además de formación.
Los recientes programas de desarme contribuyen a un aumento de la demanda de sus servicios.
«Antes recibíamos una llamada al mes. Ahora es cada semana», relata Karl Malone, encargado de identificar nuevos casos de niños soldados en la región de Bria.
«Este año recibimos financiación suficiente para ayudar a 100 niños. Pero hay al menos 117 que necesitan ayuda. Y no podemos atenderlos», lamenta.
Como otras organizaciones de ayuda, Esperance se ve afectada por la disminución de la financiación internacional, especialmente de USAID, la agencia estadounidense de desarrollo, desmantelada por el presidente Donald Trump poco después de regresar al poder.
