Internacionales
Argentina se puede quedar si suministro de gas y petróleo por conflicto entre Milei e Ignacio Torres
Los gobernadores de las provincias argentinas de la región patagónica analizaron este sábado suspender la producción de gas y petróleo a partir del próximo miércoles, en medio de la escalada de tensiones con el gobierno de Javier Milei por la asignación de fondos de la coparticipación.
En una reunión virtual, los dirigentes del sur del país respaldaron al mandatario de Chubut, Ignacio Torres, en su enfrentamiento abierto con Milei y «definieron una estrategia conjunta para blindar la coparticipación por medio de una ley», según fuentes provinciales citadas por el periódico La Nación.
En el encuentro estuvieron presentes Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Marcelo Orrego (Neuquén), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Vidal (Santa Cruz) y el propio Torres.
Torres, junto a un grupo de mandatarios provinciales, denunció este viernes una «extorsión» por parte de la administración de Milei, advirtiendo que interrumpirá la salida de hidrocarburos si no se regulariza la transferencia de los fondos de la coparticipación. «Las provincias son preexistentes a la nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio», subrayó en un comunicado.
En el duro pronunciamiento, los gobernadores patagónicos sostuvieron que en febrero el Ministerio de Economía «le retuvo ilegalmente 16.500 millones [de pesos argentinos, unos 17 millones de dólares], más de un tercio de su coparticipación mensual», a Chubut. «Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas», amenazó Torres.
En defensa de los recursos
En ese sentido, en la reunión telemática, los dirigentes plantearon un paro total en los yacimientos con el objetivo de afectar la producción. Se prevé un acto simbólico en la monoboya ubicada en Caleta Córdova, en Comodoro Rivadavia (Chubut), desde donde sale la producción petrolera de la cuenca del golfo San Jorge. «Más que cerrar una llave, algo que no puede hacerse de un día para el otro, es parar la producción general como medida de protesta», aseguraron las fuentes al medio.
«El Gobierno nacional quiere disciplinar a las provincias matando a Chubut, una provincia chica que está lejos de Buenos Aires. Pero vamos a defender nuestros recursos hasta las últimas consecuencias», afirmó Torres al periódico.
Por otra parte, en el encuentro también hubo un acuerdo para fortalecer la estrategia de la «judicialización» contra los recortes de fondos que dispone el ministro de Economía, Luis Caputo. Incluso, las denuncias apuntarán directamente contra el funcionario y contra el presidente.
«Degenerados fiscales»
Previamente, Milei se dirigió a los jefes de las provincias tachándolos de «degenerados fiscales» y compartió un comunicado en el que amenazó con llevar a la Justicia a Torres por implementar un «plan de extorsión».
El comunicado también señala que los fondos retenidos corresponden a «una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial» y que el cobro de dicho monto «se realiza por descuento directo de la coparticipación».
«Nunca pensé en mi vida que tendría tantas alegrías juntas con el ‘principio de revelación’ (la teoría de Milei para explicar el fracaso de la ‘ley ómnibus’)», comentó el mandatario en su cuenta de X. «Además, ver cómo toda la casta que le ha arruinado la vida a los argentinos de bien se juntan todos para defender sus obscenos privilegios con una pobreza por las nubes me da asco», agregó.
Rebelión de los gobernadores
La disputa iniciada por Torres obtuvo también el apoyo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de mandatarios de Juntos por el Cambio, partido que apoyó a Milei en la segunda vuelta electoral.
Incluso gobernadores dialoguistas mostraron su descontento con la Casa Rosada. «Es el reclamo y la forma en que nos vienen destratando en todo este tiempo», señaló un gobernador norteño bajo condición de anonimato a La Nación.
«Estoy entre los que quieren colaborar, pero no se dejan. Todo es confrontación, no aceptan nada y salen a decir que no damos alternativas. Construyen un ‘relato’ pero a nosotros también nos votaron y tenemos que defender a nuestros ciudadanos», explicó.
En ese sentido, los gobernadores patagónicos también manifestaron sentirse agredidos por la administración de Milei cuando los tacha de «casta» o «los oscuros negociadores». «Queremos apoyar al Gobierno nacional, pero nos discriminan, nos tratan mal», enfatizaron a TN.
Miles de personas evacuadas aguardaban ayuda el domingo en la isla de Flores, en el este de Indonesia, tras un potente terremoto que dejó 53 muertos, decenas de heridos y daños en centenares de casas y edificios.
Unas 5,000 personas huyeron de sus viviendas después del sismo de magnitud 7.7 registrado la mañana del sábado, seguido de 341 réplicas, informó Berton Suar Pelita Panjaitan, portavoz de la agencia nacional de gestión de desastres BNPB.
Numerosos habitantes de las zonas afectadas quedaron sin electricidad ni telecomunicaciones, mientras que al menos una ruta de acceso permanecía inaccesible.
«Necesitamos comida, bebida, medicamentos y pañales para los niños», declaró el domingo a la AFP Umri, un poblador de 55 años de la aldea Nangahale, en la costa norte de Flores. El hombre, quien utiliza un solo nombre al igual que muchos indonesios, permaneció durante 24 horas sobre una colina por temor a regresar a su vivienda.
Nurhidayati, también de 55 años, pasó la noche sobre una estera en la misma colina.
«Sigo aterrorizada, mi corazón late fuerte al recordar el temblor de ayer (…) Subimos aquí ayer; estoy muy asustada, traumatizada por el terremoto de 1992», expresó.
En el pueblo de Kisol, Bertolomeus Tiga, de 42 años, relató a la AFP que su casa se derrumbó debido al sismo.
«Todavía no ha llegado ninguna ayuda. Lo que más necesitamos son los productos básicos. Comida, agua… medicamentos», explicó.
Flores ya había sido impactada en 1992 por un terremoto de magnitud 7.7 que provocó un tsunami y dejó unos 2,500 muertos.
Berton informó que 101 residentes de Flores resultaron heridos. «Además de la pérdida de vida, el terremoto en el mar causó daños materiales que paralizaron las actividades diarias de los pobladores», indicó el domingo en un comunicado.
Los sobrevivientes requieren con urgencia carpas, comida, medicamentos, frazadas, camas de campaña, esteras, agua potable y generadores eléctricos, precisó Berton.
Una búsqueda esforzada
Fathur Rahman, responsable de los servicios de rescate, informó el domingo a la AFP que no se han reportado personas sepultadas o desaparecidas.
«Por ahora nos concentramos en los esfuerzos de búsqueda», indicó Fathur.
Las autoridades señalaron que el epicentro del terremoto, de poca profundidad, se ubicó frente a la costa norte de la isla. Las zonas afectadas no cuentan con edificios altos.
Berton precisó que al menos 914 viviendas presentan daños severos y que centenares más registran daños menores. También resultaron afectados 93 centros educativos, 36 centros de salud y 38 instalaciones gubernamentales.
La Cruz Roja Internacional informó el sábado que se preparaban acciones para llevar ayuda a las personas instaladas en albergues temporales.
El Gobierno envió 50,000 paquetes de ayuda, con un peso total de 275 toneladas, a la zona. Además, la jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, ofreció asistencia mediante los satélites de observación Copernicus para apoyar las labores de búsqueda y rescate.
Anillo de fuego
Después del terremoto del sábado, los habitantes de Flores huyeron hacia zonas elevadas ante el repliegue del mar, una posible señal de la aproximación de un tsunami.
La alerta de tsunami fue levantada, pero las autoridades instaron a los pobladores a no regresar a los edificios dañados, debido al riesgo de que colapsen por nuevas réplicas.
El servicio meteorológico de Indonesia reportó olas de hasta 1.6 metros en algunas regiones costeras.
Indonesia registra terremotos con frecuencia debido a su ubicación en el denominado «Anillo de Fuego» del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que abarca Japón, el sudeste asiático y la cuenca del Pacífico.
Intensos aguaceros que azotaron el este de Japón dejaron nueve personas muertas, tras un diluvio descrito como «sin precedentes» que provocó inundaciones en más de mil viviendas y paralizó carreteras y servicios ferroviarios, informó la televisión pública el domingo.
Las lluvias torrenciales comenzaron la noche del jueves y provocaron alertas por deslizamientos de tierra y apagones. Ante la intensidad del fenómeno, el servicio meteorológico emitió por primera vez para la región de Chiba el nivel más alto de alerta por lluvias.
Una estación meteorológica de la prefectura registró 30 centímetros de lluvia en un periodo de 24 horas, convirtiendo el episodio en el mes de agosto más lluvioso de las últimas seis décadas.
Desde el inicio de las lluvias han muerto nueve personas, según informó la mañana del domingo la televisión NHK, citando su propio balance.
En Chiba, más de 70 viviendas sufrieron daños parciales debido a las lluvias, de acuerdo con el balance más reciente de la prefectura. Además, más de mil casas reportaron inundaciones y alrededor de 1,200 vehículos fueron abandonados en carreteras inundadas.
Internacionales
Arrestan en Costa Rica a sujeto que amenazó de muerte a la presidenta Laura Fernández
Las autoridades judiciales de Costa Rica informaron sobre el arresto de un hombre sospechoso de publicar amenazas contra la presidenta Laura Fernández.
De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el detenido publicó en redes sociales, el pasado 8 de mayo, amenazas de atentar contra la vida de Fernández con un arma de fuego.
La captura del sospechoso se ejecutó en la localidad de Desamparados, provincia de Alajuela, en el centro del territorio costarricense.
Las autoridades del OIJ informaron que el sospechoso tiene 27 años y ha sido identificado por el apellido de Villalobos.
Según el Código Penal costarricense, el delito de amenazas se sanciona con una condena que oscila entre seis meses y un año de cárcel.
