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Argentina se puede quedar si suministro de gas y petróleo por conflicto entre Milei e Ignacio Torres
Los gobernadores de las provincias argentinas de la región patagónica analizaron este sábado suspender la producción de gas y petróleo a partir del próximo miércoles, en medio de la escalada de tensiones con el gobierno de Javier Milei por la asignación de fondos de la coparticipación.
En una reunión virtual, los dirigentes del sur del país respaldaron al mandatario de Chubut, Ignacio Torres, en su enfrentamiento abierto con Milei y «definieron una estrategia conjunta para blindar la coparticipación por medio de una ley», según fuentes provinciales citadas por el periódico La Nación.
En el encuentro estuvieron presentes Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Marcelo Orrego (Neuquén), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Vidal (Santa Cruz) y el propio Torres.
Torres, junto a un grupo de mandatarios provinciales, denunció este viernes una «extorsión» por parte de la administración de Milei, advirtiendo que interrumpirá la salida de hidrocarburos si no se regulariza la transferencia de los fondos de la coparticipación. «Las provincias son preexistentes a la nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio», subrayó en un comunicado.
En el duro pronunciamiento, los gobernadores patagónicos sostuvieron que en febrero el Ministerio de Economía «le retuvo ilegalmente 16.500 millones [de pesos argentinos, unos 17 millones de dólares], más de un tercio de su coparticipación mensual», a Chubut. «Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas», amenazó Torres.
En defensa de los recursos
En ese sentido, en la reunión telemática, los dirigentes plantearon un paro total en los yacimientos con el objetivo de afectar la producción. Se prevé un acto simbólico en la monoboya ubicada en Caleta Córdova, en Comodoro Rivadavia (Chubut), desde donde sale la producción petrolera de la cuenca del golfo San Jorge. «Más que cerrar una llave, algo que no puede hacerse de un día para el otro, es parar la producción general como medida de protesta», aseguraron las fuentes al medio.
«El Gobierno nacional quiere disciplinar a las provincias matando a Chubut, una provincia chica que está lejos de Buenos Aires. Pero vamos a defender nuestros recursos hasta las últimas consecuencias», afirmó Torres al periódico.
Por otra parte, en el encuentro también hubo un acuerdo para fortalecer la estrategia de la «judicialización» contra los recortes de fondos que dispone el ministro de Economía, Luis Caputo. Incluso, las denuncias apuntarán directamente contra el funcionario y contra el presidente.
«Degenerados fiscales»
Previamente, Milei se dirigió a los jefes de las provincias tachándolos de «degenerados fiscales» y compartió un comunicado en el que amenazó con llevar a la Justicia a Torres por implementar un «plan de extorsión».
El comunicado también señala que los fondos retenidos corresponden a «una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial» y que el cobro de dicho monto «se realiza por descuento directo de la coparticipación».
«Nunca pensé en mi vida que tendría tantas alegrías juntas con el ‘principio de revelación’ (la teoría de Milei para explicar el fracaso de la ‘ley ómnibus’)», comentó el mandatario en su cuenta de X. «Además, ver cómo toda la casta que le ha arruinado la vida a los argentinos de bien se juntan todos para defender sus obscenos privilegios con una pobreza por las nubes me da asco», agregó.
Rebelión de los gobernadores
La disputa iniciada por Torres obtuvo también el apoyo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de mandatarios de Juntos por el Cambio, partido que apoyó a Milei en la segunda vuelta electoral.
Incluso gobernadores dialoguistas mostraron su descontento con la Casa Rosada. «Es el reclamo y la forma en que nos vienen destratando en todo este tiempo», señaló un gobernador norteño bajo condición de anonimato a La Nación.
«Estoy entre los que quieren colaborar, pero no se dejan. Todo es confrontación, no aceptan nada y salen a decir que no damos alternativas. Construyen un ‘relato’ pero a nosotros también nos votaron y tenemos que defender a nuestros ciudadanos», explicó.
En ese sentido, los gobernadores patagónicos también manifestaron sentirse agredidos por la administración de Milei cuando los tacha de «casta» o «los oscuros negociadores». «Queremos apoyar al Gobierno nacional, pero nos discriminan, nos tratan mal», enfatizaron a TN.
La depresión tropical Cristina continúa generando lluvias, vientos intensos y fuerte oleaje en varios países de Centroamérica, provocando inundaciones, derrumbes, afectaciones en viviendas, daños en infraestructura vial y diversas emergencias atendidas por organismos de protección civil.
En Guatemala, las lluvias asociadas al sistema provocaron inundaciones en viviendas de las comunidades María Linda, en Iztapa, Escuintla, y El Manantial, en San José, Escuintla. Personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres evaluó los daños y las necesidades de las familias afectadas. De acuerdo con datos oficiales, la temporada lluviosa de 2026 ha generado más de 280 emergencias en el país, entre ellas inundaciones, caída de árboles, fuertes vientos, deslizamientos, derrumbes, socavamientos y hundimientos.
Las autoridades guatemaltecas mantienen habilitados albergues temporales en Alta Verapaz y Santa Rosa para atender a las personas afectadas por las condiciones climáticas.
En Nicaragua, las precipitaciones continúan afectando principalmente a los departamentos de León y Chinandega. Comunidades costeras como Poneloya y Las Peñitas reportan inundaciones que han impactado viviendas, restaurantes, pequeños negocios y emprendimientos turísticos. Asimismo, las autoridades mantienen vigilancia sobre infraestructura vulnerable, incluido el puente La Máquina, en la comunidad La Gallina, donde se reportaron deslizamientos de tierra.
En el departamento de Chinandega, sectores turísticos como Paso Caballos y Jiquilillo registran calles anegadas, restricciones al tránsito vehicular y afectaciones económicas para comerciantes y emprendedores locales. Aunque Cristina se degradó a depresión tropical, organismos meteorológicos de la región advierten que sus remanentes continúan favoreciendo el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, manteniendo condiciones propicias para lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos.
Por su parte, en Honduras, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales reportó un derrumbe en la carretera que conduce al sur de Lempira, específicamente en la comunidad El Carrizal, municipio de Erandique, a la altura del sector conocido como La Clínica. Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con extrema precaución debido a las condiciones del terreno.
Además, organismos de emergencia rescataron a una familia cuyo vehículo fue arrastrado por la corriente del río Juticalpa, en el departamento de Olancho. El incidente ocurrió cuando varias personas intentaron cruzar el afluente pese al aumento de su caudal provocado por las lluvias.
Las autoridades hondureñas mantienen alerta amarilla para la línea costera del golfo de Fonseca y para el municipio de Alianza, en Valle, debido al riesgo de oleaje elevado y al posible incremento del nivel del río Goascorán. También permanecen vigentes alertas verdes en varios departamentos ante la persistencia de las precipitaciones.
Las instituciones de protección civil de Honduras, Guatemala y Nicaragua reiteraron el llamado a la población para evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas mientras continúen las condiciones adversas.
Un tribunal de la ciudad de Soissons, en el norte de Francia, condenó a Christophe Ellul, de 51 años, a cuatro años de prisión con suspensión de pena y ordenó el sacrificio de Curtis, un perro de raza american pitbull terrier.
La decisión judicial fue emitida pese a las peticiones de activistas defensores de los animales que solicitaron el indulto del can. Una de las iniciativas reunió más de 80,000 firmas y proponía que el animal fuera trasladado a un refugio.
El caso se remonta a noviembre de 2019, cuando Ellul encontró el cuerpo sin vida de su pareja, Elisa Pilarski, en un bosque situado en las afueras de la ciudad. Según la investigación, la mujer, de 29 años y embarazada de seis meses, presentaba alrededor de 50 mordeduras en su cuerpo mientras paseaba al perro.
De acuerdo con las autoridades, antes de fallecer, Pilarski llamó a Ellul para pedir ayuda mientras él se encontraba trabajando en un aeropuerto ubicado a unos 50 kilómetros de distancia.
Durante la investigación, Ellul sostuvo que su mascota no era agresiva y que los responsables del ataque podrían haber sido perros de caza presentes en la zona. Sin embargo, las pruebas de ADN determinaron que las mordeduras correspondían a Curtis.
El perro, que actualmente tiene ocho años y medio, ha permanecido en una perrera durante más de seis años desde que ocurrió el incidente. Las autoridades también señalaron que en Francia está prohibida la importación de pitbulls, considerados una raza peligrosa, y que el animal había sido llevado al país desde los Países Bajos.
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que un sistema de videovigilancia instalado en la Zona 18 de la capital era controlado por pandilleros recluidos en centros penitenciarios.
Ante esto, el director de la PNC guatemalteca, David Boteo, confirmó y especificó que las cámaras ubicadas en la vía pública y en algunas viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala eran monitoreadas por integrantes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 desde prisión.
Según detalló el jefe policial, hasta el momento han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado durante distintos operativos. De acuerdo con las autoridades, los pandilleros utilizaban estos dispositivos para detectar la presencia de personas desconocidas o agentes policiales en diferentes sectores de la Zona 18, lo que les permitía anticiparse a posibles capturas. Además, indicó que los delincuentes contaban con puertas de fabricación gruesa para dificultar los procedimientos policiales y facilitar el desecho de droga en desagües.
Boteo explicó que el monitoreo de las cámaras se realizaba mediante aplicaciones instaladas en teléfonos inteligentes. Señaló que durante requisas en centros penitenciarios se han encontrado celulares con aplicaciones destinadas a controlar los sistemas de videovigilancia. Asimismo, indicó que no se descarta que las cámaras hayan sido adquiridas en establecimientos especializados en tecnología.
De acuerdo con las investigaciones, estas acciones tenían como objetivo mantener el control sobre determinadas colonias y barrios de la Zona 18. El director de la PNC añadió que las autoridades evalúan desarrollar operativos similares en otras zonas donde se han reportado casos de extorsión y narcomenudeo vinculados a pandillas.
La Policía de Guatemala informa periódicamente sobre este tipo de procedimientos a través de sus redes sociales como parte del Plan Centinela.
