Internacionales
Argentina se puede quedar si suministro de gas y petróleo por conflicto entre Milei e Ignacio Torres
Los gobernadores de las provincias argentinas de la región patagónica analizaron este sábado suspender la producción de gas y petróleo a partir del próximo miércoles, en medio de la escalada de tensiones con el gobierno de Javier Milei por la asignación de fondos de la coparticipación.
En una reunión virtual, los dirigentes del sur del país respaldaron al mandatario de Chubut, Ignacio Torres, en su enfrentamiento abierto con Milei y «definieron una estrategia conjunta para blindar la coparticipación por medio de una ley», según fuentes provinciales citadas por el periódico La Nación.
En el encuentro estuvieron presentes Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Marcelo Orrego (Neuquén), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Vidal (Santa Cruz) y el propio Torres.
Torres, junto a un grupo de mandatarios provinciales, denunció este viernes una «extorsión» por parte de la administración de Milei, advirtiendo que interrumpirá la salida de hidrocarburos si no se regulariza la transferencia de los fondos de la coparticipación. «Las provincias son preexistentes a la nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio», subrayó en un comunicado.
En el duro pronunciamiento, los gobernadores patagónicos sostuvieron que en febrero el Ministerio de Economía «le retuvo ilegalmente 16.500 millones [de pesos argentinos, unos 17 millones de dólares], más de un tercio de su coparticipación mensual», a Chubut. «Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas», amenazó Torres.
En defensa de los recursos
En ese sentido, en la reunión telemática, los dirigentes plantearon un paro total en los yacimientos con el objetivo de afectar la producción. Se prevé un acto simbólico en la monoboya ubicada en Caleta Córdova, en Comodoro Rivadavia (Chubut), desde donde sale la producción petrolera de la cuenca del golfo San Jorge. «Más que cerrar una llave, algo que no puede hacerse de un día para el otro, es parar la producción general como medida de protesta», aseguraron las fuentes al medio.
«El Gobierno nacional quiere disciplinar a las provincias matando a Chubut, una provincia chica que está lejos de Buenos Aires. Pero vamos a defender nuestros recursos hasta las últimas consecuencias», afirmó Torres al periódico.
Por otra parte, en el encuentro también hubo un acuerdo para fortalecer la estrategia de la «judicialización» contra los recortes de fondos que dispone el ministro de Economía, Luis Caputo. Incluso, las denuncias apuntarán directamente contra el funcionario y contra el presidente.
«Degenerados fiscales»
Previamente, Milei se dirigió a los jefes de las provincias tachándolos de «degenerados fiscales» y compartió un comunicado en el que amenazó con llevar a la Justicia a Torres por implementar un «plan de extorsión».
El comunicado también señala que los fondos retenidos corresponden a «una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial» y que el cobro de dicho monto «se realiza por descuento directo de la coparticipación».
«Nunca pensé en mi vida que tendría tantas alegrías juntas con el ‘principio de revelación’ (la teoría de Milei para explicar el fracaso de la ‘ley ómnibus’)», comentó el mandatario en su cuenta de X. «Además, ver cómo toda la casta que le ha arruinado la vida a los argentinos de bien se juntan todos para defender sus obscenos privilegios con una pobreza por las nubes me da asco», agregó.
Rebelión de los gobernadores
La disputa iniciada por Torres obtuvo también el apoyo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de mandatarios de Juntos por el Cambio, partido que apoyó a Milei en la segunda vuelta electoral.
Incluso gobernadores dialoguistas mostraron su descontento con la Casa Rosada. «Es el reclamo y la forma en que nos vienen destratando en todo este tiempo», señaló un gobernador norteño bajo condición de anonimato a La Nación.
«Estoy entre los que quieren colaborar, pero no se dejan. Todo es confrontación, no aceptan nada y salen a decir que no damos alternativas. Construyen un ‘relato’ pero a nosotros también nos votaron y tenemos que defender a nuestros ciudadanos», explicó.
En ese sentido, los gobernadores patagónicos también manifestaron sentirse agredidos por la administración de Milei cuando los tacha de «casta» o «los oscuros negociadores». «Queremos apoyar al Gobierno nacional, pero nos discriminan, nos tratan mal», enfatizaron a TN.
El Congreso de Honduras, controlado por la derecha, suspendió la noche del lunes al fiscal general, Johel Zelaya, cercano al anterior gobierno izquierdista, para someterlo a un juicio político acusado de abuso de autoridad y persecución en los comicios de noviembre pasado.
El proceso contra Zelaya es secuela de las reñidas elecciones presidenciales marcadas por denuncias de fraude y en las que fue proclamado ganador, tras un conteo de votos de casi un mes, el derechista Nasry Asfura, el candidato respaldado por el mandatario estadounidense, Donald Trump.
Con el voto de 93 de los 128 diputados, el Congreso aprobó en una turbulenta sesión legislativa, en la que incluso hubo empujones, la apertura del juicio político y designó una comisión que tendrá 30 días para investigar y recomendar al plenario la destitución o continuidad de Zelaya.
El funcionario había asumido el cargo en 2023 con el apoyo del entonces oficialista partido Libre.
«Este juicio (…) es el control constitucional que corresponde al Congreso cuando un alto funcionario actúa al margen de la ley», afirmó el presidente parlamentario, el oficialista Tomás Zambrano.
Según la denuncia leída en la sesión, el fiscal señaló durante la campaña electoral de supuestas conspiraciones a autoridades electorales y presentó acciones penales contra magistrados afines a los partidos de derecha, con el ánimo de favorecer a Libre.
Agrega que Zelaya, también señalado de negligencia e incompetencia, afectó la independencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, y actuó de «forma selectiva en la persecución penal».
«Compareceré ante el Congreso Nacional para exponer la verdad y aclarar, uno a uno, los señalamientos», manifestó en la red social X el fiscal general, al asegurar que asume el proceso con serenidad.
Mientras es investigado, la jefatura del Ministerio Público (fiscalía) la asumirá el fiscal adjunto Marcio Cabañas, del Partido Liberal.
La sesión se desarrolló en un clima tenso. Miembros de la bancada de Libre, el partido de la expresidenta Xiomara Castro, intentaron boicotear la votación haciendo sonar silbatos, y se registraron algunos forcejeos entre legisladores.
El actual gobierno del Partido Nacional ha logrado alianzas con la segunda fuerza política, el Partido Liberal, lo que le permitió lograr por primera vez un juicio político que requiere un mínimo de 86 votos.
Internacionales
Presidente Nicolás Maduro vuelve a comparecer en un tribunal de Nueva York tras invasión de EEUU en Venezuela
La defensa del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro intentará que se desestimen los cargos de narcotráfico en su contra cuando comparezca este jueves ante un tribunal de Nueva York.
La audiencia se realizará en momentos en que Washington fortalece con cautela su relación con Caracas. Una de las cuestiones centrales de la diligencia judicial seguramente será la de quién se ocupará de los honorarios legales del expresidente y de su esposa, Cilia Flores.
El gobierno de Venezuela busca cubrir el pago, pero antes el abogado de Maduro, Barry Pollack, deberá obtener una licencia de la administración estadounidense, debido a las sanciones de Washington contra la nación petrolera.
Pollack argumentó en una presentación ante el tribunal que dicha autorización violaba el derecho constitucional de Maduro de tener representación legal, y exigió que el caso sea desestimado por razones procesales.
Maduro, quien gobernó Venezuela desde marzo de 2013, fue derrocado en una operación estadounidense el 3 de enero. A lo largo de esos años fue acusado de fraude en los comicios para sus dos reelecciones.
Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro está solo en una celda, sin acceso a internet ni a periódicos.
El hombre, al que algunos de sus compañeros detenidos llaman presidente en los pasillos, lee la Biblia, según una fuente cercana al gobierno venezolano.
Sólo se le permite comunicarse por teléfono con su familia y sus abogados, por un máximo de 15 minutos por llamada, de acuerdo a esa fuente.
«Están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza», aseguró el lunes Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario.
«Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, haciendo ejercicio todos los días», añadió el también diputado.
«Prisionero de guerra»
De 63 años, Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico en Estados Unidos y afirmó que es un «prisionero de guerra» en una audiencia el 5 de enero.
Es acusado de haberse aliado con movimientos guerrilleros, principalmente de Colombia, considerados «terroristas» por Washington.
Asimismo, es señalado de haberse asociado con cárteles criminales para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Según su abogado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, responsable de aplicar las sanciones, le concedió el 9 de enero licencias para recibir pagos por la defensa de Maduro y de su esposa.
Sin embargo, Pollack indicó que luego la OFAC emitió una autorización enmendada que le impedía recibir dichos pagos.
«Al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa del señor Maduro, la OFAC está interfiriendo con (…) el señor Maduro para contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, bajo la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección», escribió Pollack en una carta dirigida al tribunal con fecha del 20 de febrero.
Agregó que su equipo había presentado un recurso ante esa oficina y que llegado el caso presentaría una queja formal ante el tribunal, con el argumento de que Maduro no puede «costear de otro modo un abogado».
Los fiscales respondieron en un escrito judicial que «incluso si se hubieran violado los derechos constitucionales de los acusados —que no ha sido el caso—, la desestimación de la acusación sería una medida excesivamente drástica».
Venezuela es gobernada de manera interina por Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Maduro desde 2018 pero quien ahora trabaja en colaboración con la Casa Blanca.
Este mes, Estados Unidos restableció los lazos diplomáticos con Venezuela, en una señal de deshielo de la relación luego de la caída de Maduro.
Este jueves se espera que la seguridad sea reforzada de nuevo en torno al tribunal, como ocurrió cuando Maduro compareció por primera vez.
Al frente del caso está Alvin Hellerstein, un juez de 92 años reconocido por su larga trayectoria en el estrado.
Internacionales
Francia investigará al exdirector de Frontex por complicidad en crímenes contra la humanidad
Un juez de instrucción francés investigará al eurodiputado de extrema derecha Fabrice Leggeri, exjefe de la agencia europea de control fronterizo, tras una denuncia por presunta complicidad en crímenes de lesa humanidad, anunció el martes a la AFP una fuente judicial.
Leggeri dirigió entre enero de 2015 y abril de 2022 la agencia Frontex, responsable del control de fronteras de la Unión Europea.
En 2024, se había incorporado al Reagrupamiento Nacional (RN, extrema derecha) como número tres de su lista para las elecciones europeas.
Como director de Frontex, fue acusado regularmente por las ONG de tolerar devoluciones ilegales de migrantes, erigiéndose en un defensor de la impermeabilidad de las fronteras europeas.
La Liga de los Derechos Humanos lo acusó en particular de haber «alentado» a sus agentes a facilitar las interceptaciones de embarcaciones de migrantes por parte de las autoridades libias y griegas, según la denuncia presentada en 2024 de la que tuvo conocimiento la AFP.
También se le reprocha haber «optado por una política destinada a impedir, fuera cual fuera el precio —en vidas humanas especialmente—, la entrada de personas migrantes en la UE».
Después de un trámite procesal de dos años, el Tribunal de Apelación de París decidió el 18 de marzo abrir una investigación, según la fuente judicial.
«El señor Leggeri no estaba informado de estos avances y, por tanto, no tiene comentarios que hacer en esta fase», indicó a la AFP una fuente de su entorno.
«Por primera vez, uno o varios jueces de instrucción franceses van a examinar las condiciones de la eventual responsabilidad penal de Fabrice Leggeri en la hecatombe que ha causado miles de muertos en el Mediterráneo, en particular niños y mujeres», celebró por su parte el martes el abogado de la LDH, Emmanuel Daoud.
Unos 82,000 migrantes han muerto o desaparecido desde 2014, principalmente en el Mediterráneo (34,000), la ruta migratoria más mortífera del mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Una cifra subestimada, según la Misión de Apoyo de la ONU en Libia (Manul) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), que en un reciente informe señalaron las «graves violaciones» sufridas por las personas migrantes «detenidas arbitrariamente en centros de detención oficiales y no oficiales» en Libia.
