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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
Internacionales
Fiscalía de Guatemala allana sede de Save the Children por investigación de abusos contra niños
La Fiscalía guatemalteca allanó el jueves las oficinas de la organización no gubernamental Save the Children como parte de la investigación transnacional de abusos contra la niñez de este país centroamericano.
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, explicó, a través de un video en las redes sociales de la institución, que se llevó a cabo «la inspección, registro y secuestro de evidencias en seguimiento» a la pesquisa, luego de una denuncia de «carácter transnacional que abarcan acciones que podrían estar relacionadas con vulneraciones y abusos en contra de la niñez guatemalteca».
«También se ha solicitado apoyo a la Fiscalía de Texas, Estado Unidos… Y unir esfuerzos para abordar de manera integral para la investigación», detalló.
La organización rectificó en un comunicado de prensa que durante casi 50 años ha trabajado en Guatemala en diferentes programas de salud y nutrición para la niñez, adolescencia y sus familias durante emergencias, y se desvinculó de los señalamientos del traslado de menores de edad fuera del país.
«Hemos protegido a la niñez de cualquier abuso de sus derechos. No facilitamos -y nunca lo hemos hecho- el traslado de niños, niñas o adolescentes fuera de Guatemala», señala en el escrito.
«Nos ha impactado y desconcertado el registro sin precedentes de nuestras oficinas por parte del Ministerio Público de Guatemala (fiscalía). No se nos dio a conocer ninguna acusación específica, y no hay evidencias que respalden ninguna acusación de conducta indebida», indica.
La organización, con sede en el Reino Unido, asegura que trabaja apegada «a las normas más estrictas en materia de protección de la niñez y administración financiera. También rendimos cuentas ante la Comisión de Organizaciones Benéficas del Reino Unido y nuestros libros son auditados anualmente por múltiples donantes».
La cifra de muertos a causa de las fuertes lluvias e inundaciones repentinas en Kenia aumentó a 70, informó hoy viernes un funcionario del Gobierno.
El impacto humanitario de las fuertes lluvias, que han afectado a por lo menos 23 de los 47 condados, sigue aumentando. Las fuertes lluvias, desbordamientos e inundaciones repentinas han afectado a la mayor parte de Kenia, dijo el portavoz del Gobierno, Isaac Mwaura.
En el condado de Makueni, en el sur del país, se teme que otras 10 personas se hayan ahogado hoy al intentar cruzar un río desbordado.
El vicepresidente Rigathi Gachagua anunció el jueves que el Gobierno estableció un equipo nacional de emergencia de múltiples agencias para hacer frente a las inundaciones y un centro de respuesta para ayudar a gestionar las inundaciones.
Al menos 10 personas murieron y 9 resultaron heridas en un incendio que se desató la madrugada del viernes en una posada que funcionaba como albergue de personas sin hogar en Porto Alegre, en el sur de Brasil, informaron autoridades.
«Se confirmaron 10 víctimas y el lugar operaba de manera irregular»,señaló en un comunicado el cuerpo de bomberos del estado de Rio Grande do Sul.
Los forenses trabajan en el lugar para identificar a los fallecidos, agregó.
El gobernador del estado, Eduardo Leite, dijo en la plataforma X estar «profundamente consternado» por la tragedia y señaló que las autoridades trabajan en averiguar las causas del fuego.
Nueve personas rescatadas fueron trasladadas a dos hospitales de la zona, dijo la coordinadora de Defensa Civil de Porto Alegre, Bárbara Barbieri.
«Fue muy rápido, gritaron ‘Fuego’ y el fuego ya estaba a dos cuartos al lado del mío y salí corriendo porque ya había mucho humo», contó al portal G1 un residente del albergue, que no se identificó.
«Con tristeza y preocupación me enteré de la muerte de al menos 10 personas en un incendio en una casa de huéspedes en Porto Alegre», escribió en X el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que se solidarizó con los allegados de las víctimas.
Irregularidades
El director de Defensa Civil de Porto Alegre, Evaldo Rodrigues de Oliveira, dijo que un equipo evalúa los daños en las estructuras del inmueble, que pertenece a una red de posadas de bajo costo en Porto Alegre.
Las autoridades municipales autorizaron a las otras personas que residían en el edificio para retirar algunas pertenencias y ser llevadas a otros albergues.
Según los bomberos, la posada no contaba con permiso de funcionamiento ni plan de prevención de incendios.
El diputado de la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul Matheus Gomes denunció que el establecimiento recibe recursos de la alcaldía pese a que existen denuncias de «irregularidades» desde hace «años».
«Es necesario investigar no sólo el incendio, sino toda la trama de una tragedia anunciada», señaló en X.
En 2013, la ciudad de Santa Marta, también en Rio Grande do Sul, fue escenario de un incendio en una discoteca que dejó 242 muertos.
La mayoría de las víctimas perecieron asfixiadas por la nube tóxica despedida por el material inflamable del techo del local, que carecía de extintores que funcionaran y con solo dos puertas frontales para evacuar a una multitud, según la investigación.
