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«Apaguen las cámaras»: salvadoreño deportado describe maltratos en centro de detención en EEUU
En la modesta casa de su madre en el sur de El Salvador, José describió su proceso de deportación de Estados Unidos al país centroamericano como una experiencia traumática, de la cual no lograba sobreponerse.
Como lo ha hecho con miles de migrantes latinoamericanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al salvadoreño en medio de la pandemia por COVID-19, pero además cuando convalecía de una cirugía de hernia umbilical.
«Me lastimaron mucho, porque hasta la fecha sufro un trauma mental al recordar todo el dolor», dijo a Xinhua el hombre de 47 años, quien pidió no dar su nombre real por motivos de seguridad, en su vivienda en el departamento de La Paz.
José contó que fue detenido por ser migrante irregular en junio de 2019 en Georgia (sureste) de Estados Unidos, y que desarrolló la hernia durante su encierro en dos centros de detención de ICE en ese mismo estado, hasta que médicos la repararon a finales de marzo cuando el nuevo coronavirus avanzaba en ese país.
A inicios de abril, alrededor de 10 días después de la cirugía, cuando el migrante se recuperaba en una celda del centro de detención de Stewart, Georgia, los guardias ordenaron que se alistara para su deportación, pero no podía ponerse de pie por el dolor de la herida.
Desesperados por hacer cumplir la orden, los guardias lo sujetaron de las piernas y del cuello para cargarlo hacia una silla de ruedas, pero como se resistía por el dolor terminaron por dejarlo caer hasta que enfermeras lo recogieron del piso unos 15 minutos más tarde, aseguró.
«Me agarraron de los pies, me forzaron, me llevaron casi elevado en las manos», relató José, y afirmó: «Uno de ellos dijo ‘apaguen las cámaras’, porque sabían la violación que estaban haciendo».
El maltrato despertó reclamos de algunos de los 80 migrantes que estaban en la misma área del centro, uno de los más grandes en Estados Unidos y el cual, según la prensa, enfrentó en abril protestas ante una insuficiencia de medidas sanitarias contra la COVID-19.
«Yo gritando decía ‘déjenme, que no puedo moverme, si me van a deportar depórtenme otro día, orita yo no puedo, me duele mucho'», recordó.
A José lo deportaron el pasado 7 de abril junto con otros salvadoreños en un vuelo hacia San Salvador, horas después de la caótica escena que formó parte de una cadena de sucesos dramáticos para el hombre, que comenzaron con una expulsión previa en 2018, según relató.
Explicó que vivió en Estados Unidos durante 17 años, pero al momento de su arresto el año pasado, por una infracción de tránsito, tenía pocos meses de que había reingresado irregularmente al país tras ser deportado a El Salvador.
En el país centroamericano, criminales que creyeron que era adinerado por haber trabajado en Estados Unidos lo secuestraron, y en un ataque posterior balearon su vehículo, provocando que chocara y sufriera lesiones que se convirtieron en la hernia que lo aquejó después.
José dijo que regresó a Estados Unidos porque quería reencontrarse con sus cuatro hijos pequeños, además de retomar su pequeña empresa de construcción en la que empleaba a 10 personas y pagaba impuestos.
Tras caer de nueva cuenta bajo custodia del ICE el año pasado, el salvadoreño pidió asilo político, exponiendo el asedio de los criminales en su país, pero un juez lo negó y aprobó su deportación, apuntó.
Además, el salvadoreño agregó que fue expuesto a la COVID-19 cuando lo internaron para la cirugía en un hospital en Albany, Georgia, por lo que lo examinaron y aislaron cinco días tras la operación hasta que, sin mostrarle los resultados, le dijeron que había dado negativo.
«Cuando vieron que el ´test´ (prueba) había salido negativo, me transfirieron de nuevo a celdas donde habíamos 80 o 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID-19, donde ellos estaban cubriendo que muchos migrantes se estaban enfermando», sostuvo.
El centro de detención de Stewart, donde José dijo que no se tomaban medidas sanitarias, acumulaba 31 migrantes contagiados y una muerte por COVID-19, la segunda ocurrida en las instalaciones de ICE a escala nacional, según datos de esa agencia actualizados al 15 de junio.
En mayo, el congresista demócrata Hank Johnson envió una carta a ICE preguntando por las medidas sanitarias en Stewart ante la pandemia, y advirtió que un brote sólo se sumaría a una «larga lista de abusos» reportados en esa instalación, que es operada por una empresa privada.
«Hacinamiento, poco personal médico, falta de atención a las necesidades médicas, abuso verbal y físico», enumeró Johnson, con base en el reporte de 100 organizaciones que en 2019 pidieron una investigación por las malas condiciones en ese centro.
ICE reportaba a la fecha un acumulado de 2.016 contagios de detenidos en numerosos centros, tras haber realizado pruebas a poco más de 5.000 migrantes de una población total que superaba las 24.700 personas, de acuerdo con sus datos.
Expertos y defensores han advertido desde abril que Estados Unidos arriesgaba a países de América Latina al mantener las deportaciones durante la pandemia, puesto que los migrantes procedían de centros de detención que han registrado contagios e inclusive brotes de decenas de infectados.
Según un investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), basado en Washington, ICE había realizado desde marzo 135 vuelos de deportaciones a 13 países de la región, reportándose repatriados positivos en Guatemala, Jamaica, México, Colombia y Haití.
«Las continuas deportaciones de la administración Trump representan un riesgo significativo para la salud pública de la región, y representan una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados», apuntó el investigador del CEPR, Jake Johnston, en un foro sobre la problemática el 29 de mayo.
Después de su deportación, José permaneció 43 días más aislado junto con otros migrantes en un centro de contención que El Salvador habilitó para evitar que los repatriados propaguen el coronavirus en el país, que a la fecha sumaba más de 3.800 casos y 74 muertes.
En la casa de tres habitaciones de su madre, el hombre se levantó la camisa para mostrar la gruesa cicatriz de la cirugía en su abdomen, y aseguró que ha perdido todo por la deportación, aunque la peor parte era estar separado de sus cuatro hijos pequeños.
«Es como arrancarme la vida, es perder todo, y como padre solamente pido a Dios que me abra una puerta de cómo poder regresar (a Estados Unidos) por la vía legal», expresó José, y agregó: «No me queda más que sacrificar mi vida por estar cerca de ellos».
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Maestros sindicalistas continúan manifestaciones con bloqueos de calles en Guatemala
Ante una nueva jornada de bloqueos en distintos puntos carreteros del país, la Cámara de Comercio de Guatemala hizo este viernes un llamado público para exigir a las autoridades el cumplimiento del amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC), el cual ordena garantizar los derechos fundamentales de la población frente a las protestas.
Según el último reporte de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), al menos 5 tramos estratégicos permanecen bloqueados, afectando el libre tránsito de mercancías y personas. Entre ellos se destacan rutas clave para el transporte comercial, lo que incrementa la preocupación del sector productivo.
A través de un comunicado, la Cámara reiteró su postura bajo el lema “No más bloqueos. No más abusos”, subrayando que el amparo provisional emitido el 10 de julio de 2025 en el expediente 4960-2025 obliga a las autoridades a “tomar medidas inmediatas para retirar a las personas que de forma abusiva e ilegal están coartando los derechos del resto de la población”.
“La protección a los derechos constitucionales, como el derecho a la vida, la libertad de locomoción y la libertad de industria, comercio y trabajo, debe ser garantizada de manera efectiva y sin dilaciones”, enfatizó la organización gremial.
En conferencia de prensa, el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo calificó de desesperada la movilización durante las últimas semanas, lo cual evidencia una falta total de irrespeto a las órdenes judiciales, a la legitimidad y sentido de responsabilidad de ese gremio.
Explicó que tal organización representa a un grupo minoritario, porque más del 90 por ciento de los maestros del país están trabajando como corresponde, en sus clases, asumiendo su tarea pedagógica con toda seriedad y entrega.
Sin embargo, acotó el jefe de Estado, este pequeño segmento sigue impulsando medidas ilegales, porque este Ejecutivo es diferente y no cedió en entregarle los privilegios indebidos de administraciones anteriores.
El abogado Hugo Albuquerque, advirtió que el «orden imperialista» mundial, encabezado por EE.UU., se ha vuelto cada vez «más impositivo e intervencionista», y que ante esto, los BRICS son «la posibilidad de un sistema económico alternativo real».
«BRICS es la única alternativa real contra un sistema caótico e irracional», dijo Albuquerque, al tiempo que advirtió que las políticas económicas implementadas por el mandatario estadounidense, Donald Trump, son cada vez más impositivas y que, a su juicio, buscan acabar con la soberanía económica de las naciones.
En ese contexto, afirmó que el bloque BRICS es, en la actualidad, la única opción que tiene el Sur Global «contra este sistema caótico, violento e irracional».
Es importante destacar, que el grupo BRICS fue creado en 2009 por Brasil, Rusia, India y China. Poco después se incorporó Sudáfrica. En la cumbre de agosto de 2023 en la ciudad sudafricana de Johannesburgo se aprobó la adhesión de Irán, Arabia Saudí, Egipto, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos.
Durante 2024, fueron incorporadas bajo el estatus de asociados Belarús, Bolivia, Kazajistán, Cuba, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda y Uzbekistán.
Los BRICS aportan el 48,5 por ciento de la población global, concentran el 39 por ciento del PIB, son responsables del 24 por ciento del total del comercio exterior, el 43,6 por ciento de la producción petrolera y la reserva mundial, el 78,2 % de carbón mineral, y además se destacan en la creación de tecnologías alternativas, el uso de las nuevas tecnologías y la transición digital.
La guerra comercial de Donald Trump con Canadá ha provocado serios problemas en la industria automotriz de ese país. Prueba de ello es que este viernes General Motors (GM) anunció el cierre temporal de su planta en Ingersoll, Ontario, especializada en la producción de furgonetas eléctricas de reparto de la marca BrightDrop.
Esta planta había comenzado a detener su producción desde el pasado 14 de abril, provocando despidos temporales. Si bien, algunos trabajadores fueron reincorporados en mayo, su retorno había sido parcial con funciones limitadas.
Mientras que el reinicio completo de las operaciones está previsto hasta el mes de octubre y los expertos estiman que también será de manera parcial, operando con un solo turno, afectando de manera permanente a aproximadamente 500 empleados, confirmo el sindicato Unifor, que representa a los trabajos de la planta de Ingersoll.
La razón principal del cierre de esta planta, de acuerdo con expertos, es la baja demanda de vehículos eléctricos. GM reportó la venta de solo 274 unidades del modelo BrightDrop en el primer trimestre de 2025. Por ello, la empresa implementó un ajuste operativo para equilibrar su inventario con sus ventas.
Este cierre se suma a un cierre reciente de dos semanas de la planta de Stellantis en Windsor, Ontario, también afectada por la baja en la demanda y otros factores económicos.
Por si fuera poco, los nuevos aranceles ordenados por Donald Trump a vehículos extranjeros, han generado un aumento en la incertidumbre en el comercio con EE.UU, ya que la industria automotriz canadiense es una de las más afectadas por esta política proteccionista.
“El presidente Trump está traicionando al mejor amigo de Estados Unidos y atacando nuestra economía”, lamentó declaró Pierre Poilievre, líder del Partido Conservador canadiense. Mientras que el alcalde de Ingersoll, Brian Petrie, también manifestó su preocupación por el futuro económico de los 14 mil habitantes de la ciudad después del cierre de la planta.
Sin embargo, este jueves el propio Trump anunció un arancel de 35% a las exportaciones canadienses a partir del 1 de agosto, encendiendo una nueva alerta. Aunque horas después trascendió que EE.UU. evalúa exentar a los productos estén sujetos al T-MEC, que incluye también a México y que solo aumentarán el gravamen únicamente a los productos que desde marzo ya tenían un arancel del 25%
De confirmarse, los bienes incluidos en el T-MEC estarían exentos, además de aquellos productos canadienses a los que EE.UU. les aplicó un impuesto aduanero del 10 %, como la energía y el potasio. Al momento, de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca, “aún no se ha redactado el documento final” y Trump no ha tomado “ninguna decisión definitiva”.
En su carta del jueves, Trump prometió que podría considerar un recorte si Canadá elimina barreras comerciales y, sobre todo, si aumenta su labor para detener el flujo de fentanilo que entra a EE.UU. desde la frontera norte, aun cuando la cantidad de droga decomisada en esta frontera reporta cantidades testimoniales.
