Judicial
JUEZ DECLARA EN FIRME ABANDONO DE ACUSACIÓN CONTRA ENRIQUE RAIS, POR PARTE DE LOS CANADIENSES MATTEO PASQUALE Y FRANCO PACETTI
De acuerdo a la legislación procesal penal vigente, el abandono de la querella impide toda persecución penal por parte del querellante contra los acusados.
Una fuente judicial cercana a la Unidad de comunicaciones del Centro de Justicia Penal de San Salvador, informó a este medio que el Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador declaró a fecha 28 de enero del presente año “EJECUTORIADO” el abandono de la Querella que ejercía el abogado René Alberto Medrano, en representación de los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti.
- El caso.
Los abogados de Enrique Rais, al ser consultados sobre el caso, por este medio, con documentación de respaldo manifestaron que el Ex jefe de la Unidad de Crimen Organizado de la FGR, Wil Walter Ruiz, en octubre 2017, abrió una investigación contra Rais y otros, utilizando como prueba la declaración de un testigo criteriado solamente identificado como “Clave Grecia”, sobre el que nunca se permitió ni a Rais, ni a sus defensores conocer las diligencias efectuadas por fiscalía, ni ante qué juez se otorgó el criterio de oportunidad.
Asimismo utilizaron para armar el caso un expediente de intervenciones telefónicas en el que no existen autorizaciones judiciales para intervenir comunicaciones de Rais, ni tampoco este era objeto de investigación, ni aparece vinculado a ningún hecho delictivo. Las escuchas captadas en esa intervención, además de no tener relación con Rais, fueron de acuerdo al detalle de los abogados, judicializadas fuera del plazo de seis meses que concede la ley de escuchas telefónicas. Pues la validez de la prueba abarcaba hasta el 14 de octubre de 2015; sin embargo se presentan como prueba el 13 de enero de 2019, más de 3 años después de carecer de valor probatorio.
Los hechos del proceso consistían en la supuesta manipulación de un peritaje psicológico efectuado a Enrique Rais, por un perito de Medicina Legal, con el que presuntamente se había cometido fraude para procesar a los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, acusación totalmente falsa e infundada, que ni siquiera pudo sostener el abogado querellante ante el juez de instrucción, motivo por el que le fue declarada abandonada la querella.
El abadono de la querella fue recurrido por el abogado de los canadienses, confirmada por un Tribunal de Segunda instancia, donde todavía en una litigación dilatoria, René Alberto Medrano, interpuesto recurso de revocatoria ante la Cámara de lo Penal, el que fue rechazado por improcedente y con ello quedó en firme la decisión, que demuestra que los canadienses nunca fueron víctimas del supuesto hecho delictivo, sino que se trataba de una maquinación para evadir la justicia, ya que actualmente tienen órdenes de captura internacional y declaratoria de rebeldía al estar acusados del delito de Extorsión y el de Apropiación Indebida, en perjuicio de Enrique Rais.
Precisamente, un tema que lamentan los abogados de Rais, es que se hayan permitido al abogado de los canadienses litigar de forma temeraria y dilatoria en los procesos, al grado de presuntamente haber presentado acreditaciones falsas en un proceso penal, hecho por el que ya ha sido denunciado; y en otros casos, simplemente no ha presentado personería alguna, sino que solamente ha manifestado ser el apoderado legal de Matteo Pasquale, Franco Pacceti y algunas compañías.
- Una persecución ilegal fabricada por intereses económicos contra Rais.
De acuerdo al abogado, Carlos Miranda Rubio, quien representa los intereses del empresario en los distintos procesos penales, el caso seguido contra Enrique Rais, en el curso de los procesos penales se ha venido demostrando que su cliente ha sido víctima de una persecución penal ilegal y arbitraria, sobre lo que resalta los siguientes hechos:
- Rais fue acusado de ser parte de crimen organizado, lo que fue desacreditado totalmente por decisión de Corte Plena, al dejar en claro que eso no era cierto.
- Rais fue señalado de obtener favorecimiento del Ex Fiscal General Luis Martínez para perjudicar a Matteo Pasquale y Franco Pacetti, sin embargo, estos últimos no han podido sostener ni en instancias civiles, ni penales ser víctimas de Enrique Rais, al grado que se les ha declarado abandonada la Querella y rechazado reclamos civiles por no haber podido demostrar la existencia de la deuda que reclaman.
- Rais fue recientemente sobreseído en Suiza, en virtud que la Fiscalía Suiza, no encontró méritos probatorios después de una investigación de más de 3 años, a causa de una denuncia interpuesta por Matteo Pasquale y Franco Pacetti, por los mismos hechos por los que está siendo procesado el empresario en El Salvador.
- En esa denuncia interpuesta en Suiza, los canadienses dejan de manifiesto que el abogado que los representaba en El Salvador, era Mario Calderón, ex abogado de Rais, quien fue denunciado por patrocinio infiel, hecho que la Corte Suprema de Justicia dejó caducar sin razón o causa válida para ello; y quien también ha sido denunciado por fraude procesal ante fiscalía, en virtud de haber suprimido una prueba sobre una cuenta de Twitter a la que se realizaría un peritaje y desde la cual se divulgó información que tenía reserva en el proceso penal y que aún no había sido puesta en disposición de las partes.
Los abogados piden a la Fiscalía y al fiscal general que judicialicen las denuncias y que estás mismas sean puestas en manos de la instancia judicial o que se haga una reconversión de caso privado, pues ya paso el plazo razonable venció.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
La Fiscalía General de la República presentó este viernes la solicitud de imposición de medidas en contra de 5 personas capturadas durante el cerco de seguridad de San Marcos, tras acusarlos de ser miembros de la MS.
Los sospechosos serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas y han sido identificados como German Ismael Salazar Rodríguez, Marvin Daniel Mejía Fuentes, Jorge Luis Ramírez Merino, William Ernesto Ortiz Ramos y Óscar Aparicio Martínez Ventura.
«Todos pertenecen a las clicas San Marcos locos salvatruchos, San tomas locos salvatruchos y Octubres liros locos salvatruchos», aseguró la FGR.
La solicitud se presentó ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
La madrugada del lunes 28 de octubre, el presidente Nayib Bukele ordenó el despliegue de 2,000 soldados y 500 policías en la colonia 10 de Octubre, luego que la ciudadanía asegurara haber detectado a un grupo de presuntos pandilleros en el lugar.
«Inteligencia policial ha determinado que en la colonia 10 de Octubre, en San Marcos, San Salvador Sur, se encuentra un grupo de pandilleros escondidos», escribió Bukele en su cuenta de X. Según el mandatario, con este despliegue buscan «extraer hasta el último pandillero que se encuentre en el área».
Bukele acompañó su publicación con un video de la formación de los militares y policías en el cuartel El Zapote, en San Salvador, y posteriormente el despliegue de las fuerzas de seguridad en las calles.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo por su parte: «vamos a seguir capturando a estos remanentes terroristas, con contundencia vamos a demostrarles que en este país el control del territorio le pertenece al Estado y a los salvadoreños de bien».
En cuanto al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, señaló: «Estamos estableciendo un cerco militar junto con la Policía Nacional Civil, la metodología es sabida, cercamos el lugar, y luego junto con la policía se extrae del sitio cercado aquellos delincuentes, de los cuales ya tenemos los archivos, los perfiles de ellos, que son los que se pueden encontrar en estos sectores», dijo.
