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Judicial

JUEZ DECLARA EN FIRME ABANDONO DE ACUSACIÓN CONTRA ENRIQUE RAIS, POR PARTE DE LOS CANADIENSES MATTEO PASQUALE Y FRANCO PACETTI

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De acuerdo a la legislación procesal penal vigente, el abandono de la querella impide toda persecución penal por parte del querellante contra los acusados.

Una fuente judicial cercana a la Unidad de comunicaciones del Centro de Justicia Penal de San Salvador, informó a este medio que el Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador declaró a fecha 28 de enero del presente año “EJECUTORIADO” el abandono de la Querella que ejercía el abogado René Alberto Medrano, en representación de los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti.

  • El caso.

Los abogados de Enrique Rais, al ser consultados sobre el caso, por este medio, con documentación de respaldo manifestaron que el Ex jefe de la Unidad de Crimen Organizado de la FGR, Wil Walter Ruiz, en octubre 2017, abrió una investigación contra Rais y otros, utilizando como prueba la declaración de un testigo criteriado solamente identificado como “Clave Grecia”, sobre el que nunca se permitió ni a Rais, ni a sus defensores conocer las diligencias efectuadas por fiscalía, ni ante qué juez se otorgó el criterio de oportunidad.

Asimismo utilizaron para armar el caso un expediente de intervenciones telefónicas en el que no existen autorizaciones judiciales para intervenir comunicaciones de Rais, ni tampoco este era objeto de investigación, ni aparece vinculado a ningún hecho delictivo. Las escuchas captadas en esa intervención, además de no tener relación con Rais, fueron de acuerdo al detalle de los abogados, judicializadas fuera del plazo de seis meses que concede la ley de escuchas telefónicas. Pues la validez de la prueba abarcaba hasta el 14 de octubre de 2015; sin embargo se presentan como prueba el 13 de enero de 2019, más de 3 años después de carecer de valor probatorio.

Los hechos del proceso consistían en la supuesta manipulación de un peritaje psicológico efectuado a Enrique Rais, por un perito de Medicina Legal, con el que presuntamente se había cometido fraude para procesar a los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, acusación totalmente falsa e infundada, que ni siquiera pudo sostener el abogado querellante ante el juez de instrucción, motivo por el que le fue declarada abandonada la querella.

El abadono de la querella fue recurrido por el abogado de los canadienses, confirmada por un Tribunal de Segunda instancia, donde todavía en una litigación dilatoria, René Alberto Medrano, interpuesto recurso de revocatoria ante la Cámara de lo Penal, el que fue rechazado por improcedente y con ello quedó en firme la decisión, que demuestra que los canadienses nunca fueron víctimas del supuesto hecho delictivo, sino que se trataba de una maquinación para evadir la justicia, ya que actualmente tienen órdenes de captura internacional y declaratoria de rebeldía al estar acusados del delito de Extorsión y el de Apropiación Indebida, en perjuicio de Enrique Rais.

Precisamente, un tema que lamentan los abogados de Rais, es que se hayan permitido al abogado de los canadienses litigar de forma temeraria y dilatoria en los procesos, al grado de presuntamente haber presentado acreditaciones falsas en un proceso penal, hecho por el que ya ha sido denunciado; y en otros casos, simplemente no ha presentado personería alguna, sino que solamente ha manifestado ser el apoderado legal de Matteo Pasquale, Franco Pacceti y algunas compañías.

  • Una persecución ilegal fabricada por intereses económicos contra Rais.

De acuerdo al abogado, Carlos Miranda Rubio, quien representa los intereses del empresario en los distintos procesos penales, el caso seguido contra Enrique Rais, en el curso de los procesos penales se ha venido demostrando que su cliente ha sido víctima de una persecución penal ilegal y arbitraria, sobre lo que resalta los siguientes hechos:

  • Rais fue acusado de ser parte de crimen organizado, lo que fue desacreditado totalmente por decisión de Corte Plena, al dejar en claro que eso no era cierto.
  • Rais fue señalado de obtener favorecimiento del Ex Fiscal General Luis Martínez para perjudicar a Matteo Pasquale y Franco Pacetti, sin embargo, estos últimos no han podido sostener ni en instancias civiles, ni penales ser víctimas de Enrique Rais, al grado que se les ha declarado abandonada la Querella y rechazado reclamos civiles por no haber podido demostrar la existencia de la deuda que reclaman.
  • Rais fue recientemente sobreseído en Suiza, en virtud que la Fiscalía Suiza, no encontró méritos probatorios después de una investigación de más de 3 años, a causa de una denuncia interpuesta por Matteo Pasquale y Franco Pacetti, por los mismos hechos por los que está siendo procesado el empresario en El Salvador.
  • En esa denuncia interpuesta en Suiza, los canadienses dejan de manifiesto que el abogado que los representaba en El Salvador, era Mario Calderón, ex abogado de Rais, quien fue denunciado por patrocinio infiel, hecho que la Corte Suprema de Justicia dejó caducar sin razón o causa válida para ello; y quien también ha sido denunciado por fraude procesal ante fiscalía, en virtud de haber suprimido una prueba sobre una cuenta de Twitter a la que se realizaría un peritaje y desde la cual se divulgó información que tenía reserva en el proceso penal y que aún no había sido puesta en disposición de las partes.

Los abogados piden a la Fiscalía y al fiscal general que judicialicen las denuncias y que estás mismas sean puestas en manos de la instancia judicial o que se haga una reconversión de caso privado, pues ya paso el plazo razonable venció.

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Imponen 23 años de cárcel a sujeto por delitos sexuales cometidos en Comasagua

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.

De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.

El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.

Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.

Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.

Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.

Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.

Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.

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Condenan a 50 años de prisión a pandillero de la MS-13 por asesinato de padre e hijo en Colón

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A 50 años de cárcel fue condenado José Luis Laínez Alvarado por haber asesinado con arma de fuego a dos comerciantes -padre e hijo-, el 15 de junio de 2010 en Colón, La Libertad Oeste. El imputado es miembro activo de la pandilla MS-13.

Según consta en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el doble homicidio agravado fue cometido cuando las víctimas comercializaban telas en el sector de la comunidad Villa Madrid de la jurisdicción de Colón.

Laínez y tres sujetos más perfilaron a las víctimas y a una distancia de 20 metros les comenzaron a disparar hasta quitarles la vida.

Anteriormente, un familiar de las víctimas había sido privado de libertad y desaparecido por Alvarado y otros pandilleros.

Gracias a la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador se logró demostrar la participación de Laínez en el doble homicidio.

La sentencia de cárcel fue impuesta gracias a las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a prófugos de la justicia.

Laínez también enfrentará otro juicio por agrupaciones ilícitas por su pertenencia a la estructura criminal antes mencionada.

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Testigos confirman actos de corrupción en juicio contra exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano

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Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.

En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.

También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.

Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.

Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.

Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.

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