Judicial
JUEZ DECLARA EN FIRME ABANDONO DE ACUSACIÓN CONTRA ENRIQUE RAIS, POR PARTE DE LOS CANADIENSES MATTEO PASQUALE Y FRANCO PACETTI
De acuerdo a la legislación procesal penal vigente, el abandono de la querella impide toda persecución penal por parte del querellante contra los acusados.
Una fuente judicial cercana a la Unidad de comunicaciones del Centro de Justicia Penal de San Salvador, informó a este medio que el Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador declaró a fecha 28 de enero del presente año “EJECUTORIADO” el abandono de la Querella que ejercía el abogado René Alberto Medrano, en representación de los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti.
- El caso.
Los abogados de Enrique Rais, al ser consultados sobre el caso, por este medio, con documentación de respaldo manifestaron que el Ex jefe de la Unidad de Crimen Organizado de la FGR, Wil Walter Ruiz, en octubre 2017, abrió una investigación contra Rais y otros, utilizando como prueba la declaración de un testigo criteriado solamente identificado como “Clave Grecia”, sobre el que nunca se permitió ni a Rais, ni a sus defensores conocer las diligencias efectuadas por fiscalía, ni ante qué juez se otorgó el criterio de oportunidad.
Asimismo utilizaron para armar el caso un expediente de intervenciones telefónicas en el que no existen autorizaciones judiciales para intervenir comunicaciones de Rais, ni tampoco este era objeto de investigación, ni aparece vinculado a ningún hecho delictivo. Las escuchas captadas en esa intervención, además de no tener relación con Rais, fueron de acuerdo al detalle de los abogados, judicializadas fuera del plazo de seis meses que concede la ley de escuchas telefónicas. Pues la validez de la prueba abarcaba hasta el 14 de octubre de 2015; sin embargo se presentan como prueba el 13 de enero de 2019, más de 3 años después de carecer de valor probatorio.
Los hechos del proceso consistían en la supuesta manipulación de un peritaje psicológico efectuado a Enrique Rais, por un perito de Medicina Legal, con el que presuntamente se había cometido fraude para procesar a los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, acusación totalmente falsa e infundada, que ni siquiera pudo sostener el abogado querellante ante el juez de instrucción, motivo por el que le fue declarada abandonada la querella.
El abadono de la querella fue recurrido por el abogado de los canadienses, confirmada por un Tribunal de Segunda instancia, donde todavía en una litigación dilatoria, René Alberto Medrano, interpuesto recurso de revocatoria ante la Cámara de lo Penal, el que fue rechazado por improcedente y con ello quedó en firme la decisión, que demuestra que los canadienses nunca fueron víctimas del supuesto hecho delictivo, sino que se trataba de una maquinación para evadir la justicia, ya que actualmente tienen órdenes de captura internacional y declaratoria de rebeldía al estar acusados del delito de Extorsión y el de Apropiación Indebida, en perjuicio de Enrique Rais.
Precisamente, un tema que lamentan los abogados de Rais, es que se hayan permitido al abogado de los canadienses litigar de forma temeraria y dilatoria en los procesos, al grado de presuntamente haber presentado acreditaciones falsas en un proceso penal, hecho por el que ya ha sido denunciado; y en otros casos, simplemente no ha presentado personería alguna, sino que solamente ha manifestado ser el apoderado legal de Matteo Pasquale, Franco Pacceti y algunas compañías.
- Una persecución ilegal fabricada por intereses económicos contra Rais.
De acuerdo al abogado, Carlos Miranda Rubio, quien representa los intereses del empresario en los distintos procesos penales, el caso seguido contra Enrique Rais, en el curso de los procesos penales se ha venido demostrando que su cliente ha sido víctima de una persecución penal ilegal y arbitraria, sobre lo que resalta los siguientes hechos:
- Rais fue acusado de ser parte de crimen organizado, lo que fue desacreditado totalmente por decisión de Corte Plena, al dejar en claro que eso no era cierto.
- Rais fue señalado de obtener favorecimiento del Ex Fiscal General Luis Martínez para perjudicar a Matteo Pasquale y Franco Pacetti, sin embargo, estos últimos no han podido sostener ni en instancias civiles, ni penales ser víctimas de Enrique Rais, al grado que se les ha declarado abandonada la Querella y rechazado reclamos civiles por no haber podido demostrar la existencia de la deuda que reclaman.
- Rais fue recientemente sobreseído en Suiza, en virtud que la Fiscalía Suiza, no encontró méritos probatorios después de una investigación de más de 3 años, a causa de una denuncia interpuesta por Matteo Pasquale y Franco Pacetti, por los mismos hechos por los que está siendo procesado el empresario en El Salvador.
- En esa denuncia interpuesta en Suiza, los canadienses dejan de manifiesto que el abogado que los representaba en El Salvador, era Mario Calderón, ex abogado de Rais, quien fue denunciado por patrocinio infiel, hecho que la Corte Suprema de Justicia dejó caducar sin razón o causa válida para ello; y quien también ha sido denunciado por fraude procesal ante fiscalía, en virtud de haber suprimido una prueba sobre una cuenta de Twitter a la que se realizaría un peritaje y desde la cual se divulgó información que tenía reserva en el proceso penal y que aún no había sido puesta en disposición de las partes.
Los abogados piden a la Fiscalía y al fiscal general que judicialicen las denuncias y que estás mismas sean puestas en manos de la instancia judicial o que se haga una reconversión de caso privado, pues ya paso el plazo razonable venció.
Judicial
100 años de prisión para pandilleros de Chalchuapa
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
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Fiscal general afirma que la cadena perpetua es una medida adecuada
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.






